20201028

El alza insuficiente de ocupación y el incremento del paro se produce tanto para el conjunto de España como para Euskadi, pero con distinta intensidad, ya que en el último trimestre el paro vasco se aceleró un poco más. La EPA constata cómo Euskadi logra mantener su tasa de paro contenida en el 10,34%, colocándose como la segunda comunidad con menor nivel de toda España, por detrás de Navarra que registra un 9,34%, pero mucho mejor que la media española, disparada hasta el 16,26%. Sin embargo, si se analiza la evolución, el ritmo de crecimiento del promedio español es menor que el vasco. El número de parados vascos creció desde abril en 17.400 personas, lo que eleva la cifra total hasta los 106.200 trabajadores. El ritmo del incremento en el tercer trimestre en Euskadi llega hasta el 17,4%, cuando el alza media española contiene la velocidad de la subida en el 10,5%. Por territorios, hay que destacar especialmente la situación de Álava, que registra la tasa de paro más baja no sólo de Euskadi sino de toda España, con el 8,04% (con 12.100 parados).

El mercado laboral rebotó en el tercer trimestre de este año. Se había hundido en el segundo, cuando el confinamiento más duro se llevó por delante más de un millón de empleos. En el verano ha recuperado parte de ellos, 569.600. Pero es una cantidad insuficiente para volver al nivel previo a la pandemia y para evitar que el paro aumentara en 355.000 personas, dejando la tasa de desempleo en el 16,3%, según la encuesta de población activa (EPA). Además, este rebote que refleja el INE no indica que lo peor haya quedado atrás. Al contrario, en el tercer trimestre el coronavirus estuvo más contenido y las restricciones a la actividad fueron —pese a la atención mediática— mucho más puntuales de lo que están siendo a final de año.

El Gobierno español modula las más importantes: IRPF, Sociedades, Patrimonio e IVA. Y lo hace para los capitales más altos, un movimiento sobre todo simbólico en un momento de crisis, ya que afecta a muy pocos contribuyentes y es menos ambicioso de lo previsto en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. En cuanto al IVA, la única modificación pasa por el aumento del tipo aplicado a las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, con lo que se recaudará 400 millones en dos años. En lo que a Sociedades se refiere, se limita al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías de filiales. 

El motivo de la discordia es el impuesto sobre el diésel que el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha introducido en su proyecto de cuentas, un movimiento que ha «enfadado» considerablemente al partido de Andoni Ortuzar, que momentos antes de la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros se felicitaba de haber frenado esa iniciativa. La «sorpresa» con la que el PNV acogió el impuesto sobre el diésel le llevó incluso a dar «un paso atrás» en su posición proclive a la aprobación de las cuentas, que ahora prevé revisar en detalle para evitar nuevos ‘sustos’. La advertencia de los jeltzales no supone un desmarque de los Presupuestos, pero obligará a Sánchez a restañar otra vez la confianza con los peneuvistas.

El tercer trimestre del año ha traído buenos resultados para el grupo Euskaltel, que registra un beneficio neto de 52,1 millones de euros, lo que supone un alza del 24,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, según comunicó ayer al cierre del mercado a la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV). Esta mejora del resultado va acompañada de un notable crecimiento en la principal estrategia de desarrollo del grupo, que lidera personalmente el consejero delegado, José Miguel García: su expansión al resto de España a través de la marca Virgin Telco. Así, la nueva enseña roja que se lanzó al mercado el 20 de mayo, en mitad del primer estado de alarma y en condiciones de confinamiento, ha captado ya 38.000 clientes (27.000 sobre banda ancha fija y 11.000 clientes exclusivamente móviles), con lo que se encuentra muy cerca de cumplir los objetivos fijados para el año completo. Asimismo, Euskaltel destaca en su presentación de resultados la red de alianzas que ha tejido con otros operadores para aumentar su cobertura de red. Ver nota de Euskaltel. 

Empresas y sindicatos de la estiba reanudaron ayer las negociaciones en vísperas de que se cumplan 20 días de huelga en el Puerto de Bilbao, un paro que está causando graves problemas en la industria que utiliza la terminal en un momento de gran debilidad por la crisis. Desde que se inició la huelga el 9 de octubre, las partes solo habían cruzado acusaciones, pero ayer volvieron a la mesa. Tras cinco horas de reunión en la Autoridad Portuaria de Bilbao «aproximaron posiciones para desescalar la tensión», según fuentes empresariales, y se emplazaron para seguir negociando hoy, si bien aún se mantenía convocado el paro. El conflicto que les enfrenta gira en torno a la necesidad de pactar un nuevo convenio colectivo dentro de la nueva normativa liberalizadora.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, recibieron ayer en lehendakaritza a la dirección y al equipo científico de la empresa Viralgen, una reunión que sucedía a la noticia conocida la víspera, y que fue adelantada por DV, de que la multinacional Bayer entrará en el campo de la terapia génica a través de la adquisición de la norteamericana AskBio y por tanto de Viralgen. La operación supone que el proyecto que lleva adelante la firma asentada en Miramón, una ‘joint venture’ formada por la citada multinacional norteamericana y el fondo español Columbus, pase a manos de la alemana Bayer. La iniciativa consiste en la construcción de un complejo de laboratorios en tres nuevos edificios ubicados en el parque tecnológico de Miramón, una inversión que se eleva a 50 millones de euros.

El grupo vasco de componentes de automoción CIE Automotive ha iniciado su recuperación, como así destacó ayer su consejero delegado, Jesús María Herrera, con motivo de la presentación de los resultados del tercer trimestre de este ejercicio. Tras la paralización mundial de la actividad que supuso la pandemia entre abril y junio –que llevó a CIE a registrar pérdidas netas de 14,5 millones en ese trimestre–, a partir del verano han logrado recuperar gran parte de los niveles de actividad, alcanzando incluso el 90% en el mes de septiembre, «lo que le ha permitido volver a generar importantes beneficios», según la firma.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha decidido paralizar de manera temporal (en principio, hasta el 31 de enero de 2021) el cierre de las instalaciones de Trenasa, su planta en la localidad navarra de Castejón, cuya clausura y consiguiente despido de toda la plantilla (110 personas) anunció recientemente. Así lo explicaron ayer fuentes de Comisiones Obreras tras reunirse el comité de empresa con los responsables de la compañía, y lo confirmaron después a DV fuentes de la empresa. El argumento esgrimido por la beasaindarra en su día para justificar el cierre fue la ausencia de carga de trabajo en la planta navarra. Sin embargo, ahora, según el sindicato y la propia compañía, cabe la posibilidad de revertir esa situación. Y es que, explicó CAF al comité de empresa de Trenasa, aún hay ‘chance’ de lograr algún contrato en España. «En los próximos meses se conocerá la posibilidad de contar con potenciales nuevos contratos en el mercado ferroviario español», explicó CAF en un comunicado entregado a los representantes de los trabajadores.

Para el comienzo de la próxima década, siete de cada diez trabajadores del Gobierno vasco estarán jubilados. Era cuestión de tiempo, por tanto, que se desplegara un importante proceso selectivo para afrontar el relevo generacional de la plantilla. Por lo pronto, en los próximos cuatro años se convocarán ofertas públicas de empleo (OPE) con más de 10.000 plazas no solo para la Administración General –principalmente, los servicios que se prestan en la sede central de Lakua– sino también para Osakidetza y Educación, entre otros. El Ejecutivo confía en que la entrada de jóvenes acelere la transición de la Administración a lo digital. 

La Universidad del País Vasco mide anualmente el cumplimiento de sus objetivos en un pleno de su consejo social y los plasma en el informe ‘Sistema de Indicadores para la Rendición de Cuentas a la Sociedad’. El de ayer incluye por primera vez el indicador de «la tasa de afiliación a la Seguridad Social y en alta laboral de graduados de la UPV a los cuatro años de finalizar sus estudios». Y según revela, ocho de cada diez están cotizando cuando pasa ese período de tiempo. Concretamente, un 78,9% de los alumnos titulados en 2018 están dados de alta. Como referencia, el porcentaje es del 71,6% en el conjunto de las universidades públicas españolas. Esa buena noticia lo es todavía más porque la tasa sigue una tendencia creciente. Es del 46,8% para los alumnos licenciados en 2015, del 64,3% en los de 2016, del 74,8% en 2017 y del 78,9% en 2018. Seis de cada diez de los que consiguen un empleo tienen puestos «de rango universitario». La mejor tasa corresponde a Ciencias de la Salud. 

Entrevista con Mikel Ubarrechena Presidente de la asociación Hostelería Gipuzkoa. Recibió ayer un «aluvión» de llamadas de asociados que se ven abocados a un cierre temporal. «Solo con la población local, muchos establecimientos no van a poder resistir y seguimos sin un plan de rescate serio». "El Gobierno Vasco ha hecho un esfuerzo importante para que el sector se mantenga abierto, pero sirve de poco si no hay un plan de rescate. La hostelería ha llegado a esta segunda ola con el depósito casi vacío. La realidad es que, salvo la hostelería de barrio, sin movimiento entre poblaciones y sin turismo francés es muy difícil sobrevivir". 

Comerciantes vizcaínos juzgan crucial salvar la temporada de Navidad y las rebajas, pero temen que a partir de enero llegará «una cascada de cierres y más ERE». Cecobi, bilbao Dendak y Bilbao Centro, las principales organizaciones comerciales que operan en Bizkaia, hicieron ayer frente común y coincidieron con los hosteleros en que la solución a los estragos que está ocasionando la pandemia no se solucionan solamente con medidas restrictivas, sino que deben ir acompañadas de «compensaciones. Se toman limitaciones, pero no se contempla la puesta en marcha de ningún ‘plan B’», reprochó Héctor Sánchez. Pedro Campo, presidente de Cecobi, la patronal vizcaína, fue aún más lejos al advertir que las limitaciones de movilidad «nos conducen a un desastre económico. Hay dos posibilidades de morir: por el virus o por el hambre», destacó tras juzgar «excesiva» la duración del estado de alarma decretado por el Gobierno central y exigir de inmediato «su recorte».

El Gobierno vasco no descarta un confinamiento total de la población si la situación sanitaria se agrava las semanas venideras. Sería el último recurso y solo se apelaría a él si las restricciones que han entrado en vigor durante las últimas horas, u otras que pudieran implantarse en el futuro, no consiguen detener la escalada de contagios, pero es un escenario que el Gabinete de Urkullu tiene a día de hoy sobre la mesa. Así lo confirmó ayer el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, tras dibujar un horizonte nada halagüeño. Se avecinan jornadas «muy complicadas», advirtió.

La tendencia ascendente es clara. Solo ayer fueron internados otros 71 pacientes por coronavirus. La cifra iguala el máximo de esta segunda ola, alcanzado a principios de septiembre. Los centros de Osakidetza atienden en este momento a un total de 479 pacientes Covid, de los que 74 se encuentran en estado crítico. Los hospitales comienzan a estar tensionados y mueven ficha para prepararse ante el inminente incremento de enfermos. Hasta el momento en Bizkaia y Álava se ha mantenido la actividad quirúrgica pero, según indican fuentes sindicales, está ya encima de la mesa la posibilidad de comenzar a desprogramar cirugías menores. La medida se activará en función de la evolución de los ingresos. En Gipuzkoa la situación es más complicada. 

El estado de ánimo ha comenzado a cambiar en Italia. Tras el lema “todo irá bien” colgado en los balcones que el primer país europeo en echar el cierre exportó a sus vecinos en el inicio de la pandemia, el grito que ahora se escucha es “queremos libertad para trabajar”. Las nuevas restricciones han provocado una ola de protestas que se extiende por varias ciudades del país y que ha colocado el descontento social en unos niveles inauditos en los últimos tiempos. Mientras se desvanece la resignación y la obediencia con la que los ciudadanos, en general, afrontaron el confinamiento de la pasada primavera, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se encuentra cada vez más acorralado entre el creciente descontento social y las críticas que le llueven desde sus filas y desde la oposición. La clausura de cines, teatros y gimnasios y el cierre de bares y restaurantes desde las seis de la tarde, como se decretó el pasado domingo, han levantado ampollas en varios frentes.