20200722

Tubacex anunció ayer el despido de 500 trabajadores de su plantilla, lo que supone en torno al 20% de los empleados declarados en la última memoria de la compañía, un total de 2.553, de ellos 1.103 en España. La empresa indicó que las salidas de personal afectarán a todo el grupo, que tiene importantes ramificaciones internacionales, sin detallar qué parte de ese excedente de plantilla corresponderá a sus instalaciones en el País Vasco: principalmente las plantas de producción de Llodio y Amurrio, así como las oficinas con que cuenta la firma en el Parque Tecnológico de Bizkaia. El objetivo de esta y otras medidas de ajuste es conseguir una reducción de 25 millones de euros en 2021, cifra en la que se incluye el recorte en los salarios del equipo directivo que ya se ha realizado al inicio de esta crisis.

El anuncio de Tubacex de llevar a cabo 500 despidos en todo el mundo cayó como un jarro de agua fría en una comarca ya de por sí castigada en los últimos tiempos con otras desapariciones de empresas significativas como Lipmesa o Vicalde, ambas en Llodio, o Kider, afincada en Murga (Ayala). Aunque todavía se desconoce al detalle el impacto que puede tener en el empleo en las fábricas de la compañía tubera –y no es comparable con el dramático cierre de la acería en 1992–, «esto va a suponer un mazazo para la economía local», coincidieron ayer en declaraciones a EL CORREO los alcaldes de Amurrio y Llodio. En boca de muchos vecinos del Valle de Ayala estuvo ayer el cierre de Aceros de Llodio, hace ya 28 años.

El caso de Tubacex no sera único, sino tal vez el preludio de otros nuevos y duros recortes de plantilla en Euskadi. Así lo advirtió ayer de forma expresa la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, quien consideró que el ajuste de plantilla anunciado por la firma de tubos alavesa es «una mala noticia» que hay que afrontar «siendo muy realistas» con esta empresa y con «otras en dificultades». En esta línea, auguró que «vamos a tener de estas malas noticias más de una y más de dos».

La nueva normalidad no va acompañada de la reactivación del empleo, o al menos no tanto como se esperaba. Es lo que se desprende de los datos que ofrece la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) del Eustat, que revela que entre los meses de abril y junio hay 34.100 personas paradas o inactivas más que antes de la crisis sanitaria en Euskadi. Cifras que según el director general del Servicio vasco de Empleo, Borja Belandia, reflejan la «complicada situación» a la que se enfrentan aquellos que buscan empleo tras la pandemia del Covid-19. La encuesta del Eustat muestra una «ralentización» del mercado laboral debido al desgaste de la crisis en hostelería y servicios. 

Motores que utilizan gas como combustible, destinados a mover autobuses y camiones con emisiones de CO2 más bajas que los diésel más modernos. Ese es el proyecto industrial que va a protagonizar la empresa Begas, con la construcción de una factoría en Bizkaia en la que esperan producir desde principios de 2021 para alcanzar un ritmo anual de 500 motores en 2022. La Fundación BBK y Ekarpen, la sociedad participada por el Gobierno vasco, las diputaciones, Kutxabank y el grupo Mondragón, suscribieron ayer una ampliación de capital de 5,2 millones de euros que hará posible la inversión en esta factoría. La estimación es generar 150 empleos. El emplazamiento de la factoría no se ha decidido aún.

Hostelería de España puso ayer cifras a esa situación al límite, ya que solo hay dos de cada tres establecimientos abiertos y una gran mayoría está trabajando a pérdidas. Los datos que manejan a fecha de hoy es que ya han cerrado 40.000 establecimientos y que la cifra podría ampliarse hasta los 70.000 a finales de año. Un posible empeoramiento de la crisis sanitaria, algo perfectamente plausible, tal y como anticiparon ayer, podría llevar a que el número de locales cerrados se disparara hasta los 85.000 establecimientos. 

Un escueto «Deal!» (¡Acuerdo!) en forma de tweet que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, difundía a las 5.31 horas de ayer fue la ‘fumata blanca’ del gran pacto conseguido por los líderes de los veintisiete países de la UE tras casi cinco días completos de negociaciones extenuantes en Bruselas. La ‘madre de todas las cumbres’ (por duración, más de noventa horas, complejidad, y desenlace) es ya un capítulo destacado en la historia del proyecto común. Con una emisión colosal de deuda da luz verde a 390.000 millones en subsidios que acerca a norte y sur, y refuerza su posición internacional. 

España recibirá 140.000 millones de euros del fondo de la UE (el equivalente al 11% del PIB de 2019) tras el acuerdo al que llegaron los Veintisiete en la madrugada de ayer. Son dos paquetes, divididos en 72.700 millones de transferencias directas para la recuperación del país durante el periodo 2021-2024 y el resto, en créditos. Esos casi 73.000 millones a fondo perdido –no habrá que devolverlos– suman casi diez veces más que lo que España recibió en Fondos de Cohesión entre 2014 y 2020. En todo caso, los países más reacios a conceder estas ayudas, los llamados frugales, han logrado imponer un freno para evitar los desembolsos a los países que no avancen en las reformas. Finalmente se ha aprobado un mecanismo por el que los países deben presentar un plan nacional que evaluará la Comisión y se aprobará por mayoría cualificada en el Consejo. Además, habrá evaluaciones del cumplimiento.

El histórico acuerdo alcanzado en Europa será un balón de oxígeno para España. Pero este salvavidas de 140.000 millones conllevará una serie de contrapartidas que es probable que condicionen el programa del Gobierno de coalición, que tiene entre sus prioridades la derogación de la reforma laboral de 2012, una medida que desde Bruselas no ven con buenos ojos, tal y como han manifestado en sucesivas ocasiones. Para recibir el visto bueno a la utilización de este dinero, el Ejecutivo tendrá que poner en marcha una serie de reformas económicas que le marcan desde la Comisión, ya que cada país ha de respetar las recomendaciones específicas que le hagan. En el caso de España, las imposiciones girarán en torno al mercado laboral, uno de los más endebles de Europa, a la cabeza en temporalidad y con la segunda mayor tasa de paro, y en torno a la reforma de las pensiones, con un sistema de los más generosos pero con un grave problema de sostenibilidad.

El portavoz del Gobierno vasco en funciones, Josu Erkoreka, urgió ayer al Ejecutivo central a convocar «sin más demora» la Comisión Mixta del Concierto Económico para que pueda «despejar su horizonte financiero y presupuestario» con el establecimiento del límite de endeudamiento. La reunión de este organismo tenía que haberse celebrado en el primer semestre del año y, de hecho, el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, envió recientemente una carta sobre este asunto al presidente, Pedro Sánchez, que no ha recibido respuesta.  «Para el Gobierno vasco es muy importante conocer cuál es el alcance de la capacidad de endeudamiento que se vaya a acordar», subrayó Erkoreka. La caída se ha producido en todas las comunidades autónomas, pero en las de régimen común «va a ser compensada total o parcialmente por el Gobierno central» en el marco del fondo de 16.000 millones de euros, pero no en el caso de Euskadi y Navarra.

Los 31 diputados del PNV se acreditarán pasado mañana y pondrán en marcha el proceso. Los del PSE lo harán mañana y los de EH Bildu el lunes. A partir del viernes, se convocará el pleno de constitución del Parlamento en los siguientes 15 días, previsiblemente la primera semana de agosto. Luego vendrá el que designará la Comisión de Incompatibilidades, que en un plazo de 20 días elevará su dictamen a otro pleno. Será al término de este cuando la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, dé a conocer la fecha de la sesión de investidura.

La jueza que investiga el colapso del vertedero de Zaldibar, que el pasado 6 de febrero se desplomó sobre la AP-8 sepultando a dos trabajadores, ordenó ayer a la Ertzaintza la detención del dueño del vertedero, José Ignacio Barinaga, y de otros dos altos cargos de la instalación. Se trata del ingeniero jefe de la planta, Juan E., y la gerente de la empresa, Arrate Ainhoa B., que es sobrina de Barinaga. Según las fuentes consultadas por este diario, la previsión es que declaren mañana en los juzgados de Durango. El plazo máximo legal de detención es de 72 horas.

¿Es obligatoria la mascarilla en el lugar de trabajo? La respuesta no es tan simple como sí o no, sino depende. Y de varios factores. El Departamento de Salud del Gobierno vasco publicó el lunes una guía en la que aclara algunas dudas que dejó la orden del día 15, la que impone el uso de esta protección tanto en la calle como en espacios cerrados de uso público o abiertos al público. Y es ahí, en la propia definición de los lugares, donde entran las excepciones, porque no es lo mismo una oficina a la que solo acceden los empleados que, por ejemplo, un centro comercial. El propio documento preparado por la consejería que dirige Nekane Murga precisa que «los espacios que no estén abiertos al público, como pueden ser los centros de trabajo o cualquier otro de análoga naturaleza», no están «expresamente recogidos en la norma». 

Los 90 positivos detectados en las últimas 24 horas mantienen los números de la pandemia en unos datos diarios elevados. Y hay otro aspecto llamativo. Dos de cada tres casos conocidos este martes corresponden a vizcaínos. 63 contagios. Gipuzkoa vivió una jornada de respiro con 20 infectados, la cifra más baja en una semana, mientras que Álava solo registró 5. Los dos restantes positivos son de personas que residen fuera del País Vasco, pero que se han hecho aquí la prueba. En Bizkaia el virus está extendido por numerosos municipios, aunque hay dos que destacan sobre el resto. Se trata de Ermua y Bilbao.