20210502

El programa vasco de recuperación está a la espera de ver si sus 188 proyectos captan 5.700 millones de euros de los fondos europeos. Se va acercando la hora de la verdad. La hora en la que se verá cómo evalúa el Gobierno de Pedro Sánchez el ‘Programa Euskadi Next 2021-2026’ que presentó el lehendakari, Iñigo Urkullu, el 29 de diciembre pasado y con el que el Ejecutivo de coalición PNV-PSE pretende la gran transformación de la economía vasca. Se trata de una relación de 188 proyectos que, si se ejecutan, movilizarían una inversión global de 13.135 millones de euros. Euskadi pretende que 5.703 millones procedan de los fondos MRR (Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia). Los otros 7.433 millones se financiarían a través de la inversión público-privada vasca. El Gobierno de Vitoria defiende el ‘Euskadi Next 2021-2026’ como «la gran oportunidad» para acelerar las tres grandes transformaciones prioritarias de futuro que se ha fijado la Unión Europea: tecnológica y digital; energética y medioambiental; y demográfica y social.

Entre los cluster más optimistas, destacan tres que no son los habituales, algunos de ellos casi desconocidos, pero que con la pandemia se han revelado claramente como actividades esenciales: medio ambiente (Aclima), biosalud (Basque Health Cluster) y nuevas tecnologías (Gaia). Y también se han mostrado vitales para el futuro y la competitividad de las empresas, ya que son transversales a todos los sectores. La digitalización ha dejado de ser un complemento para convertirse en la base del funcionamiento de cualquier compañía y exigirá inversiones; pero sobre todo talento, tanto de recualificación de los trabajadores actuales como de nuevos profesionales. El gasto hasta cierto punto opcional de las actuaciones medioambientales –aquellas que se aparcaban en momentos de crisis o que incluso era más barato contaminar y pagar que corregir o prevenir– ahora son el centro de la nueva revolución. Está en juego la conservación del planeta y ahí se focalizan ahora todas las legislaciones y grandes orientaciones de los fondos inversores. Y si algo ha quedado claro con la pandemia es que eso de que investiguen y fabriquen otros tiene un coste elevadísimo en materia sanitaria. En Euskadi el sector es joven, pero ya hay empresas que se van posicionando en medicamentos, fabricación de dispositivos médicos, medicina digital...

La dirección del Parque Tecnológico de Álava tiene sobre su mesa las ofertas de siete empresas para instalarse en Miñano. Cuatro podrían desarrollarse sin ningún problema en próximas fechas, pero tres necesitan que el Ayuntamiento de Vitoria desbloquee el proyecto de ampliación que lleva más de una década aparcado. La consejera Arantxa Tapia ya avanzó el viernes que uno de ellos se dedicará a la fabricación de baterías de coche eléctrico dentro del consorcio Battchain del que forman parte Euskadi, Extremadura, Andalucía y Navarra y con el que se aspira a que España sea un referente en el sector a nivel europeo. La iniciativa denominada Basquevolt quiere desarrollarse antes de 2024 en una parcela de 300.000 metros cuadrados de esa necesaria ampliación, mientras que otro plan relacionado con la energía opta a 120.000 más. El tercero de los proyectos que está sobre la mesa es el más extenso y está relacionado con el sector de las tecnologías de la electrónica, la información y la comunicación (TEIC), por lo que necesita 400.000 metros a partir de 2026. La suma de todos ellos supone más del doble de la superficie actual del parque (607.482 metros cuadrados), pero fuentes conocedoras de estos proyectos recalcan que los tres no se podrían desarrollar de forma simultánea por optar a las mismas parcelas.

El sector del mueble guipuzcoano está capeando la crisis provocada por la pandemia con notable acierto. Su alto grado de internacionalización le ha permitido adjudicarse contratos de primer nivel. Este el caso de Cianco, una pequeña empresa donostiarra –32 empleados– especializada en mobiliario de cocina que ha encandilado a los hoteleros de lujo de la Costa Azul francesa. Así, tras equipar el hotel Martínez de Cannes y el Lilly of the Valley de Saint Tropez, este último decorado por Philippe Starck, ahora trabaja en el Vista Palace, situado en lo alto de un acantilado desde el que se domina toda la ciudad de Montecarlo. Se trata de un proyecto especial por varias razones. La primera de ellas porque el Vista Palace es un hotel emblemático. Tanto es así que en 2014 fue adquirido por el emir de Qatar con el objetivo de demolerlo y reconstruirlo como un cinco estrellas gran lujo.

El sector del mueble ha sabido resurgir de sus cenizas tras dejar en el camino a empresas emblemáticas, como la zumaiarra Xey. La clave para sobrevivir ha sido la calidad, un ‘buen hacer’ que le ha llevado a conquistar los mercados internacionales. El año pasado las ventas ascendieron a 1.440 millones de euros, de los que 510 se facturaron en el exterior, con una caída del 10%. La contracción se registró principalmente en Europa y Latinoamérica, mientras que la actividad se mantuvo a buen ritmo en Oriente Medio y en Estados Unidos. El clúster Habic está promoviendo la internacionalización mediante la apertura de espacios expositivos permanentes (showrooms) de firmas vascas en los principales mercados. Los dos últimos se abrieron el mes pasado en Londres y en Nueva York.

"No hay que subir las cotizaciones porque lastran el empleo, ni hay que aumentar las pensiones máximas, porque ya son suficientemente generosas...Me refiero a la noticia de que el ministro Escrivá «acepta subir las pensiones máximas» a partir de la segunda mitad del año 2022... Lo que está detrás de la idea es una propuesta simultánea de subida de las cotizaciones, tras proceder a su destope actual...A mi la idea me parece muy inconveniente en sus dos sentidos. Ni deberíamos subir las cotizaciones, ni nuestra principal preocupación debería ser el aumento de las pensiones máximas. Las cotizaciones sociales son, en definitiva, un impuesto al trabajo. Por cada euro que percibe el trabajador, el coste total se eleva a 1,69 euros, entre las cotizaciones a la Seguridad Social (0,41 euros), el IRPF (0,20 euros) y las aportaciones del empleado (0,08 euros). Aumentar ese coste supondría un grave freno a la creación de empleo, justo ahora que lo necesitamos en cantidades oceánicas. Y por otro lado, las pensiones máximas son muy generosas, dado el nivel de nuestra economía y el calamitoso estado financiero de nuestro sistema de pensiones..."

Los sindicatos vascos reivindican políticas de empleo que mejoren las condiciones laborales y piden una «salida justa» de la crisis. Mitxel Lakuntza, el secretario general de ELA –sindicato mayoritario en Euskadi–, defendió que es hora del cambio.  «El lehendakari dice que no es momento de derogar la reforma laboral ni de hacer una reforma fiscal en la que paguen más los que más tienen. Si no hay cambios habrá recortes». La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu aseguró que «se debe apostar por una alternativa ecológica y feminista» ante un sistema social y ecológicamente insostenible. Es el momento, aseguró, de «otra huelga general» que impulse la transformación. La secretaria de CC OO, Loli García, destacó la necesidad de impulsar un modelo económico y social más justo. Durante la pandemia «los trabajadores han sostenido a la sociedad» y por ello es momento de «derogar la reforma laboral, subir el salario mínimo y defender el sistema público de pensiones». El secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, también defendió que «es hora de cumplir con la clase trabajadora» y pidió acabar con la temporalidad. 

Los sindicatos abertzales coincidieron ayer en el diagnóstico: es necesario presionar a gobiernos y empresarios para forzar una salida de la crisis "con más derechos y menos recortes". Lo hicieron por separado en la celebración del Primero de Mayo y con diferente intensidad en los términos utilizados. Sin embargo, coge fuerza la posibilidad de que ambas centrales llamen a los trabajadores a una gran movilización conjunta. El Día del Trabajador reunió a miles de personas en Bilbao y en otros municipios vascos, y pese a las restricciones por el covid, las calles volvieron a ser un espacio de reivindicación. La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, habló directamente de la necesidad de convocar una huelga general en el escenario pospandemia. "Si no hay disputa no va a haber cambio de dirección", subrayó y ofreció "diálogo en busca de un consenso" al resto de los sindicatos para convocar esa gran movilización.

Bajo el lema ‘Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su gente trabajadora’, los sindicatos volvieron este Primero de Mayo a tomar las calles de más de 70 ciudades españolas, en una celebración singular, sobre todo en Madrid, por el marcado tinte de acto electoral que tuvo a apenas tres días de la votación a la presidencia de la comunidad. Además de los candidatos de los partidos de izquierdas –acudieron Ángel Gabilondo (PSOE), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Mónica García (Más Madrid)–, hasta siete ministros participaron en la manifestación que partió de la Plaza de Cibeles y acabó en la Puerta del Sol. Entre ellos, y por primera vez, un ministro –en este caso ministra– de Trabajo del Gobierno de España, Yolanda Díaz, quien justificó su presencia «como ha hecho siempre desde niña». la titular de Trabajo explicó ante los medios que la respuesta «más efectiva y rotunda» a la crisis económica y social es «el trabajo decente, la solidaridad y la justicia social». A la manifestación también acudieron la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, José Luis Ábalos (Transportes), Reyes Maroto (Industria y Turismo), José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura), Ione Belarra (Derechos Sociales y Agenda 2030) e Irene Montero (Igualdad). Desde los sindicatos restaron importancia al hecho de que la numerosa presencia política dejara en segundo plano el carácter reivindicativo de la jornada. 

La pandemia ha puesto en un brete al tejido empresarial, sobre todo en algunos sectores que afrontan la digitalización y sufren las consecuencias del desplome económico. Eso se traduce en fuertes recortes de plantilla: en los últimos meses se han anunciado varios que afectan a más de 35.000 empleados en la banca, comercio y automoción, entre otros sectores. Por sectores, la banca se lleva la palma con la intención de reducir sus plantillas en casi 18.000 personas. Las entidades llevan años recortando personal por las sucesivas crisis, cambios tecnológicos y nuevos hábitos de los clientes, que cada vez usan más la banca digital y menos la oficina. En las cifras oficiales estos expedientes aún no aparecen, ya que solo se incluyen cuando termina la negociación y se registran.

Los hosteleros han perdido el 70% de sus ventas sólo en lo que va de este 2021 y el sector turístico calcula que desde abril del pasado año, es decir, en los últimos doce meses, se han perdido ya 116.000 millones de euros al tener una actividad un 75% inferior a la de un año antes. El proceso de vacunación hará posible que a lo largo del presente ejercicio se vayan levantando progresivamente las restricciones y el consumo privado se anime. El Gobierno calcula que precisamente ese consumo será el «principal motor» de la recuperación económica, creciendo en torno al 7% anual durante 2021 y 2022 y «posibilitando una normalización» de la tasa de ahorro de los hogares ya en 2024, que ahora está en máximos históricos. Así lo explica el Ejecutivo en su Plan de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado viernes, en el que indica que, sin embargo, a partir de 2023 el consumo «ralentizará» su ritmo de avance acompasándose a la positiva evolución de la tasa de empleo que se espera, al aumento de los salarios y a la reducción del ahorro.

Las cifras hablan por sí solas. Según la Fundación Impulsa, con sede en el archipiélago, el gasto turístico ha caído un 87,6% y la afluencia de visitantes lo ha hecho un 87,4%. Su director, Toni Riera, lo traduce: «El impacto económico de la exportación de servicios turísticos no alcanzó en todo el último año lo que suponen veinte días de un verano cualquiera». Demoledor. Y más en una comunidad donde el 42% de su algo más del millón de habitantes viven directamente del turismo. No hace falta escarbar mucho para ver las consecuencias de esta sangría. Han cerrado 3.810 empresas y se han perdido 44.270 puestos de trabajo –y no han sido más porque los ERTE han sujetado las riendas de esta carrera desbocada–, lo que se tradujo este pasado febrero en una tasa de paro del 17% (muy alta para Baleares, que un año antes se situaba en el 9,91%, sólo por detrás de Navarra y el País Vasco). Así las cosas, el archipiélago ha retrocedido en 12 meses a niveles de 2001, convirtiéndose en la economía más castigada de todas las comunidades autónomas, con una caída del PIB del 24,3% (más del doble que la media nacional y cuatro veces superior al de la Zona Euro) y echando por tierra el 85% del crecimiento que había acumulado entre los años 2000 y 2019.

A los proyectos en fase de desarrollo hay que sumar los hoteles de reciente creación, como el NYX, de la cadena israelí Leonardo, en El Arenal; el Tayko de la calle Ribera; el Vincci Consulado de Alameda Mazarredo; y el Sercotel de Canciller Ayala. A este aluvión hay que añadir, asimismo, la constitución de alianzas como la suscrita por la cadena Ercilla con Marriott International, una de las enseñas más exclusivas del mundo. El sector tampoco es ajeno a importantes movimientos inmobiliarios. A finales de 2019, los propietarios del edificio que acoge el Melià –inicialmente funcionó con el signo de Sheraton– vendieron el inmueble a un fondo de inversión por 50 millones de euros, mientras que en los últimos meses se han disparado las especulaciones sobre el Miró y el Gran Hotel Domine, ambos pertenecientes a la familia Wicke, que ha desmentido a este periódico la venta de ninguno de ellos. Sin embargo, el entusiasmo que muestran los empresarios que están al caer contrasta con el ánimo reinante entre los que llevan años arraigados. En Destino Bilbao aseguran que el objetivo de todas las cadenas pasa por «la subsistencia; pocas empresas están pensando ahora mismo en expandirse por Bilbao u otras ciudades», aseguran las mismas fuentes, que auguran una especie de ‘canibalismo’ en el sector. «Unas van a absorber a otras porque a muchas cadenas les va a costar salir de ésta. 

Entrevista con Javier Tajadura Profesor de Derecho Constitucional de la UPV/EHU. Cree que gestionar la pandemia con la legislación ordinaria como quiere Sánchez creará un inseguridad jurídica tremenda. "Se carecerá de las herramientas jurídicas necesarias para hacer frente a la covid. No se podrá restringir el derecho a la libre circulación, ni toques de queda ni confinamientos.– ¿Le ve sentido a la decisión de Sánchez?– Jurídicamente hablando no tiene ningún sentido. Porque si no es necesario, ¿para qué nos ha tenido seis meses con estado de alarma? La situación sanitaria en el País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña es muy grave. No solo estaría justificado prorrogar el estado de alarma, es que sería obligado. Volver a la legislación ordinaria sería una irresponsabilidad"

El País Vasco tiene la incidencia más alta de España y una de las mayores presiones hospitalarias. Y en el origen de ello pueden estar algunas de las decisiones tomadas por la Administración Urkullu en los últimos meses: iniciativas tardías, generosidad en el aperturismo –aunque haya influido el revés judicial con la hostelería– o un lento ritmo de vacunación. Además de una final de Copa que dio la puntilla al impacto de la Semana Santa. En Euskadi los umbrales fijados para determinar el máximo nivel de riesgo son «demasiado altos», coinciden los científicos. El límite para activar la zona roja se sitúa en 400 casos de incidencia. Sin embargo, el semáforo ministerial considera que con 250 ya existe riesgo extremo. «Euskadi actúa tarde y eso disminuye la efectividad de las medidas. Es verdad que el nivel basal era más alto, pero otras comunidades siguen el principio de ‘cuando antes mejor’ para evitar que sea peor». Tampoco fiarlo todo a la fórmula de los cierres municipales es lo más acertado. Los expertos consultados dudan de su efectividad si otras patas de la mesa cojean y también si el flujo de ciudadanos es constante, como ocurre, por ejemplo, en el Gran Bilbao. Y la hostelería se mantiene prácticamente abierta, también en interiores en horarios de desayunos y comidas. La decisión judicial que obligó a Urkullu a reabrir los bares y restaurantes fue demoledora.