20210505

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha aludido a la situación de dificultad por las que atraviesan algunas empresas vascas. Zubiaurre advierte de que “una empresa no tiene más remedio que adaptarse a un mercado cambiante. Y eso, en ocasiones, exige ajustes”. Ahora bien, - añade-, "si hay dificultades para tener esa imprescindible flexibilidad interna, si no se acepta la realidad, si todo son dificultades para un ajuste más o menos amable, no traumático, pero ajuste a fin de cuentas porque supone un sacrificio para todos, es lógico que al final las situaciones se dificulten, se agraven y deriven en decisiones traumáticas". En ese sentido, el presidente de Confebask ha insistido en la necesidad de que, “ante situaciones de dificultad, hay que poner todos lo mejor de nuestra parte para que las soluciones que haya que adoptar sean lo menos traumáticas posible”. Ver más en Confebask. Escuchar entrevista aquí. 

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, volvió a reclamar ayer que se elimine el veto al despido en la prórroga de los ERTE que se va a comenzar a negociar mañana en la mesa de diálogo social. Una exigencia que se alinea con la de la CEOE, en la que está integrada la patronal vasca, y que ésta lleva planteando al Gobierno central desde la primera prórroga, pero a la que el ejecutivo de Pedro Sánchez se niega, ya que es una de las líneas rojas que marcan los sindicatos y también su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien compete esta materia. Ayer, Zubiaurre insistió en este punto en un momento en el que para algunas empresas «se hace insostenible mantener todo el empleo», por lo que entiende que la figura de los ERTE tiene que contar con esa posibilidad, para que se adapte a la realidad de cada empresa. El presidente de Confebask subraya que es mejor poder prescindir de una parte de la plantilla que no forzar la situación hasta tal punto que al final sea inviable el futuro de la empresa en cuestión. «El despido es la última situación que se plantea en las empresas, pero necesitan condiciones para poder resistir y mantener plantillas. Cuando ven que a medio o largo plazo no van a necesitarlas es una restricción que a muchas les está haciendo pensar si tienen que recurrir de nuevo a ampliaciones de ERTE o adoptar ya esas medidas traumáticas».

El Gobierno propondrá extenderlos hasta septiembre, con opción de ampliar hasta diciembre sólo si fuera necesario. Mañana comienza la ronda de negociación del Gobierno con los sindicatos y las organizaciones empresariales. Empresas y sindicatos, al otro lado de la mesa, demandan al Gobierno la mayor estabilidad posible en los esquemas de ayudas y, en este sentido, esperan una extensión hasta diciembre. Frente al optimismo y la confianza del Gobierno en la recuperación prefieren la prudencia. Aunque el número de afectados por estas medidas ha descendido notablemente desde el pico generado por la hibernación económica del año pasado, aún afectaba a 650.000 trabajadores a finales de abril. Según la contabilidad de la mesa de seguimiento tripartita, la mitad de los afectados pertenecía a tres sectores como son la hostelería, el alojamiento y el comercio tanto al por menor como al por mayor. Cataluña era, de largo, el territorio con mayor número de trabajadores sujetos a ERTE, 138.700 hasta la última semana de abril, seguida de Madrid, Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana.

Sentencias opuestas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ante los despidos en el sector aeronáutico. Apenas unos días después de que declarase el ERE de Aernnova procedente y ajustado a derecho, ha llegado el fallo en relación a PCB, perteneciente al grupo ITP Aero, que va en sentido contrario. En esta ocasión los magistrados –es una sección diferente– declaran nulo el expediente y obligan a readmitir a los 87 trabajadores despedidos en las plantas de Barakaldo y Sestao. La Sala que ha analizado este caso considera que se ha vulnerado la prohibición de despedir por causas ligadas al Covid al entender que los problemas de la empresa no tienen carácter estructural, sino que vienen derivados del parón que la pandemia ha provocado en los fabricantes de aviones. Recuerda que la normativa aprobada por el Gobierno central obliga a recurrir a los ERTE en estas situaciones coyunturales. La empresa, que tiene 500 trabajadores en Barakaldo y Sestao, manifestó ayer «su total desacuerdo» con el fallo y anunció «su intención de recurrirlo ante el Supremo». Defendió que, tal como explicó en la vista, celebrada el 27 de abril, «el objetivo del ERE es salvaguardar la viabilidad de la compañía a medio y largo plazo». Recordó, en este sentido, que la empresa lleva dando pérdidas desde 2016, cuando se puso en marcha un plan de inversión y crecimiento que se ha visto truncado por la crisis del sector.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha iniciado este 2021 a toda máquina. Tan es así, que tras salvar el año de la pandemia con buena nota se mueve en una senda de clara recuperación. De hecho, y según los datos que constan en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) correspondientes al primer trimestre– la compañía se mueve ya en números no solo superiores a los del pasado ejercicio sino por encima de los registrados en 2019. Un síntoma innegable de que ha retomado la velocidad de crucero. Los números no mienten, y aunque se refieran solo a un trimestre no dejan de ser indicativos de la situación. Y es que si entre enero y marzo de 2019 la firma logró ventas por valor de 636 millones de euros, ese apartado ha subido ya a 662. El beneficio neto hoy asciende a 16 millones de euros, que comparan con los 14,4 de entonces. Y el ebitda muestra la misma fortaleza que entonces, con 57 millones.

Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ejecutivo de Vitoria, ha reconocido que trabaja junto con el Ministerio de Industria para lograr esa “continuidad” y el futuro de una empresa que necesita de inversiones permanentes en desarrollo para consolidar su crecimiento. Ambos Gobiernos no quieren que la venta de ITP Aero se quede en el ámbito de los fondos de inversión, que tienen un plazo limitado de permanencia en sus participadas para conseguir el máximo rendimiento. Tapia señaló que ha hablado con “empresas y familias de inversores” para intentar acercarles a ITP Aero. Unas conversaciones que unos casos han resultado “positivas” y en otros no ha despertado “el interés por participar” en el fabricante de turbinas aeronáuticas de baja presión, que tiene su sede en Zamudio (Bizkaia). Fue la primera empresa de este sector en Euskadi, cuando inició su actividad hace más de un cuarto de siglo.

MásMóvil, el cuarto operador de telecomunicaciones, ha cerrado finalmente, tras recibir las autorizaciones regulatorias, la venta de una red de 1,1 millones de accesos de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) a los fondos Macquarie, Aberdeen y Daiwa, como adelantó EXPANSION el pasado 28 de marzo, por un importe cercano a los 400 millones de euros. Aunque la operación se pactó mucho antes de la opa, los recursos recibidos ayudarán a MásMóvil a financiar los 2.000 millones de euros (3.500 millones si se incluye la deuda) que le costará la opa en curso sobre Euskaltel. Mientras, Marwyn Investment Management, primer accionista de Zegona, ha pedido la convocatoria de una junta general extraordinaria en esta compañía, con el objetivo de forzar el pago de un dividendo con el dinero que prevé ingresar en la oferta pública de adquisición (opa) de MásMóvil sobre Euskaltel. La sociedad británica de inversión Zegona controla el 21% de la operadora vasca de telecomunicaciones, por lo que recibirá 428 millones de euros si sale adelante la venta a MásMóvil.

ELA, LAB, CCOO y UGT se repartirán 723.000 euros en subvenciones después de que el Gobierno Vasco aprobara ayer iniciar el procedimiento de concesión para el presente ejercicio de las partidas destinadas a las organizaciones integrantes del comité de elecciones sindicales y de los comités territoriales, conforme a lo establecido en el acuerdo intersindical. La medida se adoptó en el Consejo de Gobierno a propuesta de la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia.

«La reflexión está hecha y la decisión adoptada». Euskadi contará con un nuevo Plan Renove para la sustitución de coches antiguos por nuevos y menos contaminantes. La titular del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente, señaló que se pondrá en marcha «cuanto antes» y que tendrá unas características muy similares a las aplicadas el año pasado, entre las que destaca su neutralidad tecnológica. Esto significa que no penalizará tipos de motorización, sino que primará la reducción de emisiones, lo que permitirá que también se beneficien los nuevos coches de combustión, tanto de gasolina como diésel, mucho menos contaminantes que los antiguos. Tapia no especificó el presupuesto previsto para el nuevo Plan Renove, que en 2019 fue de 5 millones de euros y en su edición de 2020 se duplicó a 10 millones para contrarrestar así los efectos de la pandemia. Tampoco precisó en qué momento arrancará el plan. Únicamente que será «lo antes posible», cuando esté preparada toda la normativa y la plataforma para su tramitación.

La movilidad eléctrica está cogiendo velocidad en Euskadi y el territorio no quiere quedarse atrás en la carrera por un transporte cada vez más sostenible. Se necesitan profesionales en este campo y la FP se prepara para ello. Bizkaia estrenará en septiembre un curso de especialización en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos que acaba de aprobar el Ministerio de Educación y Formación Profesional. El centro Bidebieta de Basauri formará cada año a una veintena de alumnos a través de este posgrado que tendrá un año de duración. «Se trata de un posgrado al que podrán acceder los estudiantes que hayan finalizado el grado medio de Electromecánica», explica Javier Ochoa de Alaiza, director del centro alavés Mendizabala, donde también se impartirá. «El de los vehículos híbridos y eléctricos es un sector en continuo crecimiento y en el que se emplean unos motores especiales cuyo conocimiento tenemos que ir potenciando». 

Seis de cada diez euros que se gastan las empresas en Euskadi son para conseguir materias primas, que en muchos casos llegan importadas de otros países. Esta importante inversión económica que acometen las compañías, sobre todo en el sector industrial, no siempre tiene el máximo aprovechamiento desde el punto de vista de la rentabilidad de los materiales, cuyos residuos se tiran directamente al vertedero. Un estudio elaborado por el departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento estima que el 58% de los residuos que ahora no se aprovechan en los polígonos industriales de Vitoria podrían reutilizarse en procesos productivos. El informe sienta las bases para materializar sinergias empresariales que permitan obtener beneficios económicos, con el ahorro de costes en la compra de materias primas, y desde un punto de vista ambiental al reducir las emisiones con los vertidos y con el transporte y reutilizar los residuos dándoles un nuevo ciclo de vida.

Los grupos industriales europeos han aumentado la presión para que la UE acelere la introducción de un impuesto fronterizo sobre el carbono, ya que los precios récord de los derechos de emisión de dióxido de carbono han aumentado el coste de la contaminación en el bloque muy por encima de cualquier otra región del mundo. Los precios del carbono, según el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS por sus siglas en inglés) que son la base del ambicioso nuevo objetivo de la UE para reducir las emisiones en un 55% para 2030, se encuentran cerca de los 50 euros por tonelada, más del doble de los niveles anteriores a la pandemia. Aunque el repunte ha sido bien recibido por grupos ecologistas y algunas empresas que ven un impulso para las energías limpias y el sector manufacturero europeo, el hecho es que ha afectado negativamente a algunas industrias. Tata Steel ya ha aplicado un recargo de 12 euros por tonelada de CO2 a los metales producidos en Europa, incluido Reino Unido. Aunque la empresa asegura que esto es necesario para cubrir sus costes, la medida puede perjudicar la producción y las exportaciones de la región. Otras industrias, desde el cemento hasta la petroquímica, han advertido de que las subidas podrían privarles de fondos para invertir en descarbonización. Uno de los factores que explican el repunte de los precios del carbono en la UE es la expectativa de que los suministros se reducirán.

La Unión Europea no quiere ceder el liderazgo en la lucha contra el cambio climático ahora que Estados Unidos ha regresado a esta batalla de la mano de Joe Biden. La Comisión Europea ha convertido esta lucha en una bandera identitaria, y tras el reciente acuerdo alcanzado por las instituciones comunitarias sobre la ley europea del clima se tendrán que revisar y endurecer 54 normas europeas, lo que conllevará tremendas repercusiones para sectores como el del transporte, la energía, la construcción y el comercio internacional. “Cada tramitación va a ser una batalla”, avisa el eurodiputado Pascal Canfin, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, que será la encargada de revisar todos estos proyectos legislativos. Este eurodiputado francés del grupo liberal señala que la enorme tarea legislativa en ciernes “da idea de la magnitud del cambio que se va a vivir”. Y aunque reconoce que las negociaciones serán “duras, difíciles”, se muestra convencido de que “a finales de 2022 todas las normas estarán aprobadas o en fase de negociación”.

La falta de una postura común para lidiar con China dificulta que la Unión Europea negocie en bloque con Pekín. Y las grandes diferencias políticas entre ambos territorios impactan de lleno en el ámbito económico. La muestra más clara de ello es el anuncio ayer de que la Comisión Europea abandonará las actividades para lograr que los 27 ratifiquen el gran acuerdo de inversiones firmado el pasado mes de diciembre. «Es evidente que, en la situación actual, con sanciones de la Unión Europea contra China y sanciones chinas en represalia, algunas de las cuales afectan a miembros del Parlamento Europeo, no se dan las condiciones adecuadas para la ratificación del tratado», justificó el vicepresidente ejecutivo de la UE, Valdis Dombrovkis. Se desmorona así la gran apuesta que ambos bloques prepararon durante siete años para mejorar sus relaciones económicas y limar las grandes diferencias en el trato que las empresas reciben cuando realizan inversiones en uno y otro lado. 

Una de las campañas más duras que se recuerdan acaba con unos resultados contundentes. Las encuestas daban por hecho la victoria de Ayuso, pero pocos se atrevían a sentar al PP con 65 diputados, a cuatro de la mayoría absoluta y con 35 más que en la pasada legislatura. Casado aprovechó anoche el empujón de la presidenta madrileña para mandar un aviso a Moncloa: «Sánchez ha perdido», proclamó tras el histórico batacazo de los socialistas. La otra noticia de la noche fue el ‘sorpasso’ en votos de Más Madrid al PSOE, aunque con un empate a 24 escaños. A destacar también una participación que superó el 76%, doce puntos más que hace dos años. Isabel Díaz Ayuso avisó que iba a «arrasar» y no erró. Pero hubo dos bombas colaterales: Pablo Iglesias anunció su retirada de la política tras el fracaso electoral de Podemos y Ciudadanos abrió la puerta a la desaparición tras el naufragio.

El líder de Podemos fracasa en el órdago lanzado tras dejar el Gobierno y pone el foco de atención sobre Yolanda Díaz. De vicepresidente del Gobierno central a presentar su dimisión y proclamar que deja la política tras quedarse muy lejos de sus expectativas como candidato en unas elecciones autonómicas. Pablo Iglesias anunció solo unas horas después del cierre de las urnas en Madrid que dimite de todos sus cargos tras sacar solo una decena de escaños, tres más que en 2019, pero una cifra muy lejana de la que esperaban en Unidas Podemos. Un adiós por la puerta de atrás para quien aspiraba a asaltar los cielos. La marcha del líder de Podemos demuestra el impacto nacional que iban a tener las elecciones del 4-M. Iglesias dejó el Gobierno de Pedro Sánchez hace un mes para intentar revitalizar una candidatura que se movía en el filo del 5%, lo que hubiera supuesto su salida de la Asamblea madrileña. La debacle se ha evitado, pero el segundo gran objetivo, servir de revulsivo para el conjunto de la izquierda y permitir construir una alternativa a Isabel Díaz Ayuso ha sido un fracaso. Iglesias lanzó un pulso y lo ha perdido.

La presidenta regional recortará impuestos, impulsará la Ley de Mercado Abierto, lanzará un plan de rescate de 1.000 millones y reducirá burocracia para espolear la recuperación pos-Covid. En este contexto, el gran compromiso de Díaz Ayuso, que opta a los fondos europeos con un ambicioso plan de reformas e inversiones de más de 22.000 millones, es rebajar en medio punto porcentual todos y cada uno de los tramos del IRPF en la parte autonómica, una medida histórica que la presidenta regional quiere que se aplique ya en 2022 y que supondría una inyección de alrededor de 300 millones en los bolsillos de los madrileños. A ello se añade la ampliación de las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre tíos y sobrinos (del 10% al 20%) y entre hermanos (del 15% al 25%), tributo que en el caso de los parientes más cercanos está bonificado al 99%. Esta medida supondría otro ahorro de 30 millones para el contribuyente madrileño. La promesa de Ayuso de seguir aplicando la tijera a los impuestos choca frontalmente con la ofensiva armonizadora lanzada por el Gobierno de Sánchez, que busca igualar esos tributos con los del resto de CCAA; es decir, al alza, lo que augura nuevos encontronazos políticos en el futuro.

El Gobierno central no prorrogará el estado de alarma y dejará en manos del Supremo la decisión sobre las restricciones que apliquen los gobiernos autónomos. Fue un ‘sí pero no’ de manual. Muevo ficha para calmar las aguas de los ejecutivos autonómicos, pero ni mucho menos la ficha que muchos de ellos querían, con Euskadi a la cabeza. El Gobierno, en plena jornada de votación del 4-M madrileño, confirmó que el estado de alarma acabará, «como estaba previsto», a las 00.00 horas del 9 de mayo (a medianoche del sábado) y anunció que las comunidades tendrán un nuevo paraguas legal, vía real decreto, que les permita sacar adelante sus restricciones de derechos fundamentales para poder combatir la pandemia. Un mecanismo que permitirá a las autonomías recurrir en casación al Tribunal Supremo si el Tribunal Superior de turno tumba sus medidas. ¿Y si el Supremo tampoco les da la razón? Aquí es cuando se hace el silencio. «El Gobierno no prejuzga nada», dijo la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

El covid se repliega en Euskadi. La marcha atrás de la última ola epidémica es una realidad. Tras un par de semanas con indicios de estabilización que apuntaban a un cambio de tendencia pero sin llegar a consolidarse el tan ansiado declive de la curva, el virus se encuentra ya inmerso en una fase decreciente que permite vislumbrar un horizonte más alentador. Aunque no a corto plazo. La tormenta amaina, pero persisten algunos nubarrones negros que no invitan a bajar a la guardia. Los niveles de contagio se mantienen muy elevados y el sistema hospitalario, altamente presionado. Quedan aún tiempos complicados.