20191016

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que tiene el mandato legal de elaborar un informe sobre las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de todas las administraciones públicas, ha avalado las del Gobierno vasco para el año 2020, que estiman un crecimiento del 2%, ya que considera que son «prudentes». En su informe sobre Euskadi, hecho público ayer, la AIReF considera que los cálculos del Ejecutivo autonómico se encuentran de la «zona media de los intervalos» de posibles crecimientos de empleo y Producto Interior Bruto.

El Instituto Vasco de la Competitividad (Orkestra) dio ayer un toque de atención a los empresarios en la presentación de un estudio sobre las competencias profesionales del futuro en Euskadi. Sus responsables advirtieron de que esa falta de perfiles cualificados que tanto denuncian las patronales se podría subsanar en gran medida con una mejora de los salarios, de la calidad de la contratación y de una oferta más atractiva de desarrollo profesional. «Muchas empresas quieren tener ingenieros a bajo coste», censuraron. «No existen evidencias de un problema generalizado de vacantes sin cubrir y sí que las hay por la enorme sobrecualificación que tenemos en el País Vasco. Ese el principal desajuste», concluyeron. El informe se expuso en la Universidad de Deusto, a la que pertenece Orkestra, con la presencia de su rector. 

El conflicto en la educación concertada de Euskadi entra en un túnel sin luz. La convocatoria de un mes ininterrumpido de huelga pone en riesgo los exámenes de la primera evaluación, el curso y los estudios de 100.000 alumnos, además de indignar a sus padres, que soportaron 24 días de paros el año pasado y ayer se concentraron ante la sede de ELA. El paro será del 7 de noviembre al 5 de diciembre y no se descarta que luego «continúe». 

La huelga es una herramienta legítima en la defensa de los intereses de los trabajadores, pero que ha de utilizarse como último recurso y siempre con la responsabilidad y proporcionalidad debidas. Sobre todo, cuando los derechos que se reivindican con ella colisionan, como en este caso, con los de otra parte de la sociedad. Tomar como rehenes a 100.000 alumnos con una protesta ininterrumpida que suspenderá las clases entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre constituye un evidente abuso. Es llevar demasiado lejos un pulso laboral enquistado que ha puesto en jaque a un sector que aglutina a la mitad del sistema educativo vasco porque así lo han decidido libremente las familias. Resulta injustificable que el convenio colectivo de los centros de iniciativa social lleve más de diez años sin ser revisado. Pero ello no resta desmesura a unas movilizaciones que tendrán letales efectos en el aprovechamiento del curso por parte de miles de estudiantes. 

La recaudación de impuestos en los nueve primeros meses del año aumentó tanto en Bizkaia (un 4,3%) como en Álava (un 1,4%) hasta los 6.776,8 millones de euros y los 1.596 millones, respectivamente. En el caso vizcaíno, dicho incremento supone casi 282 millones más que en los mismos nueve primeros meses del año pasado, mientras que en Álava son 22,1 millones más en el mismo periodo. En Bizkaia, y según preciso su Hacienda foral ayer en un comunicado, las partidas impositivas que más crecieron fueron las retenciones por rentas del trabajo (un 5,2%) y la recaudación por el IVA de gestión propia (un 5,4%).

Si el pasado lunes fue el diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, quien reconoció que hay fuga de contribuyentes hacia otras comunidades con una presión fiscal inferior –lo hizo en relación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones–, ayer fue el diputado general de Álava, Ramiro González, quien decidió sincerarse y expresar en alto lo que piensa para proponer «una reflexión sobre el mantenimiento del Impuesto de Patrimonio». Lo hizo así, con sordina, en formato de político prudente que lanza una sugerencia para evitar sentar cátedra, pero dejando claro cuál es el trasfondo de sus ideas. «España es el único país de Europa en el que se mantiene, porque todos los demás lo han ido eliminando», puntualizó. La Diputación de Gipuzkoa reaccionó también, pero lo hizo en sentido contrario. 

Bizkaia y Madrid encabezan el ranking de menor presión fiscal en pleno debate sobre la fuga de grandes contribuyentes hacia otros lugares. Así lo refleja el tercer Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) que elabora la Unión de Contribuyentes (UC), presentado ayer en la capital, en el que Gipuzkoa se sitúa como el cuarto territorio de España con mayor atractivo desde el aspecto de la fiscalidad para atraer compañías y profesionales. El territorio cuenta con una media de 6,89 puntos sobre diez y se posiciona por detrás de Bizkaia (7,06), Madrid (7,02) y Álava (6,97). Gipuzkoa mantiene la cuarta posición por tercer año consecutivo –aunque pierde dos décimas respecto a 2017–, mientras que Bizkaia retiene el liderato. Madrid, por su parte, arrebata la segunda plaza a Álava. Navarra sufre la mayor caída con el retroceso de cuatro posiciones –tiene la peor nota de todo el Estado en el IRPF– y Cataluña cierra el ranking con la nota más baja, un 4,9, la única comunidad autónoma que suspende en esta tercera evaluación del IACF.

El Gobierno vasco ha decidido invertir 6,6 millones de euros en la adquisición de acciones de la Corporación Alimentaria Kaiku, compañía con sede en Gipuzkoa que está controlada por la multinacional suiza Emmi. En la práctica, el Ejecutivo va a ocupar el hueco que deja la salida del accionariado de Kutxabank, el grupo Mondragón y las tres diputaciones forales.El Gobierno vasco ya estaba en el accionariado del grupo Kaiku desde mediados de 2015, aunque de forma indirecta y a través de la sociedad Ekarpen. Una entidad de inversión en proyectos estratégicos que, aunque controlada por el Ejecutivo, tiene también entre sus accionistas a Kutxabank, a Mondragón Corporación y a las tres diputaciones. 

Euskaltel no contempla, por ahora, la venta de la red de cable del grupo para financiar la expansión nacional de la opedora del norte en el resto de España, según aseguran fuentes de la empresa. Fuentes de Euskaltel consultadas por EXPANSIÓN destacan que las propuestas estratégicas y operativas en la operadora vasca son propuestas no por O’Hare sino por el consejero delegado de Euskaltel, José Miguel García y que tienen que ser aprobadas por el consejo e insisten que, en estos momentos, la posibilidad de la venta de la red, no está sobre la mesa. La venta de la red, sin embargo, fue un proceso cuyo estudio se inició a finales de 2018, por parte del anterior equipo gestor.

Desde que el pasado 1 de octubre MásMóvil hiciese público su acuerdo de redes con Orange, la compañía ha subido un 25,5% en Bolsa –hasta los 23,40 euros con que cerró ayer, con una capitalización de 3.076 millones de euros–, tras subir un 21,45% en el mismo día en que se hizo público el pacto. La razón de esta fuerte revalorización hay que buscarla en que los inversores han entendido que el acuerdo con Orange despeja para muchos años cualquier incertidumbre que el cuarto operador del mercado pudiese haber tenido en cuanto a sus necesiddes de inversión para las redes futuras de fibra y 5G.

Las negociaciones entre la UE y el Reino Unido viven su mejor momento desde la llegada de Boris Johnson a Downing Street. Fuentes comunitarias informaron ayer de un inminente principio de acuerdo sobre el Brexit para que sea discutido por los líderes europeos en la cumbre de esta semana. El optimismo —todavía cauteloso— se impone tras varios días en los que el diálogo ha descendido de las altas esferas políticas al barro técnico de los negociadores.

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha querido huir de la «sobrerreacción» y el «catasfrofismo» que ha criticado de algunos analistas y de la oposición en los últimos días. Por ello ha planteado a la Comisión Europea un escenario en el que el Producto Interior Bruto (PIB) seguirá creciendo a un ritmo «sólido» del 2,1% en 2019, creando puestos de trabajo con un dinamismo mayor y manteniendo a rajatabla el déficit público. Esa es la optimista radiografía que el Gobierno, apurando el plazo legal y a poco más de tres semanas para las elecciones, ha enviado a Bruselas en su Plan Presupuestario en el que anticipa que la economía crecerá sólo una décima menos de lo que había previsto allá por abril. Lo mismo ocurrirá en 2020, cuando se prevé un alza del 1,8%, otra décima menos. Y además no será por la desaceleración económica, sino por un mero cambio estadístico.

Hace casi dos años ya que Donald Trump dijo ante la élite financiera y empresarial del mundo que iba a colocar a América primero. “Estados Unidos nunca volverá a hacer la vista gorda ante las prácticas económicas injustas”, aseguró en Davos en enero de 2018. Han sido dos años regados de retórica nacionalista y de medidas y contramedidas proteccionistas. Desde entonces, la economía del mundo se ha ido frenando de forma paulatina. El FMI anunció ayer que la ralentización continuará este año con un crecimiento global del 3%, el más bajo desde la crisis de la década pasada, conocida como la Gran Recesión.

Los coches son un buen termómetro de la salud de la economía. Una vez superada la última crisis, las ventas de vehículos, sus exportaciones y el número de pasajeros crecieron con fuerza. Pero desde 2018 este motor anda gripado. Así, los problemas de la automoción se solapan con los de la economía mundial, reforzándose los unos a los otros. En su último informe, el FMI fija su atención en el bajón que ha pegado el sector manufacturero global. Y la automoción es un buen ejemplo de los riesgos que acechan en todas las esquinas del mundo.

Ni rastro de la respuesta cívica y pacífica que, según anunciaba una y otra vez Quim Torra, daría el independentismo catalán a la sentencia del ‘procés’. La segunda jornada de protestas fue ayer todo lo contrario, un despliegue de todo el arsenal de la violencia callejera, con barricadas, lanzamiento de objetos, incendio de contenedores... Sobre todo el centro de Barcelona, pero también varios otros puntos de la geografía catalana, se convirtieron en un campo de batalla en el que los radicales intentaron medir sus fuerzas con los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional, generando una situación de tal gravedad que el Gobierno de Pedro Sánchez se sintió obligado a emitir un comunicado en el que advirtió de que «garantizará la seguridad y la convivencia en Cataluña». Las escenas de violencia alimentaron las voces que claman por la aplicación ya de la Ley de Seguridad Nacional.