20210323

La vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable de asuntos económicos en el gabinete de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, reconoció ayer que los últimos indicadores aportan «señales mixtas» en torno a la recuperación. Esto es, algunos elementos positivos y otros negativos en la coyuntura, que impiden saber cuándo saldremos del punto de «ralentización» en el que ha entrado la economía española. «La mejor política económica es acelerar la vacunación», advirtió, en el transcurso de un encuentro celebrado en Bilbao con los miembros del Círculo de Empresarios Vascos. Dicho en Euskadi, comunidad que ocupa uno de los últimos lugares en el porcentaje de vacunas inyectadas a los ciudadanos en relación a las que están disponibles, el mensaje alcanza una relevancia especial.

El más vehemente en sus alabanzas fue, según ha podido conocer EL CORREO, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que no dudó en felicitar a Calviño por su próximo ascenso en el escalafón del gabinete. La salida de Pablo Iglesias del Gobierno va a propiciar que sea nombrada vicepresidenta segunda y deje de ser tercera, cargo que ostenta en la actualidad. Un movimiento que Galán consideró «que no es baladí». Así, el presidente de la multinacional vasca transmitió su «agradecimiento» a Nadia Calviño «por tu defensa de la racionalidad» en el Ejecutivo. Y fue más lejos al señalar –sin nombrar el objetivo de sus dardos, porque se interpretaba con facilidad– que esa racionalidad de la vicepresidenta es el contrapeso perfecto frente a «las ideitas de otros, como dicen en Aragón, o ocurrencias como decimos aquí, de quienes se sitúan más cerca de los eslóganes publicitarios». En un tono muy similar intervino Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien destacó el talante moderado y dialogante de la ministra de Economía. El líder de los empresarios españoles no dudó en reiterar «la lealtad institucional» del colectivo al que representa, al tiempo que renovó sus deseos de mantener un alto grado de consenso. 

La ministra de trabajo, Yolanda Díaz, ha rebajado su tono y como en las últimas ocasiones, ayer en la Comisión del Congreso evitó mencionar expresamente la palabra «derogación» de la reforma laboral, que ha cambiado ahora por la de «modernización». Aunque por el momento está difícil alcanzar un acuerdo para lograrlo. Pese a que la ministra se mostró convencida de que los interlocutores sociales van a estar una vez más «a la altura», la patronal CEOE está cerrada en banda a negociar y dice que «ahora no es el momento». En su comparecencia parlamentaria, la que pronto se convertirá en vicepresidenta tercera del Gobierno explicó que los cambios en la regulación laboral se llevarán a cabo en tres fases. Una primera, con las reformas más urgentes, en las que situó los cambios en la negociación colectiva y la subcontratación –medidas que no comparte Calviño–; una segunda relacionada con la estabilidad en el empleo y la simplificación de los contratos, que admitió es en la que pone «más énfasis» la Comisión Europea y que respalda su colega de Economía; y una tercera fase que tiene que ver con «la mudanza» de las políticas activas de empleo. Además, aseguró que todas ellas «las vamos a hacer este año». Díaz afirmó que la reforma laboral de 2012 ha sido un «fracaso en los convenios de empresa» y apostó por una «negociación colectiva equilibrada», donde los trabajadores «puedan colectivamente negociar de igual a igual sus condiciones».

La futura vicepresidenta Tercera y actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, dijo ayer, en el Congreso de los Diputados que ella mira “lo justo al pasado”, porque es “una mujer que siempre mira al futuro”. Una forma de responder a la futura vicepresidenta Segunda del Gobierno y actual ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Esta última desestimó la semana pasada la derogación de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno del PP y dijo que: “No se trata de mirar al pasado, sino de mirar al futuro, y de solucionar los problemas que tiene el mercado de trabajo”. Por ejemplo, la balumba de contratos que tiene el mercado laboral, que es necesario reducir a tres –indefinido, temporal con causa y de formación– y la reforma de las políticas de apoyo al empleo –las políticas activas– para que los servicios públicos puedan ayudar a los desempleados a encontrar trabajo, de forma efectiva. En su comparecencia en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, coincidió con Calviño en la necesidad de solucionar todos estos problemas, pero añadió que antes “es necesario modernizar la negociación colectiva”. Esto significa que Díaz quiere “restaurar el equilibrio de poderes en los convenios”. Es decir, devolver poder de negociación a los representantes de los trabajadores frente a los empresarios. Y “que este mismo año se harán todas las reformas en el mercado de trabajo”.

A lo largo del último año se han disparado un buen número de materias primas esenciales para la industria, la agricultura y el transporte, lo que supone un fuerte alza de sus costes que, en algunos casos, se sitúan muy cerca de máximos históricos. Quizá la subida más evidente ha sido la del petróleo, que el año pasado por estas fechas se asomaba a mínimos históricos (hasta el punto de que el barril de Texas llegó a cotizar en negativo) y que hoy se encuentra un 176% por encima de las cifras de marzo de 2020. Este incremento es clave, ya que se traduce directamente en un incremento de los costes de los plásticos, un componente fundamental para buena parte de la industria, como es el caso de la farmacéutica, la química o la alimentaria, por su intenso uso en envases, y de los fertilizantes, clave también para el sector agrario. ¿Por qué esta subida? Fundamentalmente, porque hay muchos países que ya se están recuperando de la crisis del coronavirus, especialmente en el sudeste asiático. De hecho, China, el origen de la pandemia, llegó a aumentar su PIB el año pasado. Sin embargo, el incremento impulsado por la demanda China no queda aquí, sino que “afecta a la totalidad de las materias primas, desde el petróleo al cobre, el mineral de hierro, la chatarra férrica y el acero”, advierten desde la patronal siderúrgica Unesid.

El sindicato Comisiones Obreras emitió ayer un comunicado en el que anticipa que Petronor tiene la intención de plantear un ERTE en la refinería de Muskiz, así como paralizar la contratación de algunos trabajadores que debía incorporarse tras un periodo de formación. El sindicato señaló que estos son los mensajes que les ha trasladado la empresa en conversaciones que han mantenido en los últimos días. En ese contexto, la organización ha convocado ya para hoy una primera concentración de protesta, que se prolongará durante dos horas en la entrada de la refinería y a primera hora de la tarde. En esa misma concentración, añadieron, se discutirá un plan de movilizaciones para los próximos días, ante la convicción de la que la empresa va a poner en marcha un proceso de ajuste.

Álava ha encontrado en la logística el complemento perfecto a su corazón industrial, pero el nuevo sector no está exento de amenazas y debilidades que la Cámara de Comercio, a través de un informe encargado a un consultora externa y al que ha tenido acceso EL CORREO, reseña sin paños calientes. El movimiento de mercancías tiene un serio lastre, por ejemplo, en la paralización de proyectos «de gran interés» como el polígono VIAP (Vitoria Industrial Air Park) que se impulsa en el entorno del aeropuerto de Foronda, o en la demora de la estación intermodal de Júndiz. También en las dificultades para acceder en el corto plazo a suelo por una normativa urbanística «algo encorsetada», así como en unas infraestructuras de ferrocarril «obsoletas» y que arrastran enormes retrasos en lo relativo a la red de alta velocidad. El estudio, abordado recientemente en el pleno de la entidad, apunta otras debilidades como un suelo y unos servicios «más caros» que en otros territorios o la falta de personal preparado en la ‘logística 4.0’, donde los conocimientos sobre automatización, tratamiento de datos o ciberseguridad empiezan a ser ya asignaturas obligatorias en todos los puestos de trabajo.

La planta de Mercedes Benz en Vitoria ha iniciado los trámites urbanísticos en el Ayuntamiento de la capital para crecer, de momento, dentro de las parcelas que ocupa en la Avenida de los Huetos. En concreto, ha tramitado un cambio de planeamiento para «modificar la ocupación de suelo y la edificabilidad» de la superficie que ocupa en la actualidad, 590.000 metros cuadrados de extensión entre el polígono de Júndiz y el barrio de Zabalgana. Además, también ha pedido permiso al Consistorio para instalar una nueva pasarela sobre el ferrocarril que comunique las dos parcelas en las que está dividida la factoría. Las instalaciones alavesas de la multinacional quieren estar preparadas en las mejores condiciones posibles para la llegada de nuevos programas de fabricación de furgonetas que podrían suponer un aumento en la producción. Para ello propone introducir un nuevo turno de trabajo los fines de semana y festivos pero también requiere de mayor capacidad en sus instalaciones y la construcción de edificios para, por ejemplo, hacer una nueva nave de pintura. 

Hasta ahora los vehículos eléctricos presentan una gran barrera de entrada para el público general: su precio. Por ello, Seat anunció ayer que lanzará al mercado un coche eléctrico urbano en 2025 con el que entrar en el segmento de precio de entre 20.000 y 25.000 euros para hacer accesible esta movilidad a la población de forma «masiva». Así lo apuntó la compañía, aunque no concretó si este modelo del que quieren fabricar más de 500.000 unidades al año se producirá en la planta de Martorell (Barcelona) o en cualquier otra del Grupo Volkswagen. Una gran apuesta con la que redimir sus malos resultados de 2020, cuando la compañía perdió 194 millones de euros netos debido al impacto de la pandemia, tras cinco años de beneficios. El volumen mundial de ventas alcanzó las 427.000 unidades, un 25,6% menos que el año anterior. El plan de Seat aspira a crear un ecosistema de vehículos eléctricos en España, estimulando la demanda a través de modelos más asequibles y mayor número de infraestructuras públicas de recarga. Este plan cuenta con la implicación de gobiernos, centros tecnológicos y 15 entidades, entre las que se encuentran CaixaBank, Gestamp, Iberdrola o Telefónica.

Renault presenta hoy «el plan industrial más ambicioso» que ha diseñado para sus fábricas en España» donde produce automóviles (y motores) en Valladolid y Palencia, además de cajas de cambio en Sevilla. «Impulsará la recuperación económica del país y reforzará el tejido industrial español del automóvil», aseguran desde la compañía, que ya invirtió 750 millones en su III Plan Industrial (2017-2020) que permitió crear 2.000 empleos indefinidos. En principio, no está previsto que se anuncie el monto de la inversión que acometerá ahora. De cara a los fondos europeos de recuperación, la apuesta de la compañía, que convertirá a España en un polo de vehículos híbridos enchufables, supone una alternativa añadida a la producción de vehículos 100% eléctricos que, por ejemplo, quiere abordar VW. De hecho, la ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró ayer que el proyecto de Renault está dentro de los 10.000 millones de euros de inversiones público-privadas que se movilizarán en los próximos tres años en el automóvil en España como parte de los fondos europeos Next Generation UE. Maroto también señaló que Stellantis, salida de la fusión entre PSA y FCA y que hace vehículos a baterías en Vigo, Madrid y Zaragoza, «podría anunciar nuevas inversiones».

Los planes de fabricación de coches eléctricos de Seat exigirán no sólo una, sino la instalación de tres fábricas de baterías en España antes de 2030, para contar con una capacidad de entre 69 gigavatios/hora (GWh) y 72 GWh ese año, que permitirían abastecer al millón y medio de vehículos eléctricos que se fabricarían en las plantas de automóviles del país ese año. Estas son las previsiones que Seat y Grupo Volkswagen han presentado en la manifestación de interés para su gran proyecto de recuperación económica (PERTE) a Industria, con el objetivo de convertir España en un hub del vehículo eléctrico. En este PERTE participan 15 empresas: Seat, Telefónica, Iberdrola, Gestamp, Antolin, CaixaBank, Ficosa y Sesé, además de otras más pequeñas, como Asti, Mind Caps, Aeorum, Delta Vigo, Sayer Technologies, Mobile Robotics, Fisas Navarro y Lithium Iberia. Se prevén tres fases. La primera pasaría por un apoyo al coche eléctrico con el plan Moves de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y que contará con hasta 800 millones este año. Se debería pasar de una cuota de mercado de estos vehículos del 4,7% el año pasado a un 10% en 2021. Además habría que instalar este año 20.000 puntos de recarga para los vehículos eléctricos para cerrar este ejercicio con 28.000 instalaciones.

La crisis derivada de la pandemia se ha cebado con los jóvenes, mientras que los mayores de 50 años ya han recuperado el nivel de ocupación previo al estallido del Covid. Este diferencia en el impacto por edades se da en Euskadi y también en el conjunto de España. La principal causa es que la destrucción de empleo se ha concentrado en los eventuales, que han quedado fuera de la protección de los ERTE, y la gran lacra de la temporalidad tiene especial incidencia entre los jóvenes. También ha influido su mayor presencia en los sectores más castigados como la hostelería, el turismo o el ocio. El resultado es que el ya envejecido mercado laboral vasco se ha echado más años encima.

La inversión extranjera en España –descontadas las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros– cayó un 0,76% en 2020 respecto al año anterior y alcanzó los 23.823 millones de euros brutos, de acuerdo con los datos publicados ayer por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La Comunidad de Madrid fue la que más inversión extranjera atrajo en 2020, con 17.910 millones de euros, lo que representa el 75,2% del total nacional. Cataluña fue la segunda comunidad que más inversión acaparó, el 12,5% del total, y Euskadi se situó en tercer lugar con el 3,6% de las inversiones en España, lo que, en términos absolutos, supone 857 millones de euros. El capital extranjero creció con fuerza en el cuarto trimestre del año y se elevó un 16,5% por encima de lo invertido en el mismo periodo de 2019. 

Las aguas revueltas en las que se mueve el Igualatorio Médico Quirúrgico no dan tregua y mantienen el barco fuera las rutas que marcan las cartas de navegación. La Sociedad de Médicos de IMQ anunció el lunes el desembolso de 1,5 millones de euros destinados a la aportación anual de la compañía al fondo de pensiones, en el que participan la mitad de los accionistas y 141 empleados. El caso es que esa cantidad está por debajo del porcentaje que reclama el Montepío, el 1% de las primas netas de seguros. De modo que el gestor de la EPSV considera que faltan casi 966.000 euros y el ingreso no rebaja las tensiones internas. Ocurre además que el consejo libera esos fondos, retenidos hasta ahora a la espera de un acuerdo, después de una reunión controvertida en la que no participó el presidente del Montepío sino un miembro del consejo de administración de la sociedad, Juan Goiria, que forma parte del fondo. Lo cierto es que el esquema empresarial del IMQ es todo un laberinto de compañías.

Las empresas de transporte de mercancías por carretera vuelven a la carga contra el sistema de peajes en las autovías de Gipuzkoa. Y lo hacen tras ganar una importante batalla judicial. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en fallo del 18 de febrero, ha desestimado los recursos de casación interpuestos por las Juntas Generales y la Diputación de Gipuzkoa, y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaraba nula la Norma Foral 7/2016. Esta última impuso un canon obligatorio a los vehículos pesados que circulan por distintos tramos de la N-I (Madrid-Irún) y la A-15 (Autovía Navarra a Gipuzkoa). De nuevo se vuelve a hablar de norma discriminatoria. Con el fallo en la mano, el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera afirmó ayer que quedan sin efecto todos los pagos realizados por los transportistas durante la vigencia de esa regulación. Esto es entre el 9 de enero de 2018 y el 14 de mayo de 2019, animando a reclamar el reembolso de los peajes pagados más los intereses.

Un nuevo golpe de mano del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el banco central del país pasó ayer una alta factura a BBVA. El mandatario despidió inesperadamente al gobernador, Naci Agbal, que había subido los tipos de interés en un intento de moderar la inflación durante su breve mandato. La lira turca se hundió más del 14% frente al dólar y el euro, y el índice Bist 100 de la Bolsa de Estambul se desplomó un 9,8%, en su mayor caída desde junio de 2013; casi lo mismo que el indicador que agrupa a los bancos cotizados del país. Las acciones de BBVA se dejaron un 7,72%, hasta 4,31 euros, equivalentes a 2.407 millones de euros de capitalización. No se había visto un recorte de tal magnitud desde el pasado 30 de junio. El movimiento se produjo, además, con un fuerte volumen de contratación. Cambiaron de manos 34,29 millones títulos, casi el doble de su media diaria anual. “Es normal que el volumen de negociación aumente ante una noticia de esta índole, que genera mucha incertidumbre”, señala Enrique Ramos, de Link Securities.

La Comisión Europea pidió ayer a España “coherencia” en las restricciones de viaje que aplica dentro del territorio nacional y con respecto a los desplazamientos desde y hacia otros países de la Unión Europea. Además, apuntó que los riesgos vinculados al coronavirus son similares ya sean los viajes interiores o transfronterizos. “La recomendación [propuesta por la Comisión y adoptada por los Veintisiete] dice claramente que dado que la transmisión y riesgo es similar para los viajes nacionales y los transfronterizos, los Estados miembros deberían asegurar coherencia entre las medidas aplicadas a los dos tipos de viaje”, aseguró el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand. Estas palabras llegan tras semanas de desconcierto e incomprensión por las restricciones a la movilidad dentro del país mientras las fronteras siguen abiertas. Una contradicción que choca todavía más de cara a Semana Santa, cuando se van a restringir los movimientos por ocio entre comunidades autónomas, pero se permitirán las llegadas de turistas desde el resto de países de la UE.

El Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobó ayer las primeras sanciones contra China desde la matanza de Tiananmén en 1989. Los 27, en línea con el Reino Unido y EE UU, metieron en su lista negra a cuatro dirigentes y un organismo chino por la represión de los uigures en la región de Xinjiang. La UE aprobó ayer las primeras sanciones contra China desde el embargo de armas decretado tras la matanza de Tiananmén en 1989. El Consejo de Ministros de Exteriores, reunido en Bruselas bajo la batuta de Josep Borrell, alto representante de Política Exterior de la UE, tomó la decisión de añadir a su lista negra a cuatro dirigentes y un organismo chinos considerados responsables de violaciones de derechos humanos contra la minoría uigur en la región de Xinjiang. La medida forma parte de una ofensiva coordinada con EE UU, Reino Unido y Canadá, que también anunciaron sanciones contra Pekín.

España comenzará en breve a inyectar la vacuna de AstraZeneca también a personas de entre 56 y 65 años, según acordaron ayer Sanidad y las comunidades autónomas. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó la propuesta de la Ponencia de Vacunas de la Comisión de Salud Pública de aumentar en diez años el techo de edad, tal y como habían pedido con insistencia varios colectivos profesionales sanitarios y diversas autonomías para tratar de acelerar la inmunización de algunas de las franjas más vulnerables, que se iban a quedar sin protección a corto plazo. En el caso de Euskadi, esta ampliación se traducirá en un incremento de la ‘población diana’ en 300.000 personas. El consejo dio además luz verde a la decisión del departamento que dirige Carolina Darias de retomar mañana la vacunación con la fórmula anglosueca, tras el parón provocado por las sospechas de generar trombos.

El 14 de julio o el 21 de septiembre. Los dos días basculaban ayer como fechas de referencia en las que los europeos podrían alcanzar la inmunidad contra el Covid-19. La primera (toda una sorpresa) la puso encima de la mesa el comisario responsable de la compra conjunta de vacunas en la UE, el francés Thierry Breton. La segunda, que marca el final del verano, la fijó Ursula von der Leyen hace meses. Y aunque más tardía, no se retira como marca final del objetivo de inmunizar al 70% de los 450 millones de habitantes del bloque comunitario. Breton, titular de la cartera de Mercado Interior en la Comisión Europea, lanzaba en una entrevista en el canal francés TF1 (luego lo replicó en su cuenta oficial de Twitter) el nuevo pronóstico. ¿Cómo se hará realidad? «La producción de vacunas se está acelerando: 14 millones de dosis se entregaron (a la UE) en enero, 28 millones en febrero y 60 millones (cuando acabe) en marzo. Se recibirán cien millones en abril y 120 millones en mayo». Así que, añadió, entre este mes y finales de junio «tendremos entre 300 y 350 millones de dosis de vacunas». El objetivo es claro: «Lograr la inmunidad de nuestra población a mediados de julio».