20210218

Estas ayudas económicas van dirigidas a todos los sectores, tanto al industrial como al agrícola, ganadero, pesquero, construcción naval, energías renovables, industria alimentaria y economía circular. Y especialmente está orientado a las pequeñas y medianas empresas (pymes), pero también hay parte de los programas a los que tienen acceso los autónomos, los emprendedores e incluso comunidades de vecinos que quieran introducir sistemas de eficiencia energética en sus edificios o promover instalaciones de generación para autoconsumo. El 40% de los 433 millones disponibles van destinados a programas de I+D+i, pero también a proyectos de transformación digital, introducción de inteligencia artificial, internet de las cosas, renovación de equipos productivos, fomento del emprendimiento y ayudas al desarrollo industrial y a la internacionalización. Así como a empresas en crisis y a promover nuevas actividades en zonas desfavorecidas. Una misma empresa podrá acogerse a varios de estos programas simultáneamente, ya que como explicó Tapia «queremos atender a las pymes de una forma global y en algunos casos habrá proyectos que necesiten 3 o 5 programas que se puedan conjugar a la vez». 

La asociación del sector de máquina herramienta, AFM, recondujo en la tarde de ayer las tensiones que se habían generado con el Gobierno vasco. Atribuyó a un «malentendido» sus polémicas consideraciones del lunes a través de una nota, que desataron la indignación del Ejecutivo. En dicho comunicado, AFM reclamaba «en especial» al gabinete autonómico un mayor apoyo para este sector industrial, en línea con el lanzado por el Gobierno de Sánchez, el primer Plan Renove Nacional de Máquina-Herramienta dotado con 50 millones de euros. Después de que la propia consejera Arantxa Tapia calificase de «inaceptables» esas declaraciones y reclamase una explicación, AFM difundió ayer un comunicado para deshacer el «malentendido» y expresar su reconocimiento a la Administración vasca «por los singulares esfuerzos realizados a lo largo del tiempo para el apoyo a la inversión en equipamiento productivo». Añadió que gracias a esos «sucesivos y pioneros planes Renove», se ha logrado activar mas de 100 millones de inversiones empresariales en nueva maquinaria, programas que han servido además para inspirar el plan Renove nacional.

La polémica sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la prohibición de despedir por causas económicas ligadas al Covid se llevó al pleno de la Sala de lo Social y obtuvo el respaldo de la «mayoría» de los diez magistrados que lo componen. Así lo destacó ayer su presidenta, Garbiñe Biurrun, ponente en el fallo, tras la avalancha de críticas recibidas en el mundo jurídico. En esta resolución, la primera sobre la materia, los tres jueces firmantes asumieron una posición radical al anular el despido de un trabajador de una pequeña empresa de utillaje aeronáutico. Concluyeron que la pyme cometió «fraude de ley» al alegar motivos distintos a la pandemia para esquivar el veto y, como consecuencia, anularon el cese en vez de declararlo improcedente como la mayoría de los juzgados. La sentencia, que se contradice con otras como la del TSJ de Madrid y suscita entre las empresas el temor a una oleada de anulaciones de EREs y despidos en Euskadi, va a llegar al Tribunal Supremo. Lo confirmaron a este periódico fuentes de la propia pyme, que se considera «cabeza de turco» de un debate jurídico que le puede llevar a la quiebra. 

La larga reunión de más de cuatro horas que mantuvieron ayer la dirección y comité de Tubacex para analizar las propuesta de 150 despidos en las plantas de Llodio y Amurrio se saldó sin avances. El presidente del comité de empresa, Eduardo Ibernia (ELA), explicó a la salida que «debemos esperar, estamos analizado la documentación». La información que están recabando prevé que el conflicto acabe en los tribunales y mantienen su objetivo de «despidos cero». La próxima reunión se celebrará hoy mismo, aunque tampoco esperan avances porque se presentará documentación técnica y la siguiente, será el martes. El periodo de negociaciones se prolongará durante un mes.

Iberdrola aspira a desarrollar el proyecto de una superautopista eléctrica subterránea de 420 km para impulsar las energías renovables en el estado de Nueva York (EE UU). Denominada Excelsior Connect, el objetivo de este proyecto, impulsado a través de Avangrid –filial del grupo en EE UU–, pasa por unir a través de esta conexión eléctrica las regiones congestionadas del norte y del sur del estado de Nueva York por medio de una línea de transmisión, que tendrá carácter comercial (no regulada) de más de 260 millas. El CEO de Avangrid, Dennis V. Arriola, consideró que esta interconexión aumentará el acceso de la ciudad de Nueva York (Zona J) a la energía verde y reducirá su dependencia de la generación de energía con combustibles fósiles. 

‘Perseverance’, que aterriza esta noche en Marte, se comunicará desde el cráter Jezero con la Tierra gracias a tecnología vasca. Su antena de alta ganancia, construida en España por Airbus DS –que también ha participado en MEDA–, sabrá adónde apuntar para enviar y recibir datos directamente de nuestro planeta gracias a un mecanismo diseñado, fabricado, verificado e integrado por Sener. Esta ingeniería puso por primera vez su saber hacer en Marte el 6 de agosto de 2012 con ‘Curiosity’, antecesor del todoterreno de la Mars 2020 y cuya antena también es española y apunta hacia la Tierra gracias a un mecanismo obra de la firma vizcaína. Además, otra ingeniería vasca, la guipuzcoana AVS, ha participado en la construcción de la estación medioambiental MEDA y del sistema de calibrado de la cámara SuperCam, ubicada en lo alto del mástil del ‘rover’.

Un trabajador forestal de 51 años, vecino de Güeñes, perdía la vida ayer sobre las cuatro de la tarde al caerle encima un árbol de grandes dimensiones en el barrio Usila de Ugao-Miraballes. La víctima se encontraba realizando tareas de tala y limpieza en el talud que se ubica tras la vivienda número 6 de este enclave rural cuando, por causas que se investigan, quedó aplastado por un tronco. Sus compañeros, conmocionados por lo ocurrido, pudieron rescatarle y alertar a los servicios sanitarios. Pero cuando el equipo médico se desplazó hasta el lugar de los hechos poco pudo hacer para reanimarle y salvarle la vida. A pocos metros de donde se produjo el trágico accidente laboral, el segundo que se registra en lo que va de año en el territorio vizcaíno, unos vecinos relataban a este periódico que todo había ocurrido «muy rápido.

El Ministerio de Trabajo está redactando, junto a los técnicos de sindicatos y patronal, el texto final de la normativa que regulará las relaciones laborales de los repartidores de las plataformas digitales de reparto a domicilio, conocida como la ley de riders. Según uno de los borradores del texto legal que manejan los negociadores, Trabajo habría propuesto dar un plazo de tres meses a las plataformas, desde la entrada en vigor de la norma, para que regularicen a todos los repartidores y los hagan asalariados de sus plantillas, acabando así con la relación mercantil de falsos autónomos que ahora tienen la mayoría. Según este borrador –que se baraja impulsar en breve como real decreto ley, aunque la vía legislativa aún no está decidida– el texto normativo añadiría una disposición adicional vigesimotercera al Estatuto de los Trabajadores regulando la “presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto: ejercicio implícito indirecto de las facultades empresariales”.

La patronal CEOE ha recurrido al Tribunal Supremo el procedimiento de negociación de los planes de igualdad en las empresas cuando en ellas no exista representación legal –sindical– de los trabajadores. La patronal no está de acuerdo con que la norma imponga sus representantes a los trabajadores entre las organizaciones más representativas que, prácticamente, son CCOO y UGT, salvo en el País Vasco, donde LAB y ELA-STV se disputan la supremacía. CEOE sostiene que, con el Real Decreto, el Gobierno ha hecho una suerte de “reforma laboral encubierta” al fortalecer el papel de los dos grandes sindicatos. En realidad, en todos los acuerdos, incluso sobre los ERTE, el Ejecutivo ha respaldado el papel de CCOO y UGT al destacar la negociación de la empresa con los sindicatos más representativos. Los empresarios protestan también porque el Real Decreto-ley frena el acceso a licitaciones públicas a las empresas que no hayan negociado los planes de igualdad con los sindicatos. 

El Gobierno está decidido a que las pymes, del tejido productivo español, sean una de las principales beneficiarias del Plan de Recuperación y Resiliencia que el Ejecutivo ultima poner en marcha con las ayudas europeas en camino. Así lo defendió ayer la vicepresidenta tercera del Gobierno y titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital tanto en la sesión de control del Congreso de los Diputados como durante su intervención en uno de los foros Fondos Europeos, las claves para la recuperación, que KPMG organiza junto con la Agencia, centrado en esta ocasión en “los retos de la digitalización”. Entre ambas comparecencias, Calviño ha destacado que el plan que remitirá a Bruselas en marzo para acceder a los 80.000 millones en subvenciones comunitarias incorpora 2.000 millones de euros de inversión específica para las pymes.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 5 de febrero de 2020 la cuantía del salario mínimo interprofesional para ese año: 950 euros mensuales en 14 pagas, lo que suponía un incremento del 5,5% respecto a los 900 euros de 2019. Por tanto, según lo que dice la Ley General de la Seguridad Social (en su artículo 19.2), las bases mínimas de cotización deberían haber subido en la misma proporción, con lo que habrían pasado de 1.050 euros mensuales a 1.108 euros, ya que esta norma dice que la base mínima es la misma que el salario mínimo (pero en 12 pagas). Sin embargo, este incremento de las bases mínimas de cotización, que habitualmente se hace a través de una orden ministerial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, nunca se llegó a aprobar el pasado año. El Gobierno alega ahora que consideró que con la llegada de la pandemia y las exoneraciones de cotizaciones a medio millón de empresas no era procedente incrementar los costes de esas compañías aplicando la subida de las bases mínimas de cotización. 

El presidente de la patronal de los fabricantes de vehículos Anfac, José Vicente de los Mozos, mandó ayer un mensaje muy claro ante la disyuntiva que parece que se debate en el seno del Gobierno de si un futuro con o sin coches: “No vamos a permitir que nos quiten los coches de las calles”. Durante la inauguración del XXX Congreso&Expo de Faconauto como presidente de Ifema, De los Mozos volvió a defender como en otras muchas ocasiones que las Administraciones deben escuchar al sector y consideró que el plan que ha diseñado el Gobierno para el automóvil, con 3.750 millones de euros, “tiene muchas posibilidades de mejora”. “Necesitamos una transición ordenada, no dogmática”, dijo. El directivo, también director mundial de fabricaciones y miembro del comité de dirección del grupo Renault, advirtió de que en España se deben achatarrar 19 millones de vehículos hasta 2030 para reducir la edad media del parque de 12,5 a nueve años. En su opinión, España tiene que sumar hasta 14 millones de vehículos nuevos en los próximos nueve años, de los cuales siete millones deben de ser electrificados.

Con el sector del automóvil en plena reconversión –y ajuste– hacia los modelos híbridos y eléctricos, las comunidades autónomas con fábricas de coches llevan tiempo librando una batalla soterrada por atraer a sus territorios la que está llamada a ser la gran gigafactoría de baterías del sur de Europa. Un macroproyecto industrial clave para Europa y en el que la industria del automóvil confía para asegurar su futuro en España. Con este telón de fondo, el Gobierno valenciano presentó por todo lo alto este miércoles la Alianza Valenciana de Baterías. Impulsada por la propia Administración autonómica, está liderada por la empresa Power Electronics junto a otra veintena de firmas privadas entre las que se encuentran la propia Ford, Stadler o Iberdrola, además de universidades e institutos públicos con los que se constituirá como primer paso un centro de investigación para soluciones de almacenamiento de energía. El detalle es importante, porque Valencia busca ya exhibir un proyecto concreto y en marcha que, además, optará a los fondos europeos de reconstrucción.

La pandemia ha disparado el endeudamiento de las administraciones públicas por los gastos en los que han tenido que incurrir para hacer frente a la crisis, al mismo tiempo que se han reducido los ingresos. Al cierre de 2020 la deuda pública se situó en 1,311 billones de euros, lo que supone el 117,1% del PIB y un ligero descenso del dato de diciembre respecto al mes anterior, según los datos publicados ayer por el Banco de España. La deuda española lleva varios meses por encima del 100% del PIB. No veía esta ratio desde el año 2014, cuando solo la superó en unas décimas. Desde esas fechas venía reduciéndose, para marcar a final de 2019 el 95,5% (1,18 billones de euros). El mayor incremento de deuda se ha producido en la Administración Central, como consecuencia de las «mayores necesidades de financiación para la puesta en marcha de ayudas directas a trabajadores, familias y empresas afectadas por la covid», asegura el Ministerio de Asuntos Económicos, que incide en que gracias a estas ayudas se han financiado medidas como los ERTE, la prestación especial para autónomos y las incapacidades laborales por la pandemia. 

El nuevo primer ministro italiano, Mario Draghi, pronunció ayer su discurso de investidura en el Senado, en el que detalló cuales serán los puntos centrales del tercer Gobierno de esta legislatura. «Antes de explicarles mi programa, me gustaría solidarizarme con todos los que sufren la crisis económica que ha desencadenado la pandemia y con los que trabajan para los más afectados. Somos conscientes de su enorme sacrificio y les damos las gracias», arrancó Draghi. «Como los gobiernos inmediatamente después de la guerra, tenemos la posibilidad, o más bien la responsabilidad, de lanzar una Nueva Reconstrucción. Italia se recuperó del desastre de la Segunda Guerra Mundial con orgullo y determinación, y sentó las bases de un milagro económico gracias a las inversiones y al trabajo. Pero sobre todo gracias a la convicción de que el futuro de las generaciones posteriores sería mejor para todos. En esa reconstrucción colaboraron fuerzas políticas ideológicamente distantes», dijo el economista y ex presidente del Banco Central Europeo, que se sometió al término de la jornada al voto de confianza del Senado. El primer paso de Draghi en la lucha contra la pandemia, palabra que empleó hasta en 20 ocasiones durante su alocución, será volcar todos los esfuerzos del Gobierno en el plan de vacunación en Italia.

La tercera ola sigue en descenso, pero su resaca todavía es larga y devastadora, con un total de 71 fallecidos por la acción directa del virus entre el 8 y el 14 de febrero. Una cifra dramática, pero la más baja en el último mes. La comunidad registró 28 decesos menos que en la semana anterior, con 99 vascos que no sobrevivieron a la covid, la máxima cota alcanzada en los dos últimos embates de la pandemia. Aunque todavía se sucederán balances con volúmenes elevados, ya se constata una estabilización en las muertes que provoca el coronavirus, sobre todo, por el impacto de la vacuna en la red de geriátricos. El grueso de los fallecidos totales por coronavirus en la comunidad son personas de 80 a 89 años, con patologías previas y muchas de ellas residenciadas. El desplome de positivos en los centros asistenciales por el proceso de inoculación contra la covid también se ha traducido en un menor número de óbitos, que ahora comienza a reflejarse en las estadísticas oficiales.

Los vascos tienen desde ayer un poco más claro cuándo les tocará vacunarse. El ministerio de Sanidad y el departamento de Salud dieron a conocer el orden de los grupos de la población general que irán recibiendo las dosis. «El criterio que se va a seguir es el de la edad», detalló ayer la consejera vasca, Gotzone Sagardui. De más mayores a más jóvenes. Por el momento el ministerio ha puesto el suelo en los 45 años, aunque Sagardui dio a entender que se seguirá vacunando al resto de «cortes de edad» hasta alcanzar a toda la población adulta. Lo que se desconoce aún son los plazos en los que comenzará la inoculación del grueso de la población. Los marcará la disponibilidad de dosis, repitió ayer en varias ocasiones la consejera. Por el momento la cantidad semanal de vacunas recibida es reducida y mucho menor de lo que desearía el Gobierno vasco, evidenció ayer Sagardui durante su comparecencia ante el Parlamento.