20200429

De forma asimétrica y por provincias; en cuatro fases y no antes de ocho semanas. Así será en España la vuelta hacia algo parecido a lo que había antes del 13 de marzo, siempre y cuando los datos de contagios sigan bajando y la epidemia dé muestras de estar controlada. Sería a finales de junio cuando el país recuperase parte del pulso perdido en este mes y medio. Pero no será el mismo. El uso de mascarillas será «altamente recomendable», las restricciones se mantendrán y habrá que seguir extremando las medidas higiénicas. En las próximas semanas comercios, bares, teatros y museos levantarán de forma gradual y con limitaciones sus persianas en lo que Pedro Sánchez definió como la «transición hacia la nueva normalidad». 

El sector de la hostelería y el alojamiento de Gipuzkoa recibió ayer el calendario de desescalada con una mezcla de esperanza por ver que esa ‘nueva normalidad’ está un poco más cerca, pero con igual dosis de asombro y contrariedad, porque en la práctica la apertura a un tercio de la capacidad no es tan viable como parece. Esta medida, a ojos del secretario general de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, Kino Martínez, «es un avance», pero «el planteamiento está cojo». «Para muchos hosteleros abrir en estas condiciones es un suicidio económico». Se refiere a que los expedientes de regulación a los que se acogieron la práctica totalidad de los establecimientos obligan a mantener la plantilla de trabajadores intacta durante seis meses. «Este planteamiento se hizo pensando en que la apertura se realizaría en circunstancias normales, y no al 30% de la capacidad de la terraza. Estamos trabajando a nivel estatal para que haya una interpretación flexible del ERTE condicionada a la recuperación de la actividad de cada establecimiento».

El sector reclama microcréditos, ayudas al alquiler y una flexibilización de los ERTE. Cita previa. Esa es la clave para el comercio en la primera fase de la desescalada de las medidas de confinamiento. Las tiendas que tengan la posibilidad podrán atender a los clientes en los próximos días en todo el territorio nacional siempre que hayan concertado una cita previa telefónica o por otras vías, según explicaron ayer fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Igualmente, los establecimientos de restauración podrán abrir, pero solo para entregar pedidos de comida realizados previamente (hasta ahora, solo estaba permitido la opción de que el propio establecimiento la enviara con un repartidor).

Cecobi, la patronal del comercio de Bizkaia, ha denunciado «la falta de respuesta» a las peticiones cursadas al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco por más de 15.000 empresas y autónomos y ha reclamado la implantación de medidas «eficaces y urgentes» para evitar el cierre de un importante número de establecimientos comerciales. En línea con las peticiones cursadas por los titulares de negocios minoristas de Francia, su presidente, Pedro Campo, ha exigido por primera vez a las plataformas ‘online’ la venta únicamente de productos esenciales mientras dure el confinamiento. El pequeño comercio ha vuelto a denunciar de esta manera la competencia «desleal» de los grandes emporios del comercio electrónico y ha exigido que se «impongan límites», ciñendo las ventas solamente a artículos de «primera necesidad» hasta el fin del estado de alarma.

El Ejecutivo foral vizcaíno aprobó un aplazamiento en el pago del Impuesto de Sociedades para las empresas pequeñas –las que tienen menos de 50 empleados y su facturación no supera los 10 millones de euros–, que tenían que abonar este tributo a finales del mes de julio. Gipuzkoa adoptó una medida similar y Álava lo estudia. Los empresarios habían reclamado una fórmula de este tipo a través de las encuestas que elaboran las patronales de forma semanal. En este caso se les permitirá que abonen el impuesto el día 25 del mes siguiente al de aprobación de sus cuentas. Una fecha que dependerá de la vigencia del estado de alarma.

Lo anunció el lehendakari la pasada semana, pero aún deben cumplimentarse varios trámites internos en la Administración vasca. El Gobierno vasco aprobó inicialmente una dotación de 525 millones en avales para autónomos y pymes, que rápidamente se reveló como insuficiente. Con la ampliación pasarán a ser 1.025 millones. Pese a que el Ejecutivo autonómico ha apelado a que esta iniciativa es complementaria a la que ha puesto en marcha el Estado con los avales del ICO y que ascienden a un total de 40.000 millones, desde el primer momento se vio que iba a resultar escasa. Elkargi, la sociedad de garantía que gestiona en nombre del Gobierno vasco este programa y que también asume una pequeña parte del riesgo en la operación, ha recibido un total de 11.000 solicitudes hasta el momento, con una demanda de 1.600 millones.

Pensionistas, parados, afectados por ERTE y empleados de las distintas administraciones suponen la mitad de la población de Euskadi mayor de 16 años. En el País Vasco la nómina de ciudadanos que en mayor o menor medida ingresan pensiones, prestaciones, subsidios, ayudas y salarios de las distintas administraciones –desde la estatal hasta las locales, pasando por la autonómica– se puede cifrar en unos 930.000. Esto es, exactamente la mitad de la población de Euskadi mayor de 16 años y el 42,5% de la población total de la comunidad autónoma. De esas 930.000 personas, 510.200 son pensionistas, que cobran un total de 561.265 prestaciones contributivas. Y a ellos hay que añadir otros algo más de 12.200 perceptores de pensiones no contributivas.

El consejo de administración de la empresa alavesa Tubos Reunidos aprobó ayer un relevo en la presidencia de la compañía, en un intento de afrontar una delicada situación que se arrastra ya desde hace años. Francisco Irazusta, ingeniero, nacido en San Sebastián en 1964 pero que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en Estados Unidos, asumirá poderes ejecutivos para conducir la firma en una nueva etapa. Jorge Gabiola, que hasta ahora había ocupado la presidencia no ejecutiva, permanecerá en la compañía y en su consejo de administración como consejero coordinador. La compañía alavesa atraviesa una crisis prolongada que se extiende con la caída del precio del petróleo. 

La dirección de ArcelorMittal España anunció ayer a los representantes sindicales que prevé paralizar las inversiones previstas en sus plantas siderúrgicas en todo el país, despedir a entre 50 y 100 trabajadores –no especificó de que lugares— en un primer momento, así como aplicar un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas económicas y organizativas durante un plazo de un año a sus más de 8.200 trabajadores para compensar sus pérdidas. Todos los sindicatos rechazaron de forma rotunda los planteamientos de la multinacional a la que acusan de querer aprovechar la crisis sanitaria para realizar sus ajustes de empleo.

Iberdrola ha hecho pleno en los contratos eléctricos con las administraciones vascas al lograr el abastecimiento del Gobierno vasco y de las tres Diputaciones forales, así como del grueso de los ayuntamientos de Euskadi. La Diputación de Gipuzkoa cerró ayer la adjudicación a la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán del suministro de electricidad por un periodo de 2 años, prorrogables otros 2, a un precio cada ejercicio de 18,4 millones de euros, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El precio de adjudicación está casi un 20% por debajo del presupuesto de licitación.

Entrevista con Raúl Arza, secretario general de UGT-Euskadi. «El empleo que se ha destruido es sobre todo temporal, porque muchos contratos no llegan ni al mes de duración». «Pedimos que se alarguen los ERTE por fuerza mayor o se cree uno intermedio con los ordinarios, con protección». El responsable sindical reclama al Gobierno Vasco que complemente el desempleo de los que tienen menores ingresos. 

La EPA del primer trimestre del año se asemeja a un iceberg que solo deja entrever el potencial destructivo del coronavirus. Pese a que la pandemia golpeó en la segunda mitad de marzo, bastan esas dos semanas para que el mercado laboral viviera su golpe más duro desde la recesión de 2013. De enero a marzo, el empleo cayó en 285.600 personas, dejando el número total de ocupados en 19,6 millones. Pero el dato que mejor refleja el shock en el mercado laboral es el de ocupados, tanto asalariados como autónomos, afectados por parones de actividad y ERTE, 578.300, hasta 35 veces más que en el trimestre anterior.

“La salida de la crisis no será posible sin la recuperación de la automoción”, así de tajantes se mostraron ayer las principales patronales del automóvil en una carta enviada a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios), Ganvam (distribución) y Sernauto (proveedores) trasladaron a la ministra la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha cuanto antes un plan de choque para la recuperación del sector tras el impacto sufrido por el Covid-19. El motor supone el 10% del PIB y el 9% del empleo. 

La decisión del Gobierno de aplicar sólo a doce sectores de la economía la moratoria de seis meses en el abono de las cotizaciones sociales se ha convertido en otro motivo de disputa, uno más, entre el Ejecutivo y los empresarios. La patronal reprocha al ministro que ha excluido a la mayoría de las sociedades. El Ejecutivo responde que ya están cubiertas por ERTE.

El Santander ganó 331 millones de euros hasta marzo, un 82% menos que un año antes, tras provisionar 1.600 millones de euros para paliar el impacto de la crisis de la covid-19 en próximos trimestres, según informó ayer la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sin considerar este cargo, el beneficio ordinario atribuido del año es de 1.977 millones y subiría un 1%, asegura el banco, pese a que los principales márgenes de la cuenta de resultados presentan caídas antes de la provisión especial por la pandemia.

Según el plan de desescalada presentado ayer por el primer ministro, Édouard Philippe, los comercios tienen luz verde para reabrir, pero no los bares, restaurantes, ni cines o teatros. También podrán empezar a acudir a clase, de forma voluntaria, los alumnos de primaria y los pequeños que van a guarderías, no así los estudiantes de secundaria. Bibliotecas o pequeños museos reabrirán sus puertas, pero no los grandes museos ni las salas de conciertos, de igual forma que no habrá ceremonias religiosas antes del 2 de junio, ni estará permitida antes de septiembre ninguna manifestación deportiva o cultural que reúna más de 5.000 personas. Adiós a la temporada deportiva, especialmente de fútbol. ¿Vacaciones o escapadas? tendrán que ser a no a más de 100 kilómetros de distancia. 

Portugal, que suma un total de 948 muertos por Covid-19, entrará a partir del 2 de mayo en el estado de «calamidad». Una nueva situación en la que se flexibiliza el confinamiento pero que implica un «control permanente», en palabras del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa. El levantamiento del estado de alarma vigente - que expira el próximo día 1 - no implica el inicio de una etapa de «normalidad definitiva», insistió el presidente, que se reunió ayer en Lisboa con el primer ministro, Antonio Costa, y un grupo de especialistas para conocer la situación de la pandemia.

Asimétrico, gradual y coordinado. Las tres palabras que se incorporan a las estrategias de desconfinamiento de muchos gobiernos impulsarán también el levantamiento de las barreras en la UE. Y aunque no existe aún un calendario, sí unas pautas generales que van a servir de referencia: no habrá reapertura homogénea de fronteras, se actuará conforme a la reducción de casos de contagio y siempre en estrecha cooperación con los vecinos. A eso es al menos a lo que se han comprometido los ministros de Interior de los Veintisiete en una videoconferencia celebrada ayer. Mes y medio después de la anterior (la última formal), en la que aún resonaba la reacción caótica de los Estados al estallido del brote pandémico en el continente.

Los datos de la epidemia se esperan los martes con la respiración contenida. Tras la habitual mejora de los fines de semana, debida en parte a una menor notificación por el parón de las labores administrativas, suele haber un pico que atenúa la esperanza. Pero ayer sucedió todo lo contrario: bajó el número de fallecidos por primera vez en el segundo día laborable de la semana (301 frente a los 331 del día anterior); y también lo hizo el de positivos: 1.308, un 0,6%. Nunca antes desde que se declaró el estado de alarma, hace un mes y medio, se había registrado una cifra menor en 24 horas, ni en términos absolutos ni relativos.