20200917

Artículo del presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre: "Desde Confebask creemos que las prioridades para Euskadi de cara a los próximos meses deberían pasar, de una parte, por políticas de gasto público y endeudamiento extraordinario destinados a salvar empresas para salvar empleo. Ésa debería ser la prioridad. Resistir este año para reactivarse el que viene. Pero, además, deberíamos aprovechar esta situación para acometer una renovación y una transformación competitiva de Euskadi...Es decir, una agenda transformadora de país, que se apruebe entre todos, a través de amplios acuerdos interinstitucionales y sociales, y que, con la dotación de fondos extraordinarios, pueda impulsar la transformación de las principales áreas de nuestra economía... Es momento de colaborar y de ser solidarios con el enorme esfuerzo individual y colectivo que será necesario realizar para salir adelante. Nuestro compromiso como Confebask -y como empresa vasca- por el País, la inversión, la recuperación económica y del empleo, por el diálogo y el acuerdo que nos permita dejar atrás esta crisis, es claro y rotundo. Y lo demostramos día a día desde nuestras empresas". 

Ante la pregunta, el presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, no aludió directamente a las rebajas salariales, pero aseguró que es preferible adoptar medidas de «flexibilidad interna» en las empresas con problemas, a otras más «drásticas». «Si hay una situación grave de caída de ingresos en una empresa y hay que reducir los gastos, entre ellos los sociales, de alguna forma hay que hacerlo; y es mucho mejor hacerlo con medidas de flexibilidad interna», apuntó. Al mismo tiempo, advirtió de que «sin capacidad de llegar a acuerdos dentro de las empresas, habrá que adoptar medidas más graves», para lo que apeló a los sindicatos. «Ojalá que todos los agentes implicados actúen de forma flexible y responsable», señaló. Los sindicatos CC OO y UGT aceptaron el debate, aunque con matices. Raúl Arza, UGT Euskadi «Estamos abiertos a la bajada de los sueldos si se garantiza el 100% del empleo y más adelante se recupera lo perdido». Loli García, CC OO Euskadi «Rechazamos una rebaja salarial generalizada. Se debatirá en cada empresa, siempre que presenten un plan industrial de futuro». 

En sus casi 60 años de historia es la primera vez que la Bienal de Máquina Herramienta no levantará la persiana. La difícil movilidad de las empresas por los riesgos sanitarios y las bajas expectativas de ventas por la crisis mundial han obligado a posponer un certamen que ofrece el mejor escaparate a la industria vasca y proyecta internacionalmente a Euskadi, además de generar un impacto económico que ronda los 43 millones de euros gracias a los 42.000 visitantes que atrae, procedentes en la última edición de 2018 de más de 60 países. La próxima edición será a finales de mayo de 2022. El director del Bilbao Exhibition Centre, Xabier Basañez, relató ayer con pesar que la cancelación era algo que no había sucedido jamás, desde que este certamen se convocó por primera vez en el arranque de la década de los años 60.

Representan uno de cada seis empleados en regulación de empleo en el territorio, en el que la Hostelería y el Comercio se llevan la peor parte. Y aunque los registros han descendido de forma significativa desde los máximos alcanzados en mayo, en las próximas semanas se espera que vuelvan a incrementarse sobre todo en la hostelería con el fin de la temporada estival. En Euskadi, el listón más alto se alcanzó también en mayo al contabilizarse 112.618 trabajadores afectados por un ERTE. A partir de ahí y con la desescalada la cifra fue descendiendo de forma vertiginosa quedando en 64.712 en junio, en 31.190 en julio y en 22.716 a cierre de agosto, últimos datos de los que se disponen. Eibar y Bergara, entre las más afectadas por población activa. Entre estas ‘grandes’ la que cuenta con un mayor porcentaje de empleados en ERTE sobre su población activa es Bergara, con el 2,52%. Eibar, se sitúa con el 2,49%. El resto de los municipios más significativos tienen tasas por debajo de los dos puntos. 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró ayer que el coste que los ERTE están teniendo para las arcas públicas “es muy inferior” a lo que dice el Gobierno, cuya portavoz, María Jesús Montero, lo ha cifrado en entre 4.500 y 5.000 millones de euros mensuales. Así lo destacó ayer durante la inauguración de la Junta Directiva de la patronal antes de que interviniera el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, como invitado. Garamendi mostró que “tiene dudas de que los datos que transmite la Seguridad Social sean reales. Los hemos pedido y no nos los dan”, en referencia al martes en que los pidió y obtuvo la citada respuesta de Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ésta subrayó que “a finales de año será una cantidad muy importante”. El presidente de la CEOE considera indispensable para seguir negociando la prórroga de los ERTE conocer cuánto gasta el Estado en exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y cuánto en prestaciones de sus trabajadores. “Somos conscientes de que el dato del coste de los ERTE es muy inferior al que se está publicando”. 

Las negociaciones para el alargue de los ERTE por el golpe del coronavirus —caducan el 30 de septiembre— siguen en punto muerto. Ayer se volvieron a reunir el Gobierno y los agentes sociales, aunque no consiguieron limar asperezas. El mayor punto de discordia está en los incentivos por recuperar antes a los trabajadores, que sindicatos y patronal consideran que no son efectivos, y en si los ERTE deben proteger a todas las empresas o solo a las de los sectores más afectados. La patronal CEOE defiende que sea para todos, algo que no gusta en la industria turística que presiona para que se centre en los que más golpeados, como el turismo. Durante la jornada hubo muchas llamadas cruzadas entre organizaciones, compañías turísticas y lobbies del sector. La patronal se distancia del Gobierno, al que acusa de ocultarle datos. 

El grupo ITP Aero, controlado por la multinacional británica Rolls Royce, concretó ayer la amplitud del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pretende aplicar en la primera de sus sociedades, ITP SAU, que incluye a la principal planta productiva del grupo, la vizcaína de Zamudio –que además alberga la dirección general y la sede social–, así como las madrileñas de Ajalvir y Alcobendas. En total, el ERE proyectado para esta sociedad plantea la salida de 319 trabajadores, de los cuales 194 corresponden a Zamudio. Afecta a taller y a ingenieros. 

Según explicó el comité, la propuesta de la dirección va en la línea de «hacer recortes salariales». El paquete de medidas incluye la amortización de 26 puestos, que corresponden a las vacantes que dejarían los próximos contratos relevo y a la subcontratación del servicio médico. A esas se añadirían las bajas voluntarias. Otras son la congelación salarial pese a la subida recogida en el convenio, el aumento de la jornada laboral y la reducción de otros beneficios sociales. Los sindicatos mostraron su malestar e hizo ayer un llamamiento a secundar la huelga de 24 horas que ha convocado para hoy en las plantas de Llodio y Amurrio y a participar en la marcha y la manifestación que se celebrarán por la tarde. Lo hizo tras el tercer encuentro con la dirección para reducir el gasto de las dos plantas en 10 millones de euros, como propuso la empresa en julio. 

Bridgestone anunció ayer el cierre de su fábrica de Béthune, en el norte de Francia, con 863 empleados, debido a la complicada situación del mercado europeo. El fabricante japonés de neumáticos enmarcó esta decisión en la necesidad de reducir su “exceso de capacidad de producción y de mejorar su eficiencia” financiera, en un mercado que ya afrontaba una “situación muy adversa” antes incluso de la pandemia de coronavirus. Entre las otras fábricas que la empresa tiene en Europa, destacan las de España, situadas en Puente San Miguel (Cantabria), Burgos, Basauri y Usansolo (Bizkaia). La firma asiática indicó que la de Béthune es la menos competitiva y la peor posicionada.

El Palacio Euskalduna ha sufrido un batacazo por la suspensión de la mayor parte de espectáculos y congresos programados para estos últimos meses. «Ha sufrido una caída de los ingresos debida a la parada de la actividad», reconoció ayer el diputado foral de Hacienda de Bizkaia José María Iruarrizaga ante la comisión de Hacienda. Ante esta situación, el responsable de las finanzas de la Diputación propuso «un endeudamiento que pueda destinarse a gastos diferentes a la inversión». Es decir, dinero para afrontar los gastos corrientes del Euskalduna. El palacio ya había recurrido en ocasiones anteriores a créditos pero siempre para inversiones, como la ampliación y reformas de sus espacios. Ahora, concretamente necesita «cuatro millones de euros», según una estimación del propio complejo, que Iruarrizaga confió en amortizar «en dos o tres años». 

Las espadas siguen en alto en la negociación del convenio del Metal de Gipuzkoa, aunque ayer se volvieron a enfundar para seguir apostando por el diálogo. La quinta reunión entre los sindicatos y Adegi se atascó en tres cuestiones que, según señaló Unai Martínez (ELA), son esenciales: el mantenimiento de la estabilidad del empleo en las subcontratas, la precariedad y la igualdad de género. Pero no todo es negativo. A su vez, Martínez destacó que en el tema salarial Adegi asume una subida del 8,8% para el periodo 2012-2019, años en los que no hubo incrementos. La patronal ofrece para 2020, 2021, 2022 y 2023 la subida del IPC para cada uno de ellos, en tanto que la propuesta de ELA se limita a 2020 y 2021, y una subida del IPC +2,5% para cada año. Martínez considera que esta diferencia no es insalvable si la patronal asume el resto de los planteamientos.

El sector vasco del Mueble firmó en 2019 un ejercicio memorable y arrancó 2020 con el viento a favor, pero la pandemia desinfló las velas, aunque no tanto como para dejar el barco parado en calma chicha. Por lo que respecta a 2021, el sector espera un repunte, pero condicionado por múltiples factores, entre ellos el desplome del sector hotelero y hostelero, uno de sus principales clientes. El buen arranque de 2020, con una potente entrada de pedidos, ha permitido aguantar relativamente bien. Las ferias internacionales organizadas antes de la pandemia fueron un revulsivo. De esta manera, según la encuesta de coyuntura realizada por Habic a sus asociados, la firma de contratos entre marzo y agosto fue en el 70% de las empresas entre un 5% y un 20% menor que el mismo periodo de 2019. Entre septiembre y final de año, el 60% espera una similar caída en los contratos. Por lo que se refiere a la facturación, el 84% de las encuestadas prevé cerrar el ejercicio con una bajada de entre un 5% y un 20% en comparación con el año pasado.

Tras el espejismo que supuso el fin del confinamiento en junio, la situación y perspectivas de la economía han vuelto a empeorar ante el avance implacable de la pandemia. Así se desprende de la actualización de las proyecciones macroeconómicas hecha pública ayer por el Banco de España, que prevé una “contracción muy severa del PIB” este año, de entre el 10,5% y el 12,6%, dependiendo de la intensidad de los rebrotes del Covid-19, de las medidas de contención que se adopten para combatirlos y de su impacto sobre la actividad. Estas cifras suponen un claro empeoramiento respecto a los pronósticos de junio, cuando el supervisor preveía un descenso del PIB de hasta el 11,6% en el escenario adverso, y son coherentes con la fuerte caída prevista para el consumo privado, de hasta el 13,1% este año y un repunte moderado en 2021 y 2022, del 5,5% y el 3,2%, respectivamente, prácticamente la mitad de lo augurado antes del verano. Todo ello en un contexto en el que, como constató ayer el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, la incipiente recuperación que comenzó con la desescalada ha ido perdiendo intensidad. 

El martes por la noche la ministra de Economía, Nadia Calviño, y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, cerraron los flecos que quedaban pendientes para poder convocar a los consejos de administración de CaixaBank y de Bankia para aprobar su fusión, operación que dará lugar al mayor banco de España. Pero antes, las dos partes remitieron ayer a la comisión rectora del FROB la documentación de la integración. El FROB es el principal accionista de Bankia, con el 61,8% de su capital.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, consideró ayer “probablemente inevitable” el proceso de consolidación bancaria si se quiere mantener la solvencia y la capacidad del sector financiero de afrontar el futuro. La consolidación bancaria en Europa “es probablemente inevitable si queremos seguir contando con entidades que mantengan esa solvencia y que puedan afrontar con solidez los retos del futuro y muy particularmente la digitalización”, apuntó en un encuentro de AmChamSpain online al ser preguntada por la fusión de CaixaBank y Bankia. La vicepresidenta admitió que el sector en España ha acometido un proceso de concentración “muy intenso en los últimos diez años” y, gracias a él, “hoy tenemos entidades solventes, sólidas, con balances saneados”. 

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) hizo público ayer el nombramiento de Uriarte como asesora de Lehendakaritza. Fuentes del Ejecutivo autonómico precisaron que será comisionada de innovación, una tarea estrechamente vinculada «a las universidades y al programa Ikerbasque de atracción de talentos» que ya gestionó durante sus ocho años al frente de la cartera de Educación. En concreto, reforzará y coordinará el plan de ciencia y tecnología, una responsabilidad directamente dependiente del lehendakari y no de una consejería en particular. Uriarte ha aceptado esta responsabilidad tras el ofrecimiento que le hizo personalmente Urkullu una vez que decidió sustituirla por Jokin Bildarratz. 

La segunda ola del coronavirus se repliega en Euskadi tras alcanzar su pico la última semana de agosto, según confirmó ayer el coordinador del programa de vigilancia y control del Departamento de Salud del Gobierno vasco, Ignacio Garitano. El responsable sanitario, el primero que compareció tras dos semanas sin ruedas de prensa por el relevo en la consejería de Salud, aclaró ayer que la situación «está mejorando bastante» y confirmó que la epidemia, que comenzó a expandirse el 6 de julio, está en retroceso. «Está todo lo controlada que puede estar» en un contexto en el que no existen vacunas ni un confinamiento generalizado, precisó. Ahora mismo hay unas 12.000 personas aisladas en Euskadi y unos 4.000 casos activos, y más de la mitad son asintomáticos.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid sembró ayer el caos en la región al anunciar, primero, que el fin de semana confinará las zonas más afectadas por el coronavirus, y aclarar, después, que esa decisión no está tomada. El anuncio dejó a cientos de miles de ciudadanos con la duda de si podrán desplazarse próximamente a trabajar y estudiar, o a llevar a sus hijos al colegio, espoleando una huida preventiva de los barrios potencialmente afectados antes de que la medida entre en vigor. Con la decisión pendiente de un Consejo de Gobierno extraordinario que se celebrará, probablemente, hoy o mañana, el propio Ejecutivo vio tan sacudidos sus cimientos como para suspender una rueda de prensa ya programada, y así evitar dar detalles sobre el plan enunciado a primera hora del día por Antonio Zapatero, su viceconsejero para la covid. La situación epidemiológica de Madrid, en cualquier caso, requiere de medidas más drásticas, según reconocen todos los gestores implicados. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, publicados ayer miércoles, la incidencia acumulada en los últimos 14 días en la región es de 642,98 casos por 100.000 habitantes, la más alta de todo el territorio nacional.

Euskadi tiene las puertas abiertas. Y no es un eslogan de turismo. Es lo que se deduce de los datos sobre el saldo migratorio en nuestra comunidad en 2019 publicado por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). El año pasado vinieron muchas más personas a instalarse en el País Vasco de las que se fueron: descontado los segundos de los primeros, se ganaron 19.468 nuevos residentes, casi los mismos que tiene un municipio como Amorebieta. Es la cifra más alta registrada en los últimos 20 años y supera en casi 5.000 personas la de 2018. Lo cierto es que, tras las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo marcadas por la crisis industrial y económica, el saldo migratorio no para de crecer desde 2000. Solo se frenó esta tendencia alcista en 2012 y 2013, cuando la recesión se dejó sentir también en la demografía vasca.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pisó ayer el acelerador hacia una economía sin combustibles fósiles y elevó el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero en hasta “al menos” un 55% en 2030, en relación con los niveles de 1990. En su primer discurso sobre el estado de la Unión, Von der Leyen presentó su agenda, basada en la economía verde y digital, como la salida del entorno “frágil” e “incierto” de Europa. Llamó también a los socios de la UE a reconstruir la “confianza” y cerrar las crisis urgentes: la emergencia sanitaria, el derrumbe económico y el reto migratorio.