20191030

Tras ocho días de huelga en Artes Gráficas de Gipuzkoa y en vísperas de iniciarse otra semana de paros, Adegi alcanzó ayer un preacuerdo con LAB –sindicato mayoritario– y UGT, que incluye mejoras salariales y sociales. Un pacto que ha sido rechazado por ELA que lo tacha de «realmente insuficiente». El sindicato abertzale valoró de forma positiva el preacuerdo al destacar que recoge las «principales demandas sindicales» ya que incluye subidas salariales por encima de la inflación. 

El resultado del grupo Euskaltel en el tercer trimestre del año –que específicamente entre junio y septiembre mejoró un 7,4%– ha permitido invertir la tendencia que venía registrando en trimestres anteriores. Así, el beneficio neto acumulado en los nueve primeros meses del ejercicio se sitúa en 42 millones de euros. Esto aún supone un descenso del 9,9% respecto del mismo periodo del año anterior, pero también implica una clara mejora, de hasta de diez puntos porcentuales, con respecto a junio. Este cambio de tendencia se sustenta, según la compañía, en la recuperación de mercado, ya que en el tercer trimestre logra una ganancia neta de un millar de clientes.

Con las dudas sobre la vasquidad de la teleco naranja encima de la mesa desde que Zegona se situara como primer accionista y entregara los mandos de la nave a José Miguel García, el consejo de administración de la compañía lanzó ayer un inequívoco y tranquilizador mensaje con la elección de Xabier Iturbe Otaegi (Pasaia, 1963) como presidente no ejecutivo. El actual vicepresidente primero de Kutxabank –entidad que es el segundo accionista de la teleco– da de esta forma el relevo a Alberto García Erauzkin, quien tras 21 años en distintas responsabilidades directivas en la casa (los últimos ocho, como presidente ejecutivo, condición esta última que perdió a la llegada de García) presentó su dimisión minutos antes en la misma reunión. La designación de Iturbe se realizó por unanimidad. 

«Se puede emprender creando una empresa, pero también por cuenta ajena, en la familia, en la administración y en la política», dijo ayer José Galíndez, cofundador y presidente de Solarpack, a quienes le escuchaban en el Euskalduna. En su conferencia, ‘Emprendimiento y oportunidad’, el ingeniero naval vizcaíno defendió que «son los emprendedores los que cambian las sociedades». Y, en ese sentido, sacó a colación una frase de JeanClaude Juncker, presidente de la Comisión Europea: «Todos sabemos lo que hay que hacer; simplemente no sabemos cómo ser reelegidos una vez que lo hacemos».

Probablemente, las palabras que más se repitieron en la mesa redonda en la que debatían las grandes corporaciones sobre «innovación, realidad o reto» fueron ‘cooperación’ y ‘talento’; colaborar entre las diferentes empresas para avanzar en el buen camino y lograr atraer y retener a trabajadores talentosos que aporten ese plus de calidad a los negocios. Pero sin olvidar la financiación. «No nos engañemos, la innovación se apoya con dinero. Es un compromiso que debe reflejarse en los presupuestos de las empresas. No basta con ideas. Si no nos adaptamos, vamos a tener problemas», espetó Mikel Álvarez, de la Corporación Mondragón, que estuvo acompañado en el escenario por Iván Feito (Prosegur), Esteban Mayoral (RTVE), Marcos Ros (Acciona) e Ignacio Urigüen (Dominion).

Iberdrola, el mayor grupo eléctrico español por capitalización bursátil, ha dado un nuevo salto en la carrera mundial de grandes contratos de suministro de luz al firmar dos alianzas de forma simultánea con Amazon, líder del comercio electrónico, y Tesco, la mayor cadena de supermercados de Reino Unido. Iberdrola suministrará luz a ambas empresas en este país con contratos a largo plazo que fuentes del mercado valoran en más de 150 millones de euros en conjunto. Iberdrola ya tiene un acuerdo similar con Amazon en Estados Unidos. Ésta es la primera vez que replica en Europa ese tipo de alianza con el grupo de distribución online. Por otro lado, esta es la primera asociación de este tipo que el grupo energético español firma con Tesco.

El Tribunal Supremo ha utilizado un caso de Kutxabank para emitir su primera resolución sobre la polémica comisión por reclamación de posiciones deudoras, es decir, la que se aplica a los clientes tras quedarse en números rojos. Su veredicto, en el que fija la jurisprudencia sobre este espinoso asunto, supone un severo varapalo para el banco vasco. El Alto Tribunal anula por «abusiva» la tasa de 35 euros (cuando comenzó el proceso judicial eran 30) que la entidad cobra tanto por cada descubierto como por impago de la cuota de un crédito o préstamo. Concluye que no cumple casi ninguna de las condiciones establecidas por el Banco de España para permitir esta comisión, que se aplica además de los intereses moratorios.

El PNV tiene claro que el Impuesto de Patrimonio es una anomalía en el conjunto de Europa y que su aplicación «provoca la fuga» de grandes contribuyentes vascos a Madrid, en estos momentos la comunidad fiscalmente más amable de España. Pero también tiene claro que el debate incomoda dentro del partido, en el que ayer volvieron a aflorar sensibilidades distintas: las de Álava, partidaria como Bizkaia de revisar la cuestión, y de Gipuzkoa, alineada con el Gobierno vasco y que no considera el asunto una prioridad. En cualquier caso, la formación jeltzale se inclina por eliminar el impuesto y ahora se afana en buscar alternativas para no perder recaudación, porque a su juicio «nadie entendería» quitar el denominado ‘tributo de los ricos’ para cargar el problema sobre las clases medias.

Euskadi registraba un superávit de 517 millones en los ocho primeros meses del año, lo que equivale al 0,63% de su PIB, con lo que se situó entre las cinco comunidades autónomas con superávit en sus cuentas, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Hacienda. Las otras cuatro comunidades fueron Canarias (1,3% de superávit), Navarra y Baleares (0,16%) y La Rioja (0,06%). Esta cuantía supera en 82 millones a la del pasado año, en el que hasta agosto la Administración vasca acumulaba un superávit de 485 millones.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, afirma que el Ejecutivo autonómico no ve ninguna razón que justifique una huelga general como la convocada por ELA, LAB y otros colectivos sindicales y sociales integrados en la denominada Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria para la segunda quincena de enero. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, Erkoreka señaló que «no comparte en absoluto la existencia de condiciones objetivas» para una protesta de ese tipo, con la que los convocantes pretenden reivindicar unas pensiones públicas y dignas, empleos de calidad y derechos sociales que garanticen una vida digna.

Las empresas que gestionan las residencias y centros de día de Gipuzkoa, públicos y concertados, recibirán menos dinero de la Diputación por los servicios no prestados durante los días de huelga. En concreto, en la próxima factura el Departamento de Políticas Sociales les descontará un total de 710.788,32 euros, que se corresponden con los sueldos que las empresas no han pagado durante las convocatorias realizadas hasta el mes de julio, 88 jornadas en total. Falta por cuantificar el impacto de la última ronda de paros, correspondientes a los meses de septiembre y octubre, durante los cuales las trabajadoras fueron llamadas a la huelga durante un mes seguido. La asociación Gipuzkoako Senideak ve «justo» que no se les cobre a los usuarios por los días en que la atención ha estado en mínimos por los paros. 

El gobierno vasco anunció ayer la convocatoria de una oferta pública de empleo de 1.026 plazas para este año, y de otras 500 para el que viene, que a su vez se sumarán a las 337 ya aprobadas en 2018 y a las 150 también autorizadas el ejercicio anterior, aunque todavía sin realizar. La anunciada ayer, en cualquier caso, será la más numerosa que se organiza en tres décadas, según remarcó Erkoreka. La última que superó el millar de empleos se inició en 1989. El propio consejero reconoció que en los «cuerpos profesionales superiores de la Administración» no se ha celebrado ninguna OPE desde el año 2000.

Con la amenaza de un mes de huelga sobrevolando la red de educación concertada, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, no dudó ayer en calificar de «atraco» y «ajuste de cuentas» la actitud mantenida por los sindicatos convocantes (ELA, LAB, Steilas y CC OO). «Desde luego que hay razones oscuras, está clarísimo. No responden a la búsqueda del bien social de nuestros jóvenes», consideró el prelado de origen navarro sobre un conflicto que –sobre todo– afectará a los centros de confesión católica. Sostuvo que los colegios viven una situación económica «dramática», ya que «no alcanzan a cubrir el coste de su servicio público» con una subvención del Gobierno vasco que «apenas sirve para cubrir los gastos de personal docente y administrativo».

Despedir a un empleado por faltar de forma reiterada a su trabajo, incluso cuando sus ausencias estén justificadas por motivos como una enfermedad no laboral y no recurrente, es un derecho del empresario para defender la productividad de su negocio siempre y cuando estas ausencias superen el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos. Así lo considera el Tribunal Constitucional, que avala de esta manera el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma laboral de 2012 y que tanta polémica sigue generando.

El grupo italoamericano Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y la francesa PSA, dueña de Peugeot, Citroën, Opel-Vauxhall y DS, negocian una posible fusión que daría lugar a un gigante del motor valorado en unos 50.000 millones de dólares (45.000 millones de euros). La necesidad de buscar sinergias, sumar recursos en I+D y reducir costes en una coyuntura de ralentización económica y caída de la demanda global, y ante grandes retos como el vehículo eléctrico y el autónomo, son las principales causas que han empujado a FCA y PSA a buscar un acuerdo. Según el diario The Wall Street Journal, una de las opciones que barajan las compañías es que la integración sea íntegramente en acciones, considerándola como una fusión entre iguales.  

El estudio preelectoral del CIS es distinto a todos los publicados hasta ahora. Primero, porque va a contracorriente de todas las encuestas privadas. Y segundo, porque no tiene en cuenta ni el impacto de la sentencia del ‘procés’ ni la exhumación de Franco. Atribuye al PSOE entre 133 y 150 diputados, por encima de otros sondeos; el PP se quedaría entre 74 y 81, algo por debajo de otras encuestas; Unidas Podemos oscilaría entre 37 y 45, un poco superior a la media; Ciudadanos caería a 27 o 35, un retroceso inferior al que vaticinan; Vox sumaría de 14 a 21, también menos que en los demás estudios; y Más País sería irrelevante con tres o cuatro escaños. Con estos datos, Pedro Sánchez tendría el mejor de los escenarios porque podría elegir socio para la investidura. 

A partir de 2050 se inundarán cada año zonas costeras en las que ahora viven 300 millones de personas. O al menos lo harán si no se toman medidas de contención del agua, como diques y muros. Es una de las consecuencias más directas del ya imparable aumento del nivel del mar debido al cambio climático. Esos 300 millones de afectados son el triple de lo que se había estimado hasta ahora con los modelos de predicción habituales, según un estudio realizado por investigadores de la organización Climate Central y publicado ayer en Nature Communications. En España también habrá impactos: alrededor de 200.000 personas residen ahora en áreas que a partir de 2050 estarán expuestas a esas inundaciones anuales. En la zona roja del mapa de riesgo —elaborado por los autores del informe— hay áreas importantes por su valor económico y natural como Doñana, el delta del Ebro, La Manga del Mar Menor y municipios de Cádiz y Huelva.