20200522

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, se ha pronunciado sobre la polémica del pacto entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral en unos términos en los que pocas veces se suele expresar públicamente. La ministra ha tachado de «absurda» y de «contraproducente» abrir un debate «de esta naturaleza» en estos momentos en los que España se enfrenta a la mayor recesión de su historia y a una pérdida de empleo considerable. Calviño ha indicado que en un entorno como el actual, condicionado por la crisis del coronavirus, «no se puede generar la más mínima inseguridad jurídica» en la economía. Y ha apuntado: «Los contribuyentes nos pagan por resolver problemas y no para crearlos».

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, mostró ayer su enfado y el de los empresarios con el acuerdo que en la noche del miércoles difundieron en el Congreso de los Diputados el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, para una derogación “íntegra” y con urgencia, de la reforma laboral que el Gobierno del PP promulgó en 2012. El objetivo del pacto era que el Gobierno pudiese recabar el apoyo de los cinco diputados de Bildu para poder ampliar hasta el 7 de junio el estado de alarma para combatir el coronavirus. Garamendi describió el pacto político “como un desprecio indignante al diálogo social, y al papel que la Constitución nos otorga a los empresarios y a los sindicatos”. Por lo tanto, la primera reacción del presidente de la CEOE fue suspender la presencia de los empresarios en las mesas de diálogo social que mantienen con el Gobierno y los sindicatos para abordar diversas reformas. 

Todo estalló al filo de las nueve de la noche, cuando Sánchez ya tenía en el bolsillo su quinta prórroga del estado de alarma gracias al PNV y Cs. Fue entonces cuando EH Bildu publicitó que había alcanzado un acuerdo con el PSOE y Podemos para derogar de «forma íntegra» la reforma laboral de 2012 de Mariano Rajoy. Todo por escrito, con membretes de partidos y firmas de los responsables de cada formación. Nadie daba crédito a lo ocurrido. ¿Por qué Sánchez activaba una operación de tanto riesgo cuando el beneficio era nulo?

El acuerdo que se conoció la noche del miércoles entre el Gobierno y EH Bildu contempla también, junto a la polémica derogación de la reforma laboral, un compromiso en materia fiscal que ha pasado desapercibido: suavizar la regla de gasto y ampliar la capacidad de endeudamiento de Navarra y País Vasco. El texto menciona de forma genérica, sin limitar su alcance a estas dos comunidades, que “las entidades locales, forales y autonómicas dispondrán de mayor capacidad de gasto” para financiar políticas dirigidas a paliar los “efectos sociales” causados por la pandemia. 

El acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral se fraguó a espaldas de los jeltzales, que buscan salvar la legislatura y su influencia. Sabin Etxea tenía muy claro que el presidente del Gobierno se había embarcado en la siempre resbaladiza geometría variable con este propósito y estaba dispuesta a hacer la vista gorda con tal de no desestabilizar al Gobierno. Hasta que, como al propio Ejecutivo de coalición, le estalló ayer de manera inesperada la bomba política del acuerdo de PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para derogar la reforma laboral. Un «tremendo error de cálculo» de Pedro Sánchez y un «despropósito», como reconocen en privado los jeltzales, que no solo supone un desaire al PNV –su socio «más leal», como siempre se autodenomina– en puertas del 12-J, sino que tensa las costuras de la frágil alianza entre el presidente y Pablo Iglesias y, en suma, encarna lo que más temía Sabin Etxea, un torpedo en la línea de flotación de esta atípica legislatura atravesada por la más grave crisis de la historia reciente.

La industria de las energías renovables está de enhorabuena. El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobado el martes por el Consejo de Ministros, ha sido saludada por el sector como el espaldarazo definitivo para su despegue en el mercado estatal. Su desarrollo requerirá la inversión de 90.000 millones de euros en diez años. Este enorme pastel es una oportunidad de negocio para las empresas vascas. José Ignacio Hormaeche, director del Clúster Vasco de la Energía, afirma que la ley «es positiva para la industria vasca de bienes de equipo en general y para la del sector de la energía en particular. El objetivo de incremento de la potencia renovable en los próximos diez años conllevará un gran crecimiento eólico y fotovoltaico».

El Departamento de Desarrollo económico del Gobierno vasco quiere implementar medidas adicionales que contribuyan a relanzar la actividad y, con ello, a superar la depresión profunda que se ha generado tras dos meses de estado de alarma, confinamiento y cierres totales o parciales de muchas empresas. La consejera Arantxa Tapia se mostró ayer partidaria de «flexibilizar el Plan Renove de vehículos» que ya estaba en marcha, para que tenga un mayor protagonismo y favorecer de esta manera la industria del automóvil.

El presidente de la Corporación Mondragón, Iñigo Ucín, advierte de que las empresas necesitan «flexibilidad para aguantar» la crisis, pero al mismo tiempo señala que «tampoco se puede dejar a la gente descolgada», y señala que «lo mismo que hay que defender a las personas en el aspecto sanitario, hay que defender a las empresas en el aspecto económico, porque son las que generan riqueza». En una entrevista radiofónica, Ucín, preguntado por el acuerdo para la derogación de la reforma laboral alcanzado este pasado miércoles por el Gobierno y EH Bildu, indicó que «depende de cómo se haga eso que se quiere reformar, y más en estas circunstancias». Remarcó que las empresas, para que puedan aguantar esta situación, necesitan flexibilidad.

Nadie habría podido imaginar a principios de marzo que haríamos cola ante las tiendas de alimentación, y ahora es algo cotidiano. El miedo y la incertidumbre que generó el estado de alarma provocó la avalancha de consumidores y el acopio de alimentos, productos de limpieza y otros elementos básicos para los hogares. Se tensionó al máximo toda la cadena, pero todo funcionó. Salvo escasos productos, y en momentos muy concretos, no ha habido desabastecimiento. El sentir general es que si hay un sector que se está librando de los rigores de la crisis es la alimentación, pero como explica el gerente de la asociación sectorial Cluster de Alimentación de Euskadi, Jon Ander Egaña, no es así.

Unos 300.000 autónomos creen que se verán obligados a cerrar este año, lo que representa el 10,3% de los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España. Esta es una de las principales conclusiones de una encuesta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), basada en 3.000 entrevistas efectuadas los días 15 y 16 de mayo. El 70% de los pequeños empresarios que han aplicado un ERTE reconocen que no podrán mantener toda su plantilla. Manpower calcula que, en el mejor de los casos, hasta 2026 no se recuperará todo el empleo destruido. 

La hecatombe económica causada por la pandemia dejará una herencia amarga en las cuentas públicas: un déficit desbocado y una deuda en niveles inéditos desde principios del siglo pasado. Estas previsiones ya han hecho saltar todas las alarmas y el fantasma de los ajustes ha vuelto a planear sobre la economía. Aunque no será ni hoy ni mañana, todo apunta a que en el medio plazo habrá que intentar cuadrar el círculo. La pregunta es cómo. Los expertos recuerdan que España aún tiene un amplio margen fiscal respecto al resto de Europa y reflexionan sobre cómo atajar la cada vez más abultada factura de las pensiones.

El Tesoro Público vuelve a pertrecharse para tiempos de dura exigencia. Este año estaba previsto emitir mucha menos deuda que en la pasada crisis: 32.000 millones de emisión neta y 196.000 de deuda bruta, aquella que incluye también las refinanciaciones. Pero estas cifras han dado un vuelco con la pandemia y aumentarán cada una en 97.500 millones: hasta los 130.000 millones en la neta y los 297.000 millones en la bruta. Estas cantidades suponen unos máximos históricos que no se dieron ni siquiera en la pasada crisis.

España ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus a nivel sanitario, por lo que las secuelas económicas también han sido «muy graves». Así lo reconoce el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sostiene que la elevada dependencia del turismo que tiene la economía española, unido a las «altas tasas de desempleo», puede suponer un lastre para la reactivación tras la crisis. El FMI actualizará sus previsiones macroeconómicas sobre España y el resto del mundo el próximo 24 de junio, según anunció Rice ayer, que adelantó que podrán variar sustancialmente debido a los grandes cambios que se están produciendo las últimas semanas en torno al coronavirus. 

El Ejecutivo no está dispuesto a acelerar el proceso de desescalada, pese a la presión que están metiendo otros países competidores, como Italia o Grecia, que ya han puesto fecha para la vuelta del turismo extranjero. Italia lo hará el 3 de junio y Grecia el 1 de julio. España lo hará cuando decaiga el estado de alarma, algo que no sucederá probablemente hasta julio. “Tenemos que ir con mucho cuidado para que la persona que viene no corra riesgo. Nuestra idea es que podamos trabajar sobre orígenes y destinos seguros más bien pensando en el mes de julio que en el de junio”, sostuvo Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno. 

La Asamblea Popular Nacional, la mayor cita política del país, arranca hoy con mayor atención al empleo y menos al presupuesto de Defensa. El coronavirus ha trastocado los planes de todo el mundo, y, aunque China ha sido efectiva en contener la pandemia, no es una excepción. Su economía cayó un 6,8% en el primer trimestre del año, la primera contracción desde 1976. Por eso, el foco del país está en detener el aumento del paro, que en las ciudades alcanzó en febrero la cifra récord del 6,2%. Aunque la estadística ha mejorado y en abril quedó en un 6%, ahora que el país está cerca de erradicar por completo la pobreza extrema preocupa su capacidad para proporcionar empleo a 174 millones de migrantes rurales, los más afectados por el parón de sectores en los que tienen gran presencia, como la construcción o la industria. Se espera el anuncio de medidas para aliviar su situación.

Nuevo paso hacia normalidad. El Ministerio de Sanidad confirmó ayer que en los territorios que el próximo lunes accedan a la fase 2 desaparecerán las franjas horarias que en las últimas tres semanas han regido la vida de sus ciudadanos. Atrás quedarán, de esta manera, las restricciones a la hora de salir a la calle a pasear los niños y las personas mayores, y a hacer deporte. Desde la semana que viene, en las autonomías que avancen en la desescalada –el Gobierno vasco da por hecho que el Ejecutivo central confirmará hoy que Euskadi es una de ellas– se permitirá la libre circulación sin limitaciones de ningún tipo, salvo las que se refieran a abandonar la provincia de residencia –en el caso vasco, sólo se podrá ‘cruzar’ a otro territorio histórico por causas socio-económicas–.

Imagine el lector una gigantesca balanza donde se computan a un lado todas las prestaciones y servicios que reciben los inmigrantes y al otro el trabajo y consumo que realizan en Euskadi. Ikuspegi, el observatorio vasco de la inmigración, ha echado las cuentas. El resultado es que aportan casi el doble de lo que reciben. Según el estudio presentado ayer –confeccionado con las cifras oficiales de 2018–, la inversión que dedican las diferentes administraciones públicas a este colectivo asciende a 714.912.000 euros mientras que su aportación a la economía vasca es de 1.525.292.820 euros –un nada desdeñable 2,06% del PIB–. El saldo es positivo por más de 810 millones de euros.