20201109

Entrevista con Ana Villate Directora del Clúster Aeronáutica y Espacio del País Vasco (Hegan). Es un sector que no había conocido antes una crisis y ahora se enfrenta a un cambio estructural que supondrá cinco años de turbulencias. «Nuestro nivel de producción y ventas ya ha bajado entre un 40% y un 60%». «La adaptación al teletrabajo reduce el mercado de los viajes de negocios». Las imágenes de las colas de aviones aparcados han dejado ya en tierra a 281 trabajadores de las plantas vascas de ITP, Alestis y Aciturri, a través de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que se han cerrado todos con acuerdos sindicales y en los que se han incluido prejubilaciones, bajas incentivadas y despidos. Un panorama que ha conmocionado a un sector, muy internacionalizado, que esquivó la crisis de 2008 y que en los últimos diez años había doblado su tamaño. Lo que tenía que haber sido un brillante balance 2019 de las empresas del clúster Hegan –con una nueva facturación récord de 2.615 millones y 15.273 empleados, de los que 5.244 trabajan en las plantas vascas–, se ha convertido en el diagnóstico de una gran crisis y los esfuerzos que habrá que hacer para superarla.

El Gobierno elaborará una plan de apoyo a la hostelería en coordinación con las comunidades autónomas. Así lo asegura la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una entrevista con los medios del Grupo Vocento publicada hoy. El anuncio llega tras un fin de semana de desesperación para el sector en Euskadi, que se ha manifestado en reclamación de ayudas después de que el territorio se haya sumado a la larga lista de regiones que ha decretado el cierre de los bares y restaurantes para poner freno a los contagios. «Vamos a reunir a las comunidades autónomas, pero también a la Federación Española de Municipios y Provincias, para dar una respuesta a esta situación», señala la ministra, que se muestra muy preocupada por la hostelería. «No aguanta más. Llevamos mucho meses lidiando con los aforos, con los espacios...», añade. No obstante, no concreta demasiado las medidas que se contemplan ni si se plantea un plan de ayudas directas como el de Alemania, que cubrirá el 75% de lo que facturaron los negocios el año pasado.

La inversión extranjera que se dirigió a Euskadi en el primer semestre alcanzó los 35,6 millones de euros, lo que supone un descenso del 56% en relación a los 81 millones de euros captados en el mismo periodo de 2019, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. A esta reducción a la mitad de la inversión foránea en la comunidad autónoma vasca en el periodo enero-junio se suma el descenso notable en este apartado experimentado el mismo periodo de 2019 respecto al año anterior. Así, de 637 millones de euros captados en el primer semestre de 2018, se bajó a 81 millones en el mismo periodo de 2019, cuando ya se había iniciado la desaceleración que se ha visto agravada por la crisis del coronavirus. Por sectores económicos, la mayor inversión foránea hasta junio en el País Vasco (el 36,4% del total invertido) fue en fabricación de productos informáticos y electrónicos, con 13 millones de euros recibidos.

Las empresas guipuzcoanas siguen demandando espacio en los polígonos industriales de promoción pública. La pandemia ha restado impulso a este tipo de operaciones, pero en modo alguno las ha frenado. Un buen síntoma en medio de tanto marasmo económico. Sprilur prevé continuar con los ‘industrialdeak’ ya en desarrollo y sumar otros 290.000 metros cuadrados en Ormaiztegi, Ezkio, Irun y Azpeitia. Además, Donostia ofrecerá una extensa parcela en Eskutzaizeta a empresas del vehículo eléctrico. El Ayuntamiento de San Sebastián quiere convertir Eskutzaizeta en un imán que atraiga a empresas relacionadas con el vehículo eléctrico. El anzuelo será una extensa parcela en Eskutzaizeta, el mayor polígono de Gipuzkoa. El terreno linda con el que acogerá a Mubil, centro promovido por la Diputación y el Consistorio donostiarra, cuya finalidad es desarrollar un polo de investigación –liderado por Cidetec– e industrial en torno a la electromovilidad.

El Gobierno destinará 100 millones de euros a un Programa de apoyo para actuaciones en innovación de tecnología eléctrica, baterías y almacenamiento, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo gestionará los fondos y los repartirá entre 60 empresas. El Ejecutivo subraya en el proyecto de los PGE que se impulsa así una nueva línea de ayudas a las empresas industriales para el desarrollo de tecnologías de propulsión eléctrica en toda la cadena de valor, pero sobre todo para avanzar en el campo de baterías para coches eléctricos y en soluciones relacionadas con la movilidad conectada, inteligente, autónoma y sostenible.

Varias crisis golpean al sector bancario, que trata de adelgazar y realizar fusiones para sobrevivir. El hundimiento de la economía por la pandemia, así como la aceleración de la digitalización de sus clientes, incluidos los de más edad, han dejado caduco su modelo de grandes plantillas y muchas oficinas. Desde 2008 ha cerrado el 49,34% de las sucursales y ha echado al 37% de los trabajadores. Ocho de los 12 bancos principales acometen importantes reestructuraciones, algo inédito. Detrás de estos movimientos están los tipos negativos, la competencia de las grandes tecnológicas y la presión de los supervisores. “Con el margen financiero que tienen ahora mismo los bancos, es misión imposible ser rentable. De hecho, desde 2016 el margen de intermediación ya no cubre los gastos de explotación”. 

La nueva Lomloe ha puesto en pie de guerra a la red concertada ya que incluye medidas que, según el sector, ponen en riesgo su «supervivencia». La también conocida como ley Celaá obligará a las comunidades autónomas a supervisar que los centros «no cobren cuotas forzosas» a los alumnos, cuando los colegios defienden que las aportaciones de las familias son «indispensables» para su mantenimiento. La normativa limitará también en la práctica la posibilidad de los padres de elegir un centro privado-subvencionado para sus hijos. La nueva legislación prevé, asimismo, una mayor integración de alumnos con discapacidad en los colegios ordinarios en lugar de que acudan a servicios específicos para ellos. Esta medida condenaría al cierre a centros de Educación Especial, muchos de ellos privados-subvencionados. Este cambio afectaría también al País Vasco al ser una ley de obligado cumplimiento. La red concertada ya ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra la Ley Celaá y anuncia movilizaciones si la nueva normativa sigue adelante.

Universidades sin apenas estudiantes, investigación ni empleabilidad y, pese a ello, la perenne crítica a la falta de recursos. Radiografía de un sistema de educación superior español en cuestión. “En el periodo del 2008 al 2017, las universidades públicas y privadas han atomizado su oferta, incrementándola en un 20% por encima de su demanda”, relataba la CRUE en un reciente informe en base a más de un millón de datos de 48 universidades públicas y 19 privadas. “La rama de salud es la única en que el fuerte crecimiento de la demanda está acompasado con la oferta”, seguía. Y sin embargo, todo sigue igual. Siguen las mismas universidades, o más. Las mismas carreras, o más. ¿Y con qué consecuencias para el curso actual? Universidades sin apenas alumnos ni investigación, superposición de carreras y una escasa conexión con el empleo.

"Aparcando los vaticinios sobre el futuro, siempre improbables, ¿qué conclusiones hemos alcanzado hasta hoy de la convivencia con la plaga vírica? La primera, la evidencia de que el mundo no estaba preparado para hacer frente a la pandemia...La segunda se traduce en el carácter sistémico que reviste el cuestionamiento de nuestro tradicional modelo de vida relacional...Con el cambio de modelo económico, el modelo tecnológico que se está vislumbrando: tercera conclusión. La tecnología no solo revoluciona el modo de producción laboral...La cuarta evidencia es la de un reforzado protagonismo del Estado y de las instituciones públicas multilaterales en la vida económica cotidiana...La quinta se refiere a la regresión sufrida desde 2008 y durante la pandemia por el concepto de la globalización y del empuje registrado del proteccionismo, el unilateralismo, el aislacionismo y demás ‘ismos’ perversos para la cooperación internacional...Tras la crisis del Covid19 emerge la quinta revolución industrial, la de la sostenibilidad. Unida a las fuerzas de la vigente era digital, el progreso carece de una definición nítida y previsible. Solo intuimos que nada será ya igual". 

El lehendakari no ocultó antes de las elecciones del pasado 12 de julio que superar la barrera de los 38 escaños permitiría «agilizar» considerablemente la capacidad legislativa del Gobierno y, una vez conseguido ese objetivo –finalmente jeltzales y socialistas sumaron 41 parlamentarios–, el Ejecutivo de coalición se dispone a aprobar un programa legislativo que rescatará todos los proyectos de ley que decayeron en la anterior legislatura. En total serán 28 las leyes que Urkullu recuperará con la esperanza de que corran mejor suerte en los próximos cuatro años, algo que tiene muy encarrilado con la mayoría absoluta de su Gobierno, aunque el programa final superará la treintena de proyectos porque los diferentes departamentos aún prevén aportar algunas leyes más en los próximos días.

La victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos abre nuevas posibilidades a las empresas españolas en Estados Unidos, especialmente a las que tienen intereses en el negocio de energías renovables, como Iberdrola, Acciona, Gamesa o Elecnor. O sectores paralelos, como Enagás. También para Repsol, que se ha subido a la ola de las energías verdes y que, igual que Cepsa, puede poner fin a la pesadilla que han sufrido muchas petroleras por el boicot de Donald Trump a los países productores de crudo como Venezuela e Irán, donde tienen intereses esos grupos españoles. Otras empresas vinculadas a la salud, como Grifols, o industriales, como Acerinox, también podrían impulsar su negocio con la victoria del candidato demócrata. Uno de los cuatro pilares del programa electoral de Joe Biden, bajo el eslogan Build Back Better (Reconstruir Mejor), es precisamente su apuesta por las medidas contra el cambio climático, algo en lo que es diametralmente opuesto a Trump, que no oculta su condición del negacionista del cambio climático.

Manos a la obra. Apenas 48 horas después de adjudicarse la victoria electoral, Joe Biden comenzará a trabajar hoy con su equipo en las nuevas decisiones sobre el país como si mañana mismo fuera a ocupar el Despacho Oval. Quedan 72 días para el traspaso efectivo de poderes, pero el presidente electo ya ha convocado a los suyos esta mañana con el fin de definir una estrategia contra el coronavirus. Biden, además, se propone enmendar el legado de Trump en otros aspectos a corto plazo. Quiere suspender al menos un centenar de órdenes directivas dictadas por aquél en los últimos cuatro años y reformar los planes gubernamentales frente a la inmigración –más flexibilidad en las entradas y protocolos de estancia con los musulmanes de determinados países y con quienes llegaron a EE UU siendo menores de edad– o el medio ambiente, con la reincoporación inmediata del país a los Acuerdos de París o incluso con la enmienda de artículos introducidos por el Ejecutivo republicano en la gestión de los parques forestales.

Euskadi vuelve a adentrarse en días críticos después de una semana con récord de contagios y con la vista puesta en comprobar el efecto del cierre de los bares y restaurantes a la hora de atacar la pandemia. De los resultados de la drástica medida dependerán las siguientes decisiones, con la amenaza de un confinamiento domiciliario en el horizonte, un extremo al que no se quiere llegar pero cuya sombra oscurece cualquier escenario. Desde el pasado lunes, la Comunidad Autónoma Vasca ha sumado 9.215 casos, el número más alto de toda la pandemia. Ni en los peores momentos de la primera ola se alcanzó una cifra como esta –claro que tampoco se contaba con la misma capacidad de rastreo–, lo que ha llevado al Gobierno Vasco a endurecer las restricciones.