20191021

Euskadi se ha consolidado como un referente internacional en empresas que se dedican al ‘Big Data’ o a la ciberseguridad, pero alertan de la falta de profesionales. El sector registra cuatro años consecutivos de crecimiento y exporta más de 2.000 millones. Los datos aportados por el clúster Gaia son apabullantes. Las 254 compañías adscritas al mismo facturaron el año pasado 5.171 millones de euros –el 7% del PIB vasco–, un 4,3% más que en 2017. El 42% de esas ventas –2.068 millones– provino de los mercados internacionales, que registraron un incremento del 5,8%. El clúster señala que 2018 fue el cuarto año consecutivo de crecimiento del sector, confirmando que vive un momento «expansivo», con especial relevancia de los mercados externos, donde se captan cuatro de cada diez euros ingresados.

En Euskadi hay ahora inscritas en la Seguridad Social un total de 58.800 empresas. Es un buen número, y de hecho la patronal Confebask así lo ha subrayado, al considerar que el pasado septiembre registró una positiva evolución tanto del número de compañías como del de autónomos, los dos termómetros que miden la cuestión. Ha ido bien la construcción, tras larguísimas etapas de sinsabores, y mal los servicios y la industria, el corazón de la economía vasca. Pero hay un dato que, en su desnudez, refleja como pocos la profundidad de una crisis que arrancó cuando moría 2007, aunque a veces se nos olvide. En el máximo previo a la nueva Gran Depresión -mayo de 2008- había en el País Vasco 64.635 empresas. Es decir, 5.835 más que hoy. Vamos, que aún queda mucho por rescatar.

Javier Ramos, responsable del gabinete técnico de Lanbide. El mayor reto que afronta Euskadi como sociedad productiva es la sustitución de 490.000 empleos hasta 2030, asegura. "Según la mayor parte de los indicadores, la situación ha mejorado. En los últimos años hay menos conflictividad, mayor estabilidad y, en cier­tos ámbitos, se ha avanzado en conciliación. En términos comparativos con Europa, te­nemos parámetros buenos, salvo en los salarios, ya que los incrementos de los últimos años están lejos de recuperar las pérdidas de poder adquisi­tivo de los años de la crisis...si consideramos las administraciones local, fo­ral y del Gobierno vasco y nos fijarnos en los grandes núme­ros vemos que la calidad del empleo público es superior a la de la media del sector priva­do, en términos de estabilidad y de salarios".

La presencia de mujeres en las cúpulas empresariales, tanto en los consejos de administración como en los órganos de dirección ejecutiva, está avanzando, pero depende del prisma con el que se mire podría decirse que a la velocidad del caracol. Al contrario de lo que pudiera creerse, en las pequeñas y medianas empresas –en las pymes, las que tienen menos de 250 trabajadores– la integración de las mujeres en puestos de responsabilidad está siendo más dinámica, avanza a mayor ritmo, que en las grandes firmas. Así, el 25% de las pymes vascas tienen un 40% de mujeres en sus consejos de administración, cuando la tasa media entre las empresas de una mayor dimensión se reduce al 10,17%.

El crecimiento hace dos años de su perímetro geográfico ha provocado cambios en su estructura económica. El conjunto interregional representa ahora cerca de un 2% de la población y del PIB del conjunto de la Unión Europea, lo que le confiere un mayor peso en el contexto europeo de cara a defender sus intereses y promover iniciativas para las regiones integrantes.La nueva configuración eurorregional ha venido acompañada de un crecimiento económico. La incorporación de nuevos territorios ha aumentado en un 60% el PIB de la Eurorregión y ha desplazado hacia el norte del Bidasoa el peso económico eurorregional, en la medida en que los nuevos territorios del otro lado de la muga tienen un peso superior al de Navarra.

Los electrodomésticos Fagor están a punto de comenzar su tercera vida. Tras la liquidación de la sociedad a finales de 2013, y el fallido intento de reflotarla a través de la catalana CNA, el grupo polaco Amica trabaja a buen ritmo para poner de nuevo los electrodomésticos de línea blanca en el mercado a lo largo del primer trimestre del próximo año. Amica y el Grupo Fagor, formado por ocho cooperativas, cerraron en septiembre un contrato de licencia para utilizar la marca durante 15 años, prorrogables otros 15 si llegan a una facturación de 35 millones de euros. Amica Electrodomésticos, S.L., subsidiaria del grupo polaco en España, alcanzó durante el pasado 2018 unas ventas de 3,6 millones. Los nuevos Fagor se producirán en la planta que Amica tiene en Wronki, Polonia, a unos 250 kilometros el este de Berlín.

Febrero es el mes de la construc­ción; marzo o abril -depende de la Semana Santa- señalan el des­pegue de la hostelería, en junio aparecen los picos de empleo en el comercio que se repiten en no­viembre y en septiembre, cuando el turismo reduce su intensidad, comienza el curso y, con él, el mayor pico de contratación tem­poral del año: la de los profesores que fueron dados de baja como afiliados a la Seguridad Social en junio, justo antes del verano. En total, a lo largo del año son millones de contratos. Pero ni el comercio, ni la hostelería ni las campañas agrícolas concentran un volumen tan alto de profesio­nales como la educación. 

Economistas, ecologistas, partidos y organismos internacionales —como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE o la Comisión Europea— coinciden en que es una herramienta imprescindible ante la crisis medioambiental. “Pero llevamos 20 años diciendo que se necesita una reforma fiscal verde”, apunta Xavier Labandeira, director de Economics for Energy y especialista en fiscalidad ambiental. Y nunca llega. En este tiempo los tributos que se han puesto en marcha bajo la etiqueta medioambiental han sido impuestos “imperfectos que no definen ni se vinculan de manera directa a las externalidades ambientales negativas, que no tienen el alcance espacial adecuado, o que no lanzan las señales correctoras necesarias”, señala el informe Impuestos energético-ambientales en España que Labandeira ha coordinado para la Fundación Alternativas.

En lo peor de la crisis del euro, al comienzo de la década, Poul Thomsen, director del Departamento Europeo del FMI, lideró por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) los rescates a Grecia y Portugal. “Conozca a uno de los hombres más odiados en Grecia”, tituló la publicación económica Bloomberg un artículo sobre él en 2015. Director del Departamento Europeo del FMI desde 2014, este danés de 64 años insiste en que las dificultades que ahora atraviesa la economía continental no tienen nada que ver con las de entonces. Y repite a lo largo de toda la entrevista celebrada en su despacho en Washington que, pese al frenazo que ha dado el mundo, España debe seguir consolidando sus cuentas para reducir deuda. Cosa que, según critica, no se hizo lo suficiente durante las vacas gordas.

El endeudamiento estatal en España carga a cada ciudadano con 22.000 euros de media, más del triple que en 2007, justo antes de la gran crisis económica mundial, y más que la renta media anual de cada ciudadano. No es un dato abstracto: parece que no, pero sí que cargamos de modo personal con esa deuda global del Estado, además de con nuestra hipoteca y la cuota del coche. Porque ese volumen de deuda pública no lo pagamos en forma de letras mensuales, pero sí en forma de menos sueldo, menos crecimiento económico, menos inversiones productivas, menos posibilidades de permitirnos unas vacaciones, de cambiar la lavadora vieja... El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado esta semana una clara advertencia a la práctica totalidad de países del mundo, incluido España, porque el nivel global de endeudamiento es enorme.

Lo del sábado fue más un contratiempo que una derrota, piensa Boris Johnson. El Parlamento forzó ese día al primer ministro a pedir a la UE una nueva prórroga del Brexit y logró retrasar el acuerdo de salida que Londres había negociado con Bruselas. Johnson cumplió a regañadientes con dos cartas al presidente del Consejo Europeo. Una sin firmar, en la que le transmitía que una mayoría de diputados británicos quiere alargar los plazos. Y otra más, esta sí firmada, en la que rechaza esa extensión y asegura que sacará adelante su texto. Hoy mismo volverá a someterlo a votación en Westminster.

En cinco regiones del país rige el estado de emergencia, que otorga al Ejército la responsabilidad de mantener la seguridad. Está vigente en casi toda la capital, desde la madrugada del sábado. El creciente despliegue militar y policial por todo el país no es suficiente para ocultar algo que asombra: Chile está fuera de control, con una explosión de violencia y desobedien­cia pública inéditas en los casi 30 años de vida que lleva la actual eta­pa democrática. Tras dos noches de toque de queda y el despliegue de casi 10.000 soldados, el país se sigue sacudiendo en medio del descon­cierto de muchos. ¿Cómo llegamos a esto?, se preguntan. Y a esa pre­gunta suman otra: ¿Cómo será, hoy lunes, la vida en una ciudad arrasa­da por la violencia y el miedo? 

El independentismo vuelve a ser pieza imprescindible para formar un Gobierno de izquierdas. El tracking de Sigma Dos para EL MUNDO muestra un fotograma, a 18 de octubre, en el que los socia­listas continúan deslizándose cues­ta abajo perdiendo ya dos escaños respecto a lo que lograron el 28-A. Ahora se situarían en 121, a seis puntos de distancia del PP, que se mantiene anclado a un paso del cen­tenar de diputados al que todavía no ha llegado. Los populares se han re­sentido levemente al final de la se­mana dejándose un puesto. En este momento obtendrían 97 escaños, 31 más que en abril. 

DV acompaña a dos donostiarras y dos extranjeras de pintxos para comprobar si existe alguna discriminación. Hace cuatro años que el volumen de turistas empezó a dispararse en la capital guipuzcoana y a su vez empezaron a asomar rumores de que algunos establecimientos hosteleros aplicaban tarifas diferentes a los clientes extranjeros y a los locales. Desde entonces, las quejas en este sentido han sido cada vez más notables, si bien muchas no llegaban a trascender. Ya fueran turistas, extranjeros que llevan años residiendo en San Sebastián o donostiarras que tienen en su entorno más cercano a foráneos, empezaron a trasladar que en más de una ocasión habían sido testigos de cierta discriminación en el precio si el que pedía la ronda era extranjero en lugar de autóctono. Es una práctica compleja de demostrar y fácilmente justificable bajo la premisa del descuido, pero si el cliente lo pasa por alto, la suma de esos pocos céntimos ‘extra’ puede llegar a suponer una cuantía importante.