20200121

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó ayer desde el Foro de Davos una señal de alerta para la economía española: la desaceleración de la demanda interna y de las exportaciones está siendo más intensa de lo que se preveía en octubre y sus secuelas se notarán con fuerza en el crecimiento de este año. Después de la rebaja de previsiones llevada a cabo por el organismo hace solo tres meses, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se estrena con otro recorte del crecimiento hasta el 1,6% para este año y el que viene, dos décimas y una, respectivamente, menos de lo previsto en octubre. Se trata de la mayor rebaja de previsiones aplicada entre los países desarrollados. 

Subraya que el objetivo actual «no es realista», se compromete a contener el gasto público e insiste en que hay margen para «una mayor flexibilidad». El recorte para 2020 que tendría que asumir el nuevo presupuesto es del 0,65%: 7.800 millones. Calviño se encontró con sus colegas en Bruselas para defender que España seguirá siendo responsable con el Pacto de Estabilidad. Y también disciplinada con el gasto, siempre y cuando este sea compatible con los objetivos «de crecimiento y creación de empleo» que se marca Moncloa.

El 53% de los CEO globales vaticina una desaceleración de la economía mundial este año, nada menos que 24 puntos porcentuales más que el año pasado, según la última Encuesta Mundial de CEO elaborada por PwC y presentada ayer en el Foro de Davos, uno de los termómetros más fiables para pulsar el estado de salud de la economía planetaria. Parafraseando a Zapatero, es el estado de ánimo más pesimista desde 2012, año en el que se comenzó a formular esta pregunta. Un sentimiento negativo generalizado “en todas las regiones del mundo” al que no son ajenos, por abrumadora mayoría, los primeros espadas de las empresas españolas: el 78% prevé que la economía global empeore este ejercicio. 

La nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consideró ayer “amenazante y “poco acertado” que la patronal CEOE vincule la derogación de la reforma laboral que quiere llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez con la creación de empleo. Díaz reprocha al presidente de CEOE su advertencia de que las empresas pueden dejar de contratar si no les gusta el cambio en la normativa laboral. Díaz recalcó que el Ejecutivo derogará la reforma laboral en su totalidad: “Es lo que va a hacer esta ministra y este Gobierno”, aseguró ayer la titular de Trabajo.

Estar desempleado no es la única circunstancia que evidencia las disfunciones del mercado laboral. Hay otras situaciones, como tener un empleo de menos horas de las deseadas (denominado subempleo) o directamente, haber dejado de buscar un trabajo por puro desánimo, y dejar de pertenecer así a la población activa. Este es el mensaje que ha lanzado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su último informe de Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. A los 3,3 millones de desempleados la OIT suma otro 1,2 millones de trabajadores, la mayoría mujeres, que aunque tienen un empleo a tiempo parcial, les gustaría trabajar a jornada completa. Y, además, otros 900.00 que no buscaban activamente empleo –y por tanto no cumplen los requisitos para clasificarse como parados ni como activos– pero que aceptarían un empleo si se lo ofrecieran.

Resulta perfectamente razonable hacer de España una sociedad comparable a la de las economías europeas más prósperas y más igualitarias, pero son necesarios tiempo, presión fiscal y otro modelo productivo. No se deviene una economía del norte de Europa de la noche a la mañana o de cualquier manera. Se precisa tiempo y finura legislativa. Finura es entender, por ejemplo, que la universalidad gratis es imposible. Si prevalece la posición de que los servicios públicos proveídos han de ser gratuitos, se está simultáneamente restringiendo el ámbito de necesidades sociales que se pueden proveer por servicios públicos. En el Norte están presentes, en mayor o menor medida, los peajes y los copagos sanitarios...¿bastará con aumentar la presión fiscal? La respuesta es rotundamente negativa. Nuestra diferencia fundamental con Dinamarca, Austria o Francia, no es el nivel de presión fiscal sino algo más estructural: la productividad. 

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, afirmó ayer que cuentan ya con la adhesión de más de 1.200 empresas a la huelga general convocada para el 30 de enero junto a LAB y las organizaciones integrantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. Mientras, la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, ínsistió ayer en la tesis empleada por Urkullu y remarcó que «no existen suficientes motivos» para realizar la huelga general. «Es lo que dice el lehendakari y evidentemente lo comparto», remarcó. Tapia recordó que el derecho a la huelga «es un derecho incontestable». Sin embargo, añadió que Urkullu «responde a los convocantes diciendo que la huelga debe ser el último recurso cuando ya no existen otras posibilidades». Y repitió el argumento del lehendakari de que «no se puede solicitar una reunión ahora cuando la huelga se convocó hace tres meses».

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia criticó ayer la negativa del lehendakari, Iñigo Urkullu, a recibir a los sindicatos ELA y LAB, que le habían pedido una reunión para explicarle los motivos de la huelga general que han convocado para el próximo día 30, y acusó al jefe del Gobierno vasco de mantener una postura «injustificable y un tanto prepotente y sectaria». Acusan al lehendakari de «mentir» al asegurar que su Gobierno no tiene competencias para atender sus demandas y califican de «irrisoria» la subida aprobada del 0,9%. 

El comité de empresa de Petronor comunicó ayer que ha registrado un periodo de huelga que se llevará a cabo entre el 24 y el 27 de enero, ante el «incumplimiento» por parte de la dirección de los acuerdos alcanzados en julio pasado para reducir las horas extraordinarias y respetar los calendarios. En un comunicado, el comité precisó que el periodo de huelga, que estará acompañado por una concentración de la plantilla a la entrada de las instalaciones de la refinería, se extenderá desde las 13 horas del próximo viernes, 24 de enero, hasta las 6 horas del lunes 27.

Siemens e Iberdrola negocian ya un acuerdo que pondría fin a la batalla judicial emprendida por ambas compañías en el seno de la empresa vasca Siemens Gamesa, según han confirmado fuentes conocedoras del proceso a EL CORREO. El pacto, señalan las mismas fuentes, aún está verde y necesita tiempo de maduración. La clave, al parecer, puede residir en la posición que adopte la CNMV para eximir o no a Siemens de lanzar una OPA sobre la totalidad de las acciones de Gamesa. Algo que la multinacional germana quiere eludir a toda costa. De momento, Iberdrola y Siemens Gamesa se han puesto de acuerdo para solicitar la suspensión de la vista oral que se debía celebrar hoy en un juzgado de lo mercantil de Bilbao. 

La agencia de calificación explica que la nota obtenida por la compañía alavesa de equipamiento aeronáutico refleja «su fuerte posición competitiva, la perspectiva positiva sobre el negocio aeronáutico y su sólida generación de caja». No obstante, su calificación también está limitada por el tamaño «modesto» de la compañía, con ventas inferiores a 1.000 millones de euros. 

Las Juntas Generales de Bizkaia rindieron ayer un homenaje a una veintena de mujeres profesionales de la Asociación de Empresarias y Directivas (AED) por su «importante trabajo en un mundo habitualmente copado por hombres». En el acto celebrado junto al Árbol de Gernika, la presidenta de la Cámara, Ana Otadui, reconoció la labor de esta agrupación como «un agente activo hacia un modelo empresarial de liderazgo igualitario».

El Gobierno de María Chivite y EH Bildu han alcanzado un preacuerdo para sacar adelante los Presupuestos de este ejercicio en Navarra, la primera gran prueba de fuego a la que se enfrentaba el Gabinete tripartito integrado por los socialistas, Geroa Bai y Podemos. La abstención de la coalición soberanista ya resultó determinante para aupar a la presidencia a la dirigente del PSN, quien, en medio de una tormenta política, siempre ha sostenido que aquel voto no estuvo precedido de una negociación. 

Avenvol Logistics SL, formalmente una microempresa con tres trabajadores y una facturación de 677.259 euros, esconde presuntamente un colosal fraude tributario. El secreto de cómo esta compañía eludió millones al fisco radica en Coslada (Madrid). Allí tiene su sede Aduanas Senalar, una firma administrada por el agente de aduanas Julio Seseña, que diseñó un tinglado societario internacional que defraudó 105,2 millones entre 2011 y 2014. Seis importadores asiáticos en España (Avenvol era el mayor) recurrieron a este esquema para colar sus contenedores y burlar al fisco, según un escrito de la Fiscalía Anticorrupción. El fraude de Aduanas Senalar y sus seis clientes —de más de 100 millones de euros— está entre los mayores de este tipo destapado en la última década.

El orden del día del Consejo de Ministros de hoy, tras el cambio de fecha a los martes, se presenta cargado de asuntos. El Ejecutivo prevé aprobar la declaración de emergencia climática en España, así como la subida del 2% del sueldo de los funcionarios. Ambas medidas son compromisos que asumió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estando en funciones. La declaración de emergencia climática, pactada en su día con Unidas Podemos, es un paso más hacia el abandono definitivo del carbón y la reducción de emisiones contaminante.