20201027

Euskadi se levanta hoy con las medidas más duras para frenar la pandemia de todas las aplicadas hasta la fecha en esta segunda ola en España. El Gobierno vasco prohíbe la entrada y salida de personas del municipio en el que tienen fijada su residencia. Las únicas excepciones son los desplazamientos por causa mayor; esto es, por motivos laborales, sanitarios, educativos o cuidado de personas dependientes. Esta es la más dura y novedosa restricción acordada ayer, pero no la única. Lakua decretó el cierre de toda la comunidad y además hace suyas dos de las principales directrices fijadas por el Gobierno central en el Real Decreto que establece el estado de alarma en el país: limita la libre circulación de personas en horario nocturno, entre las once de la noche y las seis de la mañana, y determina que las reuniones no superen los seis integrantes, tanto en los espacios privados como en los públicos, salvo que se trate de convivientes. Ver decreto completo. 

La tensión hospitalaria sigue aumentando en Euskadi. El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, reconoció ayer que el Hospital Donostia es el que peor situación atraviesa de la red pública vasca, ya que sufre la grave afección que la pandemia está ocasionando en Gipuzkoa, el territorio más castigado. Sin embargo, «no están desbordados», matizó. Esta espiral de casos positivos de los últimos 15 días se está traduciendo en una mayor ocupación de los centros hospitalarios del País Vasco, que han visto aumentar el número de ingresos diarios. El Departamento de Salud no incluyó ayer en el boletín oficial los datos referidos al número de ingresos del domingo y a la cifra total de pacientes hospitalizados en planta por algún problema interno. Sin embargo, la semana anterior ya se apreciaba un aumento de en torno al 30% desde principios del mes de octubre, cuando la situación era algo más tranquila. Mientras, el Fernando Simón más pesimista de los últimos meses no se anduvo ayer con rodeos: si la tendencia no se revierte, es posible que a mediados de noviembre «haya un número de UCIs en situación muy, muy complicada», incluso en «situación de colapso». 

Entrevista con Francisco Guillén Dtr. Servicio de Medicina Preventiva de la Clínica Univ. Navarra. El repunte de contagios ha obligado a implantar medidas que recuerdan a fases de la pandemia que parecían superadas, y que dibujan un horizonte nada alentador. El doctor Francisco Guillén, epidemiólogo y director del Servicio de Medicina Preventiva de la Clínica Universidad de Navarra, invita a armarse de paciencia porque este proceso puede prolongarse más de lo deseado. «Se cree que por estar con una persona de confianza el riesgo es menor, pero no. No nos hemos tomado en serio la segunda ola». NAVIDAD «Deberíamos mantener una distancia física. Cuesta, pero esto no es una broma, las celebraciones pueden ser peligrosas». 

Garamendi dijo ayer que “es una auténtica barbaridad” extender el estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021. Sobre todo, por el daño que puede causar al turismo otra vez en fechas como la Semana Santa del próximo año, en la que los días festivos, desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección, tendrán lugar entre el 1 y el 4 de abril. “Es una propuesta coyuntural [del Gobierno]. [Los empresarios] no decimos que no apoyamos las medidas, pero, por ejemplo, ¿qué hacemos en el caso de la Semana Santa? ¿Nos la cargamos porque planteamos este plazo de mayo? Es una auténtica barbaridad” dijo Garamendi, en su intervención ante el XXIII congreso del Instituto de la Empresa Familiar, que se celebra en Madrid. El presidente de la patronal advirtió, además, al Gobierno “de que los problemas coyunturales se deben resolver con arreglos coyunturales. Cuidado con los gastos estructurales. Queremos que se arreglen las cosas, respetar lo que es la parte sanitaria, pero hay que tener en cuenta la parte económica”, dijo el empresario vasco, para advertir de que muchas políticas de ayudas para salir de la crisis pueden convertirse en fijas a largo plazo. 

La confianza en la economía se desploma y las empresas familiares prevén que la situación no vuelva a niveles precrisis hasta 2022.  Así lo revelan los resultados de la encuesta realizada por el IEF –un club que asocia a algunas de las empresas más poderosas del país, que explican el 60% del empleo del sector privado–, donde la media de los participantes valoran con un 4,1 sobre 10 la situación económica actual, un dato que no se veía desde 2013, en plena crisis económica. Desde 2015 los empresarios habían dado su aprobado a la situación del país, y el año pasado esta valoración llegó al 5,3, más de un punto por encima de la actual. Las razones son la incertidumbre en torno a la recuperación. Así, solo un 1% de los encuestados cree que crecimiento a corto plazo será intenso con una rápida recuperación del empleo, cuando el año pasado eran más del 30% los que opinaban así. En esta ocasión, la inmensa mayoría de los participantes (68%) cree que habrá un crecimiento frágil de la actividad sin creación de empleo.

La planta de Mercedes Benz en la capital alavesa, la principal industria vasca y que da empleo de manera directa a 5.000 trabajadores, cerrará uno de sus años más complicados con una caída del 14% en la producción de furgonetas, una reducción derivada de la complejidad del mercado en un ejercicio marcado por la pandemia. La producción ha vuelto a ajustarse a la baja con respecto al último dato del mes de julio. Entonces, y tras recibir un pedido de 2.900 furgonetas, la dirección fijó la previsión de cierre de 2020 en 126.400 unidades. Finalmente serán menos: 125.000, según trasladó ayer la dirección a los representantes sindicales. La planta prevé fabricar 131.500 unidades en 2021, aunque la estimación puede variar en función del modelo de trabajo. 

La multinacional alemana Bayer se implantará en Miramón, un revulsivo de primer orden para Gipuzkoa y para un parque tecnológico que se ha convertido en los últimos años en referente del pujante sector biotecnológico. El aterrizaje del gigante farmacéutico germano se materializará tras la compra anunciada ayer de Asklepios (ASK). Esta compañía norteamericana, junto al fondo de capital riesgo español Columbus, constituyeron en 2017 la ‘joint venture’ Viralgen, con una participación del 50% cada uno. El objetivo era poner en marcha un laboratorio en una planta situada en uno de los edificios existentes en Miramón. El éxito de la iniciativa llevó a la sociedad a decidir en 2019 la construcción de un complejo de laboratorios propios también en Miramon, cuyas obras se iniciaron en enero.

La preocupación se ha instalado desde hace meses en los comités de estas compañías y ayer representantes sindicales de Alestis y Aernnova lo pusieron en conocimiento de los responsables de Industria del Gobierno vasco. «Nos han escuchado y hemos vistos disposición, pero necesitamos implicación y mucho más que buenas intenciones», señaló César Gómez, presidente del comité de Alestis, donde esta semana finaliza el periodo para negociar el ERE «y se puede ir a la calle la mitad de la plantilla». La pandemia del Covid-19 ha sumido al sector aeronáutico en una grave crisis «pero es algo coyuntural, que se irá recuperando a medida que la crisis sanitaria y económica remita. Por eso es necesario tener un plan industrial a corto, medio y largo plazo que nos permita estar preparados de la mejor manera posible para salir de esta situación», añadió Gómez.

«Estamos al borde de tener que parar. No nos llegan las chapas de acero del almacén que está a solo un kilómetro porque a los camiones apenas se les deja trabajar. Y tenemos un barco en el muelle desde hace más de una semana». Es la situación en la que se encuentra el fabricante de torres eólicas Haizea Wind por la huelga de los estibadores en el Puerto de Bilbao, según explica a EL CORREO su consejero delegado, Borja Zarraga. Al igual que las dificultades que reconoció la semana pasada la ACB de Sestao para enviar a los clientes su producto, son ejemplos que muestran el grave impacto en la industria de los paros de los trabajadores portuarios, que esta semana han iniciado una segunda ronda tras una primera etapa de 16 días de bloqueo.

El grupo vasco Dominion acaba de potenciar su cartera de servicios con la adquisición de la ‘startup’ Famaex, joven empresa creada en 2016 y que opera a través de su plataforma tecnológica en el segmento de mantenimiento y reparación de edificios. El equipo gestor y los fundadores de Famaex, encabezados por Jorge Prat, seguirán en la compañía. El planteamiento de los promotores de esta joven firma era convertirse en «el Uber o Cabify» de los arreglos y mejoras de edificios de una forma rápida y sencilla, sin tener que esperar o contratar con las grandes compañías. A través de un click, a cualquier hora y desde cualquier lugar, se puede solicitar y programar servicios de fontanería, electricidad, cerrajería, etc. El ámbito de negocio en el que se mueve esta actividad ronda los 50.000 millones de euros anuales, según datos de IFMA España y que refleja Dominion en su comunicación.

La negociación en torno a los Presupuestos Generales del Estado ya ha comenzado, antes incluso de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dé a conocer hoy los detalles de su propuesta, que luego deberá discurrir por los vericuetos parlamentarios hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En la vertiente fiscal y en esos contactos previos, el PNV ya ha manifestado algunas discrepancias e incluso parece que ha conseguido que el Gobierno central renuncie a dos aumentos de la presión fiscal: la imposición de un 21% de IVA en la educación y en la sanidad privadas. Pero esto no contenta a los nacionalistas vascos, que reclaman también la renuncia a incrementar el IVA, del 10% actual al 21%, en las bebidas azucaradas. Una decisión que, apuntan, puede tener consecuencias negativas para la actividad económica en Euskadi.

Los salarios de los empleados públicos subirán un 0,9% en 2021. Así lo recogerá el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que previsiblemente se aprobará hoy en Consejo de Ministros. Es lo que les transmitió el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a los sindicatos más representativos de los funcionarios en la preceptiva reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas celebrada ayer. Una medida que podría afectar a unas 135.000 personas vinculadas al sector público en Euskadi. El Ejecutivo vasco deberá estudiar su impacto. Fuentes del Departamento Gobernanza Pública y Autogobierno, que dirige Olatz Garamendi, ayer no se posicionaron sobre la decisión de Madrid a la espera de estudiar sus implicaciones. La política retributiva del Gobierno vasco este año 2020, en línea con el marco de la ley general, aplicó una subida salarial a sus cerca de 80.000 trabajadores del 2% y otro 2% en la aportación a Itzarri, la EPSV de empleo del Ejecutivo. Esto supuso un incremento anual de 83 millones en los gastos de personal.

El proyecto lo lidera el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que siempre se ha mostrado un firme admirador del modelo complementario de pensiones británico y el sistema de planes de empleo guipuzcoano, que ha conseguido que un alto porcentaje de trabajadores cuenten así con una pensión a añadir a la pública. Su objetivo es elevar el porcentaje de empleados cubiertos por un plan de pensiones de empresa. En la actualidad, ni siquiera uno de cada diez trabajadores cuenta con este plan de pensiones (menos de dos millones). En Gipuzkoa, por el contrario, alrededor del 70% de los trabajadores tienen un plan de empleo con el modelo de la entidad Geroa Pentsioak, gracias a una fórmula inspirada en el sector del metal. En el caso de Euskadi, la reforma fiscal está congelada y no se esperan cambios a corto plazo, ya que el compromiso asumido por PNV y PSE es realizar un análisis a finales de este año, para plantear los cambios a lo largo de 2021. Así, no sería hasta el ejercicio de 2022 cuando entrarían en vigor las nuevas medidas. En el caso de los planes de pensiones la filosofía expuesta por el consejero Azpiazu coincide con la idea que quiere plasmar el Gobierno central. Esto es, una reducción de las exenciones fiscales en los planes privados para incrementar los de empleo.

Las comunidades autónomas tendrán un papel central en Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que se pondrá en marcha con las ayudas europeas. Así lo anticipó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los responsables de las distintas autonomías durante la XXIII Conferencia de Presidentes, a los que anunció que las comunidades ejecutarán directamente “más del 50% de los proyectos” y los fondos con los que el Ejecutivo aspira a lograr que el país salga de la crisis del coronavirus más fuerte de lo que entró en ella.

Santander prepara el primer ERE de un banco español como consecuencia de la pandemia. La entidad ya ha avanzado a los sindicatos que habrá un ajuste de empleo por motivos económicos que afectará a 3.000 de los 27.261 trabajadores que tiene en España, según fuentes cercanas al proceso. El impacto del Covid en la economía y en el negocio bancario, por un lado, así como el crecimiento exponencial que ha registrado durante la pandemia el uso de los canales digitales del banco justifican el recorte de la estructura de personal de la entidad. La propia Ana Botín señaló hace unos meses, en uno de sus encuentros virtuales con la plantilla, que Santander ha avanzado cinco años de golpe en el ámbito digital gracias al cambio de hábitos provocados por el Covid.

La economía global se enfrenta a la que, muy probablemente, será la mayor crisis en los últimos 75 años. Lo que en un principio parecía una crisis muy profunda pero muy breve se antoja ahora una muy profunda, pero de consecuencias muy duraderas, ya que es muy posible que el PIB y el empleo anteriores al coronavirus no se recuperen hasta al menos dentro de varios años. Y, lo que es peor, el colapso de 2020 dejará “cicatrices hasta bien entrado el medio plazo”, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), especialmente en los países de bajos ingresos, que cuentan con un menor colchón de protección social. Sin embargo, la situación también es muy grave en algunas economías desarrolladas, como España, dado que el país sufrirá la mayor caída económica del mundo, según los cálculos del Fondo.

Insultos, manifestaciones y llamadas a boicotear los productos franceses han sido la respuesta de varios países de mayoría musulmana a las medidas contra el islamismo anunciadas por el presidente Emmanuel Macron tras el asesinato del profesor Samuel Paty, decapitado por un joven musulmán radicalizado. Quienes promueven la campaña, con el presidente turco a la cabeza, acusan a Macron de “islamófobo” y de atacar a los creyentes musulmanes. La movilización evidencia una división profunda en el mundo islámico sobre el peso de la religión en la política. Turquía encabeza una campaña contra los productos franceses en respuesta al Elíseo.