20201216

«Es el Presupuesto más potente con el que ha contado nunca el Gobierno vasco», lanzó el consejero de Hacienda. Pedro Azpiazu presentó unas Cuentas con una capacidad de gasto de 12.442 millones, de los que 8 de cada 10 euros se destinarán a Salud, Educación, Empleo y Políticas Sociales. Es la cantidad más elevada de gasto anual del Ejecutivo en su historia, en un contexto también singular ya que el Gabinete Urkullu debe hacer frente a los efectos de la Covid-19 sobre la salud pública, a su impacto en los sectores más vulnerables y, por último, atender al necesario relanzamiento de la economía. La propuesta contempla un aumento de gasto de 668 millones en comparación con las Cuentas de este año, lo que supone un aumento del 5,7%. Azpiazu destacó que si se deja a un lado la carga financiera, la que está ligada a la deuda pública, el aumento de gasto real a disposición de los diferentes departamentos asciende a 770 millones, lo que supone un incremento del 7,10%, con una incidencia muy especial en las políticas sociales, la salud y la reactivación de la economía. Así, el Presupuesto en materias ligadas con la salud supone un aumento de 236,6 millones y 169 en Educación.

La recaudación de impuestos en Euskadi hasta noviembre continúa presentando un balance negativo, derivado de los efectos económicos de la pandemia y los aplazamientos aprobados. Sin embargo, el descenso se ha ido atenuando tras el desplome de primavera. Así, la suma total de los ingresos, situada en 12.661 millones de euros, registra una caída del 10,9% respecto al mismo periodo del año anterior, la menor desde que estalló el Covid y por debajo del 13,3% previsto para todo el ejercicio, según la última estimación fijada en el Consejo Vasco de Finanzas. No obstante, hay que tener en cuenta que este fin de año se va a ver afectado por las medidas adoptadas para contener la segunda ola.

En un escenario en el que lo único cierto es la incertidumbre, los expertos del Departamento de Estudios de Laboral Kutxa apuestan por un moderado y prudente optimismo respecto a la evolución de la economía vasca, y sitúan el inicio de la ansiada recuperación tras la crisis desatada por la pandemia «en el segundo trimestre del año que viene». Ese documento estima una caída del Producto Interior Bruto de Euskadi para el año que ahora acaba del 10,2%, con un descenso del empleo del 8,7%. Al tiempo, los cálculos del departamento de Madariaga revelan un repunte del PIB vasco del 7% el próximo año, con un alza en el ámbito laboral del 6%. Estas cifras (que no tienen en cuenta el impacto positivo que pudieran tener los fondos europeos de recuperación) son algo más modestas que las que maneja el Gobierno Vasco, que espera un retroceso del PIB del 10,1% este año y una mejora del 8,9% en 2021.

En el comunicado interno a los trabajadores Sidenor manifiesta que «con un absentismo torno al 15%, junto con previsiones contrastadas de carga de trabajo para el primer trimestre de 2021 en nuestras plantas productivas, en las circunstancias actuales no es posible gestionar el nivel de actividad y la plantilla necesaria». Por ello anuncia que han tomado la decisión de «desistir de la aplicación de la medida de suspensión de contratos que tendrá efecto el 26 de diciembre de 2020». La medida abarca al conjunto de centros de trabajo afectados y a los empleados. La preocupación por el absentismo laboral es una constante en la industria vasca, ya que históricamente presenta tasas por incapacidad temporal (bajas médicas) muy superiores a la media española, pero que además se han visto agravadas por las bajas y cuarentenas por el Covid. En octubre ArcelorMittal tuvo serios problemas de organización laboral en sus plantas guipuzcoanas, mientras que en junio pasado grupos como Mercedes, Michelin, Tubos Reunidos o Tubacex alertaban de los problemas de operativa que les estaban causando las bajas laborales.

La dirección de la planta de Aernnova en Berantevilla trasladó ayer al comité de empresa una nueva propuesta con el fin de reducir el impacto del expediente de regulación de empleo que amenaza con el despido de casi un centenar de trabajadores. La aeronáutica alavesa planteó ayer a los sindicatos una reducción en el número de extinciones de contrato de 99 a 82 si la negociación del ERE se cierra con acuerdo –se salvarían once empleos de producción y seis de mano de obra indirecta–. Y mantiene en pie las quince prejubilaciones, así como salidas incentivadas voluntarias y excedencias. También, una mejora en el ERTE que aplicará a partir de febrero. A pesar de que el periodo de consultas por el expediente de extinción finaliza el viernes, la compañía trasladará hoy a los representantes de los trabajadores su última oferta que en principio irá en la línea de buscar soluciones temporales. «Pero ya nos ha dicho que el ERE no desaparece»; es decir, que habrá despidos, lamentan portavoces sindicales.

Ademi, una de las asociaciones de accionistas del grupo IMQ, la principal aseguradora de salud del País Vasco, ha presentado ya la demanda que había anunciado meses atrás para exigir la anulación de varios acuerdos adoptados por la última junta de accionistas. En concreto, este colectivo considera que varios miembros del consejo de administración utilizaron de forma irregular la delegación de voto que habían depositado en ellos un buen número de accionistas, lo que impidió el cese de varios de los actuales consejeros. Los representantes legales de este colectivo ya habían anunciado en el transcurso de la junta de accionistas su discrepancia con esa actuación del anterior consejo y en particular de la presidenta, Beatriz Astigarraga. 

19,2 millones de euros de presupuesto y dos años de trabajos y ensayos. Son las principales cifras que contempla la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) en su proyecto para buscar gas en el subsuelo del concejo vitoriano de Subijana. Así lo recoge la solicitud de licencia, registrada el pasado 13 de octubre en el Ayuntamiento de Vitoria, al que pertenece el terreno escogido para el sondeo, y que debe resolverse en un máximo de seis meses. En la petición se precisa que el objetivo «no es la extracción de gas natural, sino la investigación de su existencia en cantidades comerciales, mediante la ejecución de un sondeo exploratorio y la realización de ensayos de producción». Según el cronograma que plantea la sociedad adscrita al Gobierno vasco, la actuación se desarrollaría a lo largo de dos años y tres meses una vez obtenidos los permisos necesarios.

El Gobierno español aprobó ayer el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos –grandes industrias, sobre todo siderometalúrgicas y cementeras, entre otras–, una medida que beneficiará a unas 60 empresas vascas que, ellas solas, suman cerca del 30% de la demanda eléctrica total de Euskadi. En el conjunto de España, las beneficiadas por la rebaja de su recibo de la luz que posibilita el nuevo estatuto podrían ser hasta 612 empresas de más de 60 actividades industriales, que suman unos 300.000 trabajadores. Esta cuestión es clave para el País Vasco y otras comunidades cuyas grandes empresas exigían un recorte de los gastos energéticos para poder competir con el resto de Europa. Ahora, la norma dota a los grandes consumidores de electricidad de un nuevo sistema donde quedan más claro cuáles serán sus costes energéticos y mejora su competitividad internacional al disminuir el diferencial del precio que pagan respecto a otros países europeos.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, lo que en la práctica supondrá que las compañías comercializadoras energéticas (eléctricas, gasistas e hidrocarburos) asuman una parte de los cargos que ahora se encuentran en la parte fija del recibo de la luz. En concreto, los que sirven para seguir pagando el coste de las primas a las instalaciones de renovables más antiguas. La medida intenta «evitar subidas en el precio de la electricidad», según el Ministerio de Transición Ecológica. Fuentes del departamento dirigido por Teresa Ribera calculan que al detraer esta parte de la factura, que deberán sufragar las compañías, el importe del recibo se reducirá una media del 13% durante los cinco años siguientes a la puesta en marcha del fondo. También apuntan que si no se crease este mecanismo, los costes fijos de la factura, que representan hasta un 40% del recibo mensual para los consumidores domésticos, podrían incrementarse una media de alrededor del 6,5% en un año.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, está a punto de doblar la mano a la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño. Es el enésimo reto que la parte de Unidas Podemos lanza a la máxima responsable económica del Ejecutivo, apoyada en este caso por la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Así las cosas, los empresarios y los sindicatos obtuvieron ayer una certeza del Gobierno sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021. El Ejecutivo ha descartado que vaya a congelarlo, de la misma manera que parece improbable que vaya a saltar desde los 950 euros, de este año, a los 1.000 euros mensuales. Desde los 13.300 a los 14.000 euros anuales, con catorce pagas. Todo ello, a tenor de la gravedad de la crisis económica que ha producido la epidemia del coronavirus en el tejido productivo.

El Banco Central Europeo (BCE) ha tomado finalmente una decisión salomónica sobre la posibilidad de que los bancos puedan reanudar el reparto de dividendos entre sus accionistas el próximo año. Su consejo de supervisión ha autorizado a las entidades remunerar a los accionistas, aunque con importantes limitaciones: los que decidan hacerlo no podrán destinar más de un 15% de sus beneficios (el denominado como ratio ‘payout’) a pagar dividendos. La decisión supone recortar estos ingresos de los accionistas de los bancos, ya que estaban acostumbrados a un ‘payout’ que en muchos casos llegaba a rozar hasta el 50%. La restricción se une a otra por la que el dividendo no puede superar el ratio de capital de máxima calidad sobre los activos ponderados por riesgo en 20 puntos básicos (CET1).

Los bancos españoles de tamaño medio que no cotizan y que están bajo la supervisión directa del BCE por su elevado tamaño de balance son Kutxabank, Abanca, Ibercaja y Cajamar. La posición de capital es especialmente holgada en el caso de Kutxabank. El banco vasco es el único en España que supera la media de solvencia de la banca europea (16,6% frente a 14,7%, con datos a 30 de junio). Al cierre de septiembre, esta ratio era del 17,5% y el colchón sobre el mínimo regulatorio, de 930 puntos básicos. La restricción de dividendos ha menguado los recursos económicos con los que las fundaciones herederas de las cajas de ahorros financian su labor filantrópica y social. La mayor fundación de largo en España es la Fundación La Caixa, que gestiona un presupuesto anual de 500 millones. Este año, en lugar de percibir 360 millones en dividendos de CaixaBank (en este caso el banco sí cotiza en Bolsa) ingresará aproximadamente la mitad. La siguiente fundación por tamaño es la Fundación BBK, que tiene una participación del 57% en Kutxabank. El año pasado el presupuesto total ejecutado fue de 36,6 millones de euros.

Los tiempos que corren no son fáciles para hacer ningún acto social. A pesar de las dificultades, las integrantes de la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) han decidido entregar sus premios, que van por su XIV edición. Las galardonadas este año 2020 son Mercedes Aguirre, socia de Nua Biological Innovation, laboratorio que se encuentra en Erandio y que se dedica a fabricar y distribuir complementos alimenticios o suplementos para su venta en farmacias, herbolarios o dietéticas; Nuria Gisbert, directora general de CIC energiGUNE, centro de investigación en almacenamiento de enregía electroquímica y térmica; y Ana Santiago, consejera delegada de Sisteplant. Ingeniería dedicada a la organización industrial y digitalización 4.0 y especializada en transformar desde el punto de vista operacional las organizaciones industriales y de servicios para hacerlas más operativas. Ver nota AED. 

Laura Mendizábal, responsable de varias estaciones de servicio en Álava, recibe mañana el premio a la trayectoria de la asociación de jóvenes empresarios Ajebask. Se encuentra más a gusto en el día a día de su trabajo, en la oficina, en la gestión de las estaciones de servicio que están a su cargo –Foronda, Zurbano y Gorbea–, que en las galas recogiendo galardones. Pero en apenas un año a Laura Mendizábal se le han juntado dos reconocimientos «importantes», dice: el Premio Korta –la máxima distinción empresarial en Euskadi– en noviembre de 2019 y el premio a la trayectoria que le entregará mañana la asociación de jóvenes empresarios Ajebask. «También me ha sorprendido, pero desde luego que es algo agradable», reconoce esta pionera en un mundo de hombres.

Los equipos negociadores de la UE y del Reino Unido encaran hoy la última pendiente hacia el acuerdo, pero han dejado atrás el escollo que les impedía avanzar desde hace casi 40 días. Bruselas y Londres han pactado ya el mecanismo que garantizará la adopción de represalias comerciales en caso de que una de las dos partes se embarque en una competencia desleal. El principio de acuerdo sobre ese asunto sensible deja el regateo de las cuotas pesqueras como último obstáculo para coronar casi 11 meses de negociación a dos semanas de que expire el plazo. Los equipos dirigidos por Michel Barnier, en el lado europeo, y David Frost, en el británico, han redoblado el esfuerzo ante unas horas que se describen como decisivas y que podrían poner punto final a la agónica negociación de las últimas semanas. Las crecientes colas de camiones para cruzar el Canal de la Mancha y el riesgo de carencias de suministros básicos para los importadores británicos han añadido dramatismo a un calendario que avanzaba inexorable hacia el fin del periodo transitorio del Brexit, que llegará el día 31.

El temor a una tercera ola tras la Navidad ha movilizado a la UE. La presión de países como Alemania han acelerado la homologación de la vacuna de Pfizer, que previsiblemente podría recibir luz verde el lunes para empezar a distribuirse incluso antes de acabar el año. Este adelanto en los planes se conoce al mismo tiempo que los datos del último informe de seroprevalencia, que revelan que son casi 180.000 los vascos ya inmunizados: el 8,4% de los vizcaínos, el 12% de los alaveses y el 6,4% de los guipuzcoanos.

para la Nochebuena, cuando se podrán celebrar encuentros familiares de hasta 10 personas en los domicilios y se alargará el toque de queda para facilitar el regreso a casa tras la cenas. Con ese escenario a la vista, los especialistas sanitarios analizan con intranquilidad los datos diarios de la evolución de la pandemia, que ayer ofrecieron una doble cara. Por un lado, se registraron 423 nuevos casos, medio centenar más que el mismo día de la pasada semana. Pero por otro, se detectó el patógeno en el 4,8% de las pruebas realizadas. Este segunda cifra es la más baja en los dos últimos meses. En concreto, la menor desde el 9 de octubre.