20200424

En Euskadi hay 30.600 hogares que tienen a todos sus miembros en edad de trabajar sin empleo. Supone un alza de 600 familias en el último trimestre, según los datos difundidos ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) en el marco de la encuesta de Población en Relación a la Actividad (PRA). Y es un símbolo de la Euskadi que no va bien. El informe eleva la tasa de paro al 9,9%, aunque matiza que al tratarse de un estudio trimestral –de enero a marzo– aún no se recogen en profundidad los efectos de la crisis del Covid-19.

La maquinaria se pondrá otra vez en marcha el lunes en la principal industria de Euskadi. La planta de Mercedes Benz en Vitoria retomará la actividad tras mes y medio de parón en lo que será un regreso al ralentí, con un único turno de producción, y con cierto regusto amargo como lo hubo en el cierre el 16 de marzo. Entonces la confrontación entre empresa y comité fue más subida de tono que ahora, pero en esta ocasión tampoco ha habido un acuerdo entre las partes para definir el arranque. La dirección mantiene su plan y arrancará la producción con un turno. Los sindicatos reclaman más tiempo de pausa para desinfectar las líneas. 

La producción española de vehículos caerá alrededor de un 25% este año en comparación con 2019 por el impacto del coronavirus, que ha provocado el cierre temporal de las 12 factorías instaladas en el país con el fin de evitar contagios y la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a más de 60.000 personas. “Si el Ejecutivo deja caer a la automoción, el PIB bajará dos dígitos”. 

La industria aeronáutica también está resultando muy afectada por los efectos económicos del Covid-19 al quedar casi paralizado el tráfico aéreo mundial, lo que ha llevado a muchas aerolíneas a anular la compra de nuevos aviones o a retrasar su adquisición. En este contexto, el fabricante de motores ITP Aero ha llegado a un acuerdo con el comité de empresa para la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) de cinco meses que afecta a su mayor planta productiva, la de Zamudio, que a su vez es la sede social del grupo y en la que trabajan unas 1.200 personas. EL ERTE, según confirmó la empresa, fue firmado ayer con el acuerdo de las secciones sindicales de UGT, CC OO y ELA; se ha presentado por razones productivas y afecta a toda la plantilla del centro de Zamudio.

La pandemia provocada por el Covid-19 parece haber congelado algunos asuntos trascendentales que estaban pendientes de resolución antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma y se iniciase el confinamiento. Algunos, incluso, han pasado a situarse en una especie de limbo legal difícil de definir. Es lo que sucede con el astillero de La Naval de Sestao, quebrado desde 2018 y que desde finales de ese mismo año no tiene actividad alguna. La jueza que supervisa la quiebra no ha decidido aún si inicia la liquidación o prorroga el plazo para recibir la oferta de algún empresario. 

El impacto económico a nivel turístico en Euskadi de la mayor pandemia del último siglo ronda los 131 millones de euros en pérdidas y afecta a 3.745 empleos, sin contar la hostelería. A nivel mundial, por su parte, el Consejo de Viajes y Turismo (WTTC) estima que el Covid-19 acarreará la reducción de 50 millones de puestos de trabajo y que será necesario alrededor de un año para volver a la normalidad. Ante este desolador panorama, el Gobierno vasco se reunió ayer por vídeo conferencia con representantes del sector –asociaciones de alojamientos turísticos y hostelería, agencias de viajes, empresas de organización de eventos, guías turísticos y turismo activo, entre otros– para hacerles llegar las ayudas previstas y preparar el escenario post estado de alarmar. «Estamos trabajando para conseguir destinos seguros y recuperar el clima de confianza», apuntó la consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez.

Entrevista con Manu Lezertua, Ararteko. " Creo que se debe incidir en la prevalencia del carácter de servicio público que tiene el cuidado a los mayores. Nos encontramos con que muchas residencias son de propiedad privada, algunas de fondos de inversión. Este sistema que tenemos ahora ha crecido mucho y en algunos casos ha producido un lucro importante. No digo que todas las residencias deban ser públicas porque sería difícil, pero habrá que mirar las ratios, la presencia de médicos, las exigencias para abrir un centro, los horarios, la inspección... En esto los poderes públicos deben tener un rol más activo que hasta ahora". "En algunos lugares, no hablo de ninguno en particular, la situación en la que se encontraban las residencias privadas ha sido un obstáculo para actuar con mayor eficacia. La falta de medios ha dado mayor dramatismo a la situación. Creo que una red pública habría respondido mejor". 

Desde que se decretó el estado de alarma hace más de un mes, más de 400.000 estudiantes de segundo curso de Formación Profesional veían peligrar las horas de prácticas necesarias para poder obtener la titulación —380 en el caso de los alumnos de grado medio y 400 en los de superior—. El Ministerio de Educación publicó ayer la orden en la que flexibiliza los requisitos de titulación para que la pandemia de coronavirus no lastre la carrera de cientos de jóvenes. Las dos medidas más importantes son la reducción de las horas de prácticas al mínimo contemplado por la normativa (220) y la posibilidad de sustituirlas por proyectos realizados en casa. Cada comunidad autónoma podrá decidir qué medida incluir en su instrucción.

El rebote de la actividad no será tan fuerte como para que esta se recupere en un solo año. Funcas prevé que la economía española no recobre los niveles previos a la crisis del coronavirus hasta 2023. Según las previsiones del servicio de estudios de las cajas de ahorros publicadas ayer, el producto interior bruto retrocederá este año un 7%. Y en 2021 habrá un crecimiento muy robusto, pero insuficiente para compensar todo lo que se había perdido: un 5,4%. Se tardarán unos tres años en volver al punto de partida previo al Gran Confinamiento. Y esto implica que algunos sectores sufrirán un daño estructural en la producción y el empleo.

El informe clasifica las medidas fiscales adoptadas en directas, indirectas y de garantías públicas, todas orientadas a suavizar la demanda (con consumo público), a la compensación de rentas (vía transferencias) y a evitar una crisis de liquidez y solvencia. De esta forma, los datos del estudio muestran que España ha puesto en marcha unas medidas fiscales que rondan el 8,4% de su PIB, mientras que en Alemania, el impacto económico es de un 23,6%; en Italia, de un 20,6% y en Francia, de un 14,3%. Asimismo, el paquete de estímulos en Reino Unido se traduce en un 16,6% de su PIB y el de Estados Unidos, supone un 9,3%.

Todos los países del mundo afectados por la pandemia han puesto en marcha medidas de estímulo económico. Pero las mayores potencias están desarrollando planes diferentes según sus políticas. EE UU aprueba ayudas por tres billones de dólares, China rebaja los tipos de interés y Japón ingresa dinero en efectivo a la población. 

Sobre todo, reclamaron mantener los ERTE de fuerza mayor, con mejores condiciones para trabajadores y empresas. Asimismo, los sindicatos reclamaron que se continúe protegiendo a las personas que han perdido el empleo y reducido drásticamente sus ingresos, y también que se inyecte liquidez en las empresas, sobre todo las pymes, para evitar cierres empresariales. Los líderes empresariales coincidieron también en estas reclamaciones sindicales al Gobierno y añadieron la necesidad de flexibilizar, además, los ajustes temporales de empleo. “Los ERTE en este momento no son una cuestión laboral, sino una cuestión de Estado que tiene que facilitar la transición de la economía para salvar el empleo”, manifestaron desde CEOE.

Un acuerdo genérico, sin concreción, pero un gesto importante. Los líderes europeos pactaron ayer tras una vídeo­cumbre de más de cuatro horas impulsar la creación de un fondo para la reconstrucción económica de Europa tras la pandemia que estará vinculado al presupuesto comunitario. "Hemos acordado establecer un fondo de recuperación que es necesario y urgente", anunció al término de la reunión telemática el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel quien aseguró que dicho instrumento "tendrá una suficiente magnitud y se dirigirá a los sectores y áreas geográficas más afectadas'' por esta "crisis sin precedentes", sin especificar cuál será su alcance.

La Unión Europea decepciona. Otra vez. Es cierto que ayer se dio luz verde para un Programa Europeo de Reconstrucción, pero, dada la urgencia de las necesidades actuales, cualquier cosa que no sea una actuación inmediata constituye un sonoro fracaso. Máxime cuando tampoco fueron capaces de pactar ni el monto involucrado –será enorme, pero no dijeron cómo de enorme–, ni la figura jurídica que adquirirán las ayudas (subvenciones a fondo perdido o préstamos reembolsables), ni quién y cómo se dotará al Presupuesto comunitario de los fondos necesarios. Ni siquiera quedó del todo claro el criterio de reparto de los dineros. 

Desplome histórico de los niveles de actividad en la eurozona. El Gobierno italiano publicó ayer que prevé que la economía del país caiga un 8% este año, el déficit se dispare al 10,4% y la deuda, al 155,7% del PIB. El índice compuesto PMI para la eurozona se hundió en abril hasta los 13,5 puntos, frente a los 29,7 registrados en marzo, el mayor declive mensual de la actividad en sus más de dos décadas de historia y el segundo récord consecutivo. Una caída compatible con un descenso en el PIB de la eurozona del 7,5% en este trimestre, según la consultora IHS Markit, que elabora estos datos, y que es el porcentaje de contracción previsto por el FMI para todo 2020.

La presidenta del Banco Central Europeo esgrime la amenaza de un desplome catastrófico de la economía para urgir a los líderes europeos a aprobar un plan de estímulos "rápido, firme y flexible''. España es uno de los países que más necesita el plan por la dureza de la caída y su elevada deuda.

En Euskadi también está habiendo acciones que denotan que el peor embate de la pandemia del Covid-19 ya se ha superado y que paso a paso se está ganando la batalla al virus. Al menos, en lo que a la respuesta sanitaria se refiere. El País Vasco ya tiene desde este miércoles tres hospitales públicos libres de pacientes con coronavirus, después de dar el alta a los seis últimos que se encontraban ingresados en los centros de Arrasate, Zaldibar y Leza. Se sigue produciendo una «mejora progresiva y sustancial» en las hospitalizaciones, como sostuvo ayer la consejera Nekane Murga. 

Los contagios crecen a un ritmo del 2% y alcanzan los 213.024, mientras las personas curadas se acercan ya a las 90.000. Lo que parece una estabilidad en la epidemia puede esconder en realidad una mejoría. Si las cifras de muertes y casos muestran un estancamiento esta semana, detrás de ellas hay en realidad un progreso. Al menos desde el punto de vista de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. “La epidemia va mejor de lo que esperábamos”, aseguró en la rueda de prensa de ayer.

Un equipo de investigadores de Oxford ha comenzado este jueves a inyectar a voluntarios con una vacuna contra el coronavirus, que quieren que esté disponible para el público en el mes de septiembre. La directora del proyecto, Sarah Gilbert, estima en un 80% su convencimiento de que el diseño será efectivo y de que podrá ser aplicada a personas de todas las edades. La doctora Gilbert había pedido en sus entrevistas el apoyo del Gobierno para que comience la producción de vacunas, hasta un millón, antes de que concluya el ensayo clínico y culmine también el proceso acelerado de aceptación de la vacuna por las autoridad reguladora de medicinas.