20201019

Entrevista con Pedro Ensunza, ex presidente de IMQ. Una corriente interna ha tomado el control del consejo del Igualatorio Médico Quirúrgico y lleva la compañía hacia una controvertida liberalización del accionariado que podría quitar a los médicos el control. En el camino, han "aplicado el rodillo" para dejar fuera de la compañía a activos como Pedro Ensunza. "Hay una pugna por el poder en el consejo de administración. Hay dos sectores, y uno apuesta por continuar con este modelo de propiedad de los médicos, que ha durado 86 años y, además, se ve en los últimos 20 cómo ha evolucionado la sociedad. De ser una compañía que estaba prácticamente en quiebra técnica, ahora es una sociedad con una fortaleza económica, un prestigio, una implantación en el país muy importante. Es una de las empresas más importantes que tenemos en Euskadi... Hemos convivido durante estos años, pero a raíz de que un grupo pequeño de accionistas ha planteado que quiere salir del accionariado y vender al mejor postor, se ha generado este revuelo...Luego dentro del consejo se fue creando una corriente. Se reunía un grupo de consejeros de una forma un tanto oscurantista, sin convocar al resto de consejeros y al presidente. Y siguieron una hoja de ruta perfectamente trazada por el artífice de todo este lío, que es la banca de inversión Arcano". 

El Gobierno solo reclamará a corto plazo el dinero comunitario a fondo perdido. “Es un gran acuerdo: logramos 140.000 millones para España, 72.700 en transferencias”, anunció el presidente Pedro Sánchez tras la cumbre en Bruselas de julio, en la que se pactó un bazuca de 750.000 millones para sacar a la economía europea del coma inducido por la covid. El Gobierno español confía en el maná europeo para aprobar un Presupuesto ultra-expansivo que aclare el lúgubre panorama y alargue el horizonte de la legislatura. Pero finalmente es muy probable que España nunca alcance la cifra de 140.000 millones. El Ejecutivo renuncia a casi la mitad de esa cifra por ahora, confirman fuentes de La Moncloa y de Economía: reclama las ayudas directas a fondo perdido, pero no pedirá —al menos a la corta— los casi 70.000 millones en préstamos.

Más de 300.000 trabajadores se quedarán en paro entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre al decaer el compromiso de empleo de seis meses al que estaban obligadas las empresas que se acogieron a los primeros ERTE por la pandemia, según cálculos del presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago. “Prevemos que haya una gran cantidad de despidos en los próximos meses porque está empezando a decaer ese compromiso, abriéndose la veda del despido”, afirma Santiago, que indica además que un porcentaje elevado de los trabajadores que se irán al paro hasta fin de año se debe al vencimiento de dicha limitación jurídica y otro porcentaje obedece a que la última prórroga de los ERTE no mantuvo las exenciones para todas las empresas que ya se encontraban en un procedimiento de fuerza mayor, sino sólo a las de determinados sectores. Estos más de 300.000 trabajadores que pasarán a engrosar las listas del desempleo hasta final de año, incluyen 150.000 empleados a cargo de trabajadores por cuenta propia, ya que, según Santiago, “por cada dos autónomos que caen, se destruye un puesto de trabajo” y la previsión es que desaparezcan hasta 300.000 negocios.

En el equipo de la decana María Emilia Adán se temían que afloraría ya en enero uno de los estragos de la crisis, pero se ha adelantado de forma muy preocupante. Se trata de los concursos de acreedores que es cuando las empresas oficializan que suspenden pagos, porque no resisten más y no ven ya mejor opción que intentar esta vía de evitar la liquidación. El último dato que acaban de cerrar, correspondiente a septiembre es desolador. Según confirma a EL MUNDO el vicedecano y portavoz del Colegio de Registradores, José Miguel Tabarés, la inscripción en los registros mercantiles de los concursos de acreedores se ha disparado un 55%. «Es preocupante. Cuesta recordar una subida así y nos ha sorprendido porque el Real Decreto 16/2020, de 28 de abril, dio un alivio y amplió los plazos para presentar concurso voluntario hasta el 31 de diciembre de este año e impedía también la presentación de concurso necesario hasta esa fecha. No creíamos que veríamos antes de enero lo que estamos viendo ya».

Entrevista con Fernando Cabos Socio de Imap Albia Capital. El Covid no sólo ha traído una crisis: ha acelerado una serie de tendencias de fondo y cambiado radicalmente los mercados y el contexto competitivo de las empresas. Toca mirar hacia dentro y hacia fuera, y tomar decisiones. El economista y actuario Fernando Cabos –socio fundador allá por 2004 de Albia Capital, que en 2017 se integró en el grupo internacional Imap– es uno de ‘top tres’ en fusiones y adquisiciones en España. Considera que las empresas –sean del sector que sean– deben analizar su posición con realismo y anticiparse a los cambios. En esta crisis ve prioritario «preservar la caja», la liquidez, ajustar los gastos a los ingresos reales y, después, analizar si se tiene el proyecto y el tamaño necesarios para competir y asumir liderazgos para hacer los cambios. Ante una economía anestesiada con los créditos blandos y los ERTE, anima a la empresas a trazar nuevas rutas y a ejecutarlas. 

Tras más de dos años de pugna judicial en distintos tribunales sobre qué tipo de trabajadores son los riders, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a los agentes sociales el próximo miércoles para fijar definitivamente el modelo laboral de las plataformas digitales. Partidaria declarada de regular de la manera más ortodoxa a empresas que se definen como heterodoxas, tiene la oportunidad de resolver un problema heredado de sus antecesoras. Cuenta desde septiembre con el aval del Tribunal Supremo, que ha dictado que los repartidores o riders, alrededor de 15.000 en España, son personal laboral y no trabajadores autónomos. Compañías de logística y plataformas digitales chocan en el seno de la CEOE por este nuevo modelo laboral. 

Las empresas vascas están recuperando poco a poco, sin prisa pero sin pausa, el modo presencial. Lo hacen, eso sí, cumpliendo con las todas las medidas de seguridad. La toma de temperatura, las mascarillas, los geles hidroalcohólicos y la distancia de seguridad se han convertido en el pan nuestro de cada día. Forman parte de la rutina laboral al igual que las llamadas de teléfono, las reuniones y los desplazamientos en la carretera. Con todo, el teletrabajo, que antes de la llegada del Covid se practicaba de manera residual en Euskadi y en el resto del Estado –apenas un 4%–, registró un impulso significativo durante el confinamiento y su uso se disparó hasta el 50% de la masa laboral estatal, unos 10 millones de personas. En este sentido, un informe reciente presentado por la consultora Randstad cifra en 113.000 el número de vascos que teletrabajan de forma habitual. GRADUADOS SOCIALES «La comunicación no verbal representa un 80% y la instantánea se pierde si no vamos a la oficina». «El retorno a las empresas está siendo satisfactorio, porque se cumplen los protocolos de seguridad». 

Uno de los sectores que se ha visto más dañado y perjudicado en esta pandemia global es el de los productores locales. Aunque la mayoría se sumó al comercio digital y su ingenio hizo que se convirtieran en uno de los colectivos protagonistas en la lucha contra el coronavirus –fueron claves en el abastecimiento de la población confinada–, su situación continúa siendo aún «mala». La mayoría de los productores locales se han sumado al comercio digital, pero la cancelación de ferias «nos ha hecho mucho daño». 

El último informe estadístico sobre siniestralidad laboral que dio a conocer el Ministerio de Trabajo el pasado martes, y que recoge el cómputo general de accidentes registrados entre los meses de enero y agosto de 2020, arrojó un dato tan sorprendente como desgarrador en comparación con el mismo periodo del año anterior. A pesar de que un virus microscópico ha desencadenado la mayor crisis económica de la historia de España tras la paralización sufrida por todos los sectores no esenciales durante el confinamiento, y que tras la desescalada sigue condicionando a la gran mayoría de empresas y trabajadores, el número de accidentes mortales se incrementó en los primeros ocho meses de este año en 34 fallecimientos: de 437 a 471.

Un 16% de los nuevos pensionistas elige abandonar su trabajo antes de los 65, el doble que en 2013, mientras otro 12% se ve obligado. Jubilarse antes de la edad legal tendrá una penalización mayor a la que ya existe en la actualidad. Así lo avanzó recientemente el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. El gran reto que tiene es alargar la edad de jubilación efectiva, en la actualidad 64,6 años, y aproximarla a la edad legal (65 años y diez meses), con el objetivo de que no se dispare el gasto en pensiones, ya que el sistema tiene un déficit que este año superará los 45.000 millones a consecuencia de la pandemia. El Pacto de Toledo prevé cerrar este viernes sus recomendaciones y votarlas ya en comisión el 27 de octubre. 

No se pueden poner todos los huevos en la misma cesta, y España los tiene todos en las pensiones públicas. El índice global Melbourne Mercer analiza los sistemas de pensiones de 37 países en los que viven dos tercios de la población mundial. Se trata de un análisis de 40 indicadores que reflejan las bondades o defectos de los sistemas en tres materias: suficiencia, sostenibilidad y gobernanza o gestión. España no salía bien parada en este ranking en 2019 –sobre todo en cuanto a la sostenibilidad financiera de su sistema público de pensiones–. Los datos de este indicador correspondientes a 2020 se conocerán mañana y todo apunta a que la ausencia de reformas ha impedido la mejora de esta cuestión. Uno de los autores de este ranking es el socio sénior y experto en pensiones de Mercer David Knox, quien conoce los problemas del sistema español y urge a solucionarlos a través de una reforma que considera urgente y que, en cualquier caso, debe contar con un respaldo político para que sea eficaz, opina.

Las empresas del Ibex destinan un porcentaje mayor de su beneficio antes de impuestos al pago y recaudación de impuestos (56%) que sus comparables británicos y europeos. El informe The 100 Groupde Reino Unido muestra una contribución tributaria del 45%; el European Business Tax Forum, del 28%. La contribución realizada por el Ibex 35 representa un 13% de la recaudación de la Agencia Tributaria y de las cotizaciones a la Seguridad Social en 2019. Dicho porcentaje es 4,5 puntos superior al peso que tiene el Ibex 35 en la producción nacional, que de acuerdo con el estudio, representa el 8,5%. Los impuestos soportados por el Ibex, que suponen 15.422 millones de euros, son aquellos que han supuesto un coste efectivo para las empresas, como por ejemplo los impuestos sobre beneficios, las contribuciones a la Seguridad Social, o determinados impuestos medioambientales. La principal partida dentro de los impuestos sobre beneficios soportados corresponde al Impuesto sobre Sociedades, que representa un 89% de total, 3.071 millones. Esta cuantía supone más del 12% de la recaudación total del impuesto. Aunque el estudio quiere huir de método habitual de centrarse en el Impuesto sobre Sociedades, cabe reseñar que obtiene un tipo efectivo de Sociedades del 20%, cinco puntos por encima del tipo mínimo efectivo que proyecta imponer Hacienda.

Patronales y asociaciones empresariales británicas de todo tipo han salido en bloque contra la idea del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, de romper las negociaciones con la UE sobre el Brexit. A su juicio, esa actitud pone en riesgo al 80% de la economía del país. El conservador Johnson se enfrenta así, por primera vez, a una rebelión empresarial masiva dentro de Reino Unido contra su estrategia de negociación áspera y sin cesiones frente a la UE. Reino Unido y la Comisión negocian desde hace meses, sin éxito, el marco de relaciones que debe regir entre ambas partes a partir del 1 de enero. El tiempo se agota y los nervios están a flor de piel. En esa fecha, acaba el periodo transitorio que se dieron ambos para realizar una transición ordenada tras el Brexit, la salida de Reino Unido de la UE. Si no hay acuerdo, el posBrexit será caótico, con una incertidumbre total en las relaciones económicas y un impacto muy duro en todos los negocios, a añadir a la ya de por sí penosa situación provocada por el Covid. En un manifiesto conjunto, los empresarios hacen un llamamiento a “los políticos de ambos lados” para que “establezcan un camino hacia un acuerdo”.

Todo ocurrió en poco tiempo: unas horas en las que un terrorista decapitó a un profesor que hablaba a sus alumnos de la libertad de expresión y la entrada en vigor del toque de queda en París y otras ocho grandes ciudades francesas. Al presidente Emmanuel Macron, le habría gustado dedicar el otoño a sacar el país de la recesión. No ha sido posible. Ya sabía que el virus podía regresar y que las fracturas eran profundas. La realidad de la segunda ola de la pandemia y la amenaza del islamismo radical se han acabado por imponer. Hoy, Francia es un país en tensión y los franceses, un pueblo que busca protección. Un fin de semana puede ofrecer una fotografía de un país: sus dudas y sus miedos; sus demonios y sus héroes. Y sus paradojas. Como explicaba ayer el editorialista del rotativo Le Journal du dimanche, Francia se mueve estos días entre la unión nacional y la distancia social.

Euskadi mantiene unas elevadas cifras de nuevos contagios. El Departamento de Salud notificó ayer la detección de 743 nuevos casos durante el sábado, primera jornada en la que se comenzaron a utilizar los nuevos test de antígenos de forma conjunta con las PCR. Gracias a esta nueva técnica, más rápida, Osakidetza pudo hacer más pruebas. 12.122 analíticas, el récord hasta la fecha. La tasa de positividad de los test fue del 6,1%, por encima, por noveno día consecutivo, del 5%, límite que fija la OMS a partir del cual comienza a haber una transmisión comunitaria elevada.

 El Gobierno vasco ha articulado un nuevo paquete de restricciones con las que confía en poder frenar la expansión de virus. Unas limitaciones que, si no hay novedades judiciales, entrarán en vigor en los próximos días una vez sean publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco. Pero tardarán un tiempo en traducirse en un descenso de los contagios. Y eso siempre que tengan el efecto deseado. Algo que no se logrará, reiteran fuentes acreditadas, «si no hay un cambio en los comportamientos de la sociedad».

Las nuevas medidas restrictivas para frenar el avance del coronavirus en Euskadi acordadas en el seno del Consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) el pasado sábado no entrarán en vigor hoy. Y tampoco se prevé que lo hagan ni mañana, ni pasado. La premisa que se ha marcado el Ejecutivo vasco de que la nueva orden en la que se recogen las limitaciones del nivel 4 del plan ‘Bizi Berri II’ cuente con un aval jurídico implica que los plazos hasta su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y su entrada en vigor efectiva se alargue más que otras ocasiones. Si se cumplen los plazos, las medidas no entrarán en vigor antes de este viernes, una vez el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) complete las 72 horas que la ley le permite para dar su ‘veredicto’. El asunto a debate es la limitación de un derecho fundamental como es el derecho de reunión, si finalmente el Gobierno Vasco pasa de la mera recomendación a la obligación en la orden que debe elevar a instancias judiciales.