20210121

La empresa vasca fabricante de aceros especiales Sidenor ha culminado una inversión de 131 millones de euros que le ha permitido modernizar el tren de laminación de su factoría de Basauri, hasta colocar las instalaciones en «la vanguardia de las empresas europeas», según destacó ayer su presidente y principal accionista, José Antonio Jainaga. El empresario acompañó en una visita a las dependencias de la fábrica a la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y al responsable del Departamento de Hacienda, Pedro Azpiazu. Con esta inversión, Sidenor podrá aumentar hasta medio millón de toneladas anuales de acero su producción en Basauri, al tiempo que mejorará la calidad de los productos e incorporará nuevas referencias a su catálogo. Jainaga asegura que al resto de empresas no les ha seducido su propuesta de abordar una fusión para crear un gran grupo siderúrgico vasco. 

Para la compañía vasca Tubacex, aquella decisión de la Casa Blanca supuso la pérdida de un contrato de suministro con Irán por valor de 400 millones de euros. La nueva política exterior de Estados Unidos puede suponer su recuperación, aunque los pequeños detalles de esta historia aún no se han definido. Fuentes de la compañía alavesa fabricante de tubos inoxidables sin soldadura señalaron ayer que desconocen todavía las posibilidades de normalizar los intercambios comerciales con Irán, tras el anuncio de decreto realizado por Biden. Sí aclararon que el contrato firmado con empresas de ese país en 2017 quedó «interrumpido» y no «cancelado», lo que permitiría reactivarlo de una forma inmediata si se dan las circunstancias. En el momento de cesar la exportación de tubos a Irán, Tubacex tan sólo había facturado unos 100 millones de euros del pedido y estaban pendientes otros 400 millones.

A todo ritmo trabaja la factoría que el grupo canadiense Bombardier tiene en la localidad vizcaína de Trapagaran, que gracias a los numerosos contratos captados en 2020 y al suscrito este mismo mes de enero para los trenes de cercanías de París tiene asegurada la carga de trabajo para más de dos años. Precisamente esta alta contratación llevó a la factoría vizcaína, como explicó su director general, Diego García Rodríguez, a incorporar 50 trabajadores el pasado año, lo que supone un incremento de plantilla del 25%, hasta alcanzar las 250 personas. Si continuaban con esta tendencia, no descartaban volver a realizar nuevas contrataciones este año. Los planes de la factoría vizcaína, especializada en sistemas de propulsión ferroviaria, continúan con normalidad, sin que su próxima integración en el grupo francés Alstom, anunciada el año pasado y que se ejecutará el 29 de enero, estén influyendo. Prueba de ello es que el último contrato ferroviario ganado por Bombardier, en alianza con la guipuzcoana CAF, este año en Francia se logró en competencia con Alstom.

Los fundadores del grupo vasco de energía fotovoltaica Solarpack José María Galíndez Zubiría y Pablo Burgos, además de la familia Ybarra Careaga, han puesto a la venta un 12,39% del capital de la firma, posición que está valorada en unos 114,6 millones de euros según la cotización bursátil actual de la acción. En la comunicación realizada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después del cierre del mercado de ayer, se informa que la decisión de venta responde al interés de los vendedores por incrementar la liquidez del valor y su volumen de negociación en los mercados, lo que técnicamente se llama ‘free-float’. La acción de Solarpack cerró ayer en 27,8 euros, más del doble de los 12,96 euros a los que cotizaban exactamente ahora hace un año. 

La intención del conglomerado China Tianying (CNTY) de vender Urbaser repercutirá en la composición accionarial de la sociedad que gestiona la incineradora de Zubieta. CNTY es propietario de Urbaser desde 2016, cuando compró la división medioambiental de ACS. El grupo chino ha tomado la decisión de desprenderse de Urbaser después de haber intentado, sin éxito, atraer un inversor dispuesto a hacerse con entre un 20% y un 30% de las acciones de la compañía, una operación que les habría aportado entre 350 y 500 millones de euros. Finalmente, al no haber encontrado un socio minoritario, ha optado por poner a la venta el 100%. Urbaser, compañía especializada en la gestión de residuos, forma parte de la sociedad Ekondakin, constituida en febrero de 2017 para construir y gestionar la incineradora de Zubieta. La sociedad se responsabiliza de la explotación de la planta por un periodo de 32 años, a cambio de 768 millones de euros que le abona la sociedad pública Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK).

La clínica Zorrozaurre del IMQ podrá contar con una planta más dedicada a hospitalización. La modificación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá su construcción será debatida y saldrá adelante –llega propuesta por la mayoría que forma el equipo de gobierno– en el pleno municipal de la próxima semana. La cuestión de la ampliación de la clínica del IMQ fue presentada ayer en la comisión prepleno, no suscitó mayor discusión y prácticamente se limitó a la exposición de la proposición por parte de Mikel Ocio, director de Planificación Urbana. Lo que se va a presentar a aprobación definitiva es «la modificación puntual del PGOU en el ámbito del equipamiento sanitario del IMQ en Zorrozaurre».

La irrupción del coronavirus hizo que en marzo del año pasado, esa línea del gráfico que no hacía más que subir y subir, cayera en picado. Y lo que ha venido después han sido meses nefastos que han convertido el 2020 en el peor año turístico de la historia, con la llegada de turistas reducida a más de la mitad y buena parte de la oferta de alojamiento cerrada a cal y canto desde hace meses. El Instituto Vasco de Estadística, Eustat, publicó ayer los datos relativos al conjunto del año pasado en lo que respecta al sector turístico, lo que permite ya poner nombre y apellido a un descalabro sin precedentes, y lo que es peor, sin fecha de finalización. «Hay hoteles que otro año como el 2020, que ha sido terrible, lo van a tener muy complicado para sobrevivir», alerta la presidenta de Hoteles de Gipuzkoa, y directora del hotel de Londres, Elena Estomba. Gipuzkoa llegó al 31 de diciembre con 175 hoteles en activo, mientras que 140 alojamientos se vieron obligados a echar la persiana, al menos de manera temporal.

El turismo español vive desde hace 15 meses en una pesadilla que no tiene final. A la quiebra de Thomas Cook, a finales de 2019, le sucedió un 2020 catastrófico por la pandemia de Covid-19: En un año, el sector ha retrocedido medio siglo. De los 83 millones de viajeros recibidos en un 2019 récord se ha pasado a apenas 20 millones en 2020. Como en los años 70, el turismo vuelve a sus inicios, pero las pérdidas son enormes: 106.436 millones de euros menos en actividad turística en 2020, 55.000 millones menos en divisas y 293.000 empleos perdidos por completo, según un informe de perspectivas publicado ayer por Exceltur. Estas pérdidas han reducido a la mínima expresión la contribución del turismo a la economía española. Si en 2019 el peso del turismo en el PIB era del 12,4%, en 2020 sólo ha sido del 4,3%. “Hemos perdido un 66% del peso que teníamos en 2019”, alerta José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Un descalabro que arrastrará a la economía española, que cuelga del turismo y cuya pérdida de PIB no ha podido compensar con otros sectores. Pero 2021 alarga todavía más la agonía. El año arranca con un 92,6% de la demanda turística extranjera bloqueada. 

Generalización del contrato indefinido. Con la reforma de los contratos el Gobierno precisa en este documento que persigue directamente “generalizar el contrato indefinido” que ahora tienen tres de cada cuatro ocupados. Para ello, el Ejecutivo propondrá a los agentes sociales “simplificar y reordenar las modalidades de contratación laboral”, “devolver la causalidad al contrato temporal”, “adecuando la regulación de los contratos de formación y prácticas, revisando la aplicación de los contratos fijos discontinuos” y “penalizando el uso excesivo de contratos de muy corta duración”. Estas cuestiones se pueden traducir en un endurecimiento legal del uso del contrato eventual por parte de las empresas, para evitar que, como ocurre en la actualidad, nueve de cada diez contratos que se firman en España sean temporales.

El Gobierno quiere cambiar la fórmula que se utiliza para calcular las nuevas pensiones. Si ahora se tienen en cuenta las bases de cotización de los últimos 24 años (serán 25 a partir de 2022), en el futuro se hará con un periodo de tiempo mayor, aunque se podrán seleccionar los años. Así consta en el documento enviado a Bruselas con sus planes en materia laboral y de pensiones, y es una de las pocas aclaraciones que se incluyen. El texto recoge también la intención de «reformular» –no derogar– el factor de sostenibilidad por otro mecanismo negociado y avalado por el Pacto de Toledo; así como aumentar las bases máximas de cotización y, en paralelo, la pensión máxima, que ahora está topada. La nueva fórmula de cálculo de las pensiones no se hará en la primera fase de reforma, sino que se ha dejado para una segunda etapa, ya que hace falta un estudio pormenorizado, según el Ministerio de Seguridad Social. Es consciente de que se trata de una materia sensible y que, por tanto, será largo y complejo recabar los apoyos necesarios. 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido esta semana a la Comisión Europea las dos últimas grandes reformas pendientes de enviar de la treintena de iniciativas y/o proyectos de inversión con los que pretende abrir la espita del fondo europeo de recuperación y acceder a los 140.000 millones que le corresponden a España entre ayudas directas y créditos. Eso sí, a cambio de una clara condicionalidad económica, admitida a regañadientes por el Ejecutivo. Esas dos reformas rezagadas son la del mercado laboral y la del sistema público de pensiones, dos cuestiones de gran calado y muy espinosas. Primero, porque son dos de las grandes exigencias de Bruselas, que vigilará los cambios con lupa. El Ejecutivo anuncia la “modernización de la negociación colectiva”, prioriza la contratación indefinida y anuncia penalizaciones a la temporal e incluye su intención de ampliar el periodo de cálculo para la pensión.

Una dificultad más para gastar los 70.000 millones en fondos europeos que tocan a España. Según se recoge en el reglamento del mecanismo, el desembolso de estos recursos estará limitado por el estrecho marco que suponen las reglas de ayudas de Estado. Estas normas comunitarias restringen mucho las cantidades que un Gobierno puede entregar a una empresa y, según admiten fuentes gubernamentales, supondrán un enorme reto para desplegar los grandes proyectos tecnológicos y verdes que necesitan del impulso del sector privado. Las cifras que el Ejecutivo quiere inyectar directamente a las empresas para estas iniciativas estratégicas son superiores a los mínimos que marca ahora la normativa. De ahí que busque en Bruselas algunos cambios. El mercado único europeo es un gran activo. Pero para que este funcione tiene que existir la igualdad de oportunidades con unas condiciones similares para competir, el llamado level playing field, y una normativa estricta sobre cuánto pueden ayudar los Gobiernos a las empresas.

Los incrementos pactados en los convenios vigentes el año pasado hasta noviembre –último dato del CRL– en Euskadi arrojaban una media del 1,82% –en Gipuzkoa era del 1,45%–. De haber sido un año normal, sin pandemia, se podría decir que los trabajadores acogidos a convenios vigentes habían tenido una ganancia media de poder adquisitivo de 2,12 puntos. Pero los ERTE, que han servido de salvavidas del empleo durante la pandemia, han supuesto sin embargo una merma considerable de ingresos para aquellos trabajadores cuyas empresas no han completado lo que abona el SEPE, que es el 70% de la base reguladora; es decir, la base media de cotización de los últimos seis meses. Una prestación que además está topada en 1.098 euros en el caso de los trabajadores sin cargas familiares, en 1.254 para los que tienen un hijo y en 1.411 para los que tienen dos o más. Estos límites perjudican a los empleados con sueldos más elevados afectados por una suspensión temporal, que son en definitiva los que más poder adquisitivo han perdido en el pasado ejercicio.

Joseph Robinette Biden (Scranton, Pensilvania, 78 años) es desde ayer el 46º presidente de Estados Unidos. El país cierra así la convulsa era de Donald Trump y abre una nueva etapa. Tras jurar el cargo en el mismo Capitolio asaltado hace dos semanas, en un acto emotivo, aunque limitado por la pandemia, Biden lanzó un mensaje de unidad. “Hemos aprendido que la democracia es un bien precioso y frágil, pero la democracia ha ganado”, dijo. Kamala Harris, que se convirtió en la primera vicepresidenta del país más poderoso del mundo, reconoció a las “mujeres que vinieron antes”. Estados Unidos ha dicho adiós a la era de Donald Trump y ha empezado una nueva andadura con la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden.

Joe Biden se estrenó ayer como el primer presidente de la historia en enfrentarse a más crisis simultáneas en el país que ningún otro anterior. La pandemia, la ruina económica de millones de familias, la injusticia racial y la amenaza de insurrección supremacista forman parte de una agenda que ningún gobernante querría tener, pero que ayer empezó a recorrer con la firma de sus primeros decretos. De cara al mundo, la nueva Administración señaliza que Estados Unidos está de vuelta en los asuntos de la comunidad internacional para reestablecer su liderazgo y sacar al país del aislacionismo forzado por Trump. Los líderes del mundo felicitaron ayer a Biden, deseosos, como en el caso de la Unión Europea, de restaurar la normalidad política en la cooperación, aunque operando ya en un escenario muy distinto al de hace cuatro años: se espera que el nuevo liderazgo estadounidense facilite frentes comunes a los nuevos retos de China, Irán, Rusia y otros contenciosos internacionales.

Euskadi está a un paso de entrar en la zona roja y ha propuesto al Ministerio de Sanidad una ampliación de las medidas restrictivas. Entre ellas plantea confinar todos los municipios y cerrar el comercio y la hostelería a las 19 horas. El Gobierno central no ha cedido a las presiones de trece autonomías y ha rechazado adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, una medida que reclamaban, entre otros, el País Vasco, que también quiere cerrar a las 19.00 horas los bares y comercios, y apuesta por el cierre perimetral de todos los municipios, medidas para las que sí tiene competencia. El Consejo Territorial de Salud concluyó ayer sin ningún acuerdo y sin la adopción pero vamos a valorar las propuestas», indicó.

El exgerente de Basurto, Eduardo Maíz, cesado ayer por Osakidetza, se vacunó contra el covid el primer domingo de enero en una vacunación secreta que tuvo lugar en el mismo hospital. Según pudo saber ayer EL CORREO, varios altos cargos del centro recibieron ese día la primera dosis de la vacuna de Pfizer/Biontech sin que quedara registro alguno de la inmunización, tal como establecen los protocolos del Gobierno vasco y el Ministerio de Sanidad. Osakidetza ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, que se llevaron a cabo casi de forma clandestina en un encuentro que se prolongó hasta las diez de la noche. La destitución de Maíz se produjo el mismo día en que presentó su dimisión el director gerente del hospital de Santa Marina, José Luis Sabas, por un episodio relacionado también con la vacunación, aunque radicalmente distinto. La vacunación secreta de Maíz y varios miembros de su equipo tuvo lugar, en concreto, la tarde noche del domingo 3 de enero, una semana después de que comenzara oficialmente la campaña. Por esas fechas, todo el esfuerzo organizativo del Servicio Vasco de Salud se centraba en llegar cuanto antes al mayor número posible de residencias de mayores.