20200609

Son momentos duros y por ello desde Confebask defienden que el objetivo es preservar el mayor número de empresas y empleo posible. «Por eso, abogamos por una prórroga de los ERTE que, además de los ya previstos, incluya también a sectores tan vitales para nuestra sociedad como la industria (automoción, energía, máquina herramienta, aeronáutica…), y asimismo extienda las bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Es decir, reducir el sobrecoste al empleo que suponen las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores con reducida actividad para que las empresas puedan mantener el empleo», defiende.  Un conjunto de medidas que «nos permitiría ganar tiempo para resistir, tratar de recuperar la actividad y mantener así el mayor número de puestos de trabajo posible. Hay que tener en cuenta que sin empresa no hay empleo, no se generan impuestos y por lo tanto no habría recursos para mantener nuestro modelo de bienestar. Son medidas extraordinarias en un momento extraordinario que exigen el esfuerzo de todos». 

El Gobierno vasco, la patronal Confebask y los sindicatos CC OO y UGT se sentarán hoy a negociar una fórmula para complementar los ERTE de los salarios más bajos. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ya se comprometió hace más de una semana a ayudar a los que ingresen menos de 18.000 euros, si bien pidió un esfuerzo común para abordar la iniciativa. CC OO y UGT plantearon al Ejecutivo autonómico en abril, en el marco del diálogo social, esta petición de complementar la prestación por ERTE –70% de la base reguladora– en los salarios más bajos. Urkullu, en un guiño a estas centrales, se avino a estudiar la propuesta y a finales de mayo, en la videoconferencia dominical de los presidentes autonómicos, concretó su disposición a ayudar a los que tengan una base de cotización inferior a los 18.000 euros. Lo que no detalló es a qué se refiere con el «esfuerzo común» reclamado para financiar la medida.

El Gobierno vasco quiere poner en marcha un plan de reactivación de la economía en los próximos meses, con el objetivo de acelerar el crecimiento del PIB y restañar al menos una parte de las heridas que va a dejar la pandemia del Covid-19. Sería, apuntan fuentes del Ejecutivo, uno de los primeros elementos de gestión de la próxima legislatura. Antes de entrar en el detalle de las acciones concretas, que deberán ser propuestas por los diferentes departamentos, el gabinete quiere conocer con qué fondos puede contar. Algo que está todavía sobre el alero, ya que se desconocen tres piezas claves: la hipotética disponibilidad de fondos procedentes de la Unión Europea, los ahorros que pueden producirse en el Cupo y, también, el nuevo margen de endeudamiento.

En concreto, solicitó que se crea un fondo de 2.300 millones para que el Gobierno Vasco se incorpore como accionista a empresas de sectores estratégicos que se encuentran en problemas o que sirva incluso para nacionalizar firmas. Lakuntza incidió en la necesidad de que las medidas que se adopten sean urgentes porque «muchas otras empresas anticipan el final de los pedidos o su disminución y existe riesgo de que los ERTE se conviertan en ERE». Este fondo estaría condicionado, según la central, al mantenimiento de todo el empleo, incluyendo el temporal, que es el que más se ha destruído con la pandemia. La central muestra su disposición a acordar también un fondo de 300 millones para complementar los salarios más bajos afectados por ERTE. 

El supervisor trabaja sobre tres escenarios y ninguno de ellos es halagüeño: el PIB caería un 9% en 2020 en un escenario de “recuperación temprana”, el más benévolo, y hasta un 15,1% en la peor de las hipótesis, un “escenario de riesgo” que se produciría en el supuesto de posibles rebrotes de la infección que obligasen a nuevos “confinamientos estrictos adicionales”, asestando un nuevo y duro golpe a la actividad económica. En el caso de que ese escenario de pesadilla se materializara, la economía española perdería 188.000 millones en un solo año, casi todo lo ganado entre 2014, inicio de la recuperación, y 2019 (alrededor de 212.000 millones). En el planteamiento central que maneja el supervisor, de “recuperación gradual”, la contracción sería del 11,6%. Estas cifras suponen un notable empeoramiento respecto a los pronósticos realizados hace apenas mes y medio. 

Christine Lagarde redobla la presión sobre los líderes europeos a una semana de la videocumbre que debería encauzar ese nuevo ‘plan Marshall’ al que se ha fiado la reconstrucción europea postcoronavirus. La presidenta del BCE les emplaza a adoptar la medida «rápidamente»; a establecer un cronograma claro que aporte «certeza y confianza a los ciudadanos, empresas y mercados financieros». Y les advierte: «Cualquier retraso conlleva el riesgo de generar efectos negativos y elevar los costos y, por lo tanto, las necesidades financieras de esta crisis». 

El nuevo ejercicio de transparencia elaborado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) revela que la banca española encara la inesperada crisis del coronavirus en un estado más débil que sus homólogos europeos en materia de solvencia. Aunque en ningún caso subyacen grandes riesgos como los que tuvo que afrontar todo el sector en la anterior crisis de 2008. En esta ocasión, el ratio medio que mide la solvencia de las entidades españolas cerró el año pasado en el 11,9%, frente al 14,8% de las corporaciones continentales.

La banca española afronta la crisis del Covid muy por encima de las ratios regulatorias, pero con el nivel de capital más bajo de Europa, según confirma el test de transparencia que publicó ayer la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y que no tiene en cuenta el impacto de la pandemia, porque está basado en datos a 31 de diciembre de 2019. La debilidad de solvencia respecto a sus homólogos europeos es una constante desde hace unos años. Viene determinada en parte por su modelo de negocio, que genera más activos ponderados por riesgo que otros. El único que supera el promedio europeo es Kutxabank, con el 16,94%. El banco vasco lidera el ránking español desde hace seis años.

La construcción en Gipuzkoa también ha sufrido los efectos del coronavirus con la paralización de la actividad durante dos semanas y una recuperación más o menos al ralentí, aunque el verdadero impacto llegará a medio plazo, según aseguran los expertos. Por ello, desde Ascongi, la asociación que reúne a las 7.000 empresas del sector en Gipuzkoa –integrada en Adegi–, su presidente, Txema Muñoz, aprovecha los datos de los primeros tres meses del año para hacer balance pero, sobre todo, para adelantar varias de las claves de lo que queda de 2020. Y pone especial énfasis en el mensaje que dirige a las instituciones: «Pedimos a las administraciones que no acometan un gran recorte en la inversión pública. Sabemos que en épocas de vacas flacas la inversión institucional sufre, pero pedimos mantenerla en la medida de lo posible porque nuestro sector tiene un efecto multiplicador en la economía y genera empleo con rapidez».

El Gobierno vasco da un paso más en su estrategia de diferenciar los vinos alaveses del resto de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja. En plena tramitación administrativa –ahora paralizada por el estado de alarma– del expediente para crear una nueva denominación ‘Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava’ al margen de Rioja que impulsan un grupo de socios de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) con el beneplácito del Gabinete Urkullu, ahora el Ejecutivo lanza la marca ‘Basque Wine’. Con ella pretende promocionar los vinos de Rioja Alavesa y también el txakoli, tanto a nivel de consumo local en hostelería y restauración como en ferias y los mercados internacionales.

El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), el vizcaino Pedro Campo, reclama "voluntad política" al Gobierno de Pedro Sánchez para poner en marcha un plan de "ayuda urgente al comercio", con apoyo presupuestario y cuya puesta en marcha se facilitaría con la declaración de este sector como estratégico para la economía. Campo, que intervino el pasado viernes en la comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados, se cuestionó qué hubiera sido del periodo de confinamiento y posteriores fases de desescalada sin el comercio de proximidad. Por ello, el presidente de la asociación vizcaina de comercio Cecobi pidió que se ponga en valor este sector "con políticas concretas y mantenidas en el tiempo, tal como en otros sectores, considerados estratégicos, se han llevado a cabo".

Nissan no contempla ninguna otra opción que la clausura de su planta de la Zona Franca de Barcelona. Tampoco una posible venta a otro fabricante. “No vemos ninguna alternativa distinta a la del cierre y así pretendemos proceder. El proceso ya ha empezado”, afirma tajante el presidente de la multinacional japonesa en Europa, Gianluca de Ficchy. “Barcelona estaba gestionando sus activos con una utilización del 33%”. “No existe ninguna intención de detener la producción en Ávila y Cantabria”. Las fábricas de Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca también se verán afectadas, por lo que unas 3.000 personas perderán su trabajo de forma directa a raíz de la decisión.

El coronavirus como oportunidad para impulsar la movilidad sostenible y la competitividad de la industria automovilística alemana. El mastodóntico paquete de ayuda financiera del Gobierno alemán incluye una partida millonaria para reverdecer la movilidad del país. Los partidos que forman el Ejecutivo de gran coalición —conservadores y socialdemócratas— acordaron un gran plan de estímulos a la economía con la idea de propulsar la reconstrucción tras superar la fase aguda de la pandemia. La industria automovilística alemana, de la que dependen directa e indirectamente dos millones de trabajadores, se encuentra en plena transformación. 

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación contra el Rey emérito por delitos de corrupción. El Ministerio Público indaga la presunta responsabilidad penal de Juan Carlos I en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación del AVE saudí a un consorcio de empresas españolas. Un megacontrato de más de 6.700 millones de euros que empezó a ejecutarse en 2011 y por el que se pudieron abonar ‘mordidas’ por valor de unos 80 millones. Las pesquisas que dirige el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos se han abierto después de que la Fiscalía Anticorrupción apreciara indicios delictivos contra el ex jefe del Estado en las diligencias secretas que tenía en marcha desde finales de 2018. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, trasladó hace dos semanas un decreto a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el que comunicaba el hallazgo de elementos indiciarios de blanqueo de capitales y delitos fiscales, según señalan fuentes jurídicas.

Dos inesperados focos de contagio en los hospitales de Txagorritxu (Vitoria) y Basurto (Bilbao) que suman por ahora 14 infectados mantienen en guardia a Osakidetza y recuerdan que, aun en sus horas más bajas, el coronavirus sigue presente en Euskadi. La alerta es doble porque ambos rebrotes se han producido en hospitales, no en una fiesta, barbacoa u oficina. En los dos casos el ‘paciente cero’ dio negativo en los test de detección del virus en el momento de su ingreso. El Servicio vasco de Salud trata de descubrir dónde y cómo se contagiaron. Todas las hipótesis siguen abiertas. Este brote ha provocado que 23 personas deban permanecer aisladas en cuarentena durante al menos dos semanas, y que hasta el mediodía de ayer se hubieran realizado pruebas de coronavirus a 81 personas, entre trabajadores del hospital y contactos cercanos de los infectados.