20190226

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ultimaba ayer un real decreto donde incluir las medidas de materia laboral que intentarían corregir los aspectos más lesivos de la reforma del mercado de trabajo que hizo el Gobierno del PP en 2012. Según distintas fuentes consultadas, los responsables del departamento que dirige Magdalena Valerio estarían dando una redacción a estos cambios que matizaría en algo los anuncios de contrarreforma negociados con Unidos Podemos, primero y, con los sindicatos, después. El objetivo sería intentar sumar a los empresarios y a un mayor número de grupos parlamentarios, que serían necesarios para que la nueva normativa laboral saliera adelante.

Llegó a la presidencia de la CEOE ofreciendo diálogo y reclamando una actitud similar por parte del resto de agentes sociales. De momento no ha tenido demasiado éxito, al menos en lo que se refiere al Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está a punto de modificar algunos aspectos fundamentales de la pasada reforma laboral mediante una fórmula, cuando menos, extraña. Un decreto ley que debería ser convalidado cuando el Parlamento ya esté disuelto y que, en opinión de Antonio Garamendi, hay que situar dentro del «marketing electoral». Las consecuencias, estima, serán negativas.

El Ministerio de Trabajo prepara, al menos, un decreto ley para salvar varias de las medidas más sociales de los Presupuestos que no logró aprobar. Una ayuda de 588 euros al año por hijo discapacitado para las familias con pocos ingresos o la cotización a cuenta de las arcas públicas de los cuidadores no profesionales de familiares dependientes son algunas de las medidas que figuran en el borrador enviado ayer a mediodía a los agentes sociales. A ellas, hay que añadir la recuperación del subsidio para mayores de 52 años.

Todas las empresas, independientemente de su número de trabajadores, estarán obligadas a llevar un registro con el salario medio de sus empleados desagregado por sexo y si hay una brecha superior al 25% se considerará discriminación salarial. Además, a este registro salarial tendrá derecho a acceder cualquier trabajador. Así consta en el borrador del Real Decreto-Ley de medidas urgentes que el Gobierno aprobará previsiblemente el viernes, en su último Consejo de Ministros antes de que se disuelvan las Cortes.

Jeremy Corbyn, líder de los laboristas británicos, anunció ayer su respaldo a la petición de que se celebre un segundo referéndum sobre el Brexit. Corbyn, quien se resistía a abandonar la ambigüedad sobre la salida de Reino Unido de la UE, cede así a la presión en sus filas, donde aumentaba el peso de las voces contrarias al proceso. Siete diputados abandonaron el grupo parlamentario laborista la semana pasada en desacuerdo con la línea de su dirigente y se temía que otros se sumaran a la rebelión.

Las grandes empresas siguen haciendo prejubilaciones de trabajadores mayores de 50 años, que es una etapa anterior a la jubilación anticipada, mientras el Gobierno reconoce «la falta de medios materiales y humanos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)» para hacer frente a este problema. Se trata de obligar a las compañías con beneficios a que paguen los costes de la protección por desempleo y de formación de los trabajadores mayores de 50 años que despiden. La medida entró plenamente en vigor en 2012, con el Gobierno del PP, pero empezó a dar resultados en 2014, cuando el Tesoro recaudó de las empresas 90 millones de euros. Un cifra que creció a 135 millones de euros en 2015, y a 143 millones, en 2016. Sin embargo, a partir de entonces la recaudación bajó a 483.500 euros, en 2017, por cantidades adeudadas en años anteriores, y repuntó a 61 millones de euros, en 2018.

La morosidad a las empresas españolas aumentó en 2018, en claro contraste con la mejora que se había visto entre 2010 y 2017. En concreto, la cifra de impagos se ha elevado en medio punto, hasta el 2,9% del volumen de facturación de las empresas españolas, y los plazos de pago se vuelven a alargar, algo que no sucedía desde el año 2011, tal como alerta la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en su último informe, con datos del conjunto del año pasado. «Como estas cifras sigan aumentando vamos a volver a ver quiebras de empresas», señaló en la presentación de este informe ayer el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete.

Los negociadores que tratan de desactivar la guerra comercial que enfrenta a EE UU y China aseguran que un tratado de paz está cercano. Y muestra de que las conversaciones van por buen camino es que ayer Donald Trump decidió extender la tregua acordada en diciembre. De esta forma, el próximo día 1 de marzo, los aranceles que gravan los productos chinos se mantendrán invariables y no aumentarán del 10% al 25%, como estaba anunciado.

Un abogado del Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará el próximo 24 de junio sobre la cuestión de un juzgado español sobre las hipotecas referenciadas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), según anunció ayer el Tribunal. La presidenta de la asociación de consumidores Asufin, Patricia Suárez, aseguró que confía en una sentencia favorable a los consumidores. La Abogacía del Estado defendió los intereses de la banca y el uso del IRPH. Es más, instó al tribunal a limitar el efecto retroactivo del fallo si acaba tumbando este índice. Después de todo, los analistas de Goldman Sachs estiman que el sector bancario español se juega hasta 44.000 millones de euros. Aun así, el precedente de las cláusulas suelo dejó claro el criterio del TJUE: si la cláusula es nula, por opaca, lo es con retroactividad total.

La carrera por la sostenibilidad, la eficiencia, la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático es global y, por tanto, también involucra a Euskadi. Pero el salto al ‘verde’ y la reducción de gases de efecto invernadero no es gratis, y requiere de ingentes apoyos económicos que, al tiempo, preparen a los países para competir, también desde el punto de vista industrial, en ese futuro próximo. En casa, lo hemos visto hace bien poco con el plan del Ejecutivo de Vitoria para favorecer la compra de coches poco contaminantes.  El Ente Vasco de la Energía (EVE), que es el ariete del gabinete Urkullu en este campo, ha acelerado al máximo sus planes para poder hacer coincidir la puesta en marcha de estas  subvenciones a la compra de coches con un auténtico aluvión de ayudas para la eficiencia energética y las renovables. Dinero que colaborará en inversiones de distinto tipo que hagan tanto particulares como administraciones o empresas.

El sector del automóvil de Gipuzkoa cerró el pasado ejercicio con un incremento de sus exportaciones del 8,2%, por encima de Jo que Jo hicieron las ventas exteriores de la economía del territorio en su conjunto (6.2%), a pesar del retroceso que experimentó en los últimos meses del año. La industria de la automoción y las empresas auxiliares, que tienen un notable peso en la actividad económica guipuzcoana, demostraron en 2018 que su proyección internacional mantiene su competitividad, a juzgar por los datos de exportaciones que facilitó ayer la Dirección Provincial de Comercio en Donostia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia, mejoró sus resultados el pasado año. Sus investigadores lograron traer a Euskadi fondos para sus trabajos por valor de 28,4 millones de euros, 2,1 más que un ejercicio antes. Además, aumentó el número de proyectos, la contratación de científicos de prestigio internacional y se rebasó la barrera del millar de artículos publicados en revistas de referencia. La consejera de Educación, Cristina Uriarte; el viceconsejero vasco de Universidades e Investigación, Adolfo Morais; y el director científico de Ikerbasque, Fernando Cossío, presentaron ayer en San Sebastián los resultados «muy positivos» de esta fundación, una entidad creada por el Gobierno vasco en 2007 con el fin de impulsar al desarrollo de la investigación científica de Euskadi.

Los responsables de los colegios de iniciativa social afectados por el conflicto reiteraron ayer en el Parlamento vasco su mensaje de que «no tienen recursos suficientes» para responder a las reclamaciones laborales de los trabajadores. Las patronales defendieron que las centrales «no quieren ver las dificultades económicas» que atraviesa el sector de la enseñanza concertada, provocadas por la «infrafinanciación» pública. El director de Kristau Eskola, Mikel Ormazabal, explicó que en 2017 presentaron a los sindicatos en lucha, ELA, LAB, Steilas, UGT y CC OO, la «realidad económica» de los centros, «poniendo los números encima de la mesa», pero «no les gustó y se fueron». Ormazabal aseguró que no se les puede acusar «de inmovilismo» porque han realizado «siete ofertas laborales» a las centrales desde entonces. «Las han rechazado con la misma respuesta de ‘no es suficiente’, ‘estáis muy lejos’. Eso es lo que nos dicen, no hay más», remarcó.

El operador vasco de telecomunicaciones y la multinacional ZTE han ampliado acuerdo de colaboración que iniciaron en 2014, cuando Euskaltel externalizó el mantenimiento de sus redes de telecomunicaciones durante un periodo de al menos 10 años y que conllevó también el trasvase de una parte de la plantilla vasca. Ayer, en el transcurso del Mobile World Congress 2019 que se celebra en Barcelona, Euskaltel acordó que ZTE asuma el suministro y gestión integral de los equipos para fibra óptica del operador vasco también en sus planes de expansión, equipos que serán compatibles con la tecnología Orange.