20190414

Euskadi no es inmune a la desaceleración que sufre la economía mundial y, sobre todo, sus vecinos europeos. Está acusando el golpe por dos vías: la demanda exterior, debido a la ralentización de las exportaciones, y la industria, por el bajón del automóvil, como consecuencia de la crisis del diésel. Ambos elementos están estrechamente unidos –la automoción es la principal causa del frenazo en las ventas al exterior– así que ahí está la clave de lo que pase este ejercicio. El Gobierno vasco se muestra confiado en que el sector, con un peso muy elevado en la economía vasca, remonte en el segundo semestre y ayude a superar el bache. Acaba de rebajar su previsión de crecimiento para el año del 2,3% al 2,2%, pero asegura que se mantiene la solidez, si bien quedan muchas incertidumbres por despejar como el ‘Brexit’.

Las cifras lo dicen todo. Según el último informe de Lanbide, el 83% de los graduados vascos en 2017 ya está trabajando y la mayoría, en tareas ajustadas a su formación. El problema es que la media cobra 1.520 euros al mes, 60 menos que hace diez años, y la quinta parte es mileurista. Con este panorama, se entiende que muchos jóvenes se hayan lanzado a opositar en busca de un puesto en la Administración, con mejores condiciones laborales. Quien consiga una plaza de administrativo en la oferta que la Diputación de Bizkaia ha convocado para junio ganará de entrada 37.000 euros al año. Cada OPE del Gobierno vasco atrae a miles de universitarios que aspiran a plazas en las que se exige Bachillerato, FP o tan solo Secundaria.

El próximo 12 de mayo entra en vigor la obligación de que las empresas registren diariamente la jornada de sus empleados. Un fichero que deberá incluir, según el real decreto ley que lo regula, «el horario concreto de inicio y finalización» del trabajo, y que tendrá que estar a disposición del interesado, los sindicatos y la Inspección de Trabajo para el control de posibles abusos. El diagnóstico del mercado de laboral español, en esta materia, es preocupante. Según la encuesta de población activa (EPA), más de la mitad de los asalariados desempeña jornadas semanales que exceden las 40 horas; y, de entre ellos, el 48% no cobra las horas extras. Una circunstancia que merma los ingresos de los trabajadores y, vía cotizaciones, también los de la Seguridad Social. Los expertos laboralistas alertan de las dificultades que conlleva para las empresas implantar este registro

Josu Jon Imaz, consejero delegado de la compañía energética Repsol, considera que los gobiernos deben atender con especial mimo a la industria, a su juicio, el sostén del Estado del Bienestar. Y subraya que, en estos momentos dominados por la transición enérgetica hacia modelos menos contaminantes, hay que extremar ese cuidado, lo que, en su opinión, no se está haciendo. Parte de la ralentización industrial en Europa, sostiene , se debe a la demonización de los vehículos de combustión y a la incertidumbre que genera. «No sé si alguien ha pensado que somos el segundo fabricante de coches de Europa. Estos comentarios no son inocuos. Lo que se dice tiene repercusión inmediata en Mercedes en Vitoria, en Landaben en Pamplona, en los que fabrican bloques de motor o estampación de chapa, en la contratación de gente...». Todo esto, añade, «ha impactado mucho en Alemania, de la que somos dependientes por nuestra exportación. Lo que viene de fuera no podemos cambiarlo, pero yo sí pediría a nuestros dirigentes un compromiso en defensa de la industria.

Las compañías se quejan de las vacantes que tienen al no hallar personal especializado, pero muchas carecen de planes para formar esos perfiles entre sus propios empleados.

Los ejecutivos mejor pagados de las empresas del Ibex (sin contar ArcelorMittal, que no presenta información homogénea al resto) ganaron de media 4,23 millones de euros en 2018. Esta cifra supone 79,2 veces más que el gasto medio por empleado —esta partida incluye, además de los salarios, cotizaciones sociales y aportación a pensiones— en el que incurrieron los grandes grupos españoles cotizados durante el pasado año, según los cálculos elaborados por El País con la información remitida por las compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La brecha salarial, aun siendo considerable, se redujo el pasado año respecto al desfase de 2017, cuando los ejecutivos mejor pagados ganaron 98 veces más que los trabajadores. Esta reducción se debe fundamentalmente a que en 2018 los bonus y las indemnizaciones en las cúpulas empresariales fueron algo inferiores. Esta es la séptima edición de este barómetro y el récord de desigualdad se dio en 2014, año en el que la diferencia salarial alcanzó las 104 veces.

La revalorización de las pensiones debería ser negativa durante al menos cinco años para devolver el equilibrio financiero al sistema. En este plazo, hasta 2023, el valor de las pensiones se reduciría, de media, un 4,6%, a lo que habría que sumar la pérdida de poder adquisitivo durante esos cinco años que, asumiendo que estaría en torno al 2% anual, elevaría al 14,6% la reducción necesaria para que el principal pilar del Estado de Bienestar cuadrara sus gastos con sus ingresos. Esto, traducido en euros y para contextualizar cuál sería el impacto de la medida, supondría una pérdida de poder adquisitivo equiparable a unos 165 euros al mes sobre la pensión media de jubilación, y de 135 euros para la prestación media del sistema.  El cálculo procede del grupo de investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia, uno de los centros más avanzados en monitorizar la viabilidad de la Seguridad Social.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) se acerca a sus 25 años de existencia con un horizonte marcado por una profunda crisis interna debido al auge del proteccionismo y el fracaso de la ronda de Doha, a lo que se suma el escaso interés de Estados Unidos por mantener sus competencias. La OMC echó a andar el 1 de enero de 1995, un hecho que para muchos marcó el auténtico inicio de la globalización, y 25 años después sigue ejerciendo como tribunal de disputas comerciales y gran foro de negociaciones, pero EE. UU., uno de sus grandes impulsores en sus comienzos, es ahora una de sus grandes amenazas. «Estados Unidos está matando la OMC desde dentro», decía ya en 2017 la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y dos años después la situación aún es más complicada, ya que amenaza con llegar a su punto más  crítico el próximo diciembre.

¿CÓMO será el empleo del futuro? ¿Podremos vivir sin dar un palo al agua, mientras las máquinas trabajan por nosotros; o terminaremos semiesclavizados, sin derechos laborales que hoy consideramos fundamentales? ¿Qué se puede hacer para frenar la pérdida de garantías laborales que hoy en día muchos expertos ven en retroceso frente a una oleada de neoliberalismo? ¿Y las mujeres? ¿Podrán acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones? ¿Conseguirán quitarse los trajes invisibles que lastran sus carreras profesionales o las abocan a empleos peor remunerados? ¿Qué debe hacer nuestra sociedad, las instituciones y los políticos para que en el futuro nuestros hijos e hijas puedan tener empleos decentes y/o dignos?. Estas y otras reflexiones afloraron este pasado miércoles en las jornadas organizadas por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, con motivo del centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Todavía son muy pocos los que se animan a subirse al ‘carro’ eléctrico en Euskadi. Su cuota en las matriculaciones apenas llega al 0,6%, y al 1,2% si se añaden los híbridos enchufables. Pero sus defensores advierten de que es momento para tomarlos en cuenta, pese a tener unos precios fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos. Recuerdan que el País Vasco ha sido la primera comunidad en lanzar, el pasado 2 de abril, las ayudas estatales del Plan Moves, que contempla subvenciones de 5.500 euros para la adquisición y otras partidas para la instalación del punto de recarga. El plan coincide con el Renove vasco, que incluye ayudas para todas las tecnologías, lo cual incrementa las ofertas y hace más difícil la decisión. Aunque desde diversos frentes insisten: «No descarten un eléctrico».

Llueve sobre mojado. La irrupción del fondo británico Zegona como accionista mayoritario de Euskaltel ha hecho saltar todas las alarmas en Euskadi. El recuerdo de pérdidas como el BBVA, que ha limitado su arraigo en Euskadi a la sede social; las recientes compras de ITP por Rolls-Royce; de Gamesa por Siemens; la más antigua compra de Petronor por Repsol —aunque sus centros industriales sigan en Euskadi—; y otras más dolorosas como las de Guascor a la estadounidense DresserRand o Sidenor a la brasileña Gerdau, han hecho revivir los temores de perder las raíces de Euskaltel. El Gobierno vasco estudia con otros accionistas de referencia recuperar la mayoría accionarial para evitar que la compañía acabe en otras manos.

Los avatares por los que atraviesa Euskaltel han reabierto el debate sobre la capacidad vasca para conservar sus empresas y sectores estratégicos; no sólo a efectos de sede social, sino especialmente sobre sus órganos de decisión. Aunque técnicamente Euskaltel siempre ha sido una empresa privada, su promoción y lanzamiento fue público, por lo que su devenir siempre ha sido materia muy sensible. Y ahora más aún, cuando desde las islas británicas se quiere cambiar el rumbo ‘eusko’. Generalmente, las iniciativas empresariales promovidas desde la Administración vasca o creadas con socios privados han respondido a una estrategia de punta de lanza para estar presente en nuevos sectores tecnológicos o tomar posiciones en actividades económicas clave. Una vez cumplidos los objetivos, se han privatizado muchas de estas empresas, iniciando nuevos rumbos que en algunos casos han sido exitosos. En otros, el devenir no fue el esperado.