20190225

La recuperación de un ministerio dedicado al sector manufacturero era la gran prioridad de estas empresas en los últimos años. Sin embargo, una vez logrado este objetivo parece que todo se ha vuelto en contra de la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto : la subida de los costes eléctricos, el cierre de numerosas fábricas, las tensiones comerciales en todo el mundo y la destrucción de empleo manufacturero. La ministra acaba de presentar una estrategia con la que pretende reforzar los puntos clave del sector y que sentará las bases de la próxima Ley de Industria. Y también pretende aprobar una rebaja de la factura eléctrica para la industria antes de dejar el cargo. El sector de la automoción juega un papel destacado en la hoja de ruta para la industria presentada por Maroto al Gobierno. La propia ministra ha tenido que emplearse a fondo estos meses en la búsqueda de un equilibrio entre las grandes políticas ambientales, en las que el diésel ha aparecido como el enemigo a batir, y la necesidad de mantener la competitividad de un sector estratégico para el país.

El Gobierno vasco quiere apoyar a las pequeñas y medianas empresas de Euskadi en sus procesos de innovación, digitalización e internacionalización, entre otros, y para ello ha puesto en marcha a través de la Spri una serie de programas de ayudas públicas con un importe cercano a los 200 millones de euros y que esta semana se presentarán en los diferentes parques tecnológicos vascos a un colectivo de cerca de 500 dirigentes empresariales. El objetivo final es incrementar la competitividad de las compañías vascas en un mercado global. En concreto, la Spri, la agencia de desarrollo empresarial del Gobierno vasco, presentará a las pymes vascas los diferentes programas a los que se pueden acoger para mejorar su posición en áreas como I+D+i,  la digitalización en el marco de la industria 4.0, la ciberseguridad y la internacionalización.

Las finanzas de los hogares españoles gozan de muy buena salud. Al cierre de 2018 la riqueza financiera neta marcaba un nuevo récord, y prácticamente duplica ya la renta bruta disponible generada en el año, según los datos provisionales que proporciona el Banco de España. La crisis financiera del último decenio y la ulterior recuperación han condicionado el comportamiento de la inversión, el consumo y el ahorro de las familias, que disponen ahora de la mejor situación patrimonial de la historia, que además experimenta una erosión casi inapreciable por la inexistencia de tensiones en los precios.

Brexit, sí, pero no en la fecha anunciada. La Unión Europea trabaja ya con el escenario de una prórroga para consumar la salida de Reino Unido de la UE, prevista para el 29 de marzo. La petición de aplazamiento podría precipitarse esta semana, cuando el Parlamento británico se pronuncie sobre los pasos que debería seguir el Gobierno de Theresa May para evitar un Brexit sin acuerdo. May anunció ayer el aplazamiento de la votación sobre el asunto al 12 de marzo, a apenas dos semanas de la fecha de salida.

La nueva comisión del Pacto de Toledo que se conforme tras las elecciones del 28 de abril y se encargue de retomar las negociaciones sobre el sistema de pensiones no lo tendrá nada fácil. Tras haber fracasado la pasada semana la actual comisión parlamentaria, que no fue capaz de lograr el consenso que se había alcanzado en tres ocasiones precedentes desde su fundación en 1995, los ánimos se han crispado y la división plasmada entre sus miembros en los últimos días puede hacer mella también en quienes sean sus nuevos componentes. Además, se da por hecho que el grupo encargado de elaborar las recomendaciones que refuercen y hagan sostenible el sistema de pensiones tendrá al menos un nuevo miembro: Vox, partido que con toda seguridad desembarcará por primera vez en el Congreso de los Diputados. Esto puede hacer que el alto grado de consenso que se había logrado en la mayoría de asuntos tratados –algo en lo que casi todos los grupos políticos coinciden pese a que el pasado martes Podemos se descolgó con una especie de enmienda a la totalidad– no haya servido para mucho.

En un momento en el que el proteccionismo y las barreras comerciales están resurgiendo y dos de las grandes potencias mundiales, Estados Unidos y China, amenazan con una guerra de aranceles, la Unión Europea y Japón han acercado posturas. El pasado 1 de febrero entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre ambas regiones (Jefta, por sus siglas en inglés), un acuerdo que elimina gran parte de los aranceles a las exportaciones europeas y japonesas impulsando ambas economías.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebrará hoy una vista en la que estudiará si el IRPH, uno de los índices de referencia del mercado hipotecario español, cumple con la directiva europea sobre cláusulas abusivas. En la vista del lunes, las partes plantearán al tribunal todos los argumentos jurídicos, pero el Tribunal no tomará ninguna decisión. Unas semanas después, el abogado general emitirá sus conclusiones. En la mayoría de las ocasiones, la sentencia se suele alinear con su postura. Fuentes jurídicas creen que la sentencia tardará en dictarse entre 3 y 6 meses. Un fallo a favor de los demandantes supondrá una factura de hasta 10.000 millones para los bancos.

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, estima que la cotización obligatoria de las prácticas universitarias, una medida aprobada a finales del año pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez, supondrá un coste de más de 100 millones de euros anuales, y defiende que sean la Administración o las empresas las que asuman este gasto. «La universidad no lo puede sufragar, es imposible», asegura.«Las empresas están en mejores condiciones de ayudar, es una cuestión de sentido común, porque si en mi universidad tengo 2.000 estudiantes en prácticas, para mi son 250.000 euros cada año, un dineral», explica Fernández en una entrevista, en la que revela que conoció esta medida del Gobierno por la prensa y una vez que había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado.

«El panorama político que surgió a raíz de la moción de censura nos ha llevado a una nueva forma de legislar... por Decreto. La primera duda legal nos la plantea la propia Constitución, porque los Decretos leyes tienen que ser convalidados por el Congreso en el plazo de 30 días. En este sentido, ¿qué sucederá con la transitoriedad de estas normas si posteriormente no son convalidados, especialmente ahora que se acaban de convocar elecciones y la disolución del Parlamento? En este contexto y ante los históricos datos de desempleo del mes de enero, muchos expertos se han apresurado a señalar la subida del SMI como causante. Sin embargo el tema es más sutil y complejo».