20210512

Cebek ha reclamado “no ahogar a las empresas” con incrementos de la presión fiscal y ha asegurado que el triunfo de un partido político, en referencia al PP, que aboga por reducir los impuestos en la Comunidad de Madrid, “que ya de por sí es el polo de atracción mayor de España”, debe hacer reflexionar sobre la utilización que se está haciendo de las capacidades que ofrece el Concierto Económico. Por ello, ha apelado a “desprenderse de cálculos políticos” y convertirlo “de nuevo en palanca de competitividad”. El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, y el secretario general de la patronal vizcaina, Francisco Javier Azpiazu, han realizado esta reflexión sobre la fiscalidad, en la rueda de prensa ofrecida por esta organización empresarial con motivo de la celebración este miércoles de su asamblea general. Ver más en Cebek. Leer discurso completo Garcinuño. 

Prudencia y cierto optimismo. Esta es la sensación que trasladan los empresarios vascos tras un primer trimestre con un incremento residual del PIB del 0,2%, pero con signos esperanzadores de recuperación. Un dato revelador es que hace cinco meses más de la mitad de las empresas contemplaba ajustes de plantilla y ahora solo se barajan despidos en el 14%. La patronal volvió a pedir «flexibilidad» a los sindicatos para salir de la crisis. No somos pesimistas porque consideramos que más pronto que tarde veremos signos claros de recuperación», concluyó ayer el todavía presidente de la patronal vizcaína, Iñaki Garcinuño, al presentar los resultados de una encuesta realizada entre algo más de 600 empresas, que oscilan entre la prudencia y cierto optimismo. El sondeo revela que las previsiones de recuperación a corto plazo se han venido abajo, como consecuencia del mal inicio del año, traducido en un incremento residual del PIB del 0,2% durante el primer trimestre. Pero la mayoría aparca los ajustes de plantilla ante el cambio de ciclo. Garcinuño, que dejará hoy la presidencia de Cebek, se despidió con un duro ataque a los sindicatos, a los que acusó de «ir en contra de los intereses de los trabajadores», también de estar únicamente preocupados por «el marketing de cara a sus elecciones» y de «jugar a partidos políticos sin pasar por las urnas». Sin nombrar a organizaciones concretas, sí indicó que sus críticas están dirigidas a quienes «no apuestan por la negociación», en una referencia directa a ELA y LAB, que conforman la mayoría sindical en Euskadi.

El mensaje no es nuevo pero sí oportuno, ya que el presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, instó a tomar nota de lo que está ocurriendo en Madrid. Reclamó «no ahogar a las empresas con incrementos de la presión fiscal» y aseguró que el triunfo de un partido político, en referencia al PP, que aboga por reducir los impuestos en la Comunidad de Madrid, que ya de por sí es el polo de atracción mayor de España, debe hacer reflexionar sobre la utilización que se está haciendo de las capacidades que ofrece el Concierto Económico». Por ello, apeló a «desprenderse de cálculos políticos y convertirlo de nuevo en palanca de competitividad». Indicó que las diferentes Administraciones deben seguir esforzándose «por ofrecer las mejores condiciones para que las empresas lleven a cabo sus proyectos, si son empresas nuevas para que se desarrollen lo más rápidamente posible o si se trata de una implantación exterior para que se instalen en el territorio». En este sentido, manifestó que, aunque la atractividad del territorio no es baja, sí cree que es «mejorable».

Tubacex ha cosechado unas pérdidas de 16,4 millones de euros en los tres primeros meses del año, en una coyuntura en la que priman los elementos negativos. De un lado, la empresa vive una paralización prácticamente total de sus dos plantas de producción en Álava –Llodio y Amurrio–, como consecuencia de una huelga indefinida convocada por los sindicatos en oposición al ERE presentado por la compañía. Además, la firma arrastra la crisis de demanda del sector del petróleo y gas, que se ha gestado en los últimos años y que está ligada a la transición energética. Este fabricante de tubos inoxidables sin soldadura está obligado a buscar nuevos mercados alternativos, con el fin de sustituir un mercado tradicional en declive: no sólo el del petróleo, sino también el de las centrales de producción de energía eléctrica. Ver nota de Tubacex.

El grupo fotovoltaico Solarpack, con sede en Getxo, ganó 300.000 euros en el primer trimestre frente a los 6,5 millones del año anterior. La multinacional explica en una nota que esta caída del 95% se debe, en parte, a los menores márgenes obtenidos en proyectos para terceros en Chile, donde está sufriendo el impacto del confinamiento y las disrupciones en los mercados logísticos. Advierte, asimismo, de que la incidencia del Covid en India está retrasando su despliegue allí. Con todo, Solarpack destaca la buena marcha de su cartera de pedidos, con 8,7 GW en desarrollo, «tras incorporar 0,7 GW de nuevas entradas en España, EE UU y el Sudeste Asiático». La compañía, además, prevé participar en 3,6 GW en licitaciones e iniciativas comerciales para vender energía este año. La multinacional vasca obtuvo en el primer trimestre unos ingresos operativos de 28,4 millones de euros, lo que supone un 19% menos que en igual periodo del año anterior. 

Iberdrola, a través de su filial norteamericana Avangrid, ha recibido la autorización definitiva del Gobierno de Estados Unidos para iniciar este año la construcción de su ‘megaparque’ eólico marino ‘Vineyard Wind 1’, que con una potencia de 800 megavatios (MW) será el primer proyecto a gran escala de esta tecnología en el país. Ubicado a 15 millas de la costa de Martha’s Vineyard, el parque eólico marino, un proyecto de Vineyard Wind –‘joint venture’ al 50% de Avangrid y el fondo Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)– proporcionará electricidad limpia para abastecer a una población equivalente de más de 400.000 hogares y negocios. Adjudicado en 2018, el parque eólico marino de ‘Vineyard Wind 1’ se topó con el bloqueo en los permisos medioambientales de la Administración Trump, lo que hizo que registrara retrasos en su calendario. Sin embargo, el cambio en el Gobierno estadounidense, con la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden y su apuesta por impulsar las renovables en el país, aceleró a principios de este año el proyecto.

El Tesoro Público tendrá que devolver en torno a 500 millones de euros a las compañías eléctricas por el cobro indebido del canon hidráulico. Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado la retroactividad de este gravamen que el Gobierno del PP impuso a las empresas en 2015, con efecto retroactivo desde 2013, por el uso de aguas para la producción de energía eléctrica. Esta millonaria devolución se repartirá principalmente entre Iberdrola, Endesa y Acciona. La justicia sí ha validado la aplicación de la tasa a partir de la aprobación del decreto, el 23 de marzo de 2015.

El momento dulce que vive el sector de la biosalud en Euskadi se tradujo en 2020, el año del Covid, en un significativo incremento de la facturación y del empleo, un 5% en ambos casos respecto al ejercicio anterior. El Basque Health Cluster dio a conocer ayer que durante el último año las casi 200 empresas del sector en Euskadi crearon 400 nuevos puestos de trabajo. En total, la fuerza laboral asciende a 8.100 personas, en su mayor parte con un elevado nivel de especialización (doctorados, máster en ciencias de la vida e ingenierías). «En Euskadi disponemos de grandes profesionales de la ciencia y la ingeniería –señaló María Pascual de Zulueta, directora del clúster– pero notamos ciertas carencias formativas en aspectos relacionados con la calidad y el análisis de datos, perfiles que se van a requerir en los próximos años». Otra de las claves del sector ha sido el mantenimiento de la línea ascendente en ingresos e inversiones en I+D+i. 

El parque tecnológico de Miramón acelerará su expansión con la construcción de un nuevo edificio, en el que se invertirán 8,2 millones de euros. Ocupará una parcela de 6.900 metros cuadrados, con un aprovechamiento de 11.000. Las obras, que deberán estar terminadas para comienzos de 2023, han sido adjudicadas a Altuna y Uria, Olabarri, y Viuda de Sanz. De esta forma, en breve las grúas se volverán a alzar en la zona donde se encuentran las torres Arbide, pocos meses después de que en ese mismo ámbito se dieran por terminadas las obras de otro edificio, denominado A-1. Además, en el extremo opuesto de Miramón avanza a buen ritmo la sede de Viralgen. La ejecución de estos proyectos muestra que el parque tecnológico vive una importante fase de crecimiento. Se trata de una excelente noticia para Gipuzkoa, dado que Miramón se ha consolidado como un motor económico de primer orden. En la actualidad cuenta con 159 empresas, en las que trabajan 5.346 personas. El año pasado la facturación ascendió a 1.149 millones, apenas un 3% menos que en 2019. El gasto en I+D fue de 153 millones, con un crecimiento del 9,29%.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha quedado sin uno de los pilares con los que ha contado desde que el PSOE ganara la moción de censura en 2018: su secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva. La ‘número dos’ del ministerio ha abandonado su cargo en un momento crucial, justo después de la aprobación del Plan de Recuperación remitido a la Unión Europea, y tras liderar las medidas económicas puestas en marcha en el último año para hacer frente a la pandemia. La renuncia de Ana de la Cueva sucede a un periodo caracterizado por el complejo trabajo desarrollado por su departamento. Ella misma ha sido la encargada de cuadrar los grandes ejes del programa de recuperación junto a su socio de Gobierno, Unidas Podemos. «No ha sido fácil», apuntan en su entorno cercano. «Ha supuesto un duro desgaste», aclaran esas mismas fuentes gubernamentales para justificar la salida, inesperada, de la secretaria de Estado de Economía.

Dardo, y punzante, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a las estimaciones del Gobierno para los próximos años. Aunque los pronósticos de la institución están más o menos en línea con el cuadro macro del Ejecutivo, y por lo tanto lo avalan, sus representantes criticaron ayer duramente que la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 remitido hace menos de dos semanas a Bruselas no recoja una estrategia fiscal a medio plazo ni incluya en sus previsiones el impacto de las reformas, pero sí de las inversiones, que componen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que da acceso a los fondos europeos. Reformas que, a su juicio, resultan «nucleares» para la sostenibilidad de las finanzas públicas, como la laboral, la fiscal y la de las pensiones. «El programa no cumple con los requisitos que se exigen a la planificación a medio plazo que piden las normativas y echamos en falta que haya un objetivo claro de política fiscal», explicó Cristina Herrero, presidenta de la institución, durante la presentación de la evaluación del documento. Así, consideran que la hoja de ruta sobre crecimiento, deuda y déficit planteada por el Ejecutivo «solo puede considerarse una aproximación incompleta» a esa estrategia. Advierten además que España es de los pocos países que no incluye esa información.

El Gobierno estudia elevar la penalización sobre los contratos de muy corta duración con una subida paulatina de las cotizaciones sociales. Exactamente, el Ejecutivo planea que la empresa pague cada vez más cotizaciones sociales a medida que se suceden los contratos de corta duración sobre un mismo trabajador. El objetivo es reducir la elevada rotación que tienen muchos trabajadores por culpa de los empleos de corta duración. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ofreció ayer al respecto unos datos muy contundentes: en 2019, el último año de crecimiento económico, la Seguridad Social registró la baja de veintisiete millones de contratos. El 44% duró 30 días. Otro 20% duró entre 6 y 30 días; el mismo porcentaje que los empleos de un día. Y finalmente, el 9% de los contratos, entre 3 y 5 días, y el resto, dos días. Todos estos datos significan varias cosas: en primer lugar que hay muchos trabajadores entrando y saliendo del mercado laboral. Otra forma de verlo es que hay muchas personas rotando sobre un mismo puesto de trabajo. Y, en tercer lugar, otro análisis es que varios trabajadores temporales están haciendo cometidos de empleos indefinidos.

Lo hicieron en voz alta y clara y en presencia de la máxima responsable del equipo económico del Gobierno, Nadia Calviño, ante quienes reclamaron “estabilidad y disponer de un marco tributario que no nos penalice competitivamente; un marco que no ponga en riesgo nuestra continuidad como empresas”. Así de tajante se manifestó el presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, durante su intervención en la Asamblea Anual de la organización, que clausuró la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, quien encajó con deportividad y aplomo la salva de los empresarios y pidió “remar todos en la misma dirección” porque “desde Europa nos están vigilando”. Aunque pasó de puntillas sobre el tema de la fiscalidad, la vicepresidenta económica aprovechó su intervención en la clausura de la Asamblea Anual del IEF para enviar, a su vez, algunos recados a los empresarios familiares. Entre ellos, la necesidad de abordar un cambio de modelo en el mercado laboral en el que lo prioritario sea la “creación de empleo de calidad, no un modelo basado en la precariedad y contratos temporales, particularmente para jóvenes”, instando a la “responsabilidad” de los agentes económicos y a trabajar juntos para que de aquí a final de año España pueda contar con un nuevo marco normativo que ataje la precariedad, el desempleo juvenil o la temporalidad. 

La nueva ley de los ‘riders’ ya es una realidad y a partir del 12 de agosto todos tendrán que ser asalariados. Además, todas las empresas que utilicen alguna forma de digitalización, bancos incluidos, tendrán que desvelar esos algoritmos. Dos meses después de llegar a un acuerdo con los interlocutores sociales, el Gobierno por fin aprobó ayer la nueva legislación sobre plataformas digitales por la que los repartidores de cualquier producto de consumo o mercancía tendrán que tener una relación laboral con las empresas para las que trabajan, aunque les da de plazo tres meses para adaptarse. «Estamos a la vanguardia y no hay ningún país del mundo que haya legislado sobre esta materia», se jactó la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. Este colectivo, formado por unos 30.000 repartidores que hasta ahora contaba con unas condiciones laborales muy precarias, ya que funcionaban como falsos autónomos, podrán disfrutar ahora de los mismos derechos laborales que otros afiliados del Régimen General, como paro, vacaciones, bajas médicas, indemnización por despido... «Tenemos que proteger a los trabajadores más allá de la forma de organización tecnológica», apuntó la ministra de Trabajo.

Inglaterra no registró un solo muerto por covid el domingo entre 56 millones de habitantes: es la primera vez que eso ocurre desde julio. En todo el Reino Unido hubo cuatro fallecidos ese día. La noticia reafirma a los británicos en que lo peor de la pandemia ha pasado ante el avance de la vacunación. El primer ministro, Boris Johnson, animó a la población a recuperar, con prudencia, los abrazos. Fue una cifra más circunstancial que definitiva, pero sirvió para reafirmar a los británicos que los días más oscuros ya han quedado atrás.

Euskadi ha decidido echar mano de profesionales sanitarios jubilados voluntarios para reforzar la plantilla encargada de la campaña de vacunación. De seguir con el ritmo de inoculación actual –21.000 pinchazos diarios– y aumentar la llegada de vacunas que Osakidetza recibe de Sanidad, harán falta más manos y desde el Departamento vasco de Salud han empezado a mover ficha una vez lleguen los envíos masivos de las dosis prometidas que se esperan para los meses de verano. La previsión en el suministro de vacunas anunciada es que en las próximas semanas se mantendrán al menos las 100.000 dosis semanales de las fórmulas de Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca gracias a la llegada a Euskadi de un total de 1.130.400 de inyectables hasta el 1 de julio. Si se agiliza la llegada de un mayor número de profilaxis y el ritmo actual de las entregas es superior al actual, tal y como está previsto, Osakidetza recurrirá al personal sanitario jubilado para administrar la vacuna contra el Covid.