20200326

«La crisis de las cadenas de suministro que comenzó en China se está extendiendo por Europa y otros lugares que no habían sufrido hasta hace poco la extensión del coronavirus; un porcentaje alto de empresas (65%) piensa que tendrá que reducir aún más su actividad y un 17% manifiesta que tendrá que pararla». Es la principal conclusión del informe difundido ayer por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), presidida por José Luis López Gil, sobre cómo se encuentra el sector –el más importante de Euskadi– tras la primera semana de estado de alarma. Otro factor muy relevante que está penalizando especialmente a las pymes, según constata la FVEM, es el cese temporal de la actividad de sus clientes. La situación que vive el metal puede extenderse al conjunto de la activad industrial vasca. Gobierno, patronal y cooperativas claman por que no se pare. 

De aplicación «inminente», según el Gobierno Vasco, el programa se beneficia del gesto de la Comisión Europea de abrir la mano con las ayudas de Estado. INGRESOS Y GASTOS: La línea está concebida para las pymes que prevean que este año su flujo de caja será negativo. CANTIDAD: El importe máximo por operación será de 800.000 euros, y la empresa deberá mantener el empleo. El departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras negocia contrarreloj estos días el ‘Ok’ definitivo de Bruselas a este Bideratu especial, que el gabinete pilotado por Arantxa Tapia espera tener aprobado y en marcha «de manera inminente». Así lo explica en declaraciones a este periódico el viceconsejero de Industria, Javier Zarraonaindia, quien avanza los detalles del programa, basado en anticipos reintegrables a tipo cero, con cinco años de plazo y uno de carencia.

Los gobiernos español y vasco aseguran estar centrando buena parte de sus ayudas en los autónomos, uno de los colectivos más castigados por el impacto del coronavirus. Sin embargo, este colectivo, compuesto en Euskadi por 170.000 personas, no considera en absoluto que se estén tomando las medidas adecuadas para evitar que esta crisis les lleve al cierre definitivo Así, advierten de que las subvenciones para pagar alquileres anunciadas por Lanbide apenas alcanzan a 1.000 personas, si bien aplauden los aplazamientos fiscales adoptados por las diputaciones forales y también las líneas de crédito habilitadas por el Gobierno vasco. No obstante, su principal queja se dirige al Ejecutivo de Sánchez, por los graves problemas para acceder a la prestación por cese de actividad y a la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social.

La Agencia Tributaria del Estado está demostrando estos días su cara más cicatera –incluso se puede decir que rácana–, con una actitud de momento casi inflexible para propiciar cambios de fechas y aplazamientos en el pago de impuestos, especialmente en el caso de las pymes y los autónomos. Al menos , esa es la impresión que puede obtenerse en comparación con las decisiones adoptadas por las diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava que, aunque con pequeños matices y diferencias, han aprobado ya medidas muy importantes que van a permitir aligerar los problemas de tesorería de ambos colectivos. 

Entrevista con Jon Azkue, viceconsejero de Trabajo odel Gobierno Vasco.“Escucho planteamientos que parecen aludir a un país irreal, a un país que no contase con instrumentos para afrontar situaciones que pongan en cuestión la seguridad…No creo que tengamos empresarios malvados que pongan en peligro caprichosamente la seguridad de los trabajadores. Están comprometidos con la salud de sus trabajadores; lo contrario sería una actitud suicida para el proyecto empresarial…En Sidenor la Inspección no consideró probado que se inclumplieran los requisitos de seguridad. El grupo reanudó la actividad”.

Las principales compañías industriales europeas han lanzado una voz de alarma ante la posibilidad de que algunos gobiernos lleguen a paralizar casi por completo la actividad económica y empresarial de sus países en la lucha contra la propagación del coronavirus. Las firmas agrupadas en la organización European Round Table for Industry (ERT) han hecho un llamamiento para insistir en la importancia de mantener la actividad económica y el empleo de sus diferentes sectores para que el aislamiento ante la Covid-19 no acabe convirtiéndose en un problema estructural y de largo plazo.

«Esta acción del comité de empresa, en medio del proceso de realización de la parada ordenada de la actividad, ha provocado la pérdida de confianza de la dirección de Alemania en nosotros». Esta frase forma parte de la comunicación que ayer hizo el director de la planta de Mercedes Benz en Vitoria, Emilio Titos, a la plantilla y a proveedores y clientes para informar de la situación de suspensión de la producción –que se decretó el lunes 16–, derivada de la pandemia por el coronavirus y el estado de alarma. La parada de la actividad, tras una sentada de los sindicatos en la línea de producción, puede tener consecuencias negativas para la planta alavesa según Emilio Titos. 

Continúa la escalada de expedientes de regulación temporal de empleo que se están solicitando en Euskadi. Hasta ayer al mediodía se habían registrado un total de 8.936 ERTEs que inciden sobre 80.979 trabajadores. Esto supone 17.738 afectados más que el día anterior y 1.699 expedientes nuevos, según los datos aportados por el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco. Se espera que en los próximos días siga creciendo la cifra ya que los asesores laborales acumulan todavía muchos expedientes que no están logrando registrar debido a que la web del Gobierno Vasco está saturada, aunque el Departamento de Trabajo señala que están redoblando los esfuerzos para poder dar abasto ante esta avalancha. El 95% de los expedientes que se están presentando son por fuerza mayor. 

Un 15% de los asalariados españoles han sido suspendidos de empleo de forma temporal. El parón decretado por el estado de alarma ha supuesto un duro golpe al mercado laboral. La crisis sanitaria está provocando una avalancha de suspensiones de empleo (ERTE). Las empresas usan esta fórmula antes de empezar con los despidos. La cifra de afectados por ERTE asciende ya a más 1,5 millones de afectados, según los datos recopilados por EL PAÍS de 13 autonomías y del Ministerio de Trabajo. Casi la mitad de los ERTE confirmados oficialmente proceden de dos comunidades: en Cataluña hay 342.000 trabajadores con el empleo suspendido, y en Andalucía, la Junta proyecta que hay unos 280.000, partiendo de que tiene 37.363 expedientes presentados con una media de 7,5 empleados por cada uno. 

El Corte Inglés presentó ayer ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 25.900 trabajadores de la compañía. La empresa, que justifica la medida por causa de fuerza mayor, tras el cese de actividad sufrido por el grupo en varias de sus áreas de negocio a consecuencia del real decreto que regula el estado de alarma, ha garantizado que complementará las aportaciones que realice el Estado hasta cubrir la totalidad del salario de los trabajadores afectados por el proceso. El ERTE del grupo de grandes almacenes es el mayor presentado hasta el momento en España a consecuencia de la pandemia generada por el Covid-19, aunque no tanto por el porcentaje de la plantilla a la que afecta sino por el tamaño de la misma. El Corte Inglés es uno de los mayores empleadores de España, con más de 90.000 trabajadores, por lo que la medida incluye a menos de un tercio de su fuerza laboral en el país.

El consejo de administración de Repsol acordó ayer la convocatoria de su junta general para el próximo 8 de mayo y pospone, dada la volatilidad de los mercados, la presentación de su nuevo plan estratégico 2020-2025, previsto inicialmente el 5 de mayo, a una fecha posterior aún sin determinar, una vez se supere la actual crisis sanitaria. El plan incluye fuertes medidas de ajuste: una reducción adicional de los gastos operativos en 350 millones; de las inversiones en 1.000 millones (un 26% menos) y optimizaciones del capital circulante de casi 800 millones, respecto a lo inicialmente presupuestadas. Medidas con la que, según fuentes de la compañía, se pretende evitar ajustes laborales.

El vacío que se percibe en muchas calles españolas contrasta estos días con el ajetreo de algunas obras que continúan en marcha. El decreto del pasado 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, no incluyó la construcción entre las actividades que debían paralizarse. Pero eso no implica que el sector, que aporta el 10% del PIB a la economía española, trabaje con normalidad. Ante esa evidencia han surgido divergencias entre Administraciones y también entre diferentes actores del sector.

La caída de la actividad económica y del empleo por el coronavirus será bastante profunda, pero al menos puede que también sea “transitoria”, de acuerdo con el Banco de España o la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas). El organismo gobernado por Pablo Hernández de Cos alertó ayer, en su último Informe Trimestral de la Economía Española de que “el impacto negativo sobre el empleo, con mucha probabilidad, está siendo muy significativo”. “Las empresas están haciendo un uso intensivo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de reducción de jornada y de suspensión temporal”, pero sin embargo “la mayor parte de esta pérdida de puestos de trabajo se recuperará si, como cabe esperar, la naturaleza de la perturbación es transitoria”, señala el texto. El informe añade que “la magnitud del impacto de la pandemia, incluyendo el procedente de las necesarias medidas de contención adoptadas, sobre la actividad económica y el empleo será muy pronunciada en el corto plazo”.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, auguró ayer una robusta recuperación cuando acabe la alarma sanitaria causada por la Covid-19. “La recuperación llegará. Esta es una crisis de carácter temporal, por lo tanto cuando se produzca la recuperación, que será fuerte, tenemos que estar lo más asentados posible para dar el mayor impulso que podamos”, dijo. El camino no será sin embargo cuesta abajo: los analistas ya han alertado de que la pandemia puede suponer un mordisco en el PIB de hasta el 10%. Las bajas por incapacidad temporal vinculadas al coronavirus ya afectan a 130.000 personas. 

En una decisión histórica, la Cámara baja alemana aprobó ayer el extraordinario plan económico diseñado por el Gobierno para combatir el coronavirus. Se trata de una partida de 750.000 millones de euros destinada no sólo a reforzar el sistema sanitario sino a apaciguar la crisis económica que vendrá después de la epidemia. Junto con otras partidas –por ejemplo, para el rescate de pequeñas y medianas empresas y el apoyo urgente a la Sanidad–, la cantidad total de fondos movilizados ronda un billón de euros.

El Centro de Control de Enfermedades europeo explica a EL CORREO que la ‘curva’ china se repite en los demás territorios. Sus expertos tienen claro que aún habrá que contener la respiración. Porque, en base a sus evaluaciones de riesgos, el ECDC asegura que el pico epidémico y la saturación de la atención médica llegarán en este tramo final de marzo en la mayoría de los países «y en todos a mediados de abril». En definitiva, que la situación extrema de Hubei (la provincia China en la que brotó el síndrome) aún no se ha alcanzado.

La pandemia apenas se ralentiza y España supera ya a China en muertes por coronavirus con 3.434 fallecidos, según las estadísticas publicadas ayer por Sanidad. Unos números que confirman que los diez días de confinamiento del estado de alerta están teniendo, por el momento, un efecto muy limitado sobre la expansión del COVID-19. En comunidades como Madrid, con cifras récord en el planeta de mortalidad, o Cataluña, con un repunte muy severo de casos, viven una situación extrema. Aun así, el Gobierno sigue siendo optimista. «Vamos progresivamente acercándonos al pico de transmisión», volvió a prometer el director de Emergencias, Fernando Simón, destacando que, aunque la cifras absolutas estén aparentemente disparadas, los ritmos (porcentajes) de aumento se están conteniendo porque «estamos controlando la transmisión».

Los expertos ya vienen advirtiendo de que la coyuntura es cambiante y que, aunque haya recuentos con números que aportan esperanza, de un día para otro pueden dar un vuelco. Así ha ocurrido. Los nuevos positivos se han vuelto a disparar. El Departamento vasco de Salud dio ayer cuenta de 543 personas infectadas más, lo que eleva la cifra total a 3.271. Es el mayor incremento de positivos registrado en un solo día desde que saltó la alerta, hace casi un mes. En las jornadas anteriores rondaban los 300 diarios y el récord se alcanzó el pasado domingo, cuando se contabilizaron 372. Ayer, un nuevo mazazo.

Sería un error interpretar estos datos como una prueba de que España está perdiendo la lucha contra el coronavirus. Dado que pueden pasar más de diez días entre el contagio y el diagnóstico –un periodo que debería acortarse a partir de ahora con la llegada de nuevos tests–, los casos conocidos ayer corresponden en su gran mayoría a personas que contrajeron la infección antes de que entraran en vigor las medidas de confinamiento el 15 de marzo. Corresponden, por lo tanto, a contagios que se produjeron antes de que la población fuera consciente del peligro del coronavirus. Sería también un error presentar el aumento del número de muertes como argumento para decir que las medidas adoptadas desde la declaración del estado de alarma son insuficientes o inadecuadas. De nuevo, las muertes que se producen ahora son consecuencia de contagios ocurridos antes del 15 de marzo. No permiten concluir nada sobre las medidas que se han adoptado. Desconfíen, por cierto, de quien aporte argumentos basados en cifras de mortalidad durante el transcurso de una epidemia, porque se prestan a manipulaciones.