20191209

Las tarjetas de pago aplazado, las denominadas ‘revolving’, sedujeron hace unos años a miles de personas por la posibilidad de hacer frente a pagos o gastos extraordinarios ante situaciones en las que no disponían de liquidez inmediata. La publicidad de dicho producto ‘vendía’ el poder disponer de una cantidad de dinero (3.000, 5.000... euros) de forma rápida a través de una tarjeta de crédito sin comisión de mantenimiento. ¿Cuál era el problema entonces? ¿Dónde estaba el inconveniente de algo, ‘a priori’, tan atractivo pero que ha generado una espiral de deudas crecientes en muchos de sus usuarios? Pues en que los afectados nunca fueron conscientes de los elevados intereses a los que tendrían que hacer frente y que les causarían casi una deuda perpetua con la entidad financiera.

Las empresas vascas tar­dan una media de 91 días en pagar a sus proveedores, trece días más que hace tres años, según un infor­me sobre morosidad empresarial publicado ayer por la asociación de autónomos ATA. Las empresas de Extremadura y Castilla- La Mancha son las que más demoran sus pagos, 98 y 97 días, respectivamente, lo que contrasta con los 78 días de media de las empresas navarras y los 79 días de las de Baleares. Según ATA, las grandes empre­sas son las que más tardan en pagar, 122 días, seguidas de las medianas (116 días), pequeñas (76 días), microempresas (70 días) y autónomos (61 días), que por primera vez superan también el pla­zo legal para pagar. 

El Gobierno Vasco comenzó a dar sus primeras zancadas en 2008 con el primer plan de lucha contra el calentamiento global. La estrategia vasca Klima 2050 se aprobó hace ya cuatro años con los objetivos claros de reducir un 40% las emisiones en 2030 y un 80% para 2050, pero ese planteamiento para dentro de tres décadas ya se ha elevado al 100% y el Ejecutivo no se quiere detener ahí. «Queremos lograr la neutralidad de emisiones para el año 2050 o antes», anunció en la noche del sábado la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, en una de las sesiones de la Cumbre del Clima (COP25) de Madrid.

Los mercados financieros parecen creer en los planes de expansión de Euskaltel por el conjunto del mercado español. Las acciones de la operadora vasca han mantenido una racha alcista desde principios de año, con una subida acumulada del 39%. De hecho, el pasado viernes registró un máximo anual de 9,45 euros, cerrando la jornada en 9,37 euros, que otorgan a la empresa una capitalización bursátil de casi 1.700 millones de euros. El acelerón en Bolsa se acentuó con la llegada de José Miguel García al puesto de consejero delegado a principios de junio. Desde entonces los títulos suben casi un 24%.

La corporación con sede en Bilbao ha decidido aplicar un proceso de reconversión en su base industrial en India, donde cuenta con una veintena de centros y 9.000 trabajadores. Despedirá a 500 empleados y reducirá su actividad industrial en el país. Este mercado asiático arrastra en lo que va de año un recorte de producción del 20% en el segmento de coches y del 15% en el de motos. Varios factores explican esos números. En un país en el que el 80% de los conductores financian la compra de los vehículos de cuatro ruedas (el 40% en el caso de las motos), las condiciones de los préstamos al consumo se han endurecido por la crisis de dos de los bancos más populares del país. India también ha subido recientemente los impuestos relacionados con los nuevos automóviles. Ahora pagan más tasas por su matriculación y por las pólizas de seguros.

El cierre de Araluce divide a Igorre: unos respaldan a Batz, la cooperativa del pueblo, en su decisión de prescindir de la fabrica para salvar el resto del grupo y otros se solidarizan con los 141 trabajadores que se quedan en la calle. "Hoy en día, con la economía de mercado, las coope­rativas son iguales que el Mr.Smith de una multinacional americana", reflexiona Javier Andrés, miembro del comité de Araluce por parte de ELA". La empresa recuerda la situación de incertidumbre que se vive en el sec­tor por la caída de la demanda de vehículos en toda Europa, e insiste en que "ya se han dado alternativas" al comité para explorar salidas para Araluce.. 

Entrevista con Estíbaliz Tello, presidenta de Euskomer. La nueva portavoz de los comerciantes vascos defiende que el sector local pueda competir en las mismas condiciones que los grandes operadores. En la época del BlackFriday y del Ciber Monday, los mino­ristas alzan la voz porque con­sideran que no compiten en las mismas condiciones que determinados operadores que anunician descuentos im­posibles de asumir. La nueva representante de la agrupa­ción de federaciones de co­mercio, Euskomer, reclama una ma­yor consideración del comer­cio como sector empresarial.

Iberdrola no va a escatimar medios en la batalla jurídica del caso Villarejo, en la que el grupo se está viendo envuelto. La compañía, presidida por Ignacio Sánchez Galán, ha fichado a varios de los bufetes top en España para armarse legalmente, tanto en la Audiencia Nacional, donde se sigue el caso, como en otros organismos, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde la empresa también ha decidido realizar actuaciones. Fuentes del sector jurídico indican que, al menos por el momento, Iberdrola ya cuenta con el asesoramiento directo de seis bufetes para este asunto. Además de Garrigues, considerado en el sector energético como uno de los bufetes de cabecera de Iberdrola, la compañía también ha contratado los servicios del penalista José Ángel González Franco, de González Franco Abogados (bufete asociado al alemán Roxin); Baker McKenzie, CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Uría Menéndez y Business & Law.

La patronal CEOE ha comunicado al Gobierno en reiteradas ocasiones que una nueva subida drástica del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2020 puede “sembrar el caos” en la negociación colectiva. Ya este año, esta renta aumentó un 22,3%, desde los 736 euros hasta los 900 euros mensuales. Fue el fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Podemos. Acuerdo que ignoró el pacto salarial que, previamente, habían alcanzado las patronales CEOE y Cepyme con CCOO y UGT. Hasta el punto de que la decisión del Ejecutivo superó los objetivos de los sindicatos. En honor a la verdad, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha reconocido en reiteradas ocasiones que es uno de los errores que ha cometido con el diálogo social. Incluso, en el Ministerio son conscientes de lo que puede pasar en la negociación colectiva con otra fuerte subida del SMI.

Dirige desde abril de 2018 la nueva unidad de negocio de bajas emisiones del gigante PSA, cuyos principales objetivos son el cumplimiento de los objetivos medioambientales de reducción de CO2, el crecimiento y el beneficio. “Representan el 40% del precio final y solo las hay ahora mismo en China, Corea del Sur y Japón”. “Las ventas de vehículos no contaminantes se van a multiplicar por 13 en 2025 y llegarán a rozar los 9 millones en todo el mundo”. 

Más de 1.000 millones de chinos usan habitualmente WeChat, una potente aplicación móvil que integra desde un servicio de mensajería hasta un sistema de pagos, WeChat Pay, que utilizan a diario cientos de millones de ciudadanos. Algo parecido sucede con Alipay, el medio de pago de Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico, que manejan cerca de 900 millones de personas. Estas aplicaciones permiten a sus usuarios pagar en millones de comercios en todo el mundo. Entre ellos El Corte Inglés. La cadena de grandes almacenes se ha pertrechado para aprovechar el “incalculable” potencial del mercado asiático. Los turistas chinos, 150 millones en 2018, tienen gran capacidad de gasto. 200 chinoparlantes trabajan en el establecimiento de la Castellana. 

Por primera vez en la historia del BCE, una mujer presidirá el jueves la reunión de su Consejo de Gobierno. Christine Lagarde toma las riendas de la institución cuando la política monetaria roza sus límites, dejando un escasísimo margen de maniobra. En este contexto, ha anunciado una revisión de la estrategia. Dos grandes batallas se ven en el horizonte: la muy controvertida idea de incorporar al BCE a la lucha contra el cambio climático y la redefinición del objetivo de inflación, que pasaría de “por debajo, pero cerca del 2%” a dejarlo en el 2%. Un cambio que parece irrelevante, pero con importantes consecuencias.

La incertidumbre regulatoria y política en España unida a las atracti­vas condiciones fiscales que ofrece Portugal han convertido al país ve­cino en un foco de atención para los inversores nacionales e interna­cionales que se plantean en qué parte de la Península Ibérica les in­teresa más poner su dinero. Las consultas a despachos de abogados, entidades y asesores españoles por parte de inversores y grandes patrimonios han aumentado en las últimas semanas a raíz de las elec­ciones del pasado 10 de noviembre y, sobre todo, a raíz del preacuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos para poner en marcha la nueva legislatura. 

En España, el consumo creció un 7% en octubre en términos interanuales, hasta los 11 millones de hectolitros, lo que supone dejar atrás el estancamiento en los 10 millones sufrido en la última década, según los datos elaborados por el Observatorio Español de los Mercados del Vino. El sector del vino ha experimentado una gran caída de la demanda en las últimas décadas, pasando de un consumo de más de 40 litros por persona y año en los 80 hasta menos de 20 en la actualidad. En los mercados exteriores las ventas aumentaron el 10%, pero a base de fuertes bajadas de precios, especialmente de los no envasados, que cayeron más del 30%. España fue en 2018 el mayor exportador mundial de vino, con más de 21 millones de hectolitros frente a los menos de 20 millones de Italia o los 14 de Francia. Sin embargo, el precio medio del litro de vino se situó en solo 1,22 euros, con un descenso de 23 céntimos.