20200529

Si todo sale bien, dentro de algunos meses en San Sebastián se fabricará un producto que salvará miles de vidas y sacará al mundo entero del pozo de miedo e incertidumbre en el que se encuentra aprisionado. Si sale bien, desde un edificio del parque tecnológico de Miramón se comenzarán a distribuir millones de dosis de un nuevo medicamento: la vacuna contra el Covid-19. Todo depende de los ensayos que en estos momentos están realizando en Estados Unidos investigadores del Massachusetts General Brigham Hospital (MGB), un centro afiliado a la Universidad de Harvard. Las primeras pruebas con animales han dado resultados positivos, pero habrá que esperar al próximo otoño para que los ensayos con humanos determinen si se ha logrado la tan ansiada vacuna. Es aquí donde va a jugar un papel primordial Viralgen, una empresa radicada en San Sebastián que ha sido elegida por un consorcio liderado por el MGB para producir el antiviral. 

El complejo de tres fábricas que Nissan tiene en Barcelona echará el cierre después de un mes de incertidumbre que había llevado a los trabajadores a una huelga indefinida. El grupo japonés confirmó ayer los peores presagios de la plantilla. Aunque su presidente corporativo, Makoto Uchida, admitió que es una decisión «muy difícil», también puntualizó que es «irreversible». Lo hizo durante la presentación de los resultados del grupo, que ha cerrado con pérdidas en todo el mundo superiores a 5.600 millones de euros, y del plan estratégico que incluye la clausura de la centenaria fábrica catalana, que tiene su origen en una planta abierta por Ford en Cádiz que se trasladó a la Ciudad Condal en los años 60. La liquidación podría materializarse en diciembre de este año.

Sin Nissan en el mapa de fábricas de coches, comenzó ayer a retumbar en las grandes plantas el temor de que las marcas inicien un ‘efecto dominó’ que, si bien no tiene por qué acabar con la clausura, sí puede provocar nuevos ajustes de horarios, de sueldos y, finalmente, de plantilla, en plena vuelta a la normalidad tras el confinamiento. Está en juego el futuro de unos 60.000 empleados, los que directamente trabajan en las trece grandes plantas que hay en España. Pero también el de miles de pymes que actúan como proveedores. Por eso el automóvil representa casi un 15% del PIB. El cierre de Nissan en Barcelona ha llegado en el peor momento, cuando las fábricas retoman poco a poco la actividad tras el parón de los meses de marzo y abril. 

Aunque el epicentro del terremoto que ha supuesto el anuncio del cierre definitivo de la planta de Nissan está obviamente en Barcelona, el seísmo también se siente en Euskadi. No tanto por la afectación que pueda tener en alguno de los fabricantes vascos de componentes de automoción, que según indican desde Acicae, el cluster del sector en Euskadi, «va a ser muy marginal»; sino más por lo negativo que supone en sí misma una noticia de este tipo. «Es malo a nivel de país y de sector e incluso como factor psicológico de imagen», señala un portavoz de Acicae. Si en el conjunto de España la automoción supone un 10% del PIB nacional y ocupa a dos millones de personas, en Euskadi el sector de fabricantes de componentes, que agrupa a unas 300 empresas, facturó en 2019 casi 19.900 millones de euros, el equivalente al 25% del PIB vasco. Da empleo a 40.000 personas, más otras 60.000 repartidas en plantas y filiales en el resto de España y del mundo. De hecho, en Euskadi se asienta el 50% de la industria española de componentes de automoción, con empresas. 

La caída de la producción de vehículos ha pasado factura al empleo de la factoría de Ford en Almussafes (Valencia), y dirección y los sindicatos UGT y CC OO firmaron ayer un ERE que supondrá la salida de 350 empleados de la planta. Con este recorte, la plantilla se quedará por debajo de los 7.000 trabajadores. El acuerdo en torno al ERE, que se planteó antes de que se declarase el estado de alarma por la bajada de la producción en 100 unidades diarias, se produce después de un proceso de negociación en el que la compañía ha rebajado los despidos de 410 a 350. El azar quiso que la firma del ERE se produjera el mismo día en que Nissan anunció el cierre de sus instalaciones en Barcelona. “Tenemos que evitar que nos pase lo que a la planta de Nissan". 

Aumenta el pesimismo de los empresarios por la situación económica, debido al impacto de los efectos del coronavirus sobre el tejido productivo. La patronal CEOE estima ya que la caída del Producto Interior Bruto (PIB) este año “puede acercarse al 15%”, una cifra superior a los cálculos que los empresarios hacían a principios de mayo. Entonces, Íñigo Fernández de Mesa, presidente de política económica y uno de los vicepresidentes de CEOE, dijo que la caída del PIB este año podría estar entre el 8%, y el 12%, si se produce un rebrote del coronavirus. Y ayer, explicó a los empresarios que la información que tiene le hace ver ya una caída del 10%, que a final de año puede situarse cerca del 15%.

Horas después de que la dirección de Nissan en Barcelona anunciara el cierre de la planta que emplea a casi 3.000 personas de forma directa y repercute en otras 20.000 de forma indirecta, en Euskadi su principal industria también trasladaba malas noticias; en este caso en forma de una nueva caída en la producción. Responsables de la factoría de Mercedes Benz en Vitoria comunicaron a los representantes sindicales un descenso de 6.200 unidades en el programa operativo de este año, lo que supone lanzar al mercado un 4,8% menos de vehículos de los previstos hace un mes. Este recorte se suma a otro mucho más agresivo, del 18%, que la dirección de la firma anunció en abril. Ni mucho menos está descartada una nueva revisión a la baja a partir de septiembre, dado que hasta agosto los pedidos parecen garantizados.

En Vitoria está la principal planta industrial del grupo, con 3.300 empleos directos, y el impacto en la actividad arroja datos preocupantes. La fabricación de neumáticos «está ahora en torno a un 45% o un 50%» en comparación con el año pasado, «pero lo más preocupante es la incertidumbre». La economía está «gripada» y la reactivación del consumo es «fundamental». El director de la factoría, Mariano Arconada, asegura que «se puede y se debe facilitar ayudas a sectores como la industria que fabrica, los servicios o el turismo. Hay que ser generosos como sociedad». En declaraciones a la radio pública vasca, el máximo responsable de Michelin en Vitoria reconoció que el ERTE actual en el grupo es «necesario», pero solo para «sobrevivir, recuperar producción y ganar tiempo». Mariano Arconada cree que la competitividad industrial de la factoría «debe mejorar y mucho». 

Solaris, filial del grupo CAF, ha firmado en los últimos días contratos que abarcan el suministro de 115 autobuses eléctricos, por un valor superior a los 75 millones de euros, que darán servicio en las ciudades polacas de Cracovia, Poznan y Lublin, así como en la rumana de Craiova. Según señaló ayer la compañía, de esta forma «consolida aún más su posición como uno de los líderes en el mercado europeo de autobuses eléctricos», contando en la actualidad con un volumen de pedidos de cerca de 1.000 vehículos libres de emisiones para dieciocho países.

Ormazabal, compañía vasca especializada en infraestructuras de redes eléctricas y la principal empresa del grupo Velatia, ultima un nuevo plan estratégico que se caracterizará por ser expansivo y por implicar nuevas inversiones. Así lo adelantó ayer su director financiero, Fernando Zabalgogeazcoa, en un coloquio telemático desarrollado con motivo del Foro MedCap, dirigido a inversores y organizado por la sociedad Bolsas y Mercados Españoles (BME). Dicho plan se presentará en julio y «queremos hacer lo posible y lo imposible por mantener nuestros proyectos de inversión», enfatizó.

El clúster Gaia, que integra a las empresas vascas dedicadas a la inteligencia artificial y visual, ciberseguridad e ‘internet de las cosas’, facturó el año pasado 5.352 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,5% respecto a 2018. Sin embargo, el sector no será inmune a la pandemia y en 2020 el negocio se podría reducir significativamente. Así lo señaló ayer el presidente del clúster, José Echezarra, que advirtió de que «tenemos que afrontar un esfuerzo sin precedentes para hacer real una recuperación que va a ser muy compleja. Deberemos levantar las pérdidas del corto plazo, que en facturación pueden ir del 5% más optimista al 15% más negativo. A la vez, estamos trabajando para el medio plazo, con el fin de hacer posible que la pérdida de actividad se recupere todo lo más rápidamente posible».

Los fabricantes de tubos de acero en Europa, sector en el que se encuentran encuadradas las empresas vascas Tubacex y Tubos Reunidos, han reclamado a la Comisión Europea que adopte medidas más duras para contener la avalancha de importaciones de terceros países, en especial de China, Rusia y Turquía. Estas compañías reclaman un endurecimiento de las medidas que se adoptaron a mediados de 2018, ante el agravamiento de la situación del mercado. En una carta remitida al comisario de Comercio de la UE, Phil Hogan –entre las firmas aparecen las de dos directivos de las empresas vascas del sector–, los fabricantes de tubos piden que en la revisión de las condiciones de importación que debe hacerse el próximo mes de julio, se reduzcan las cuotas asignadas a productores extranjeros. El problema de fondo nació cuando Donald Trump impuso aranceles a la importación de productos de acero en Estados Unidos –un 25% de impuesto extraordinario–, pero se ha agravado con la pandemia del Covid. 

La desescalada, en fases, también ha llegado a los expedientes de regulación temporal de empleo. A los ERTE que han afectado a miles de trabajadores en el País Vasco como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la declaración del estado de alarma y el cese brusco de la actividad en un buen número de empresas, comercios, bares y restaurantes. En los últimos quince días se ha registrado ya una salida masiva de esta situación y se espera que en la próxima semana se produzca una reducción también considerable de trabajadores afectados por esta medida. Según datos del inicio de esta misma semana, un total de 40.386 vascos habían olvidado ya el ERTE en el que entraron en algún momento desde que se inició la terapia de confinamiento. Unos 120.000 afectados por expedientes temporales, sin embargo, seguían en activo.

La colaboración ciudadana solicitada por el departamento de la Hacienda de Gipuzkoa con el objetivo de obtener mejores resultados en la lucha contra la evasión de impuestos está dando sus frutos. Y es que el año pasado hubo 203 denuncias presentadas por vecinos del territorio –de las cuales se han tramitado 82– que permitieron que el fisco haya recuperado 2 millones de euros. Así, en total, la Hacienda de Gipuzkoa detectó en 2019 un fraude fiscal de 236,9 millones de euros. La cantidad es importante y similar a la del ejercicio de 2018. Fue el segundo ejercicio de los últimos cinco en los que menos fraude ha aflorado. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la comisión de su área en el Senado; y el vicepresidente Pablo Iglesias y la titular de Economía, Nadia Calviño, en la comisión de Reconstrucción del Congreso, usaron parecidas palabras y argumentos para referirse a los impuestos. «Necesitamos tener un sistema fiscal sólido, adecuado al estado de bienestar que corresponde a nuestro país, y ello exige abordar el ‘gap’ de ingresos que España tiene respecto a la media de la zona euro», afirmó Calviño. Los tres miembros del Ejecutivo –muchas veces en posiciones discrepantes– también coincidieron en la necesidad de un sistema tributario más «progresivo». 

La junta directiva de la patronal CEOE, el órgano de dirección que reúne a más de un centenar de dirigentes empresariales de todos los sectores y territorios, se reunió ayer, por primera vez de forma telemática. En este encuentro, los líderes patronales escucharon, por boca su presidente, Antonio Garamendi, la secuencia de los hechos del polémico pacto entre el Gobierno y EH Bildu para derogar la reforma laboral a finales de la semana pasada y cómo la cúpula empresarial reaccionó poniendo en suspenso el diálogo social con el Ejecutivo. Los empresarios valoraron el duro comunicado de CEOE-Cepyme rechazando este pacto, así como la reacción de poner en cuarentena el diálogo social por ello. “Muchos han visto bien que los empresarios dieran un puñetazo encima de la mesa”. 

La fotografía que dibujó ayer la pandemia en Euskadi, justo cuando se cumplieron tres meses del primer positivo, es la de un escenario totalmente alentador. Los datos así lo acreditan. La incidencia del virus es baja. Cada día más. La consejera de Salud, Nekane Murga, informó de cinco nuevos contagios, la mitad que los detectados el miércoles, y de dos fallecidos –ya son un total de 1.513 las víctimas mortales–. El Gobierno vasco considera que no es el momento, sin embargo, de confiarse ni de poner el pie en el acelerador para avanzar en la desescalada antes de tiempo. Su hoja de ruta pasa por mantener los plazos iniciales fijados por el Ministerio de Sanidad para las etapas que conducen a la ‘nueva normalidad’. Es decir, que cada una se prolongue durante 15 días. «Adelantar la desescalada no está, por el momento, en nuestras previsiones», señaló Murga.

Ahora, en plena desescalada, el objetivo de las autoridades sanitarias es vigilar y controlar los focos que se vayan produciendo. Estos nuevos positivos, por ahora, se concentran en la Comunidad de Madrid (67) y Cataluña (39) –cuyos territorios continúan en fase 1 y concentran casi el 72% del total–; Aragón (18), pese a que hace solo cuatro días diagnosticaba cero casos, y Navarra (17). El peligro vuelve a estar, como ocurrió aquel 5 de marzo, en que los brotes se descontrolen y provoquen una oleada epidémica que frene el desconfinamiento, lo que acaba de suceder en Corea del Sur.

El aluvión de bañistas ha obligado a los ayuntamientos de las principales playas de Bizkaia a adelantar la aplicación de fuertes restricciones, con el fin de evitar el descontrol en los arenales y en sus accesos. Municipios como Zierbena, Sopela y Getxo se han visto en la necesidad de cerrar aparcamientos, prohibir las actividades deportivas e, incluso, vetar la posibilidad de extender una toalla para tomar el sol. Con estas limitaciones, tratan de frenar las temidas aglomeraciones de usuarios, cuyo número se puede disparar este fin de semana por el buen tiempo. Una situación que nada tiene que ver con las medidas de seguridad repetidas una y otra vez por las autoridades. La propia consejera de Salud, Nekane Murga, lo advirtió ayer: «Aunque los datos son buenos, la concentración de personas en las playas puede tener consecuencias graves».