20191014

Responsable de Estudios de Laboral Kutxa y pro­fesor de Economía Aplicada de la Universidad de Deusto, Joseba Mada­riaga admite que es complicado saber qué va a pasar a corto plazo debido a cuestiones tan espinosas como el Bre­xit o el enfrentamiento entre Pekín y Washington. El daño ya está hecho, porque se ha roto el '"crecimiento sin­cronizado" de todas las economías mundiales, pero Madariaga sostiene que eI camino no lleva irremediablemente a una recesión. 

La inversión extranjera que se dirigió a Euskadi en el primer semestre de este año alcan­zó los 80,8 millones de euros, lo que supone un descenso del 89,8% en relación a los 796,1 millones de euros captados por el País Vasco en el período ene­ro-junio del pasado año, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turtsmo, recogidos por Europa Press. Por sectores económicos, la mayor inversión foránea en el perìodo enero-junio de este año (el 27,9% del total invertido) fue en actividades de apoyo a las industrias extractivas, con 22,6 millones de euros. Por países, el que más invirtió en Euskadi durante los seis pri­meros meses del año fue Países Bajos, con 34,1 millones de euros (42,2% del total recibido por el País Vasco), mientras que empre­sas peruanas gastaron en la Comunidad Autónoma Vasca por valor de 22,6 millones (27,9%). 

La industria española se revuelve contra las eléctricas en la gran ba­talla del momento por bajar el precio de la luz. En una contrao­fensiva, las asociaciones del ace­ro, de la industria química, del pa­pel y de los productos petrolíferos se quejan de que la factura que pagan en España es «seis veces mayor que en Alemania» y han pedido a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) que no ceda y no sólo mantenga, sino que endurezca su plan de forzar una rebaja de retri­buciones a eléctricas y a gasistas.También han enviado una carta al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Em­presariales (CEOE), Antonio Garamendi, para que no se alinee con el llamado lobby eléctrico y guarde «estricta neutralidad» an­te el cisma creado en el seno de la gran patronal. 

El cuidado de los mayores y también de los hijos enfermos sigue recayendo en gran medida en las familias, sobre todo en las mujeres, que son las que suelen asumir esa labor. En muchas ocasiones esa dedicación les impide desarrollar una carrera profesional o les obliga a interrumpirla. Para que eso no les impida tener derecho a una pensión, en 2007, con la Ley de Dependencia, entró en vigor una normativa por la que el Estado asumía el coste de sus cotizaciones, pero en 2012 el Gobierno de Rajoy suprimió la medida dentro del paquete de recortes por la crisis. En abril de este año, el Ejecutivo de Sánchez la volvió a implantar y desde entonces no ha parado de aumentar el número de cuidadoras no profesionales dadas de alta en la Seguridad Social. En Euskadi suman 8.038, según los datos de septiembre. Su cifra se ha multiplicado casi por 18 desde las 443 que se contabilizaban en marzo, el mes antes de que entrara en vigor el real decreto ley.

Los contratos de muy corta duración, de menos de 7 días, han ido ganando peso sobre el total en la última década en España al pasar del 17% hasta septiembre de 2009 a rozar el 27% en los nueve primeros meses de este año, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En 2006, antes de la crisis, representaban el 14%. Esta evolución ha contribuido, además, a reducir la duración media de los contratos que se firman cada mes y que en septiembre marcó mínimo en 55,7 días, casi un mes menos que los 82 días que arrojaba la estadística en 2009. Por sectores, la mayoría de estos contratos de muy corta duración se sellan en los servicios, especialmente en hostelería y restauración, actividades con mayor relevancia aún en verano. Alrededor del 89 % de los contratos firmados cada mes son temporales frente al 11 % de indefinidos.

El fisco foral tiene pendiente de cobrar 109 millones de euros del ejercicio pasado, lejos de los 160 que se registraron en 2011. La Hacienda de Gipuzkoa recibe peticiones de aplazamiento de impuestos por valor de 268 millones de euros. Dicho así, puede parecer una noticia nefasta porque evidencia problemas de liquidez por parte de los solicitantes, además de incidir de forma negativa en la recaudación de Gipuzkoa. Pero según los últimos datos facilitados por la Hacienda foral, el importe de las solicitudes –la mayoría están relacionadas con la devolución del IVA, seguidas a distancia de las retenciones de trabajo– firma una curva descendente, desde los 336 millones registrados en 2012 hasta los 268 millones de 2018, últimos datos disponibles.

Ojalá nos equivoquemos, pero la demanda de crédito de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas para proyectos a medio y largo plazo, se está ralentizando en los últimos meses”. Es la expresión de responsables del área de empresas de varios de los bancos nacionales que más atención prestan a este tipo de clientes. En algunos de ellos, además de esta relativa paralización, empieza a preocupar el posible aumento de la morosidad en el futuro cercano. El menor dinamismo de la economía española (en este ejercicio el crecimiento del PIB estará cerca del 2%, mientras que hace un año superó el 2,5%) se está notando en la demanda de crédito de las empresas, especialmente entre las medianas y pequeñas, que, tras la normal paralización del verano, no se está recuperando como ocurría en otros ejercicios.Las causas de esta situación son evidentes: la guerra comercial. 

La eléctrica estadounidense Avangrid, participada en un 81,5% por Iberdrola, negocia fusionar parte o todo el negocio con su rival PPL en una operación que daría lugar a una empresa de 67.000 millones de dólares (unos 60.000 millones de euros) en activos en caso de fusión total, según adelantó el viernes el diario Financial Times y confirman fuentes del mercado a CincoDías. Fuentes del sector señalan que no hay certeza de que se vaya a alcanzar un acuerdo y que las negociaciones son preliminares. La operación podría estructurarse de diferentes maneras.

Los funcionarios se beneficiarán en 2020 del incremento salarial de, al menos, el 2% que está recogido en el acuerdo multianual de mejo­ras retributivas. Así se lo ha transmitido el Gobierno de Pedro Sán­chez a los representantes sindica­les, y así quedará plasmado en el plan presupuestario que el Ejecuti­vo debe enviar esta semana a Bru­selas, tal y como confirman desde el Ministerio de Hacienda. Hasta ahora, y a diferencia de lo ocurrido con las pensiones, el Eje­cutivo en funciones no se había comprometido a acometer esta su­bida y los sindicatos ya amenaza­ban con iniciar movilizaciones. 

Europa acusa los efectos de las guerras comerciales, las crisis en los países emergentes o la posibilidad de un Brexit desordenado. A la espera de recibir luz verde de la Eurocámara, el próximo ejecutivo de Ursula von der Leyen deberá continuar con las grandes reformas de la zona euro en plena desaceleración económica. En la agenda conviven retos que Bruselas arrastra desde la última crisis —la reforma del euro y la Unión Bancaria— y otros tan ambiciosos como poco digeribles para algunos socios, como un reaseguro de desempleo comunitario, la fiscalidad ‘verde’ o las condiciones para un salario mínimo digno.

La cuestión es, independientemente de la onda expansiva de la crisis, si España está o no mejor preparada para encajarla. ¿Tiene capacidad fiscal para absorber un salto abultado del desempleo y pérdidas de recaudación? ¿Dispone de margen para activar iniciativas anticíclicas de gasto público? ¿Tiene sus costes y su competitividad a punto para disputar el mercado? ¿Resistirán las empresas una caída de la demanda y la vuelta a pérdidas? ¿Soportarán las familias un ajuste de empleo y de renta, o un poco probable repunte de los tipos de interés? ¿Está el sistema financiero capitalizado y con liquidez bastante si la crisis horada su solvencia? ...Se habla de crisis, de desaceleración sincronizada pero intensa, de fin de ciclo... En España no hay, por el momento, ni una sola estimación de caída de actividad, pero sí de pérdida de pulso hasta los umbrales de la generación de empleo.