20200921

El sector siderúrgico vasco no atraviesa por sus mejores momentos. Euskadi sólo produce el 21% del acero del Estado español cuando en 2007, antes de la anterior crisis económica, las acerías vascas elaboraban el 40%, con más de 7 millones de toneladas, cifra que el pasado año se redujo a algo menos de 3 millones de toneladas. Pero dentro de esta evolución en estos momentos hay un cara y cruz: Arcelor Mittal ha reabierto la planta de ACB Sestao mientras Sidenor, –curiosamente la única empresa siderúrgica vasca que ha superado los niveles productivos de 2007–, ha puesto encima de la mesa un ERTE hasta finales de 2021 por la caída de la demanda esperada. Como se recordará la planta de ACB se está especializando en determinados tipos de productos de mayor valor añadido como aceros al boro, de gran dureza, para series pequeñas de equipos de corte o maquinaria agrícola. Y frente a esa relativa buena noticia, la dirección de Sidenor ha expuesto esta pasada semana a los representantes sindicales el expediente de suspensión de empleo temporal, ERTE, con una reducción de la actividad del orden del 38%, que quiere poner en marcha hasta finales de 2021 para paliar el descenso en la demanda de acero.

Todo se desató el 8 de septiembre cuando el titular de Seguridad Social dijo que el Gobierno iba a actuar para que prejubilarse suponga un recorte de la pensión del 8% anual. Lo hizo, además, en un momento en el que las fusiones bancarias que han reinaugurado CaixaBank y Bankia auguran una avalancha de prejubilaciones, principalmente de rentas altas, en la actualidad las menos penalizadas. La edad real de jubilación aún está más de un año lejos de la edad legal –que alcanzará los 67 en 2027– y es preciso garantizar la sostenibilidad de un sistema que busca reinventarse porque cada año que se aumente la edad efectiva de jubilación, se pueden ahorrar hasta 1,2 puntos de PIB. Aunque otra ministra, la de Trabajo –Yolanda Díaz, de Unidas Podemos–, se apresuró a mostrar una postura contraria a prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación, la caja de los truenos ya estaba abierta: en resumen, se creyó mucho más a Escrivá que a Díaz.

El ministro Escrivá quiere modificar también las ventajas asociadas a los planes de pensiones individuales para desplazarlas hacia los planes colectivos de empresa (denominados de empleo). A su juicio, suponen mucho gasto para las arcas públicas y no cumplen su propósito de incentivar el ahorro a largo plazo, además que en su opinión únicamente se benefician de ellos las rentas más altas. En Euskadi la normativa es propia y las diputaciones son muy celosas de sus competencias, pero siempre se mira con mucha atención lo que hace el Estado. La gran hucha de los vascos se llama EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria), que a finales del pasado año ya atesoraban un patrimonio de casi 25.939 millones de euros, lo que equivale al 32% del PIB de la comunidad. El ahorro para complementar las pensiones está muy generalizado en el País Vasco por una histórica cultura proclive a ello y por la existencia de una regulación específica desde 1983, que incentiva fiscalmente este tipo de ahorro.

Septiembre encara ya su recta final y la semana que comienza hoy es clave para desatascar dos temas que al Gobierno le urge aprobar: la nueva prórroga de los ERTE y la ley que regulará el teletrabajo. Mientras las negociaciones para fijar las condiciones de las suspensiones del empleo a partir de octubre están atascadas, ya que UGT y la patronal CEOE se niegan a apoyar unas ayudas focalizadas por sectores y que mantienen las bonificaciones en las cuotas de los trabajadores que se reincorporan, la nueva ley del trabajo a distancia está ya muy cerca del acuerdo.

Díaz se escuda en el empeoramiento de las previsiones económicas para tramitar por vía urgente una ley que iba a debatirse en el Congreso. La norma está lista para entrar mañana en Consejo de Ministros con o sin apoyo empresarial. La ley impulsada por el Gobierno establece que las empresas que no dispongan ya de un acuerdo de trabajo a distancia deberán ponerse ya a ello con sus empleados, si las condiciones de la tarea que desarrollan lo permiten. Eso sí, cuando la implantación del trabajo sea algo excepcional forzado por la pandemia, como sucedió entre los pasados meses de marzo y junio, así como vuelve a suceder ahora en distintos puntos de España, la empresa estará eximida de alcanzar un acuerdo específico con los trabajadores que compute el tiempo mínimo presencial, la entrega de equipos o la compensación de los gastos. Precisamente hoy vence la recomendación realizada por el Gobierno el pasado mes de marzo para fomentar el teletrabajo como vía para salvar la actividad laboral durante la pandemia.

La recuperación será muy irregular por sectores, países y clases sociales. Esas palabras, repetidas ya hasta la saciedad, ponen en cuestión la remontada de los optimistas, en ‘V’; la de los cautos, en forma de logotipo de Nike; la de los precavidos, que anticipaban una recaída o una ‘W’; y la de los pesimistas, que avisaban de una crisis perpetua en ‘L’. Ahora en la mente de los economistas se ha instalado otra letra del alfabeto: la ‘K’, que implica que una parte de la economía remontará (el palito de la letra que apunta hacia arriba), mientras que el resto continuará deteriorándose (el que apunta hacia abajo). Y ésa sería una dinámica que alcanzaría a todos los niveles: geográfico, sectorial y social.

El sector de la construcción naval en Euskadi está capeando mejor que bien los efectos de la crisis económica mundial generada por los efectos de la pandemia de coronavirus y en este complicado 2020 los tres astilleros privados vascos, –Zamakona, Balenciaga y Murueta– han logrado cinco nuevos contratos de buques con lo que tienen carga de trabajo para todo el ejercicio y casi seguro para todo el próximo 2021, según fuentes del sector naval vasco. Gracias a su flexibilidad, tecnología, capacidad de construir buques a medida del cliente y a la especialización en determinados nichos de mercado, –pesqueros, dragas, remolcadores especializados y barcos de apoyo a las plataformas marinas, fundamentalmente–, los astilleros vascos, tras un buen año 2019, están consiguiendo sortear un ejercicio especialmente complicado por los efectos negativos del covid 19 en la economía.

Está en la comarca del Goierri. Tiene casi 14.000 habitantes y se eleva 159 metros sobre el nivel del mar. Es Beasain, el municipio con la mayor renta media de Gipuzkoa –hay 88 entidades locales en el territorio–, tal y como se desprende de los últimos datos sobre declaraciones de IRPF publicadas por el departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación foral. Según esa toma, con datos de 2018 –dos años antes por tanto del impacto del Covid–, la renta media de la localidad del Goierri ascendió hasta los 30.943 euros, una cifra que supera en casi 5.000 –en concreto, 4.886 euros– a la media conjunta del territorio, que se situó en los 26.057 euros, 730 por encima del año anterior. El alcalde cree que la fortaleza de la industria es el factor más importante. No en vano, en este punto concreto del Goierri se ubica la empresa más grande del territorio, CAF, y varias más de calado como pueden ser, entre otros, Indar, Eun Group o Grúas Usabiaga.

Los Presupuestos Generales del Estado son los más complicados en casi una década, tanto por la aritmética parlamentaria como por la importancia de gastar bien los fondos europeos y de dar confianza a los inversores para relanzar el crecimiento. Todo ello, además, con el telón de fondo de la necesidad de poner las bases de ciertas reformas que permitan dar un impulso añadido al crecimiento y controlar el déficit para evitar que la avalancha de deuda amenace el largo plazo. Dicho de otra forma: España se juega en estas Cuentas su bienestar en la próxima década.

Entrevista con Luis Garicano, Vicepresidente del grupo liberal europeo Renew y miembro de Ciudadanos. Los fondos europeos aprobados el pasado mes de julio para combatir la pandemia entran en una fase clave con las negociaciones con el Parlamento Europeo. Garicano (Valladolid, 53 años) está en el equipo negociador. Y advierte del peligro de que España deje pasar una “oportunidad única” para modernizarse. “Hay que crear la figura de un comisario para gestionar el plan”. “España puede perder 20 años de convergencia en los próximos tres años”. "Los que piensan que el fondo comunitario es un cheque en blanco se equivocan. El dinero europeo se ha de gastar en prioridades europeas: la digitalización de la economía y la energía limpia. Y hay que reformar radicalmente el sistema de formación, la educación, la sanidad y la Administración pública. Y la industria verde". 

El pasado agosto el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó una propuesta de orden que fija la implantación de un nuevo mecanismo de respaldo al sistema eléctrico en situaciones de necesidad, denominado servicio de reserva estratégica de respuesta rápida, que sustituirá al servicio de interrumpibilidad. Un servicio ya desaparecido por el cual a los grandes consumidores se les podía cortar (o modular) el suministro eléctrico en el caso de necesitarlo el operador del sistema, REE, a cambio de un reducción de su factura. Según el proyecto de orden ministerial, cuyo plazo de alegaciones terminó el pasado viernes, el nuevo sistema consiste en la prestación por los proveedores del mismo de una reserva de potencia y de energía “a subir” que pueda ser activada de manera casi instantánea en respuesta a una solicitud del operador del sistema en caso de insuficiencia.

El fabricante británico de motores de avión Rolls-Royce anunció ayer que está negociando distintas opciones para lograr una inyección de capital de hasta 2.500 millones de libras (más de 2.700 millones de euros) en un intento de reforzar su balance y salir de la crisis que atraviesa. Todas las opciones, tanto de la fórmula para ese saneamiento como los candidatos para realizarlo, están abiertas. El anuncio se produce en pleno proceso de la venta de activos del grupo, entre ellos, el grupo vasco ITP Aero, del que Rolls-Royce es propietario al 100%. Las mismas fuentes explican que el proceso de venta de ITP se mantiene inalterado. Los responsables del fabricante de motores aeronáuticos británico explicaron ayer que el grupo está considerando “una variedad de opciones” para la inyección de capital, incluida una emisión de derechos, deuda, o ampliación de capital. “Continuamos analizando todas las opciones de financiación para mejorar la solidez del balance”, dijo el grupo en un comunicado.

Los reguladores no logran el ansiado aumento, señal de salud económica. La covid agudiza la dinámica que se arrastraba desde la Gran Depresión. “Ni nuestros pronósticos de inflación ni los del sector privado se han materializado (...) y otras economías avanzadas también han pasado apuros para cumplir sus objetivos en las últimas décadas”. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, terminó de poner, a finales de agosto, el dedo en la llaga sobre un problema que un buen número de bancos centrales tratan de combatir sin éxito desde hace tiempo: Estados Unidos y, sobre todo, la eurozona, llevan años entrampados en un callejón de difícil salida. La inflación no sube ni a tiros y las políticas monetarias ultraexpansivas, que tantos frutos han dado en otros frentes, han evitado la deflación en los momentos más crudos de la última crisis pero no han traído el aumento de precios que algunos pronosticaron. 

Mientras que el conjunto de España vive inmerso en un tercer periodo de repunte de fallecimientos, el País Vasco ha vuelto a la media de defunciones de los últimos años. Euskadi registró entre junio y julio unos 30 días con menos muertes que la media habitual. El impacto de la segunda ola en agosto y septiembre está permitiendo no aumentar las cifras de exceso de fallecidos en Euskadi y que el pico se quede en esos 1.500 decesos de más contabilizados entre el 15 de marzo y el 2 de mayo, pese a que hay jornadas sueltas en las que el número de defunciones sí ha superado la media de los últimos diez años. Un balance algo diferente al que se registra en buena parte del resto de comunidades y, en general, en el conjunto de España, donde el último informe Momo ya apunta a que estamos inmersos en un tercer periodo de exceso de fallecimientos que se inició el pasado día 8.

Miles de vecinos de las zonas de Madrid que a partir de hoy sufrirán nuevas restricciones se manifestaron ayer en diferentes zonas de la ciudad, y también en municipios del sur de la región, «contra los confinamientos segregadores». Además, reclamaron la dimisión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y en la concentración celebrada frente a la sede de la Asamblea de Madrid, situada en el barrio de Vallecas, la Policía Nacional amagó con intervenir para evitar incidentes. «¿Casualidad el confinamiento selectivo? No, desigualdad, inequidad y décadas de olvido. Quieres que me confine cuando regrese a mi casa después de atravesarme todo Madrid en un metro atestado para limpiar tus calles, para cuidar a tu padre enfermo o para servirte la comida», rezaba el texto. «Los barrios obreros no pagarán las consecuencias de su nefasta gestión», afirmaron.