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Martes, 11 de mayo de 2021
Núm 799/2021
Año XXXIV

Díaz vende su contrarreforma como «una enmienda colectiva» a la legislación laboral (El Correo, Diario Vasco)

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende «provocar una auténtica revolución en el mercado de trabajo» con la contrarreforma laboral que el Gobierno PSOE-Unidas Podemos se ha comprometido con Bruselas a aprobar antes de que finalice el año a cambio de recibir 140.000 millones de euros. Serán diez reformas estructurales que «van a cambiar la faz en el mercado de trabajo». «La legislatura empieza ahora, los cambios empiezan ahora. Nunca más escucharemos a un Gobierno decirle a los ciudadanos que toca ajustarse el cinturón», resumió. «Estamos hablando de lo que nunca se ha hecho en nuestro país en el Gobierno de España», añadió durante la presentación del Plan de Recuperación y Resiliencia. Lejos de entrar en detalles de cómo se van a desplegar las medidas, sus palabras sonaron más a mitin de campaña. La ministra de Trabajo incluso dio un paso que no se había atrevido a cruzar en este último año y contestó con un «sí, sin duda», a la pregunta de si se trata entonces de una derogación de la reforma laboral del PP, aunque destacó que será «mucho más ambiciosa». Esta rotundidad de ahora contrasta con la postura que exhibió hace un par de semanas, cuando afirmó que no le gusta la palabra ‘derogar’ y que no se tratará propiamente de una derogación sino que se harán «nuevas leyes».

Díaz acelera su reforma laboral, que prioriza temporalidad y convenios (Expansión)

El Gobierno ha dado prioridad a la modificación de la negociación colectiva. Por ejemplo, a restaurar la prioridad aplicativa del convenio sectorial frente al de empresa. También, al retomar la prórroga indefinida de los convenios caducados, mientras no haya uno nuevo que lo sustituya y que sea fruto del acuerdo entre la empresa y los trabajadores. También incrementará el salario y las condiciones laborales de las empresas que trabajan como subcontratadas en el sector privado y con las administraciones. Además, el Ejecutivo reducirá los contratos a tres modelos: el indefinido, el temporal y el de formación. En este sentido, según explicó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el Gobierno aplicará varias medidas para intentar reducir la elevada rotación y el fraude en la utilización de los contratos temporales. En primer lugar, el Ejecutivo ha descartado restaurar las bonificaciones de las cotizaciones sociales en la conversión de los contratos temporales en indefinidos. En segundo lugar, el Ejecutivo quiere recortar y precisar muy bien las causas por las que las empresas podrán utilizar los contratos temporales, para luchar contra el abuso. El Gobierno descarta bonificar otra vez la conversión de los empleos temporales en indefinidos. 

Díaz simplifica los contratos y no toca el coste del despido (Cinco Días)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró ayer que los cambios en materia laboral contemplados dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia suponen una derogación de la reforma laboral del PP de 2012. “No es solo la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, porque es mucho más ambicioso. Pero, sin duda, claro que lo es”, dijo Díaz, quien remarcó la importancia que tiene este plan para el futuro del país. “La legislatura empieza ahora, los cambios empiezan ahora. Desde el Ministerio aclararon que modificar las indemnizaciones por despido no está en el debate actual. Con la reforma laboral del PP del 2012, la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos se abarató sustancialmente. Trabajo sí parece dispuesto a neutralizar los cambios del PP en negociación colectiva. En el caso de los convenios, el Plan plantea revisar la ultraactividad, suprimida en la reforma de 2012. Esta herramienta permitía mantener vigente un convenio hasta que se alcanzase acuerdo sobre uno nuevo entre empresa y trabajadores. En este campo, también se busca modificar la relación entre los convenios sectoriales y los de empresa. Con la ley del PP, los de sector pasaban a quedar subordinados a los de las compañías. Aunque no se ha especificado aún con claridad qué cambios se realizarán, el discurso de Trabajo apunta a que se volverá a la situación previa a la reforma de 2012.

La economía española inicia ya el rebote tras la crisis del coronavirus (El País)

La economía española empieza a rebotar. Tras un 2020 para olvidar, con la peor caída del producto interior bruto desde la Guerra Civil, una decena de indicadores recopilados por EL PAÍS apuntan que el motor de la economía vuelve a arrancar. A la recaída económica del invierno le sigue una primavera más despejada: el Ejecutivo ve un rebote desde mediados de abril, sujeto a todo tipo de riesgos, y una aceleración en los meses venideros. Pero la economía se la jugará en verano, con la temporada turística.

Bruselas aprobará los planes de recuperación en junio (El Correo)

La Comisión Europea mantiene en esencia el calendario para que los fondos de recuperación comiencen a llegar a los países. Pero acota ligeramente algunos plazos. Tiene intención de emitir «en la segunda quincena de junio» su veredicto sobre los planes nacionales de inversiones y reformas tramitados hasta el momento, el de España entre ellos. Sobre el papel esto implica que el Consejo de la UE de Asuntos Económicos dispondría de un mes para la validación definitiva. Lo que vendría a confirmar ese objetivo de que «a principios de verano» el dinero comenzará a fluir hacia los 27. Portugal, Alemania, Grecia, Francia, Dinamarca, España, Letonia, Luxemburgo, Bélgica, Italia, Austria, Eslovenia y Polonia son los que han dado oficialmente este paso. Y son los que se podrían encajar en este primer margen temporal. Hay que recordar que el primer pago se otorgaría en forma de incentivo y, en el caso de España, se concretaría en algo más de 9.000 millones de euros de los 140.000 millones del plan.

El Gobierno espera no agotar los 3.000 millones de ayudas directas a pymes (Cinco Días)

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy en Consejo de Ministros el código de buenas prácticas para las ayudas directas a empresas y pymes que solicitaron durante el pasado ejercicio créditos avalados el ICO. Economía reservó 3.000 millones de euros como ayudas directas para la reestructuración de la deuda de las pymes, principalmente. En las reuniones que han mantenido en las últimas semanas miembros del ministerio y las entidades financieras para regular las vías de reestructuración de deuda, los representantes del ministerio han transmitido a la banca que, según sus cálculos, al final no se agotarán estos 3.000 millones de euros, explican fuentes financieras. Este código de buenas prácticas, aunque tiene carácter voluntario, será secundado por todas las entidades financieras, según explican desde el sector. El código, que ha sido negociado con la banca, cuenta con tres patas de actuación: la ampliación de los créditos ICO de 8 años a un máximo de 12 años, la conversión de los préstamos en créditos participativos, y la tercera pata que son las quitas en los créditos, cuya fecha límite para acogerse a ellas, será diciembre de 2022.

El Gobierno español promete que no subirá los impuestos hasta volver a niveles prepandemia (El correo, El País)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó ayer claro que el Gobierno no tocará los impuestos hasta que el crecimiento económico alcance niveles previos a la pandemia. La estimación que el Ejecutivo maneja en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas es que ese crecimiento llegue a finales de 2022, por lo que prevé poner en marcha la reforma fiscal al año siguiente. Sin embargo, Montero aclaró que esa fecha es solo referencial y que la implementación de las reformas seguirá siempre el compás que marque la recuperación. «Si el PIB no alcanza el nivel anterior a la crisis a finales de 2022, el calendario de activación de las medidas fiscales que aparece en el Plan de Recuperación se retrasaría». Es decir, la reforma fiscal puede llegar más tarde de 2023.

El IVA reducido, también en liza (El Mundo)

«En estos momentos no lo tenemos decidido y nosotros, como Gobierno, somos más partidarios de los impuestos directos. Ahora, si Europa insiste en que hay un uso abusivo y el grupo de expertos lo señala, lo vamos a escuchar». De esta manera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado abierta la posibilidad de eliminar los tipos reducidos y superreducidos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). No sería de manera inmediata ni tal vez en su totalidad. Pero sí ha manifestado claramente que Bruselas ha señalado en numerosas ocasiones que España hace «un uso abusivo» de esos tipos del 4% y el 10%, a lo que añadió que hay «un interés en Europa» por corregir esta situación. En ese mismo texto, la Autoridad Fiscal estima que los tipos reducidos tienen un coste de 17.786 millones de euros en términos de recaudación. De ellos, 5.323 corresponden al tipo superreducido y los 12.463 millones adicionales, al reducido. «Destaca la ineficiencia distributiva al compararse los tipos reducidos con otras políticas de gasto más focalizadas en los colectivos o sectores específicos y que consiguen reducir mucho más la desigualdad que los tipos reducidos usando menos recursos públicos», sostiene la AIReF, a lo que añade que «la existencia de una elevada proporción de gastos a tipos reducidos explica la menor recaudación de IVA de España respecto a nuestros socios europeos».

El Banco de España pide ajustes para frenar el avance de la deuda pública (Expansión)

El Banco de España dio ayer una mala noticia sobre la deuda pública y otra todavía peor. La primera es que, aun implementando una estrategia de consolidación fiscal acorde con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (ahora en pleno proceso revisión por Bruselas), lo que conllevaría un recorte de alrededor de medio punto en el déficit estructural, España no lograría retornar a los niveles de deuda previos a la crisis antes de 2035; es decir, hasta dentro de casi una decada y media. Pero aún hay otro escenario peor: si el Gobierno no adopta medidas de ajuste, el endeudamiento del país no solo no adelgazará, aunque sea muy lentamente, sino que irá in crescendo en los próximos años, engordando una bola de nieve que ronda ya el 120% del PIB tras dispararse en más de 20 puntos porcentuales por la pandemia. Así lo advirtió ayer el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, quien señaló que reducir esos abultados niveles de deuda exigirá una terapia de choque combinada de superávits presupuestarios recurrentes, la implementación de políticas que favorezcan la moderación del coste de la deuda, reformas estructurales que espoleen el crecimiento económico y una inversión pública productiva, capítulo en el que el buen uso de los fondos europeos jugará un papel “clave”.

El Renove vasco fija 2.000 euros de ayuda para los coches de gasolina y diésel (El Correo, Diario Vasco, Deia)

El Renove/Pavea vasco es compatible con cualquier otro programa de ayudas a la renovación del parque móvil; pero en cambio no lo es el Plan Moves del Gobierno central, incompatible de hecho con cualquier otro. El nuevo Plan Renove vasco 2021 –cuyo nombre técnico es Pavea (Programa de ayudas a inversiones en vehículos eficientes y alternativos) nace con un presupuesto de 5 millones de euros y entrará en vigor el próximo 1 de junio, cuando sea publicado por el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), según difundió ayer el Ente Vasco de la Energía (EVE). El cálculo inicial apunta a que se podrían reemplazar en las carreteras vascas 2.500 vehículos viejos y muy contaminantes por otros mucho más ‘ecológicos’. Al igual que en las ediciones de 2019 y 2020, y como adelantó la consejera Arantxa Tapia la semana pasada, se mantiene el principio de «neutralidad tecnológica», lo que implica que también hay ayudas para la compra de coches diésel y gasolina, pero con la exigencia de que sean muy eficientes, de calificación A y, por tanto, de bajas emisiones. El importe máximo de la ayuda para los vehículos de combustión queda fijado en 2.000 euros. 

La Audiencia Nacional avala el ERE de Alestis, con 56 despidos en Vitoria (El Correo)

 Tercera sentencia sobre los ERE en el sector aeronáutico en dos semanas. Esta vez se trata de la andaluza Alestis, que ha recibido el aval de los jueces a su expediente; supuso el despido de 56 personas en su planta de Vitoria, junto con 21 bajas y prejubilaciones. El fallo no es del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) como en el caso de Aernnova e ITPPCB, sino de la Audiencia Nacional. Y es que el expediente se negoció a nivel nacional y fue acordado con la mayoría sindical –CC OO y UGT–. Este pacto ha sido de gran peso para que los magistrados den el visto bueno, según denunciaron ayer las centrales que lo impugnaron –ELA, CGT y LAB–, que son las de mayor representación en la fábrica alavesa. La sentencia sobre el ERE de Alestis llega después de los fallos opuestos en relación a Aernnova y PCB, debido a la diferente interpretación de los jueces del TSJPV sobre la llamada ‘prohibición de despedir por causas ligadas al Covid’. 

ITP Aero integra la planta inglesa de Hucknall, que pertenecía a Rolls-Royce (El Correo)

En diciembre de 2020 la multinacional Rolls-Royce, propietaria de ITP Aero, anunció que integraría su planta inglesa de Hucknall en el grupo aeronáutico vasco. La operación se materializó ayer, por lo que la fábrica británica forma ya parte de la compañía con sede en Zamudio. En una nota informativa, la multinacional explicó que esta medida no altera sus planes de venta sobre ITP Aero –se especula que culminará antes de este verano– y que el grupo vasco sigue siendo «un socio clave» con el que mantendrá «una relación a largo plazo» en sus programas aeronáuticos civiles y de Defensa. La fábrica de Hucknall servirá para que ITP Aero «refuerce su posicionamiento como líder global de su sector», ya que los productos allí fabricados son «complementarios» y se suman «generando nuevas oportunidades de mercado». La integración de la planta inglesa en ITP Aero añade aproximadamente 700 empleados a la plantilla global, que asciende a 4.300 en todo el mundo.

Arteche ultima su salida a Bolsa en el segundo mercado (El Correo)

El grupo Arteche, compañía vasca dedicada a la fabricación de bienes de equipo eléctrico, confirmó ayer que ultima su salida al mercado bursátil. El consejo de administración ya ha adoptado la decisión, que deberá ser ratificada ahora por la junta de accionistas. La salida a Bolsa, de completarse, se hará en el segundo mercado, antes denominado MAB y ahora conocido como BME Growth. Una plataforma diseñada para dar cobijo a empresas medianas y pequeñas que buscan adentrarse en el mercado de capitales. Aunque las próximas semanas se dedicarán precisamente a concretar valoraciones y sondear el mercado de inversores potenciales, la firma ya ha anticipado que una parte de las acciones que saldrán a Bolsa procederán de una ampliación de capital. Una ampliación con la que se pretenden captar 30 millones de euros que, indicaron, se destinarán a financiar los proyectos de crecimiento. Los planes mundiales ligados a la transición energética van a suponer una oportunidad para las compañías ligadas a la producción de equipamiento eléctrico.

Álava y Madrid pactan acelerar trámites ante el enorme retraso del soterramiento del TAV (El Correo Araba)

De todo lo que ha dejado en suspenso la pandemia, la llegada soterrada del Tren de Alta Velocidad (TAV) es quizás lo que menos ha sorprendido a los alaveses, ya sea por su elevado coste o por el descomunal retraso que arrastra la nueva red ferroviaria. Pero el Gobierno vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria transmitieron ayer al Ejecutivo de Pedro Sánchez que su apuesta por la integración soterrada del ferrocarril en la capital se mantiene firme, y que cuentan con el músculo económico suficiente para abordarlo en el último plazo marcado; es decir, para 2027. Las tres instituciones vascas competentes en el colosal proyecto, representadas por el consejero de Transportes, Iñaki Arriola (PSE), el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), y el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), pidieron avances al secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura (PSOE), e hicieron valer el acuerdo de financiación que alcanzaron cuando las estimaciones rondaban los 737 millones de euros. El titular de Transportes de Lakua, de hecho, aseguró en la reunión que la infraestructura se costearía «sin ninguna duda». En principio, ese montante se reparte en un 50% a costa del Estado, un 25% por Lakua, un 15% por Vitoria y un 10% por la Diputación.

Meliá, Barceló y NH aceleran la apertura de hoteles tras el fin del estado de alarma (Expansión)

Las grandes cadenas hoteleras españolas, todavía con una parte importante de sus plantillas en ERTE, han activado sus planes de desescalada tras el fin del estado de alarma de cara a preparase para la campaña de verano. Meliá, NH, Barceló, Palladium, Grupo Piñero, Room Mate, Hesperia y Vincci prevén reabrir más de un centenar de hoteles en las próximas semanas. Meliá, que cuenta con 50 hoteles abiertos en España en la actualidad, prevé sumar 80 reaperturas hasta el mes de junio, lo que implica el 70% de los 141 establecimientos de la compañía en el país. Este plan de aperturas se podría ampliar en función de la evolución de la demanda en mercados emisores como Reino Unido y Alemania. Meliá explica que en el mercado español las reservas de hoteles vacacionales se han incrementado un 185% en las últimas cuatro semanas y se sitúan ya en el 51% de las alcanzadas en 2019. “Prevemos una recuperación en el tercer trimestre, aunque mantenemos cautela para al cuarto trimestre”, asegura.

Euskadi logrará la inmunidad de grupo en 90 días si sigue el ritmo de vacunas (Diario Vasco)

Ya se están dando las primeras citas a personas de 58 y 59 para esta misma semana. La fecha esperada de cuándo se alcanzará la ansiada inmunidad de grupo frente al Covid-19, o lo que es lo mismo, la vacunación completa del 70% de la población se acerca un poco más. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró ayer que España está «a 100 días» de lograr esa meta, un escenario en el que la situación sanitaria permitirá recuperar cierta normalidad, una vez inmunizada la mayor parte de la ciudadanía. Analizando el ritmo de vacunación de Euskadi en el último mes, esa inmunidad colectiva podría conseguirse incluso antes, en 90 días o menos, siempre y cuando la campaña vasca incremente algo la velocidad de las inoculaciones. Tras unos primeros meses en los que se avanzó muy lentamente, la campaña ha pegado un acelerón y en torno al 15% de la población vasca ha recibido ya la pauta completa, casi 305.000 personas que son inmunes al virus. Además, otras 423.220 han recibido al menos una dosis. Con el ritmo actual, en el que se han alcanzado los 21.000 pinchazos diarios, el objetivo de que 7 de cada 10 vascos esté inmunizado se podría alcanzar a principios de agosto, aunque si aumenta el número de viales que recibe Osakidetza desde Sanidad semanalmente, esa fecha podría incluso adelantarse.