20200612

La patronal Confebask desveló ayer que ha crecido el número de empresas de Euskadi durante la desescalada, aunque todavía hay casi 1.500 menos que antes de desatarse la pandemia. De esta forma, en mayo se ha recuperado una parte de las compañías que se habían perdido durante los pasados meses de marzo y abril. Según Confebask, en los tres meses de pandemia se han destruido 1.484 empresas, un 2,5% del total. El número de autónomos creció levemente tras dos meses de fuertes caídas, pero se mantiene en mínimos desde 2002. Ver más en Confebask. 

Los ERTE se mantendrán para todos los sectores hasta, al menos, el próximo 30 de septiembre. El Gobierno se muestra por el momento firme en su propuesta de no aprobar una prórroga hasta final de año, como demandan los sindicatos y de forma mucho más tajante la patronal, pero se abre ahora a que puedan aplicarse para todas las empresas que lo necesiten y no solo para las actividades más afectadas. Es más, el Ministerio de Trabajo ha trasladado a la mesa de diálogo social su intención de llevarlo ya al Consejo de Ministros del próximo martes, por lo que ha instado a los agentes sociales a intensificar durante estos días –fin de semana incluido– las negociaciones para alcanzar un acuerdo que, por el momento, se resiste.

El Gobierno vasco, la patronal y los sindicatos se emplazaron ayer a una nueva reunión para concretar los detalles del complemento que se pagaría a los trabajadores en situación de ERTE y con menores ingresos. El compromiso, apuntaron fuentes conocedoras de la negociación, es que ese nuevo encuentro de la mesa de diálogo social se produzca el martes para cerrar los últimos flecos. La aprobación de un complemento, en cualquier caso, se da ya como un hecho. Algunas fuentes apuntan que el Gobierno vasco estaría dispuesto a abonar un máximo de 150 euros a cada trabajador que se encuentre en situación de ERTE para garantizar que, al menos, percibe 1.200 euros mensuales. La medida entraría en vigor previsiblemente a principios de julio y no tendrá carácter retroactivo; de ahí que sólo beneficiará a quienes estén en ERTE a partir de su implantación. El Gobierno quiere mandar un mensaje de que el diálogo social sirve para conseguir acuerdos. 

El Congreso constató ayer que hay visiones muy distintas sobre cómo encarar las políticas laborales para salir de la crisis. Al menos dos: la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, y la de los portavoces de los partidos de la derecha y los responsables de la patronal. La ministra incidió en combatir la precariedad con una mayor cobertura pública y el diálogo social como “marca de la casa”, frente a la respuesta que se dio en 2008. CEOE y Cepyme reclamaron más flexibilidad, ampliar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y discutieron que sea el momento de derogar la reforma laboral del PP.

”Hay un riesgo muy grande de intensa devaluación salarial en la segunda mitad del año. Los empresarios tienen todas las herramientas a su alcance para bajar salarios con motivo y sin motivo y eso hay que frenarlo porque es lo peor que le puede pasar a la economía española para su recuperación”. Esta es la alerta que lanzó ayer el máximo líder del sindicato CC OO, Unai Sordo, que exigió al Gobierno la eliminación de alguno de estos mecanismos disponibles para las empresas para devaluar los salarios. Este temor sindical no es infundado ya que apenas unas horas después, el propio presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, reclamó, durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, mayor flexibilidad para que las empresas puedan aplicar descuelgues de los convenios colectivos, que obligan a determinadas subidas salariales; así como para aumentar la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores y para incrementar la distribución irregular de la jornada.

El plan para hacer de Bizkaia y Euskadi un referente internacional en el ámbito de la energía empezará a tomar forma en noviembre. Será entonces cuando arrancará la construcción del edificio que albergará el Energy Intelligence Center, una apuesta de futuro estratégica que comparten el Gobierno vasco y la Diputación que busca consolidar la competitividad del sector y la presencia global de las empresas de la comunidad autónoma. El EIC, que se orientará a los segmentos de Oil&Gas, transporte y distribución eléctrica y movilidad sostenible, será, además, el buque insignia, el elemento tractor del Parque Tecnológico de la Margen Izquierda y Zona Minera. La futura instalación, que ocupará en el municipio de Abanto una superficie de 505.361 metros cuadrados, se destinará a la industria 4.0 y a la fabricación avanzada. Sólo la inversión en terrenos y urbanización ascenderá a 26 millones de euros.

Borja Belandia, director general de Lanbide, repasa la situación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y su empaste con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Explica que serán muy pocos los que estando hoy fuera del sistema vasco se puedan beneficiar de esa nueva red de asistencia y subraya que el propio Lanbide será el que analice todos los casos de eventuales perceptores de ambas prestaciones para no ‘marear’ al ciudadano. Lanbide analizará caso a caso si quien cobra la RGI tiene o no derecho a un IMV que, dice Belandia, podría no suponer ningún ahorro al Gobierno Vasco. 

Exceltur prevé que en pleno mes de agosto la demanda extranjera sea un 60% inferior a la del año pasado y la estatal, un 20%. Los ingresos del sector seguirán siendo un 54% inferiores a los del año pasado, lo que se traduce en pérdidas de 83.134 millones de euros, según los cálculos de Exceltur. La patronal del sector actualizó ayer sus previsiones, en las que indica que la entrada de turistas internacionales hará que mejore el escenario planteado en marzo, pero solo en 9.500 millones desde los 92.000 de pérdidas que calculaban entonces, y sin medidas de ayuda supondrá la pérdida de 725.000 puestos de trabajo, bien por estar acogidos a un ERTE o por haber sido despedidos, detalla el comunicado. Según sus datos, la demanda extranjera comenzó a descender en el mes de marzo, con un 63% menos de actividad. El desplome absoluto llegó en abril y mayo, donde la demanda se hundió al 100%, una cifra similar a la de junio.

El Congreso de los Diputados dio luz verde ayer al proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, tras superar las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Ciudadanos, que pedían su devolución. Ahora, el texto continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja donde se debatirán las enmiendas parciales registradas por la mayoría de los grupos. Con el nuevo tributo, el Ejecutivo prevé recaudar 850 millones de euros al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la firma sea superior a los 1.000 millones de euros.

La Bolsa española pasa oficialmente a manos suizas. La opa de Six Group, que arrancó el pasado mes de noviembre, culminó ayer con éxito. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hizo público que un total de 77,89 millones de acciones de Bolsas y Mercados Españoles (BME), cantidad equivalente el 93,16% del capital social, han aceptado la oferta del grupo helvético, de 32,98 euros por título, un total de 2.757 millones de euros. La operación estaba condicionada a obtener una adhesión mínima del 50,1% de los títulos.

La UE mantiene el 1 de julio como su fecha de referencia para la apertura de los socios comunitarios a los viajes con y desde terceros países. Lo planteó a mediados de mayo, insistió en ello el miércoles el Alto representante para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, y ayer lanzó su propuesta para articular el fin «gradual» de las barreras internacionales. Se hará de forma selectiva. Esto es, las capitales y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) se guiarán por un listado de ‘elegidos’ en base a criterios epidemiológicos que irían actualizando puntualmente. Bruselas apremia a eliminar ya desde el lunes las restricciones interiores y pide que todos los socios se unan a este proceso. 

Lo que el domingo pasado era una apuesta ganadora de Euskadi para acelerar la desescalada y permitir la movilidad con las comunidades vecinas desde este próximo lunes –una semana antes del plazo oficial para poner fin del estado alarma– ayer pasó a frenarse con un «no hay prisa» verbalizado por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. La pandemia ha vuelto a demostrar su capacidad para trastocar de la noche a la mañana cualquier previsión. En cuatro días, el virus ha vuelto a las andadas en Euskadi, con dos brotes bajo extrema vigilancia en los hospitales de Basurto y Txagorritxu.

PNV y PSE sumarían mayoría absoluta con 42 escaños en el nuevo Parlamento tras las elecciones del 12-J, según los datos del Sociómetro del Gobierno vasco, que, en la misma línea de las encuestas publicadas hasta ahora, pronostica una clara tendencia al alza de los dos partidos que comparten coalición. La gestión de la pandemia del coronavirus, en Euskadi y en Madrid, no afectaría a las expectativas de voto de jeltzales y socialistas; más bien al contrario, las espolearía. La formación de Andoni Ortuzar lograría su objetivo declarado de ganar un escaño por territorio y pasaría de 28 a 31 parlamentarios, mientras que la de Idoia Mendia obtendría 11 –dos más que los que tiene ahora–, al sumar un asiento por Álava y otro por Bizkaia.