20200219

La Mesa del convenio del Metal de Gipuzkoa quedó constituida ayer con la presencia de representantes de ELA, LAB, CC OO, UGT y, por parte de la patronal, de Adegi. Este primer encuentro fue meramente técnico, pero supuso el pistoletazo de salida para iniciar las negociaciones del principal convenio sectorial del territorio, que aglutina a unos 40.000 trabajadores y que sirve de referencia para otros acuerdos provinciales. Un convenio atascado desde 2011 y que ha sido objeto de tiranteces entre patronal y centrales durante estos nueve años. El convenio afecta a 40.000 trabajadores y es un referente para los acuerdos provinciales de otros sectores. ELA, que cuenta con una representación del 48,7%, reitera que habrá movilizaciones si Adegi no mejora las condiciones. 

La crisis de la automoción no deja títere con cabeza. El descenso de ventas, provocado por las dudas generadas en los ciudadanos debido a las restricciones a los motores de combustión, se ha trasladado al sector de la máquina herramienta. Si las cadenas de producción de automóviles bajan el ritmo, también lo hacen sus compras de bienes de equipo. En consecuencia, el año pasado la facturación del sector de la máquina herramienta cayó un 6,8%, con un desplome todavía más acusado en las exportaciones, con una bajada del 8,09%. Una mala noticia si tenemos en cuenta que se trata de un sector clave. Ahora bien, también es cierto que veníamos de un lustro en el que esta actividad batía récord año tras año.

La derivada vasca de esta operación está en la factoría que Bombardier tiene en Trapagaran, en Bizkaia, localidad que también acogió hasta hace pocos años otra planta de Alstom, especializada en equipos eléctricos, que ya no existe. Inicialmente Alstom estaba apostando por ella, ya que en 2015 comprometió una inversión de 12 millones para disponer de una nueva fábrica, aunque ubicándola en Ortuella. Sin embargo, durante ese periodo Alstom llegó a un acuerdo con General Electric que implicaba la venta de su negocio de energía y redes, en la que se integraba la planta de Ortuella. Pero los planes de General Electric implicaron el cierre de la factoría vasca al deslocalizar su producción a China e India. Esta historia no tiene por qué repetirse ahora, pero tampoco se olvida en la Margen Izquierda.

La reducción de los márgenes por el encarecimiento de los costes, los problemas de tesoreria y la falta de mano de obra cualificada está presionando al sector de la construcción residencial y arrinconando a algunas constructoras, con serios problemas para atender los vencimientos de sus deudas y los pagos a proveedores. La constructora vasca Byco, perteneciente al grupo Inberalia Corporación y hasta hace un año Inbisa Construcción, reconoció recientemente la imposibilidad de hacer frente a los próximos vencimientos. La compañía solicitó el pasado 3 de febrero concurso de acreedores y argumentó que, ante la "crisis generalizada en el sector", quiere reorientar su negocio a la obra industrial.

Las rebajas han vuelto a a pinchar un año más en Bizkaia. El presidente de la Confederación Empresarial de Comercio (Cecobi), Pedro Campo, ha resumido el balance provisional del periodo de descuentos más popular del año con dos palabras: «Malas rebajas». Peor que eso. Para el pequeño comercio, están siendo «muy malas, las peores de la historia. Bajando los precios todo el año estamos alimentado a la fiera y muchos pequeños negocios están engordando para morir. Los grandes se lo pueden permitir porque cuentan con grandes márgenes, pero no nosotros», explican fuentes que prefieren permanecer en el anonimato.

 «A partir de hoy a nadie se le va a despedir por una baja por enfermedad justificada». Así fue como defendió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros que supone la eliminación total del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores. El Gobierno da así el primer paso para desmontar la reforma laboral del PP de 2012. Se pone, por tanto, fin al conocido como ‘despido por absentismo’, que permitía a los empresarios echar con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades a aquellos empleados que se ausentaran un 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos (es decir, ocho días); siempre y cuando el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores superara el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos, aunque estuvieran justificadas por un médico. Una medida que prácticamente no se utilizaba, pero que cobró actualidad a raíz de que el Tribunal Constitucional la avalara a finales de octubre.

El Consejo de Ministros derogó ayer la posibilidad de despedir al empleado por faltas reiteradas al trabajo, por bajas médicas continuadas, aunque sean justificadas. La medida del Gobierno provocó la reacción inmediata de las organizaciones empresariales, que lanzaron sus propuestas y temores al Ejecutivo. Así, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclamó que, entonces, la Seguridad Social se haga cargo del salario del trabajador durante los siete primeros días de baja. Lo mismo dijo el presidente de la organización de los autónomos ATA, Lorenzo Amor, integrada CEOE. Los empresarios quieren recortar a la mitad el coste de las empresas por esta situación. Las compañías pagan los quince primeros días de salario. Cepyme y el Círculo de Empresarios exigen un recorte de los pagos de las empresas y alertan de que la medida puede estimular el abuso.

El Gobierno vasco se apresta a sacar el lápiz de calcular ingresos adicionales y probablemente el PNV a utilizar sus armas de negociación –que no son pocas en la coyuntura política actual–, porque los nuevos impuestos aprobados ayer por el gabinete de Pedro Sánchez son un maná. De acuerdo con el Concierto Económico, las instituciones vascas tienen derecho a concertar las dos nuevas figuras impositivas. La denominada ‘tasa Tobin’, que es un impuesto a las operaciones de compra de acciones en Bolsa, y la también bautizada como ‘tasa Google’, cuya aplicación real sin embargo queda aplazada hasta finales de año. Aunque todos los detalles están pendientes de esa negociación, sí existe ya una aproximación clara: en cualquiera de las hipótesis que se manejan para concertar la ‘tasa Tobin’, Bizkaia será el territorio más beneficiado del País Vasco.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que uno de los principales problemas estructurales de la economía española es una derivada del Estado autonómico tal y como está organizado. Como ha declarado a EL MUNDO Ara Stepanyan, economista senior de la institución, «España no es un mercado único». Eso significa que dentro del país «hay requisitos regulatorios diferentes que crean obstáculos para que las empresas se muevan de región a región o se expandan». También critica que los requisitos lingüísticos frenan la movilidad laboral.

5.000 trabajadores del campo cortaron autovías ayer en Extremadura y Almería mientras sus representantes se reunían con la ministra y el vicepresidente. Representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA que ayer se reunieron con el vicepresidente Pablo Iglesias y con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señalaron que Iglesias les había animado a «seguir apretando» y «peleando» con las movilizaciones y tractoradas que desde hace días vienen llevando a cabo en distintos puntos de España, ya que según les trasladó tienen «razón» para ello.

Las 21 directivas vascas que quieren formarse como consejeras acudieron ayer puntuales a su primer día de clase. Ellas han sido las elegidas para inaugurar la primera escuela vasca orientada a facilitar el salto de la alta dirección al consejo de administración. Se trata de una iniciativa impulsada por la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED), junto con la escuela de negocios Esade, y el patrocinio del Banco Santander. Su objetivo es paliar la escasa presencia de mujeres en la cúpula de las empresas, cuando desde diversos ámbitos, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se insta a llegar al 40%. Las cotizadas vascas todavía están lejos, en el 25%, y entre las grandes que no cotizan apenas superan el 10%. «El programa es para dar formación, pero también para ayudar a elaborar una base de datos con posibles candidatas», explica la presidenta de AED, Carolina Pérez Toledo.

Fueron cuatro horas y media de comparecencia. Por momentos tensa. A un mes de las elecciones y con el Parlamento ya disuelto, Iñigo Urkullu se enfrentó ayer a uno de los momentos más críticos de su segundo mandato: dar explicaciones sobre la crisis abierta después de que el pasado día 6 una montaña de residuos sepultase en Zaldibar a Alberto Sololuze y a Joaquín Beltrán. Lo hizo acompañado de cuatro de sus consejeros y con un objetivo claro: intentar apagar una tormenta que ha condicionado la precampaña para las elecciones del 5 de abril. Defiende su gestión, anuncia auditorías internas y admite que «los mecanismos de control no han sido suficientes». 

El consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, sostuvo ayer en el Parlamento que la empresa propietaria del vertedero de Zaldibar no advirtió de la existencia de «grietas» ni de «inestabilidad» en la instalación durante un encuentro que personal técnico de la compañía y funcionarios del Ejecutivo autonómico mantuvieron sólo 16 días antes del desastre.

La investigadora del CSIC Begoña Jiménez, miembro del laboratorio que está analizando las muestras de aire de la zona cercana al vertedero de Zaldibar y que participa en la mesa de crisis de seguimiento del desprendimiento, llama a la calma una y otra vez, a sabiendas de que predica en el desierto entre una población donde ha cundido el miedo por la contaminación del aire detectada tras la combustión del vertedero y las medidas de prevención dictadas por el Gobierno Vasco ya conocidas: no abrir ventanas, no realizar deporte al aire libre y los patios de los colegios cerrados. Considera, «con datos objetivos», que «la alarma es excesiva», puesto que los niveles de dioxinas y furanos detectados «son muy bajos, 700 fentogramos en un metro cúbico», un millón de veces inferior a la emisión máxima permitida para una planta incineradora, compara esta experta. Los resultados de las siguientes mediciones realizadas se conocerán mañana, pero Jiménez cree que arrojarán niveles de dioxinas por debajo del primer análisis.