20191215

En la actualidad, el grupo es propiedad de 1.144 médicos en activo y retirados. Algunas acciones también están en manos de herederos. En el modelo de futuro que ya está sobre la mesa de negociaciones, una parte sería controlada por la aseguradora SegurCaixa Adeslas, que no oculta su gran interés por la operación; otra, por los médicos que deseen permanecer; y la tercera pata, previsiblemente, descansaría sobre BBK. La fundación bancaria ha anunciado recientemente su deseo de comenzar a tomar participaciones en empresas, para buscar ingresos alternativos a los que le proporciona el dividendo de Kutxabank. La salida de Miguel Ángel Lujua, cesado el pasado lunes por el consejo de administración, ha despejado el camino de esas negociaciones. El ya exdirector general se oponía a que Adeslas asumiese una posición relevante en el futuro del IMQ. 

Entrevista con Xabier Sagredo, presidente de la fundación BBK. La BBK toma un nuevo rumbo en el que uno de los retos es entrar en el capital de empresas para lograr nuevas fuentes de ingresos. El proceso ya se ha iniciado: "Nuestro pri­mer interés es soportar la obra social por lo que queremos que en la pri­mera fase sean inversiones líquidas para mantener ese nivel de 35 millo­nes. Por otro lado, apostamos por inversiones socialmente responsa­bles y eso nos limita a inversiones que generen valor en el país...Estamos pensando en empresas consolidadas en las que podamos saciar nuestro apetito de rentabili­dad y en las que estemos de una manera voluntaria tanto para noso­tros como para la compañía. En el tema de empresas en crisis hay que ver si tienen viabilidad y, si la tienen, no sé por qué BBK u otro inversor no van a poder estar. Pero si me pregun­tan si vamos a entrar en una empre­sa en fase de liquidación, ahí a o va entrar ni BBK ni nadie...Llega la hora,con eficiencia y creatividad, de ayudar a este país a tener un parque empresarial cada vez mayor". 

El pleno del Parlamento Vasco hará el próximo viernes historia al aprobar la nueva Ley de Cooperativas de Euskadi, una norma que sustituye a otra de 1993 que se había quedado obsoleta, lo que anclaba en el pasado a este tipo de empresas tan importantes en el País Vasco, sobre todo en Gipuzkoa. La norma, que se ha elaborado mano a mano con el sector, pone en el Siglo XXI al mundo cooperativo vasco y moderniza sus estructuras y posibilidades.

La nueva ley reconoce al mundo cooperativo como «agente social específico» para la interlocución representativa del sector. Sin duda, un logro para el colectivo que, sin embargo, no supone una alegría completa, pues la norma deja un sabor más bien agridulce. ¿Qué ha sucedido? Pues que la tramitación parlamentaria no ha servido para dar satisfacción a una de las demandas históricas de las cooperativas: su inclusión en el consejo de administración de Lanbide. Lo propuso EH Bildu a través de una enmienda, y la patronal vasca (Confebask) saltó como un resorte y defendió que esa posibilidad era, sencillamente, «ilegal». PP, PSE y PNV enterraron la iniciativa. El sector ha optado por la paz y ha priorizado la consecución de una norma que le resulta absolutamente necesaria, pero no olvida –ni mucho menos– su ambición. Seguirán peleándolo en el futuro.

Entrevista con Rosa Lavín, presidente de Konfekoop: «En el peor de los casos, nosotros ofrecemos un 70% de empleo fijo y una participación indiscutible». "El tema de Lanbide llevábamos años reclamándolo y no ha salido de forma expresa, pero ese reconocimiento como agente social no es poco. También es verdad que no tenía porqué ser en esta ocasión. Para nosotros lo prioritario era sacar la ley. Esta no ha sido la vía, lo será otra. Sabemos que es viable jurídicamente y estamos dispuestos a seguir dialogando. Sobre la oposición de Confebask a este aspecto, cada uno tiene sus espacios; ellos el suyo y nosotros el nuestro, aunque hay intereses comunes. Para nosotros Lanbide es estratégico. Tenemos que estar". 

El Ayuntamiento impulsa un plan especial para suprimir rigideces que frenen la implantación de compañías punteras. «San Sebastián no quiere que se le escapen empresas por el urbanismo, menos aún si pertenecen a sectores punteros en tecnología». La frase de la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus (PNV), resume bien el paso que va a dar el gobierno municipal este próximo martes al aprobar de forma inicial un plan especial del parque tecnológico de Miramón que modifica la actual normativa. El Ayuntamiento quiere ser «un facilitador» para la llegada de compañías. Se van a poder subdividir parcelas, se permitirá el trasvase de edificabilidad de unas a otras con ciertos límites, se podrá instalar un equipamiento deportivo e, incluso, habilitar un parking en rotación de uso público, además de otros cambios. Miramón tendrá la posibilidad, incluso, de levantar un «icónico» edificio de 10 plantas en una de las rotondas de entrada al parque.

El plan especial de Miramón modifica las alineaciones de la parcela para permitir un proyecto que se rifaban Barcelona y Madrid. «En Miramón vamos a competir con Boston, San Francisco o Cambridge». Así de pletórico se mostraba Javier García, consejero delegado de Viralgen, una compañía referente mundial en terapias génicas, durante la presentación el pasado mes de octubre de las nuevas instalaciones que la biotecnológica construirá en el parque de Miramón, un proyecto en el que invertirá entre 50 y 60 millones de euros.

«Las empresas tienen que saber que no van a tener una segunda oportunidad para causar una primera impresión». Sol Busca considera que las compañías están muy centradas en «el producto, productividad y finanzas» y «dejan de lado la parte de comunicación». La fundadora de la empresa donostiarra En Clave de Sol explica que «si tu no comunicas nadie te va a conocer», por lo que «es un apartado que no hay que descuidar». La fundadora de En Clave de Sol subraya que contar con colaboradores le permite tener agilidad para formar equipos en función de cada proyecto. «Las empresas en Gipuzkoa dan una primera oportunidad a los emprendedores». 

Las empresas se acogen a la reforma del Estatuto de los Trabajadores que ahora avala el Tribunal Constitucional. Los más afectados son las mujeres, los mayores y los precarios. Los sindicatos se plantean recurrir el asunto ante la justicia europea. La reforma laboral de 2012 cambió el artículo del Estatuto de los Trabajadores que permite despedir a los empleados que falten —aun con justificante médico— más de un 20% de sus días laborales en dos meses consecutivos o al menos un 5% en los 12 meses anteriores. No es que la norma introdujera por primera vez estos criterios. Pero sí los desvinculó del absentismo en el centro de trabajo, lo que facilitó extremadamente el despido individual, ya que dejaba de depender de que hubiera más bajas en la empresa. La sentencia del Constitucional avala ahora ese cambio. 

El nuevo año, como todos desde 2013, trae nuevas condiciones para poder acceder a la jubilación que no son sino un endurecimiento de las exigencias: la edad para el retiro se pospone hasta los 65 años y 10 meses y solo quienes hayan cotizado más de 37 años podrán hacerlo a los 65. Además, para calcular la cuantía de la pensión se tendrán en cuenta los últimos 23 años trabajados, lejos ya de los 15 años que se computaban en 2012. Estos cambios son consecuencia de la reforma de las pensiones aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero –aunque con el consenso del resto de partidos y agentes sociales–, que introdujo una serie de medidas que comenzaron a aplicarse de forma progresiva a partir de 2013 con el objetivo de retrasar la edad de retiro y, en cierta forma, reducir la cuantía. 

Koldo Echebarria, Director general de ESADE. A caballo entre Madrid, Barcelona, Bilbao y un avión que le lleva por el mundo, Echebarria pretende impulsar el crecimiento de la escuela de negocios que lidera. “Los sistemas educativos exacerban los patrones de desigualdad”. ESADE planea apostar por Madrid. Busca emplazamiento para duplicar su escuela. El nuevo director general de la institución, que fue elegido hace un año, el tiempo que ha dedicado a “tareas internas”, como fortalecer un “equipo directivo en el que se habían detectado deficiencias”, diseñar un plan estratégico, “hablar con empresarios y directivos para conocer sus necesidades y entender mejor las disrupciones y oportunidades del sector educativo”; ha trazado una hoja de ruta que pivota sobre Madrid.

Como Luis Ayala mencionaba en este mismo medio hace unos días, la crisis ha dejado cicatrices en forma de desigualdad que difícilmente se van a reducir con el ritmo de creación de empleo actual. Sin esta herramienta estamos dejando de lado a una parte de la sociedad que nace con menos oportunidades. Una renta mínima con estímulos al empleo y eficaz activación laboral es sin duda necesaria en nuestra sociedad. En primer lugar, para combatir la lucha contra la pobreza, y en particular la pobreza infantil. Y en segundo lugar, para luchar contra la exclusión laboral, ya que la falta de un empleo digno es el mayor foco de desigualdades sociales. 

Los ingresos familiares también repuntan en el resto de Europa, especialmente en Francia, fruto de las medidas de compensación frente a las revueltas de los chalecos amarillos, y en menor medida en Alemania, Italia y Reino Unido. Y es que Europa sigue creando empleo pese a la ralentización, mientras que los sueldos van recortando el terreno perdido durante la recesión. En España, por ejemplo, la remuneración media por asalariado crece a un ritmo anual cercano al 2%, el máximo en una década. El resultado es un alza sostenida del consumo privado, variable clave por representar en torno a seis de cada diez euros generados por la economía, algo que compensa parcialmente el deterioro del contexto internacional.

Australia quiere una cuota especial para despachar su carbono; Arabia Saudí pide que se incluyan cláusulas relativas al uso del suelo; China, India, Japón y Brasil miran hacia otro lado cuando deben fijar posición sobre medidas y objetivos concretos para reducir emisiones; un bloque de países en desarrollo solicitan que las transferencias de dinero tengan fecha de inicio, España insiste en la cuestión de género... Durante toda la noche los equipos negociadores trabajaron y recogieron las opiniones de las partes, asegura el coordinador de la Presidencia de la COP25, Andrés Landerretche, mientras las delegaciones continúan (hasta el cierre de esta edición) negociando una declaración final que satisfaga a todas las partes pero, tras una intensa noche y un largo día, no hay consenso.