20190516

El presidente de la patronal vizcaína, Iñaki Garcinuño, apeló ayer a la responsabilidad de las administraciones central y vasca para remediar de alguna manera el problema del envejecimiento de la población y sus consecuencias sobre el sistema de pensiones; y, en términos más generales, sobre el mercado laboral. Así, Garcinuño, ante varios cientos de empresarios reunidos en la asamblea de la organización Cebek –acto al que asistió el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, además de varios consejeros vascos–, apeló a la necesidad de favorecer la inmigración. También a la conveniencia de dedicar más recursos a la formación de los inmigrantes, para que puedan asumir las funciones profesionales que demanda nuestra industria.

Confianza, estabilidad institucional, crecimiento y la necesidad de impulsar el Concierto Económico y el Cupo. Sobre estas cuatro ideas pivotaron ayer los discursos de las distintas autoridades vascas y estatales durante el encuentro empresarial organizado por la patronal vizcaína Cebek en Bilbao con motivo de su asamblea general. El lehendakari Iñigo Urkullu se comprometió a «generar confianza para consolidar el crecimiento económico de Euskadi», pero, subrayó, en colaboración con la iniciativa privada. Un mantra que lleva repitiendo el Ejecutivo vasco, que incide en la necesidad de abordar proyectos desde la colaboración público-privada. De hecho, puso en valor las decisiones adoptadas en 2014, con ese espíritu, y que han permitido, a su entender, consolidar el crecimiento económico.

Sonoros aplausos y sonrisas de aprobación recogió ayer en Bilbao el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro por la defensa a ultranza que realizó del sistema foral vasco, del Concierto Económico y del Cupo. Montoro, que participó ayer en la jornada empresarial organizada por la patronal vizcaína Cebek, abogó por «fomentar, respaldar y valorar» dicha singularidad, pero también recalcó que hay que hacer un esfuerzo para explicar que el Concierto vasco «es una parte sustancial de nuestra convivencia, que no es un agravio contra nadie». Al hilo de esto, indicó que «que hay que convencer a todas estas fuerzas políticas nuevas –en referencia a Ciudadanos o Vox– de que España es un país con singularidades» y que llevamos «mas de 40 años conviviendo con éxito». A este respecto, rechazó de plano los argumentos que circulan desde algunos ámbitos sobre supuestas cifras económicas que apuntarían al privilegio de Euskadi y la discriminación de otras comunidades. «No es ningún agravio comparativo para nadie, no pierde nadie», insistió.

La economía europea vuelve a remontar el vuelo en el primer trimestre del año, con España a la cabeza y con un fuerte repunte de Alemania e Italia, mientras que Francia mantiene el pulso. El PIB de la eurozona creció un 0,4% en el primer trimestre del año con respecto al periodo anterior, de acuerdo con los datos que publicó ayer la oficina estadística comunitaria, Eurostat. Esta cifra retoma la tendencia positiva que venía produciéndose hasta el segundo trimestre del año pasado, antes del bache que se produjo en el segundo semestre, que llevo a la economía europea a rozar el estancamiento, con tímidas alzas del 0,1% entre julio y septiembre y del 0,2% entre octubre y diciembre. Y, lo que es también muy positivo, los indicadores adelantados apuntan a que la buena marcha de la economía se mantendrá en los próximos meses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea retrasar una de sus amenazas más conflictivas, por su impacto en el comercio global: la imposición de aranceles al sector del automóviles. Según informaron ayer fuentes de la Administración a la agencia Reuters, Estados Unidos estudia aplazar seis meses esta decisión, prevista inicialmente para el sábado, 18 de mayo. Este sábado se espera un anuncio formal del presidente, como respuesta a las recomendaciones del Departamento de Comercio para proteger la industria automovilística estadounidense de importaciones en áreas de seguridad nacional. La noticia supondría un balón de oxígeno para numerosos países y áreas comerciales que podrían verse perjudicados por la medida, entre ellos la Unión Europea y Japón.

Todos los países de la Unión Europea están ahora obligados a llevar un registro diario de la jornada laboral de los trabajadores. Así lo estableció la sentencia publicada este pasado martes por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que avala así, sin que fuera su finalidad, la medida que desde el pasado domingo es obligatoria en el Estado. Es más, con la nueva ley, España se ha convertido en uno de los países del mundo que tiene un control horario más estricto, mientras que la mayor parte de sus socios europeos habrán de adaptarse o incluso implantar esta norma. Alemania o Reino Unido, por ejemplo, no llevan este registro diario, algo que sí se hace en Italia, Portugal o Austria; en Francia y Bélgica solo es obligatorio para determinados sectores o colectivos, según se desprende de un estudio elaborado por Sagardoy Abogados.

El desarrollo reglamentario de la reforma legal que ha impuesto el registro diario de jornada en todas las empresas podría añadir más confusión a la norma y, en consecuencia, es rechazado por la CEOE. La responsable de relaciones laborales de la patronal, Rosa Santos, considera que el texto actual, que procede de un Real Decreto aprobado el pasado 8 de marzo por la vía urgente, es suficiente para regular el tiempo de trabajo en las empresas. La intención declarada por el Gobierno con la nueva norma es aflorar los más de dos millones de horas extraordinarias no declaradas que cada semana se trabajan en el mercado laboral español.

Una de las opciones que hay sobre la mesa para cumplir con el nuevo registro horario son las apps para que los trabajadores introduzcan el comienzo y el final de su jornada; aplicaciones que, en algunos casos, el trabajador debe instalar en su propio móvil. Su utilización por parte de las empresas, sin embargo, puede plantear problemas legales. Una circunstancia que, si bien en España aún no ha causado demasiados litigios, en EE UU sí ha sido analizada por los jueces.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) tiene previsto emitir este año una sentencia que podría obligar a España a hacer fijos a más de medio millón de trabajadores interinos y temporales del sector público. Ese pronunciamiento deberá aclarar dos cuestiones prejudiciales planteadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 8 y 14 de Madrid por los casos de un informático estatutario temporal interino del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que suma 18 años en este puesto eventual, y los de cuatro odontólogas, también de la sanidad pública madrileña, que llevan entre 12 y 17 años encadenando distintos contratos temporales. Si la sentencia final otorgara la fijeza a estos trabajadores podría abrirse en España un macroproceso que obligaría a las Administraciones a hacer indefinidos a la mayoría de los interinos y temporales del sector público que lo reclamaran en los tribunales.

El Gobierno ha dejado claro en numerosas ocasiones que va a acometer una notable subida de impuestos. El objetivo, sostienen en el Ejecutivo, es acercar los niveles de recaudación tributaria a la media europea. Sin embargo, ese mismo razonamiento no se aplica para los gastos y, en concreto, en lo que al desembolso en el ámbito social se refiere, que seguirá estando muy lejos de la media europea. En los últimos datos de Eurostat, referentes a 2017, se constata que el gasto medio destinado en Europa a Salud fue del 7% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la cifra española se quedó del 6%. Y en Educación, el esfuerzo comunitaria era del 4,6% por el 4% de España, nivel que el Gobierno de Mariano Rajoy quería reducir incluso más y llevarlo a mínimos de 25 años. Ahora, el de Sánchez no contempla esa reducción, pero tampoco compromete una subida concreta en estos ámbitos.

En el ambiente impulsivo y volátil de la nueva diplomacia trumpiana, y con China embarcada en su propia agenda hacia la hegemonía global, la UE se ha erigido en garante de las reglas y el multilateralismo: defiende el tratado nuclear con Irán que Estados Unidos trata de torpedear con sanciones; encabeza la lucha contra el calentamiento global tras la retirada de Washington del Acuerdo Climático de París; ha sacado adelante un reglamento de datos que las multinacionales de Silicon Valley se han apresurado a adoptar, y se ha arrogado la condición de adalid del libre comercio firmando nuevos pactos con Canadá, Japón, Vietnam, Singapur y México, y negociando otros con Australia, Nueva Zelanda y Mercosur.

La administración china reveló ayer que la economía sigue ralentizando su crecimiento, una tendencia que podría acentuarse ante la disputa comercial que libra con EE UU. Los datos económicos que reflejan la marcha de China en abril no son especialmente halagüeños. La producción industrial creció, pero lo hizo solo un 5,4%. Sabe a poco si se compara con el incremento de marzo, que fue del 8,5%. Las ventas al por menor también se expandieron, pero lo hicieron al menor ritmo de los últimos 16 años: un 7,2%, 1,5 puntos porcentuales menos que el mes anterior. Los expertos vaticinan que una guerra comercial abierta podría rebajar el crecimiento de la economía local para este año 2019 por debajo del 6% previsto por las autoridades, lo que ha llevado a Pekín a preparar un paquete de ayudas fiscales y facilidades de crédito para responder a esta nueva situación.

El sector de la máquina-herramienta acusa la desaceleración provocada por las incertidumbres geoeconómicas. Así se desprende de los datos aportados ayer por César Garbalena, presidente del clúster AFM (Advanced Manufacturing Technologies), y por Xabier Ortueta, director general. Ambos dieron cuenta del balance del año pasado y de las perspectivas para 2019, como ‘aperitivo’ de la asamblea general que tendrá lugar mañana en Orona-Ideo (Hernani). El año pasado fue un ejercicio para enmarcar, con un nuevo récord de facturación y exportaciones. Pero no es menos cierto que el primer cuatrimestre de 2019 ha registrado una caída de pedidos. Ante esta realidad, la previsión es terminar el año igualando las ventas de 2018 o quizá un poco por debajo de aquellas. En todo caso, como subrayó Ortueta, no se trata de «ningún drama, porque venimos de unos resultados muy potentes».

Euskadi ha perdido 728 autónomos en el primer cuatrimestre, hasta sumar en abril 171.701, lo que supone un descenso del 0,4% con respecto al cierre de 2018. Se sitúa así entre las nueve comunidades que han cerrado los cuatro primeros meses de este año en signo negativo. En el conjunto de España, en los cuatro primeros meses de 2019 el número de autónomos que cotizan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha aumentado en 9.949 personas, hasta situar la cifra total en 3.262.988. Este incremento, aunque positivo, es cinco veces inferior al registrado en los cuatro primeros meses de 2018, cuando se crecía a un ritmo del 1,5 %.

La empresa alavesa Tubos Reunidos presentó ayer unos resultados trimestrales con dos caras bien diferenciadas. La compañía perdió en el primer trimestre del año 13,3 millones de euros, como consecuencia de un efecto combinado de reducción de la demanda en Estados Unidos, junto al recorte de márgenes en ese país debido a los fuertes aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones de productos de acero. Sin embargo, es una importante recuperación de la cartera de pedidos en la recta final de marzo, combinada también con un incremento de precios y de márgenes, lo que permite a la compañía alumbrar la esperanza de una ligera recuperación en los próximos meses. Todo ello, en medio de una renegociación de su importante deuda con las entidades financieras, que puede darle un balón de oxígeno para tratar de superar la crisis en la que está sumida la compañía, especialmente desde que la Administración norteamericana implementó sus nuevas medidas proteccionistas.

El Partido Laborista nacionalizaría partes de Scottish Power, la filial británica de Iberdrola, nada más llegar al Gobierno, según un documento publicado por su responsable de Energía y que adelantó ayer el diario ‘Financial Times’. El documento afirma que el pago de los activos nacionalizados se haría mediante bonos del Estado y que el precio lo decidiría el Parlamento. La generación de energía no sería afectada por la nacionalización, solo la transmisión y la distribución.