20191129

El 59% de los ciudadanos vascos considera que el desempleo es el mayor reto que tiene Euskadi en los próximos años y cree que los problemas relacionados con el mercado laboral están entre los tres problemas más importes. Sin embargo, un 63% califica su situación laboral personal como muy o bastante buena, según el último Sociómetro del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. Además, un 67% de los encuestados valora la situación económica de Euskadi como buena o muy buena, una percepción que "sigue siendo alta con respecto a los últimos años" aunque se ha "frenado" la tendencia al alza que se venía registrando, según recoge el Sociómetro. Esta tasa contrasta con la percepción de la situación económica del Estado, que sólo el 18% considera buena o muy buena.

«Mercados de gran relevancia para nuestras empresas copan en los últimos meses titulares en la prensa por sus complicadas circunstancias», evidenció el presidente de la Cámara de Comercio de Araba que mostró su preocupación sobre la «situación de incertidumbre política» que vive España «en un momento en el que las previsiones de crecimiento comienzan a resentirse». Sin embargo, tal y como señaló, «nuestras empresas ya están acostumbradas a la gestión en este entorno inestable» y puso como ejemplo a las firmas premiadas este año, Izadi, General Química y Kupsa. «La internacionalización es, sin duda, un reto, que cuando se asume con éxito, como en estos casos, recompensa a las empresas con un posicionamiento como proveedores mundiales de referencia», abundó. 

Las bajas cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos han vuelto a saltar a la palestra después de que un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicado el miércoles advirtiera de que es una de las debilidades del frágil sistema de pensiones español. Euskadi no es diferente en este sentido y aquí también la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta propia (el 77%, por debajo del 86% de la media nacional) cotiza por la base mínima –944,4 euros–, lo que sale a una cuota de 283 euros al mes. Ahora bien, sus pensiones también son muy inferiores. Por jubilación cobran 908 euros frente a los 1.624 que reciben los asalariados del régimen general.

El grupo vizcaíno quiere consolidar su desarrollo en ferrocarriles y apunta también a restauradores, sistemas de control y protección, así como servicios y espera que sus contrataciones crez­can un 6% anual hasta 2020. además, la automatización de Además, la automatización de las redes de distribución y las inversiones en transmi­sión empujarán el negocio de Arteche, según las previsio­nes de la compañía vizcaína, que espera cerrar este ejerci­cio con una cartera de pedi­dos de 275 millones de euros frente a los 256 de 2018. 

Idom se apunta a la fórmula del sale & leaseback (venta con posterior alquiler del edificio). La firma de ingenería vasca ha contratado a la consultora inmobiliaria Savills Aguirre Newman para buscar comprador de sus sedes en Madrid (ubicada en el barrio de Montecarmerlo) y Bilbao, localizada en el canal de Deusto frente a Zorrotzaurre. Aunque de momento la operación sigue abierta, la compañía negocia ya con dos fondos de capital interesados en estos edificios, según explican fuentes del mercado a EXPANSIÓN. La desinversión se podría cerrar en una sola operación, incluyendo los dos inmuebles, o por separado. La valoración de los dos edificios supera los 80 millones.

La negociación colectiva vas­ca ha cogido carrerilla este otoño con un puñado de acuerdos, el último caso el Metal de Bizkaia, que alimentan la posibilidad de dejar atrás muchos años de bloqueo. Solo con cuatro con­venios -el Metal vizcaíno, la enseñanza concertada, las ikastolas y el comer­cio de alimentación de Gipuzkoa- se va a dar un salto histórico en el núme­ro de trabajadores con sus condicio­nes actualizadas de casi 70.000 para cerrar el año con un dibujo inédito desde antes de la crisis de 2008: Seis de cada diez asalariados vascos tendrán su convenio actualizado. 

El panorama sindical en la Administración General vasca acaba de sufrir un seísmo con la irrupción de una nueva plataforma laboral en defensa de los derechos de los trabajadores interinos, aquellos que no tienen plaza propia y que en cualquier momento pueden ver rescindidos sus contratos sin derecho a indemnización alguna, en base a la última sentencia del Tribunal Supremo. Se trata de Interinok Taldea, liderado por el informático Juan Luis Ronco Rodrigo, que en octubre pasado ha cumplido 30 años trabajando como interino en la sede del Gobierno vasco en Vitoria.

El índice de precios de consumo (IPC) ya ha arrojado los primeros registros sobre el comportamiento de los precios en noviembre, mes en el que la tasa se ha situado en el 0,4% interanual. Se trata de tres décimas más de la que hubo en octubre, que fue del 0,1%, según el dato adelantado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este comportamiento de los precios supone, además, el primer repunte en la evolución anual desde julio. El INE destaca la estabilidad de los carburantes y los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a los descensos registrados en el mismo periodo de 2018.

1.500 empresarios reclamaron ayer en Elche la conclusión en 2025 de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad del Corredor Mediterráneo. “Va muy lenta, aunque se ha mejorado”, aseguró Vicente Boluda, presidente de la organizadora Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) sobre la doble vía para viajeros y mercancías que conectará Algeciras con Girona a través de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. “Trabajamos para que funcione una España circular, y no solo radial”, dijo Juan Roig, presidente de Mercadona.

El Gobierno se retracta y liga la subida del 2% de los sueldos públicos a formar Gobierno y dejar de estar en funciones. El anuncio de Planas coincide con la movilización de los sindicatos, que critican la «falta de respeto». «Nos encontramos en un perío­do de Gobierno en funciones», recalcó Planas, quien ha explica­do que en esa situación los servi­cios jurídicos sostienen que es imposible aplicar la subida del 2% que se cerró en el acuerdo multianual.

Christine Lagarde ha estrenado la presidencia del Banco Central Europeo alertando de los riesgos que puede suponer para la estabilidad del sistema financiero, la concesión de crédito y la economía la creación de impuestos específicos a la banca concebidos para sufragar los posibles costes de su rescate. Así lo recoge una reciente valoración, de las primeras firmadas por Lagarde, en torno al efecto que podría tener la subida de un tributo eslovaco de este tipo, muy similar en espíritu al que Unidas Podemos planteaba en su programa electoral y que podría tratar de impulsar si sale adelante el Gobierno de coalición que ha pactado con el PSOE.

Los fiscales del caso Villarejo-BBVA interrogaron ayer en la Audiencia Nacional al representante jurídico del banco, Adolfo Fraguas, durante más de cinco horas, que se suman a las casi cuatro que declaró la semana pasada. Pese a este intenso interrogatorio, el juez y los fiscales han decidido volver a citar en los próximos días (no se ha puesto fecha) a Fraguas, y es muy posible que el interrogatorio dure aún algún día más, según apuntan fuentes jurídicas.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, reunirá mañana a decenas de colectivos sociales, partidos, organizaciones empresariales y sindicales para escenificar el fuerte apoyo que suscita el Pacto Social por la Migración. Sólo se ha descolgado el PP, que lo calificó ayer como «un conjunto de pronunciamientos de intención decorativa». Será la nota discordante entre una multitud de agentes donde no faltarán las entidades que acogen a los refugiados de forma directa, como CEAR y la Cruz Roja. El texto se desglosa en tres premisas y nueve puntos. Las primeras refrendan «el pluralismo, la solidaridad y la necesidad pragmática de la inmigración» en la demografía vasca. Los nueve apartados, enunciados brevemente, hablan de «la defensa de la acogida, la máxima extensión de los derechos fundamentales, la universalidad de la educación y la sanidad, la relevancia del ámbito local para la integración, la igualdad de género, el derecho a conocer las lenguas de la sociedad receptora y la colaboración entre los diferentes niveles institucionales».