20190428

España tiene una dependencia de las importaciones de productos energéticos sin parangón en el mundo desarrollado y las fluctuaciones de los precios del petróleo le afectan de manera notable. Para bien cuando bajan y peor cuando, como estos días, suben. El precio del barril de petróleo Brent para entrega en junio terminó esta semana en el mercado de futuros de Londres en 72,16 dólares, un 2,72% menos que al finalizar la sesión anterior. El problema es que al cierre de diciembre de 2018 estaba en 52,75 dólares, lo que representa un incremento de casi un 37% en lo que va de año. Estos precios se han encarecido pese a la desaceleración económica mundial por la renovada presión de Estados Unidos para limitar las exportaciones iraníes, un país del que España importó 4.894 toneladas de petróleo el pasado ejercicio, el 7,2% del total, y una mejora en la perspectiva del crecimiento de la demanda global han elevado el precio del petróleo hasta su máximo nivel de este año.

Lo que algunos expertos ya han bautizado como ‘Irán-Oil’, esto es, el fin de las exenciones para la compra de crudo procedente de Irán concedida por EE UU a ocho países –entre ellos China, India y Turquía, tres de las economías emergentes más importantes del mundo–, probablemente termine siendo menos grave de lo temido. Al menos, así lo creen diferentes economistas, profesores de estudios energéticos y analistas de mercados, que matizan las «evidentes consecuencias negativas» de una nueva medida unilateral del controvertido presidente de EE UU, Donald Trump, que entrará en vigor a partir del 2 de mayo aunque se anunció el lunes pasado. El efecto fue automático en los mercados, con un primer repunte del 3% en el precio del barril de petróleo de clase Brent, el referente utilizado en Europa.

La electrificación del automóvil y las nuevas modalidades de movilidad no van a terminar con la demanda del petróleo, ni a corto plazo, ni a medio, según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía. Para este año, la AIE mantiene su previsión de incremento de demanda de consumo de petróleo y considera que crecerá en unos 1,4 millones de barriles diarios hasta alcanzar los 100,6 millones, pese al proceso de ralentización de la economía mundial que anuncia el Fondo Monetario Internacional, mientras que la oferta de crudo se moderará por el recorte en la OPEP, la caída en Venezuela, y los problemas de Irán por las sanciones de Trump. Y de cara a medio plazo, en 2040, la demanda mundial de petróleo ascenderá, según AIE, hasta los 106,3 millones de barriles diarios teniendo en cuenta el nuevo marco normativo internacional, según se desprende de la edición de 2018 del estudio Perspectivas de la energía mundial.

El próximo Gobierno de España tendrá que hacer frente a un escenario económico marcado por la desaceleración y la incertidumbre en torno a un posible cambio de ciclo. Los desafíos son muy diversos, casi tanto como los riesgos que proceden de dentro y fuera del país. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, la falta de acuerdo en la negociación del Brexit, la incertidumbre política en países como Italia o la propia fragmentación política de España son las principales preocupaciones. Aunque quizá este último sea el factor que más obstaculice los cambios y reformas que organismos como el BCE o el FMI reclaman al país. ¿Serán capaces los partidos del arco parlamentario de lograr en la próxima legislatura acuerdos sobre cuestiones que influyen en el bolsillo y la economía de los ciudadanos?

La crisis estrechó el grupo intermedio de la pirámide social: en España es más pequeño que en otros países desarrollados y los jóvenes tienen más dificultades para mantenerse. La caída salarial y el precio de la vivienda son sus principales trabas.

Miguel Zurita, presidente de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri), quiere acabar con las ideas negativas que rodean la entrada de fondos de inversión y sociedades de capital riesgo en las empresas. «Hay que desechar la idea de que somos ‘fondos buitres’, que vamos contra la empresa». «Al contrario, las ayudamos a crecer y a desarrollarse», asegura. Zurita, que presidió el pasado viernes la asamblea nacional de Ascri celebrada en Bilbao, muestra las cifras con las que la asociación cerró el pasado año: 6.000 millones de euros invertidos -600 de ellos en el País Vasco, la tercera comunidad en inversión por detrás de Madrid y Cataluña- y sólo un 3% de fallidos. «Todas las empresas en las que invertimos crecen y tienen mayor rentabilidad». «Esto demuestra que es rentable, tanto para las empresas, a las que se da una alternativa de financiación al margen de los créditos bancarios, como para aquellas personas que están poniendo en manos de las compañías de capital riesgo sus inversiones», dice Zurita.

Son uno de los ejes sobre los que pivota la economía vasca, responsables de decenas de miles de empleos en la comunidad. Y como muestra de la pujanza de las cooperativas, las casi 1.200 de muy diversa índole que aglutina la Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop), referencia del sector. Facturan más de 14.500 millones y emplean a casi 55.000 personas, con un porcentaje similar de hombres y mujeres. Ahora, y producto del impacto de la recesión, la juventud ha visto redoblada su incertidumbre laboral. Y en muchos casos, la opción de sumarse a una cooperativa surge por casualidad, como alternativa.

Según lo datos del Consejo General del Poder Judicial, 128 personas físicas se han declarado en concurso de acreedores en el País Vasco desde 2016, una cifra muy baja que evidencia los defectos de la Ley. Entre ellas hay diferentes perfiles: empresarios que pusieron en garantía todo su patrimonio para mantener a flote su negocio; autónomos que echaron la persiana con la crisis; padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso... Gente arruinada que busca liberarse de la condena de una deuda de por vida.

Como otras tantas empresas, la entidad financiera en la que trabaja Takeshi Otsuda no dudó ni un momento en inaugurar en 2013 una oficina en la Zona de Libre Comercio de la ciudad china de Shanghái. El proyecto era, como lo fue Shenzhen hace 40 años, el pináculo de una nueva oleada de reformas económicas que tenían que cambiar China. Seis años después, el complejo desde el que opera este gestor japonés está prácticamente vacío, un espejo fiel de lo lejos que quedan estos objetivos. Tanto en Shanghái como en el resto del país, la falta de avances para liberalizar una economía aún muy controlada por el Estado amenaza con descarrilar el hasta ahora imparable ascenso chino. E, incluso, pone en duda el esperado sorpasso a Estados Unidos como nueva potencia hegemónica del planeta.

En el mes de julio del pasado año, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) daba el campanazo y removía los cimientos del negocio de la movilidad urbana en Europa al anunciar la firma de un precuerdo para la adquisición del 100% del fabricante polaco de autobuses Solaris, líder en el segmento y una auténtica joya que complementaba a la perfección al fabricante de Beasain en su apuesta por ofrecer a sus clientes soluciones completas para gestionar el transporte colectivo de personas en las ciudades. Poco después –en concreto, el 4 de septiembre–, la firma pilotada por Andrés Arizkorreta daba por completada la compra por un importe próximo a los 300 millones de euros. Solaris aportó el año pasado 230 millones a la contratación de CAF, que se elevó hasta rozar los 3.000 millones de euros, aportando también cerca de 600 millones a la cartera de pedidos, que a su vez rompió todos los registros para situarse en 7.716 millones de euros, un 23% por encima de la del año precedente.