20210517

Los becarios tendrán que ser dados de alta en la Seguridad Social por las empresas que les acojan, lo que implica, por tanto, pagar sus cotizaciones, tanto si su trabajo está remunerado como si no. Así se recoge en el borrador de acuerdo en materia de pensiones enviado el pasado martes a los agentes sociales por el ministerio dirigido por José Luis Escrivá. En realidad, el Gobierno ya aprobó una norma que obligaba a darles de alta en el sistema en 2018, pero no llegó a establecer el reglamento para ponerlo en marcha. Ahora Escrivá fija un plazo máximo de tres meses para desarrollar esta normativa y «garantizar» así que «la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determine la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado», según especifica el texto. De esta forma, de aprobarse este primer paquete de medidas este mes, ya en septiembre los becarios pasarían a cotizar a la Seguridad Social, lo que mejoraría además los ingresos del sistema.

Ainhoa Ondarzabal, directora de la Agencia Vasca de Internacionalización. El sábado pasado se presentaron casi 470 aspirantes a las 5 becas Beint de este año. Se trata de una de las tareas menos visibles de la Agencia Vasca de la Internacionalización-Basque Trade&Investment, a pesar de su importancia. Beint lleva tres décadas proporcionando a las empresas vascas técnicos de internacionalización, una actividad que será clave también en la salida de esta crisis. "...Lo que falta es iniciar nuevos clientes, nuevas cuentas o nuevos negocios, para todo eso sí es necesario el viaje. Es verdad que las empresas están aguantando, han conseguido mantener la actividad por otras vías afortunadamente, pero urge empezar a moverse, empezar a viajar porque hay cosas que no pueden sustituirse por el canal digital. El tipo de producto que fabrica la empresa vasca, que es de gran calidad, de alto valor tecnológico, se basa mucho en esa relación de confianza, y mantenerla por vía digital es posible, pero desarrollarlas desde el inicio requiere de un contacto personal".

Ikusi ha cumplido cincuenta años plena de vitalidad. La pandemia ha supuesto un pequeño bache en una trayectoria que prevé un crecimiento anual del 10%, con el objetivo de alcanzar los 175 millones de facturación en 2023. Iñaki Maiz (Donostia, 1979), CEO de la compañía, reconoce que el Covid ha sido positivo para la actividad de Ikusi dado que ha adelantado cinco años la digitalización de empresas y hogares, actividad que supone el 50% de su negocio. No obstante, aboga por la relación entre las personas, sin pantallas de por medio. "Tocamos todo el área de conectividad, que supone el 50% de nuestro negocio. Ahí se engloba desde los ‘data center’, hasta los servidores, pasando por wifi y las herramientas de colaboración. Otra parte muy importante radica en la digitalización de infraestructuras críticas, especialmente relacionadas con la movilidad, ya sea en aeropuertos, ferrocarril o carreteras. Y la tercera pata, muy ligada a las dos anteriores, es la ciberseguridad, el 15% del negocio, un servicio esencial por ejemplo para la banca y la bolsa". "Necesitamos mucho talento y me cuesta encontrarlo aquí, en México, en Colombia o en Madrid. No es un problema circunscrito a Gipuzkoa, se replica en todos los lugares donde trabajamos. Hay perfiles para ciberseguridad y analítica de datos que cuesta conseguir". 

Los círculos financieros llevan semanas acariciando la idea de que el gigante alemán tome el control total de la filial para así poder diseñar a su antojo otras operaciones corporativas. Hay que recordar que la actual Siemens Gamesa nació como resultado de la fusión en 2017 de la división de renovables de Siemens (Siemens Wind Power) y Gamesa, tras la oferta de compra realizada por el grupo alemán sobre la empresa española. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) eximió a Siemens en aquella ocasión de lanzar una opa, porque la compra tenía como objetivo último un proyecto industrial de crecimiento para Gamesa, como efectivamente ocurrió. Gamesa hoy juega en la Champions de los grandes fabricantes de equipamientos eólicos en el mundo, y se está haciendo fuerte en segmentos como la eólica marina. Sin el músculo de Siemens, ese salto estratégico no hubiera sido posible, o lo habría dado de forma muy limitada. El problema es que el mundo de las energías eólicas sigue evolucionando y Siemens Gamesa, que está viviendo una profunda transformación de negocios y ajuste de costes, tiene que hacerlo al mismo ritmo que el sector. Esto le coloca en el baile de movimientos corporativos y de la rotación de activos.

La economía de EE UU sale de su letargo económico, más del 40% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna, los negocios e instituciones comienzan la vuelta a la normalidad y las vacantes de empleo superaron los ocho millones al cierre de marzo, el máximo desde que hay registros (2000). Aun así, abril sumó solo 266.000 nuevos empleos, muy por debajo de lo esperado, después de que en marzo se creasen 770.000 puestos, y la tasa de paro nacional sigue en el 6,1%. Este desajuste ha disparado el debate. Para los conservadores, demuestra que el plan de estímulos y subsidios de Joe Biden resulta excesivo. Otros economistas advierten, en cambio, que el déficit de mano de obra es puntual y se debe a un reajuste del mercado laboral pospandemia, por el que muchos ciudadanos han decidido cambiar de sector. Analistas y políticos progresistas señalan que las empresas deben mejorar los salarios en un país donde muchos trabajadores no cualificados necesitan ayudas sociales para subsistir. Pero subir las remuneraciones despierta renovados temores a la inflación, que en abril se situó en niveles máximos desde 2008.

La construcción confía en crear cientos de miles de empleos con los fondos de la UE. Tras el derrumbe de los servicios por el virus, muchos ven su futuro en este sector. La construcción también ha sufrido la crisis, pero menos que otros sectores. La ocupación solo ha descendido un 1,3% en el último año según la última Encuesta de Población Activa (EPA), relativa al primer trimestre. Y el futuro, coinciden los agentes sociales, es prometedor gracias a las ayudas que van a llegar de Europa. El plan de recuperación diseñado por el Gobierno destina 6.800 millones para la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana. El objetivo es mejorar 500.000 viviendas hasta 2023 y las estimaciones del Ejecutivo apuntan a la creación de 188.000 puestos gracias a esta inversión. Pero hay quienes son aún más optimistas. En un informe presentado hace meses para impulsar la rehabilitación, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos destacaba que España parte de niveles muy bajos de obras de renovación de edificios. Igualar la actividad a la de vecinos como Francia, Portugal o Alemania implicaría añadir 400.000 puestos de trabajo en ese subsector. Esta cifra también se recoge en los planes presentados a Bruselas.

El divorcio entre ELA y EH Bildu abre un inédito escenario en el universo abertzale que tiene un creciente trasfondo de modelo socieconómico. El desencuentro se ha enconado en los últimos meses, sobre todo a raíz de la estrategia a llevar a cabo en torno a los proyectos que aspiran a los fondos de reconstrucción y resiliencia de la UE. El sindicato critica con dureza a EH Bildu, le acusa de ser tibia en su oposición a unos proyectos que, en su diagnóstico, sirven para consolidar un modelo económico precario basado en la desigualdad y en la exclusión, que perpetúa al capitalismo. Son palabras mayores. Para ELA, EH Bildu no ha estado a la altura ni en la negociación de los Presupuestos del Estado ni tampoco en la oposición a los proyectos en la medida en la que, a su juicio, no deja al descubierto la verdadera naturaleza de los mismos, que están condicionados a una serie de reformas en el sistema de pensiones y en fiscalidad que introducen por la puerta de atrás la política de los recortes. Un modelo similar, insisten, al ‘austericidio’ de 2008 en el que la Troika impuso condiciones draconianas a Grecia.

Sara de La Rica e Isabel Muela tienen en común su espíritu emprendedor y su demostrada capacidad de liderazgo. La catedrática de Economía salió de su zona de confort que tenía en la Universidad vasca como catedrática de Economía para poner en marcha y dirigir la Fundación Iseak. "Fue una apuesta, diría que valiente y arriesgada". Además, forma parte del consejo de administración de Iberdrola. Echando la mirada atrás y al ver su labor reconocida también considera que hay empuje de las nuevas generaciones para seguir el camino emprendido por otras mujeres como ella. "Nuestras jóvenes tienen muchísima preparación e ilusión por continuar lo que empezamos otras. En mi empresa desde luego hay dónde elegir. Hace falta que se les facilite la apuesta, en lugar de ponerles trabas". En esta misma línea se manifiesta la experta en turismo, retail y comunicación, Isabel Muela; una mujer emprendedora por naturaleza que ha tenido la posibilidad de liderar equipos tanto en el ámbito público como en la empresa privada. A lo largo de 15 años, hasta 2009 lideró como directora una de la empresas especializadas en eventos, comunicación e imagen de Euskadi. Tras su paso por la viceconsejería de Turismo y Comercio del Gobierno vasco se encuentra actualmente investigando, en el marco de un grupo de líderes internacionales, sobre el Turismo Regenerativo.

El nuevo esquema que ha diseñado castigará con dureza no solo a las rentas más altas, sino a todos aquellos trabajadores que ganan 2.300 euros al mes o más, que sufrirán un recorte de hasta 460 euros al mes si adelantan dos años su retiro. Pero no solo eso, sino que también tendrá un impacto muy fuerte en la pensión de colectivos vulnerables como son los que llegan al retiro a través del paro. Aproximadamente el 20% de los jubilados involuntarios habían sido despedidos de la crisis de 2008 y no habían vuelto a encontrar trabajo, según datos de CC OO. El mayor recorte con el nuevo esquema se dirigirá a todos aquellos trabajadores que cotizan por una base reguladora igual o superior a la pensión máxima, que está situada en 2.707 euros al mes, lo que en la práctica afecta a quienes cobran un salario a partir de 2.300 euros, según advierte este sindicato. Representan nada más y nada menos que entre un 25% y un 30% de las nuevas prejubilaciones y tendrán una fuerte reducción que puede llegar hasta el 21%, más de cinco veces superior a la que tienen en la actualidad.

La recuperación sostenida e irreversible de la economía tras el Covid ya ha comenzado. Así, al menos, lo estima internamente el Banco de España, de cuyas proyecciones públicas, pero no detalladas, se puede inferir matemáticamente que la primavera de 2021 culminará con un incremento trimestral del PIB superior al 2%, un ritmo que mantendrá ya en el resto del ejercicio. A partir de ahí, sin embargo, los datos del supervisor apuntan a una relajación del crecimiento por debajo del 1% que, según su escenario central, retrasará la recuperación de los niveles precrisis hasta 2023. El Informe anual del Banco de España, publicado el pasado jueves, se limita establecer que la fuerte incertidumbre que sigue rodeando la pandemia les ha llevado a establecer tres escenarios, uno central, uno optimista y otro pesimista, y que todos ellos “apuntan hacia una recuperación relativamente robusta de la actividad económica a partir del segundo semestre de 2021”. 

Los hoteleros confían en una fuerte recuperación del turismo para los meses de verano. Pese al jarro de agua fría que supuso que el Reino Unido no incluyera inicialmente a España entre los destinos seguros para recibir turistas británicos a partir del 19 de mayo (Canarias y Baleares confían en entrar en la segunda semana de junio cuando se revise por primera vez la lista), los empresarios consultados por CincoDias se muestran esperanzados con una recuperación paulatina del turismo desde junio que podría tener su punto álgido en agosto, cuando coincidan la supresión de las limitaciones a la movilidad y las elevadas tasas de vacunación en los grandes mercados emisores. Sin embargo, el panorama que describen es radicalmente diferente al de las anteriores temporadas altas.

"...El Eurosistema abrió el pasado 12 de octubre una consulta pública sobre la cuestión del llamado ‘euro digital’. La encuesta perseguía establecer un contacto directo con los particulares, las universidades, la banca y la clase política, para obtener información y valorar en detalle las necesidades, pros, contras y retos que se derivarían de la eventual creación y emisión de un euro digital. La evaluación se ha cerrado, y en los próximos meses, el BCE tomará la decisión de iniciar o no la creación e introducción del euro digital...Puede entenderse que se trata de una excelente noticia para los particulares y otra no tan buena para el sector bancario. A los primeros les aumenta la seguridad de su depósito, mientras que para los segundos se abre una incógnita sobre su supervivencia a largo plazo, aunque puedan actuar de intermediarios entre el BCE y sus clientes, sobre todo para temas de cumplimiento normativo...Un euro digital haría que el dinero digital del banco central fuera accesible para todos. Proporcionaría acceso a un medio de pago digital sencillo, gratuito, sin riesgos, anónimo y fiable que se aceptaría en toda la zona del euro...No hay aun decisión firme al respecto, pero las posibilidades de que el euro digital baje de las musas al teatro son, presuntamente, bastante altas". 

La vacunación ha cogido velocidad de crucero. Osakidetza ha demostrado su capacidad para pinchar de forma constante 25.000 dosis diarias. Incluso ha tenido picos de más de 34.000, como ocurrió el fin de semana del 1 y 2 de mayo. Pero esas cifras, que son los actuales récords de la campaña, deberían quedarse pequeñas en las próximas semanas. Si se cumplen las previsiones de entregas estimadas por el Ministerio de Sanidad, España recibirá antes del 1 de julio 23 millones de inyecciones. De ese ingente volumen a Euskadi deberían llegar 1,38 millones, según los cálculos realizados por este diario. Siempre, claro, que se mantengan los actuales porcentajes de entrega que recibe Osakidetza y el Gobierno central no los revise a la baja, algo que ha ocurrido con las partidas de Pfizer y Moderna de las últimas semanas. Este gran aumento de las entregas se espera, en especial, a lo largo de junio. Solo durante ese mes llegarán a España 13 millones de vacunas de Pfizer/BioNTech, tal y como confirmó el presidente Sánchez días atrás. Serán los mayores envíos de toda la campaña.