20210309

«Este proyecto no es una improvisación porque llevamos desde 2019 trabajando en él, cuando no había pandemia ni fondos europeos. Es más, en la hipótesis de que no haya fondos europeos, esta planta de construcción de electrolizadores será una realidad», aseguró ayer el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, en una comparecencia para explicar uno de los proyectos de esta compañía ligados a la industria del hidrógeno. López Atxurra firmó con el consejero delegado de Sener, Jorge Sendagorta Cudós, el acuerdo para construir una factoría dedicada a la producción de electrolizadores, que debería entrar en funcionamiento en 2022. Ver nota Petronor y Sener

Tensión en la evolución de los precios del crudo. El barril de Brent, de referencia en Europa, llegó a superar ayer los 70 dólares por primera vez desde mayo de 2019, tras el ataque con misiles a una refinería de Arabia Saudí. Una subida que, aunque los expertos indican que es puntual, ha vuelto a reactivar el temor al impacto de la inflación sobre la recuperación económica. La subida en los precios del crudo viene ya desde hace semanas. De hecho, el oro negro ya repuntó siete días atrás después de que los países miembros de la OPEP+ decidieran no aumentar su producción diaria para no saturar el mercado ante la caída de la demanda, cuando el mercado llevaba días descontando que así lo harían. Con este telón de fondo, el barril de Brent cerró con una fuerte subida del 4% el pasado viernes, rozando esa barrera de los 70 dólares que finalmente ha rebasado en este inicio de semana. En lo que va de año, la subida de precios del petróleo se acerca ya al 40% y, en un reciente informe, los analistas de Goldman Sachs no dudan de que este año se puedan alcanzar los 80 dólares por barril. 

Son muchas las comunidades autónomas que aspiran a tener una «gigafactoría», que tiene el potencial de crear cientos de empleos y asegurar otros tantos en las plantas automovilísticas cercanas a su ubicación. En primer lugar, la propia Cataluña, donde los terrenos que dejará libres Nissan a final de año son claros candidatos. El Gobierno de Aragón también ha desplegado su particular campaña de presión; entre sus ventajas la potente industria de automóvil, con la fábrica de Opel en Figueruelas. El presidente regional, Javier Lambán dice que la propia ministra le ha reconocido que «Aragón mantiene todas las opciones». En Galicia, el anuncio escoció de forma especial porque la Xunta está «trabajando en una candidatura del sector de la automoción», con una inversión de más de 1.000 millones a través de la planta de PSA Peugeot-Citröen en Vigo, dijo su presidente Alberto Núñez Feijoó. Mientras, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, también ha exigido un «trato igualitario». La Generalitat trabaja en su propia instalación.

El grupo belga VGP, especializado en la promoción, alquiler y venta de parques logísticos, ha presentado la mejor oferta en el proceso de liquidación del antiguo astillero La Naval de Sestao. La compañía, cotizada en las bolsas de Bélgica y la República Checa y con cuartel general en Bruselas, ha ofrecido 36 millones de euros para hacerse con la propiedad de los 300.000 metros cuadrados de terreno del astillero vizcaíno. En esta fase del procedimiento de venta de las instalaciones que hasta finales de 2017 se dedicaron a la construcción de buques, el precio ofertado es el único elemento a tener en cuenta. La fase anterior, su venta como unidad de negocio, despertó el interés de algunos grupos de construcción naval, pero un recurso judicial presentado por los sindicatos ELA, CAT y CC OO, desbarató cualquier opción. 

Cristian Lay (CL), el grupo extremeño dispuesto a reabrir la planta de Corrugados de Azpeitia, tiene experiencia en dar nueva vida a empresas desahuciadas. Este es el caso de la vizcaína Global Energy Services (GES), reflotada en 2016. El grupo CL se hizo con la compañía de renovables, antigua filial de Gamesa, por el precio simbólico de 6 euros, una quita del 90% y un ERE para 300 personas. Un duro ajuste que sin embargo permitió la continuidad de la actividad de GES, firma asentada en Erandio y que en 2018 trasladó su sede central al parque tecnológico de Zamudio, un acto que fue presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en presencia del presidente del grupo, Ricardo Leal.

Un brindis por la suspensión, al menos durante cuatro meses, de los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a varios productos agroalimentarios españoles, entre ellos el vino, motor de la economía en Rioja Alavesa. Las bodegas celebraban ayer esta decisión y respiraban aliviadas porque «bastante impacto nos ha generado en 2020», recordaba el presidente de la Asociación de Exportadores de Rioja Alavesa Araex, Javier Ruiz de Galarreta, «aunque fuera un asunto en el que nada tenía que ver nuestro sector». Y es que el origen de este aumento en las tasas que decretó a final de 2019 el expresidente norteamericano Donald Trump radica en el conflicto comercial entre los gigantes de la aviación Boeing y Airbus. Pero los aranceles no solo se aplicaron a productos aeronáuticos en esta represalia de Estados Unidos contra los países europeos con presencia de Airbus –España, Francia, Alemania y Reino Unido–. También a otros productos en los que estas naciones son grandes exportadores. Y, en esa pelea, el vino se vio incluido en la disputa. De este modo, desde la perspectiva alavesa, rebajar las tensiones en los mercados «es una magnífica noticia porque nos conviene tener un periodo de tranquilidad para recuperar de nuevo la cuota que hemos podido perder en el último año". 

Euskaltel ultima la venta de hasta el 49% de su red de fibra. Cuenta con varias ofertas sobre la mesa, pero la que tiene más visos de triunfar es la del fondo francés Infravia, según indican fuentes financieras a este periódico. La teleco vasca espera captar en torno a 500 millones y valora su filial en unos 1.000 millones. La teleco vasca, que pilota José Miguel García como consejero delegado, ya encomendó el año pasado al banco de inversión Lazard la búsqueda de un socio que tomase hasta el 49% de su filial propietaria de su red. Todo ello formaba parte del plan para reposicionar al quinto operador español en un entorno de concentración y competencia creciente para las telecos.

El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco informó ayer de la segunda emisión de deuda pública que realizará con un plazo de amortización de 50 años. La primera emisión de estas características tuvo lugar el pasado mes de noviembre, por valor de 310 millones de euros, y la comunicada ayer asciende a 200 millones. Esta segunda emisión ha sido suscrita entre tres entidades financieras: Deutsche Bank, Banco Santander y BBVA. La de noviembre lo fue con BBVA, HSBC y Deutsche. En ambos casos el plazo de amortización ha influido en que dichas emisiones se hayan colocado con un tipo de interés del 1,375%. Los Presupuestos del Gobierno vasco para 2021 contemplan el mayor gasto de su historia, con 12.442 millones de euros, con el fin de hacer frente a la situación extraordinaria generada por la pandemia del Covid. En este contexto, Euskadi tiene facultado poder llegar a un déficit del 2,2% y recurrir a un mayor endeudamiento para financiar los gastos extraordinarios.

Aunque el mutismo sobre el calendario de aprobación y posterior desarrollo de los tres fondos que compondrán ese plan (ayudas, deuda y rescate) volvió a revelar la tensión que vive la vicepresidencia social de Pablo Iglesias con la económica de Calviño. La tramitación interna de este decreto ha vuelto a provocar fricciones en el seno del Ejecutivo. Iglesias considera prioritario concentrar la mayor parte del mecanismo en la parte de ayudas directas a empresas. Es decir, que representen al menos 8.000 de los 11.000 millones previstos en el mecanismo. Por ahora, Economía no ha aclarado qué porcentaje de ese plan iría destinado a subvenciones directas a los empresarios, aunque fuentes del departamento dirigido por Nadia Calviño apuntan que será una buena parte, sin concretarla. Desde la vicepresidencia social consideran que la medida de la reestructuración de los créditos sólo va a beneficiar a empresas que optaron por endeudarse utilizando esos préstamos.

El Gobierno volverá a prorrogar la moratoria concursal, esta vez hasta el 31 de diciembre. La moratoria suspende la obligación que tienen las sociedades que han entrado en insolvencia de solicitar en dos meses el concurso de acreedores. El Ejecutivo tenía previsto aprobarlo hoy, pero probablemente se apruebe en el siguiente Consejo de Ministros. La medida se había puesto en marcha con el primer estado de alarma hace un año y se amplió al 14 de marzo con la idea de evitar la destrucción de empresas por falta de liquidez. Sin embargo, los expertos alertan del riesgo de prolongarlo durante tanto tiempo, creando una bola de deuda.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere acelerar el reconocimiento de las competencias profesionales de quienes no tienen la formación requerida para demostrar una capacitación. En esta situación se encuentran unos 11 millones de personas, según los números de este departamento. No obstante, muchas de ellas sí que disponen de las habilidades necesarias adquiridas en el ejercicio del trabajo o a través de formación no oficial. Para eso, el Consejo de Ministros tiene hoy en su orden del día la aprobación de un decreto que agilizará el reconocimiento de esas competencias, y a ello destinará más de 850 millones, explican fuentes próximas al Ejecutivo. El mecanismo que está funcionando hasta ahora apenas ha reconocido las competencias de unas 300.000 personas en los últimos 10 años. El objetivo del departamento que dirige Isabel Celaá ahora es agilizar el proceso para que en los próximos cuatro años más de tres millones de trabajadores menores de 55 años que no disponen del reconocimiento de sus capacidades puedan acreditarlas.

El miedo a los riesgos de la crisis económica asociada a la pandemia de Covid-19 ha provocado que la banca endurezca el acceso a los préstamos destinados a financiar las obras de construcción de viviendas, el conocido como crédito promotor. Estos recursos sirven a las empresas para afrontar las obras de edificación, pero para que las entidades financieras lo concedan, las inmobiliarias necesitan un nivel de preventas de casas que en los últimos meses se ha endurecido entre 20 y 40 puntos porcentuales. La consecuencia inmediata es que las obras tardan más en arrancar y, además, se pone en riesgo a proyectos lanzados comercialmente y que no alcanzan los requisitos de la banca. “El motivo del endurecimiento de las condiciones de acceso a la financiación es el miedo a los efectos que la crisis del Covid pueda tener en la demanda de obra nueva”, por lo que es previsible que muchos ciudadanos en un futuro cercano se vean mermados en su capacidad de acceso a la vivienda por su situación económica precaria, o como mínimo, deteriorada.

La comisión negociadora entre la empresa y los sindicatos arrancó ayer con una primera propuesta sobre el expediente de regulación temporal de empleo (ERE) que la firma quiere acometer. La cadena propone que se excluyan a los mayores de 50 años, los eventuales o con contratos de relevo, así como a los que solo trabajen días sueltos, colectivos más vulnerables y con más difícil reinserción en el mercado laboral, según la compañía.

En lo más duro de la pandemia hasta 180.000 trabajadores vascos llegaron a estar en ERTE, aunque afortunadamente esa cifra actualmente se reduce a algo más de 38.000. Sin embargo, eso no quita para que la reducción media del sueldo de un 30% que implican los ERTE no suponga un quebranto considerable para las familias. A pesar de esta situación, han sido muy pocos los trabajadores vascos que han acudido en busca de ingresos adicionales al rescate de parte de su ahorro para pensiones depositado en sus EPSV, una posibilidad extraordinaria abierta por el Gobierno vasco en marzo pasado. Esta modalidad de rescate permite cubrir la diferencia entre lo que se cobra en el ERTE y el salario base del trabajador. Fuentes del sector indican que en Euskadi los rescates son «muy escasos», aunque la opción de acudir a este mecanismo está vigente hasta mayo.

El secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, presentará hoy su candidatura para seguir liderando el sindicato cuatro años más, pero confía en que una vez agotado este tercer mandato «le suceda una mujer». Así lo aseguró ayer a EL CORREO, tras participar en las movilizaciones del 8 de marzo, en las que denunció que la sucontratación de las administraciones públicas es uno de los ámbitos más feminizados y precarizados. Todavía no ha habido una mujer al frente de este sindicato, al contrario de lo que ocurre en CC OO-Euskadi (Loli García) y LAB (Garbiñe Aranburu). También es una asignatura pendiente para ELA.

La campaña de vacunación en Euskadi ha aumentado el ritmo día tras día, pero esta semana pisa el acelerador de forma definitiva. Solo el fin de semana se han administrado 20.636 dosis, cuatro veces más que el pasado sábado y domingo, cuando se vacunó a 5.237 personas. Y no solo eso. Osakidetza prevé inyectar 45.263 antídotos desde ayer hasta mañana, lo que supone más de 15.000 pinchazos por días –4.297 dosis corresponden a Pfizer, 6.037 de Moderna y 34.929 a AstraZeneca–. Hasta ahora el ritmo medio era de unas 3.000 vacunas diarias, pero el cambio de estrategia con la solución de AstraZeneca va a permitir que Salud llegue a más personas en los próximos días, ampliando su capacidad de vacunación notablemente. El departamento que dirige Gotzone Sagardui ya no guardará la segunda dosis del fármaco de Oxford, que debe suministrarse entre los diez y doce semanas siguientes de la primera. Este cambio de rumbo posibilita que los menores de 55 años reciban la inyección antes de lo previsto. 

La asociación Hoteles de Gipuzkoa emitió ayer un comunicado en el que pide a las administraciones que agilicen «exponencialmente el ritmo de vacunación», utilizando para ello «todos los medios personales y materiales que disponemos como sociedad». De lo contrario, alertan, estarán condenados a otra temporada estival con unas pérdidas que rozan lo inasumible. Sin ningún género de dudas entienden que la llave para desbloquear la «penosa» situación en la que se encuentran, la tienen las vacunas, y el ritmo de inoculación de la población no está siendo todo lo ágil que debiera, teniendo en cuenta que Euskadi acaba de empezar a inmunizar a los mayores de 80 años y solo quedan tres meses para el inicio del verano. Ver más en Adegi. 

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) autorizaron ayer que las personas totalmente vacunadas contra la covid puedan reunirse en interiores con otras inmunizadas, sin necesidad de usar mascarilla ni guardar distancia. El ritmo de inmunización (el 9,2% de la población ha recibido todas las dosis necesarias y el 18% al menos una) se impone al estancamiento de los datos de contagios y muertes registrado en las últimas dos semanas, y un prudente optimismo se abre paso ante lo que se interpreta como el principio del fin de la pandemia, un horizonte cercano contemplado de forma muy distinta por las administraciones de los Estados. Rochelle Walensky, directora de los CDC, explicó que se considera que una persona está “totalmente vacunada” cuando han transcurrido dos semanas desde el último pinchazo. Es decir, 14 días después de haber recibido la dosis única de la de Johnson & Johnson o la segunda inyección del fármaco de Pfizer o de Moderna.