20200514

Mal momento para el fisco vasco. El diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, estima que la recaudación en el territorio caerá en abril en torno a un 13, 14 ó 15%; y en el conjunto del año cree que en toda la comunidad autónoma el desplome será entre un 20 ó 22%. En el caso de Gipuzkoa, la recaudación acumulada ha disminuido un 24,4% durante los cuatro primeros meses de este año. En Álava, su Hacienda foral ha recaudado durante el primer cuatrimestre del año 502,3 millones de euros, 70,7 millones menos que el mismo periodo del año anterior, lo que supone una caída del 12,3%. 

En una entrevista en una emisora de radio para valorar el impacto que está teniendo el coronavirus en la economía, el responsable del fisco foral vizcaíno aseguró, como hizo en días pasadas la Hacienda de Gipuzkoa, que prefería no entrar a valorar la propuesta, al considerar que se trata de una más de las que reciben. El Gobierno foral de Bizkaia tienen claro que se está en una «situación extraordinaria» pero que también ven con claridad que «se ha producida una caída estructural de ingresos no porque está mal la capacidad productiva del tejido económico ni porque hayan caído las ventas, sino porque ha venido un virus». «Y en este momento–añadió–, hay que darle una solución estructural a medio plazo, de más de tres o cuatro años, a la caída tan fuerte de ingresos que creemos que se puede producir en Euskadi de 3.000 millones».

Los autónomos de Euskadi, que ya cargaron hace un mes contra el primer programa de ayudas específicas para el colectivo lanzado por el Gobierno Vasco –aquellos tres millones de euros que se agotaron en solo cuatro horas, dentro de un caos informático provocado por el aluvión de solicitudes y la incapacidad tecnológica de Lanbide de absorber la demanda– volvieron ayer a criticar al Ejecutivo, a pesar de la ampliación en 13 millones de la partida inicial. El Ejecutivo amplía a 16 millones el programa, que exige tener un local alquilado, y dispone otros 19,5 para el turismo, el comercio y la cultura. Los emprendedores insisten en que el dinero puesto encima de la mesa por el Gobierno Vasco no resuelve sus problemas y, además, aseguran que los requisitos impuestos para acceder a las ayudas, que son incompatibles con las de Turismo y Comercio, y la imposibilidad de disponer hoy de la letra pequeña de todos los programas, convierte el escenario en «un verdadero sálvese quien pueda».

Después de que este pasado lunes se incorporara el turno de tarde a la planta de Mercedes en Vitoria y el funcionamiento esté siendo conforme a lo previsto, para la próxima semana la principal industria vasca cogerá mayor velocidad. La dirección anunciaba ayer que el turno de noche, el que trabaja siete horas desde las 22.00 hasta las 5.00, también estará activo a partir del lunes, 18 de mayo. La principal industria vasca estará la próxima semana a pleno rendimiento con los tres equipos de trabajo. La fábrica automovilística empezará entonces a producir a pleno rendimiento, en principio ya con la plantilla de 5.000 personas al completo. Y aunque quizá en las primeras fechas no alcance la cifra de 720 vehículos diarios que ensamblaba antes de que estallara la crisis del Covid19, el objetivo es ir acercándose a ese nivel. 

Ya no se trata de un objetivo, de un plan o de una hoja de ruta sin valor legal. La Comisión Europea ha enviado al Parlamento y al Consejo el borrador de una Ley del Clima Europeo que fija el marco normativo para lograr la neutralidad climática (o emisiones netas cero) en 2050. El texto, publicado en el Boletín de la UE, que debe recibir el visto bueno de esas instituciones, recoge las propuestas más ambiciosas del llamado Pacto Verde que avanzó la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, tras acceder a su nuevo cargo el año pasado. En él se plantea una reducción de las emisiones de CO2 en 2030 entre un mínimo del 50% y un máximo del 55% respecto a los niveles de 1990, frente al objetivo del 40% previsto hasta ahora.

El cierre de fronteras y el establecimiento de cuarentenas para los viajeros internacionales suponen un problema adicional para el sector de Máquina Herramienta en esta crisis económica generada por el Covid-19. Al tratarse de productos de gran envergadura y significativa inversión, para las empresas clientes no resulta factible la compra por catálogo a través de internet; y además su nivel de personalización y puesta a punto exige que los técnicos del fabricante se desplacen a las plantas productivas del cliente, por lo que hasta que no culmina el proceso no se cobran los pedidos. En una reunión virtual con el secretario general de Industria, pide dinamizar el mercado nacional a través de deducciones fiscales para la renovación de maquinaria. 

Los 339 millones de pérdidas en seis meses revelan un importante problema de rentabilidad de la empresa. Hace tan solo unos días, el principal responsable de la división de generación terrestre de la compañía, Alfonso Faubel, remitió una carta a todos los empleados de este segmento de la empresa –unos 10.000 trabajadores en todo el mundo– en la que lanzaba un mensaje claro: «Tenemos un auto de Fórmula 1 con un motor dañado». Faubel anunciaba en su carta «decisiones difíciles» que por el momento no se conocen. El temor a un ajuste laboral se ha extendido entre la plantilla y entre los 4.500 empleados que hay en España se alternan los momentos de optimismo y de pesimismo. Hay razones para ambos estados de ánimo, apuntan fuentes sindicales.

"Es el momento de concentrarse en lo que tenemos delante, afrontarlo con decisión y, ¿por qué no?, sacar todo lo positivo que podamos de esta crisis. Y creo que hay tres cuestiones que yo tengo muy presentes después de estas semanas. La primera es la importancia de la industria, de producir en Km 0 y de no apostar únicamente por una sociedad de servicios. La industria es un bien que debemos proteger y potenciar. La segunda cuestión es la flexibilidad. Los planteamientos rígidos están fuera de lugar en unas empresas que deben saber adaptarse a las exigencias del mercado e incluso a pandemias como la vivida. La tercera cuestión, y para mí la más importante, es el compromiso. Un compromiso llevado desde la ilusión y el esfuerzo que supone trabajar en unas circunstancias laborales y emocionales extraordinariamente exigentes. Aprovecho estas líneas para dar testimonio de mi agradecimiento, mi reconocimiento".

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, contactó ayer por vía telemática con los más de 9.000 empleados de la eléctrica en España y respondió durante una hora a unas 200 preguntas que le trasladaron por internet. Galán reiteró que Iberdrola invertirá 10.000 millones este año, lo que redundará en el mantenimiento de los 40.000 empleos del grupo y de los otros 400.000 profesionales de los proveedores de la corporación energética, en su opinión. El directivo manifestó en su encuentro con los empleados en España de Iberdrola que la crisis provocada por la pandemia acelerará la transición energética de la economía a un modelo descarbonizado. A su juicio, “de la crisis se sale invirtiendo en sectores de futuro, como el nuestro”. Iberdrola ya ha realizado los exámenes serológicos sobre el coronavirus a la mitad de la plantilla en España, en concreto a 4.500 empleados.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) corrigió ayer sus cálculos sobre la dimensión del desplome de la demanda mundial de petróleo causado por pandemia del Covid-19 en todo 2020. La caída será mayor de la esperada y se acercará al 9,1%, frente al 6,87% pronosticado hace un mes. En números absolutos, en el mundo se consumirán este año una media de 90,59 millones de barriles diarios, 9,07 millones menos que los quemados en 2019. De confirmarse las previsiones de la OPEP, se trataría de la mayor caída en menos de un año, solo comparable proporcionalmente a la crisis del petróleo de los años 70. A pesar de que el batacazo es mayor de lo esperado hace un mes, el informe de la OPEP revela optimismo y augura la luz al final del túnel en el segundo semestre de 2020.

La Unión Europea no está dispuesta a dar por perdido el verano, su mayor baza para salvar al sector turístico del precipicio al que le ha empujado la pandemia del coronavirus. “Este no va a ser un verano normal, pero si trabajamos juntos, tampoco será un verano encerrados en casa o un verano perdido para la industria turística”, anunció ayer la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, que presentó en Bruselas junto al comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, la propuesta de desescalada para los países europeos junto a varias guías de recomendaciones para el turismo y el transporte. La Comisión Europea propone a los países comunitarios una apertura gradual de fronteras. La desescalada se dividiría en tres fases, con el objetivo de permitir los viajes entre estados miembros para reactivar cuanto antes al sector.

La Comisión Europea propuso ayer a los países una reapertura gradual de las fronteras sin cuarentenas generalizadas y una batería de medidas de prevención en el transporte público y en hoteles, bares y restaurantes. Bruselas ha decidido que por ahora no es necesario que los aviones dejen un sillón vacío entre pasajeros para preservar la distancia social, pero sí pide el uso de mascarillas. La UE desaconseja las cuarentenas en verano siempre que no haya un repunte del virus. El turismo fue durante la Gran Recesión el único motor que mantuvo encendido el sur de Europa. Nadie quiere prescindir de él, pero todo el mundo anticipa una elevada factura. 

Italia destinará 55.000 millones para hacer frente al impacto de la crisis en familias, empresas y trabajadores. “Esta es una maniobra con la perspectiva de un relanzamiento económico y social”, dijo el primer ministro, Giuseppe Conte, tras aprobar el mayor plan de gasto en la historia del país. Las fricciones en la coalición de Gobierno retrasaron anoche la decisión. No era la primera vez. Algunos puntos del decreto, como la regularización de unos 200.000 inmigrantes para cubrir la falta de mano de obra en el campo, provocaron tensión. El gigantesco plan disparará el déficit más allá del 11% previsto por Bruselas.

Solo un 5% de los españoles se ha infectado con el coronavirus, según muestran los primeros datos del estudio de seroprevalencia que está realizando el Instituto de Salud Carlos III con una muestra de casi 70.000 participantes. Las cifras muestran una gran variabilidad geográfica, con provincias que presentan una prevalencia siete veces mayor que otras. Soria es la que tiene mayor porcentaje de personas que han pasado la enfermedad, un 14,2%. En Madrid la prevalencia es del 11,3%. En Euskadi, del 4'6%.  “El 5% equivale a 2.350.000 casos. Si hay unos 27.100 fallecidos, esto quiere decir que la letalidad está entre el 1 y el 1,2%”. 

El leve repunte de casos se debe a que se validaron el doble de test que la víspera y el triple que el domingo. El virus sigue contenido en Gipuzkoa con cuatro nuevos contagios y tres fallecidos, y en Euskadi las cifras crecen hasta los 38 infectados y 13 difuntos por el empuje de Bizkaia. 

El Gobierno Vasco sigue trabajando con la idea de que este próximo lunes se reabran las aulas para los alumnos de 2º de Bachillerato, los dos cursos de la FP Superior y 2º de los grados Medio y Básica también de la FP, a pesar de la falta de soporte legal para retomar el curso y del rechazo frontal de los sindicatos. El horario será de jornada intensiva, no habrá comedor y la presencia en el instituto será de 5 horas como máximo. El personal de limpieza critica que no ha recibido ningún protocolo y los padres piden seguridad jurídica y sanitaria. 

A punto de cumplirse cien días desde el derrumbe del vertedero, donde Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán continúan sepultados, la Comisión Europea se ha comprometido a abrir una investigación para analizar las «graves deficiencias» que precipitaron la tragedia. A preguntas de los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos, el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, advierte de que las autoridades competentes −principalmente el Gobierno vasco− y los órganos jurisdiccionales «deberían haber detectado, vigilado y, en última instancia, sancionado» lo que allí estaba ocurriendo. El Gobierno vasco acusa a la Comisión Europea de «no haberse informado sobre las actuaciones» y de sacar conclusiones «sin base fundamentada».