20210120

Las patronales CEOE y Cepyme firmaron el acuerdo, pese a que el Gobierno mantiene la prohibición de despedir en estos ERTE. Al menos, hasta seis meses después de concluido el expediente. En caso de incumplimiento de lo que también se conoce como cláusula de salvaguarda del desempleo, aunque se despida a un solo trabajador, la empresa estará obligada a reintegrar a la Seguridad Social las cotizaciones de todos los empleados que tenga en ERTE, y por lo cual se ha beneficiado de un recorte de los costes laborales. Así lo explicó ayer la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a pesar de que la patronal interpretó en sus negociaciones con el Gobierno y los sindicatos “una aplicación más flexible” de la citada cláusula. CEOE y Cepyme sostienen lo siguiente: en el caso de que se prescinda de uno o varios trabajadores, la empresa tendrá que devolver las cotizaciones sociales de los empleados que estén en el centro de trabajo donde se hayan producido los despidos. No de los empleados que estén cubiertos por un ERTE en el conjunto de la empresa. Sin embargo, Díaz reiteró que ésa y otras cuestiones se mantienen en el nuevo Real Decreto Ley igual que antes. 

Garamendi desbloquea el acuerdo de los ERTE tras convencer a sus lugartenientes en la CEOE de que el zarpazo de la tercera ola no permite dilaciones. Cede con la salvaguarda del despido, pero buscará fórmulas de alivio. «No estamos en el momento de discutir las ayudas que las empresas están esperando: lo que importa es el hoy, mañana dios dirá», explica un empresario participante en el último acuerdo en el seno de la CEOE para respaldar la oferta del Gobierno sobre la prórroga de los ERTE. El presidente de la organización, Antonio Garamendi, obtuvo un apoyo unánime al texto negociado, incluyendo la cláusula que penaliza los despidos entre las empresas acogidas a las ayudas y que desde un primer momento ha sido señalado en distintos foros de la patronal como un error frente al Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz. El apoyo fue unánime, aunque no porque los empresarios hayan cambiado de opinión. Garamendi conoce bien su casa y tomó medidas para evitar que la aprobación de la oferta del Gobierno se convirtiera en una discusión frontal en la Junta Directiva de CEOE a cuenta de la salvaguarda del despido. 

Los inspectores de Trabajo y de Seguridad Social consideran que la “pérdida de la totalidad de las exoneraciones de cotizaciones sociales [por todos los trabajadores cubiertos por un ERTE] en caso de producirse el despido de uno de los empleados afectados sería una consecuencia excesiva- mente gravosa para la empresa ante el incumplimiento de la salvaguarda del empleo”. Y, por lo tanto, “tan gravosa consecuencia podría entenderse contraria a la finalidad con la que fueron creadas dichas exoneraciones”. Es decir, para la defensa del empleo, debido a que la empresa afectada se ve gravemente perjudicada. Por ésta y otras razones, la Inspección de Trabajo contradice el rigor con la que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y hasta la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defienden que las empresas que despidan a uno o varios trabajadores, antes de que se cumplan seis meses desde la finalización del expediente, tengan que pagar a la Seguridad Social las exoneraciones de cotizaciones sociales de todos los trabajadores que estén en el ERTE. No sólo de uno o varios trabajadores despedidos. Es la polémica causada con los empresarios por el polémico artículo 24. 

El objetivo que persiguen es claro: que se cumpla la agenda de reformas sociolaborales a las que se había comprometido el Ejecutivo socialista en su acuerdo de coalición con Unidas Podemos, y que han quedado aparcadas. Si en un principio las centrales sindicales aceptaron centrarse en paliar los efectos del Covid-19, tras el verano comenzaron a exigir retomar las tareas pendientes y ya se han cansado de esperar. Exigen que se pongan en marcha temas tan urgentes como la derogación de las reformas laborales y la reforma de las pensiones de 2013 y la paralizada subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha comenzado el año congelado. «No vamos a renunciar a ninguna de las cuestiones que teníamos abiertas en marzo», advirtió el líder de UGT, Pepe Álvarez, que precisó que «lo queremos hacer ahora, no queremos esperar más». Por ello, el lema elegido para la movilización es ‘Ahora sí toca’.

Las líneas maestras de las reformas laboral y de las pensiones, las dos que había dejado pendientes el Gobierno de las 30 que quiere desarrollar ligadas al multimillonario plan de recuperación europeo, ya están en Bruselas. Y ya las conocen los agentes sociales: el Ejecutivo reunió a los empresarios y a los sindicatos para presentárselas a última hora de la tarde. Al final se ha aparcado una muy polémica, la elevación del cálculo de las jubilaciones a 35 años, lo que suponía recortarlas. Y se ha oficializado que los autónomos coticen por sus ingresos en 2022. En materia laboral, se realizarán 17 reformas estructurales, entre ellas la reformulación de las políticas de empleo o de formación, según dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Además, se abordará la «modernización del mercado de trabajo» y las «patologías» que este sufre tras «52 reformas laborales que han ido en la misma y única dirección, consolidando un modelo que tiene unas enormes deficiencias», abundó. Hacía alusión así a las elevadas tasas de paro estructural y a la alta tasa de temporalidad. 

“Lo peor ya ha pasado”. Con este convencimiento, la Corporación Mondragón estrena un 2021 durante el que espera volver, o al menos acercarse, a los niveles de facturación previos al coronavirus, después de que su producción cayera un 75% en los momentos más duros de la crisis. Su presidente, Íñigo Ucín, cree que las cooperativas “han aguantado bien”, y calcula que el grupo cerrará 2020 con recortes del 6% en ventas, hasta 10.900 millones de euros; y del 1,6% en número de trabajadores, con 80.200, 1.300 menos, según cifras provisionales. La pandemia ha castigado más a las cooperativas industriales, cuya facturación cayó un 12% y quedó en unos 5.300 millones, por debajo del listón de 6.000 millones que habían rebasado en 2019. Mientras, Eroski –que cierra este enero su ejercicio fiscal– habría contrarrestado el golpe para el conjunto de la corporación. En especial, han sufrido las empresas de automoción, aeronáutica y máquina-herramienta, aunque los pedidos permitieron aguantar, y en los últimos meses la demanda se ha recuperado con fuerza en actividades como máquina-herramienta y componentes de automoción y de electrodomésticos. Para otras empresas de packaging, alimentación, ocio y salud la pandemia ha tenido un efecto positivo, explica Ucín. 2021 arranca en una situación “defendible” para Mondragón. 

Se aprecian algunos destellos de luz. Es la conclusión que se desprende del informe mensual que la Hacienda foral de Gipuzkoa elabora sobre la situación de las empresas del territorio, dado a conocer ayer. Dicho estudio recoge una serie de indicadores para el seguimiento de la salud de las compañías guipuzcoanas: ventas, exportaciones, empleo, salarios… En el caso de los datos referidos al mes de noviembre, los resultados arrojados han sido los siguientes: las ventas totales cayeron un 2%, en comparación con el mismo mes del año anterior, con un mejor comportamiento del mercado interior (-1%) que las exportaciones (-3,7%). Las importaciones, por su parte, se contrajeron un 2,1%. Por último, el empleo se redujo un 1,4%, y la masa salarial hizo lo propio en un 0,5%. Por sectores, el mayor descenso en las ventas se produjo en la construcción, con una contracción del 4,9%, seguido de la industria con un 4,1%, mientras que la parte positiva procede de los servicios, que aumentaron su facturación un 1,4%.

Aunque la compañía aeronáutica vasca ITP Aero ha dado por cerrado su proceso de ajuste, tras acometer una reducción de empleo en buena parte de sus instalaciones –en el País Vasco ha supuesto una reducción de 208 puestos de trabajo, de los 600 que se han eliminado en el conjunto de la compañía–, la operación de ‘adelgazamiento’ puede tener continuidad a medio plazo. Algunas fuentes apuntan al inicio de la recta final en el proceso de venta de esta empresa, que pasaría de estar controlada por la británica Rolls Royce a manos de fondos de inversión. Un cambio sustancial en la propiedad que, aseguran fuentes del sector, puede provocar un nuevo proceso de ajuste para aumentar la rentabilidad.

Un año y dos meses después de que Iberia alcanzase un acuerdo para la compra de Air Europa, las dos empresas acaban de cerrar la transacción. Lo hacen a un precio de 500 millones de euros, la mitad del inicialmente pactado, de 1.000 millones de euros, y después de que la pandemia de coronavirus golpease con especial virulencia a la aerolínea de Globalia, que ha reducido al mínimo su actividad y se ha visto obligada a solicitar un rescate de la Sepi. Iberia abonará el importe de la transacción en efectivo, pero ha logrado aplazar hasta 2026 el momento del pago. Es precisamente dentro de cinco años cuando Air Europa debe devolver el préstamo participativo incluido en el rescate de la Sepi, que asumirá ya la nueva Iberia.

El imparable aumento de contagios en Bilbao –ayer entró en zona roja al superar la tasa de 500– aboca a la ciudad a su cierre perimetral este viernes y a un nuevo cerrojazo hostelero. Iñaki Garcinuño Presidente de Cebek; «La incertidumbre, la falta de confianza, está paralizando inversiones y penalizando la productividad». Mientras, en Araba, parece más o menos claro que los vitorianos se asoman al abismo del cierre perimetral que, desde este lunes, padecen los vecinos de Laguardia, Labastida, Villabuena y Lanciego, los cuatro municipios de Rioja Alavesa que soportan las tasas más altas. También en los tres ayuntamientos de la Llanada (Salvatierra, Asparrena y San Millán), donde, desde hace ya más de una semana, sus vecinos no pueden salir sin motivo justificado. En Gipuzkoa, Pasaia, con una tasa de incidencia de 490 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, puede ser la próxima localidad de Gipuzkoa de más de 5.000 habitantes que vea como se cierra su perímetro municipal y toda su hostelería. En el caso particular de Pasaia, ese cierre afectaría a sus 4 distritos: Trintxerpe, San Pedro, Donibane y Antxo. Se uniría de este modo a Andoain, Beasain, Deba, Orio, Tolosa, Villabona, Zumaia, Aizarnabal e Irura, estos dos últimos pueblos con menos de 5.000 vecinos. Estos 9 municipios del territorio tienen su hostelería cerrada y está prohibido entrar y salir de ellos sin causa justificada hasta que mañana el Departamento de Salud del Gobierno Vasco actualice sus boletines.

El Gobierno vasco lleva «meses» reclamando al Ejecutivo central tener la potestad para adelantar el toque de queda desde las diez de la noche a las ocho, una posibilidad que siempre había sido descartada por Madrid. Aunque ahora podría replantearse su negativa entre otras cosas porque hay otras autonomías, como la Comunidad Valenciana–con gobierno socialista–, que reclaman lo mismo. Y sería extraño que el Ministerio desoyese unas peticiones convertidas en clamor con las que se busca que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas en la lucha contra la pandemia. Castilla y León incluso ha impuesto el horario de las 20.00 horas valiéndose de un interpretación creativa de la ley. Una medida que, también es cierto, el Gobierno central ha recurrido. Con este telón de fondo se va a celebrar hoy el Consejo Interterritorial de Sanidad, órgano que reúne al Ministerio con las comunidades autónomas. 

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, mostró ayer una indisimulada inquietud por la tendencia del patógeno en el País Vasco y volvió a pedir a los ciudadanos que «estén en alerta» y actúen con la «máxima responsabilidad para reducir la transmisión» por el «contexto de incertidumbre y riesgo». Sagardui, que pedirá hoy en la reunión Interterritorial de Sanidad un nuevo decreto de alarma que permita a Euskadi «adoptar las mejores medidas para contener la epidemia con inmediatez», confirmó que los indicadores «muestran una evolución preocupante y que es posible que la incidencia siga al alza los próximos días». El incremento de los contagios por las reuniones navideñas ya tiene consecuencias asistenciales. 

La súbita reducción en las entregas semanales de Pfizer ha terminado por reafirmar al Gobierno vasco en su estrategia de vacunación contra la Covid-19, criticada por la oposición e incluso otras administraciones públicas por su lento ritmo. El Ejecutivo autonómico saca pecho y alega que la reserva de la mitad de las remesas está garantizando la administración de la segunda toma en tiempo y forma a quienes ya recibieron la primera. En caso de no haberlo hecho, justifican, la dosis definitiva para completar la inmunización no se estaría pudiendo inyectar al de 21 días, tal y como receta la farmacéutica estadounidense. Hasta el día de ayer, tres semanas después de arrancar la campaña, Euskadi había administrado 29.325 viales contra el coronavirus a un total de 28.930 personas.