20190417

La planta que Mercedes Benz tiene en Vitoria reducirá la producción en otros 4.000 vehículos, de los 152.000 previstos en febrero a 148.000, aunque esta nueva cifra puede sufrir aún más recortes. Y como consecuencia directa del «importante» descenso en la demanda de vehículos en un mercado cada vez más incontrolable, la compañía también ha decidido cancelar la contratación de estudiantes, entre 200 y 300, para la campaña de verano. Este descenso en la producción es el segundo en lo que va de año en Mercedes, que comenzó 2019 con una previsión de 154.000 unidades. Y aunque parecía que lo peor ya había pasado como consecuencia de la crisis del diésel y los ataques desde diferentes ámbitos, el político incluido, a los vehículos con este combustible –el 85% de las furgonetas que se montan en Vitoria son de gasóleo–, las «nuevas demandas de los mercados», según la compañía, le «obligan» a tomar esta decisión.

El gasto público recuperó en 2018 los niveles previos a los grandes recortes que sufrió durante la crisis. Hasta el punto de que se alcanzó el medio billón de euros, un máximo histórico. No obstante, al restarle la inflación o medirlo en función del PIB, en realidad se encuentra todavía en cotas inferiores. Aun así, se vislumbra una nueva tendencia. Después de años de austeridad, en 2018 los desembolsos aumentaron al mayor ritmo desde 2009. Con un incremento de 22.000 millones en un ejercicio, crecieron en volúmenes similares a 2004 o 2005.

La economía alemana no remonta. El Gobierno volvió ayer a rebajar sus previsiones de crecimiento: solo avanzará en 2019 un 0,5%, lo que supone dejar en la mitad los anteriores pronósticos, que ya habían sufrido también recortes. El Brexit, las tensiones comerciales con Estados Unidos y la débil demanda China son algunas de las causas que explican el enfriamiento de la economía alemana, según explicó el ministro de Finanzas, Peter Altmaier, que calificó el momento de «fase de debilidad». La falta de tracción de la locomotora alemana preocupa en toda Europa, donde temen las reverberaciones de la gran potencia económica de la zona euro.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cree que la deuda pública española no bajará del 90% hasta al menos 2022. El año pasado, la deuda cerró en el 97,2% del PIB y acumula ya un recorte de 3,2 puntos sobre el máximo registrado en 2014. Si bien, aún se sitúa casi 37 puntos por encima del nivel de referencia fijado por la Comisión Europea del 60%. La contribución del crecimiento del PIB (efecto denominador) a la reducción de la ratio de deuda ha sido de 14,8 puntos desde 2014, según los cálculos de Airef. El organismo presidido por José Luis Escrivá considera en su último Observatorio de deuda que aunque la ratio de deuda de las Administraciones públicas continuó reduciéndose el año pasado y que este recorte continuará en los próximos ejercicios, existe aún una probabilidad del 25% de que este escenario no se produzca.

El Tribunal Constitucional (TC) analizará la legalidad de los pagos fraccionados incrementados con el que las empresas financian al Estado que aprobó el Gobierno del PP en septiembre de 2016. El Alto Tribunal informó ayer de que el Pleno ha admitido a trámite la cuestión interpuesta por la Audiencia Nacional que duda de la constitucionalidad de la medida, y preguntó al TC al respecto. La admisión del recurso implica que el proceso que juzga la Audiencia Nacional queda en suspenso hasta que el Constitucional se pronuncie. La anulación de estos anticipos, claves para la recaudación tributaria, supondría un importante agujero a las arcas públicas.

Heiko Maas, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, ha advertido a Londres que no habrá otra extensión del Brexit más allá de octubre, lo que es la señal más clara emitida hasta ahora de que la paciencia de Berlín con el estancado sistema político británico está empezando a acabarse. «Tendrán que decidir lo que quieren hacer en octubre. El Brexit no se puede prolongar durante una década», declaró Maas en una entrevista a Financial Times.

La Autoridad Fiscal propone una revolución de los servicios públicos de empleo para que coloquen más parados. Presionado por Bruselas, el Gobierno de Rajoy encomendó al organismo que analizase el gasto en políticas de empleo, aquellas diseñadas para mejorar la empleabilidad y que suponen un desembolso anual de 6.500 millones. En sus conclusiones, pide fusionar en una ventanilla única estas políticas, el control de la prestación y las ayudas sociales; autonomía e incentivos para los funcionarios; un reparto de fondos según resultados; la estandarización de datos para evaluarlos y extender las prácticas más eficaces; establecer métodos de clasificación de parados e itinerarios para formarlos, y obligar a las empresas a comunicar sus vacantes.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer la normativa que extiende una serie de derechos mínimos laborales a trabajadores con contratos de muy corta duración o a tiempo parcial, así como a empleos llamados «no convencionales», como aquellos a demanda o de plataformas como Uber, Deliveroo o Glovo. Con carácter general, la normativa obliga a las empresas a informar a sus trabajadores el primer día, y de forma excepcional dentro de los primeros siete, de aspectos fundamentales del contrato, como la descripción de las tareas, la fecha de incorporación, la duración, el salario y el horario.

La secretaría general de CC OO-Euskadi, Loli García, calificó ayer de «terrible» la cifra de 11 fallecidos en accidentes laborales en el País Vasco en lo que va de año, una siniestralidad «alarmante», que demuestra que «la precariedad mata» teniendo en cuenta que «el 60% de los contratos en Euskadi son inferiores a un mes y la mitad de los accidentes se registran durante el primer mes de contrato». La responsable del sindicato compareció ayer para dar cuenta del balance de bajas catalogadas en 2018 en la comunidad autónoma por las mutuas como contingencia común y que finalmente fueron reconocidas como enfermedades profesionales. En total, la judicialización de dichos casos logró reconocer a 108 de ellos como enfermedad profesional, frente a los 85 contabilizados el año anterior, en su mayoría, casos de sorderas, relacionadas con enfermedades músculo esqueléticas o respiratorias, principalmente a consecuencia del contacto con amianto.

Se habla con inquietud del envejecido parque móvil español por su impacto en la siniestralidad y la contaminación. Y cuando se ven los datos, son realmente alarmantes. La media en España es de 12,3 años, a la cola de Europa. Y si se examinan los vehículos con 16 o más años se descubre una tasa aún más preocupante: el 31,7%. Euskadi se desliza por debajo de la media, con el 30,1%, lo que sin embargo supone casi 328.000 turismos y furgonetas. Faconauto –patronal de los concesionarios– alerta de una progresión que elevaría en 2025 el porcentaje al 43,4%. Es solo una proyección, pero bastan dos circunstancias para incomodarse. La vejez del parque no deja de aumentar sin que se atisben ambiciosos planes para su renovación.

En mitad de una campaña electoral en la que suenan tambores de recentralización, el Gobierno vasco quiso aprovechar el traspaso de la AP-68, logrado en plena antesala de las elecciones generales, para hacer pedagogía. El acuerdo sellado ayer en la Comisión Mixta, que se reunió por segunda vez en cinco meses tras siete años de sequía, «reconoce y refuerza», según el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, «el modelo histórico de relación pactada y bilateral» del Concierto. La referencia no es baladí: busca legitimar la vía negociadora abierta entre el Ejecutivo vasco y el PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez frente a las ‘recetas’ de Ciudadanos, que en su programa propone acabar con el «cuponazo» vasco, o PP, que apuesta por una moratoria en los traspasos para rediseñar el modelo autonómico.

La Comisión Europea ha amenazado por escrito al Gobierno de Donald Trump con una posible denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) si confirma su intención de reactivar las sanciones contra empresas europeas que tengan inversiones en Cuba. La medida unilateral estadounidense amenaza los intereses de compañías españolas, en particular del sector hostelero, que podrían afrontar la petición de indemnizaciones en EE UU por haber invertido en propiedades que fueron confiscadas a ciudadanos estadounidenses.

Las distribuidoras de las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo) calculan que serán necesarias inversiones en modernización y digitalización de las redes de entre 14.000 y 15.000 millones entre 2017 y 2030 «para integrar de forma eficiente el autoconsumo». Según un informe elaborado por Deloitte por encargo de la asociación del sector, Aelec (antigua Unesa), de dichas inversiones, un 46% corresponden a la modernización de las redes de baja tensión; un 35% a subestaciones y líneas de media y alta tensión y el 19% restante a las redes de transporte.

¿Por qué las economistas tardaban mucho más que sus colegas varones en ascender? ¿Y por qué, pese a que cuando se presentaban a puestos de selección solían obtener mejores resultados, les costaba mucho más dar ese paso? El Banco Central Europeo (BCE) ha tratado de responder a estas preguntas. Y para ello ha analizado los datos en el lugar que mejor conoce: su propia plantilla.Antes de 2011, a ellos les costaba ascender seis años y a ellas, nueve
Se creó un sistema de mentores y comités de selección con más mujeres. El eurobanco zanjó la brecha de género en la promoción de sus economistas, aunque no lo ha logrado en la cúpula