20190218

España necesitará tener 28,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social en 2050 para poder pagar las 15 millones de pensiones previstas a esa fecha, lo que supone que en 31 años el sistema tendrá que sumar casi 10 millones de afiliados más de los que hay actualmente, según cálculos de BBVA Research. El servicio de estudios de la entidad sostiene que, ante el previsible aumento del número de pensionistas, se pueden adoptar tres caminos alternativos. El primero de ellos consiste en aumentar la presión fiscal, introduciendo más impuestos o recortando el gasto público en otras partidas presupuestarias. El segundo pasaría por acometer reformas estructurales para reducir la tasa de paro, aumentar la tasa de actividad y de empleo, y la productividad y los salarios. Por último, la tercera alternativa, según expone BBVA Research, es la de fomentar el ahorro complementario, compensando la reducción de la pensión media sobre el salario medio con más ahorro.

Aunque empiezan a soplar vientos de desaceleración, la recuperación económica y sobre todo esta fase de consolidación, que encadena ya más de cinco años de reactivación del tejido productivo y también del empleo, ha traído consigo entre otras cosas que los expedientes de regulación de empleo caigan a registros mínimos y más en Gipuzkoa, que en este apartado muestra una mejor evolución que Bizkaia y Álava. A cierre de 2018 las personas afectadas por EREs en Gipuzkoa se limitaron a 565, muy por debajo de Bizkaia y Álava que todavía rebasaban con holgura el listón del millar. En concreto, la primera redujo su cifra de afectados hasta los 1.258, mientras que la segunda los incrementó, eso sí ligeramente, hasta computar 1.364

La comisión para el seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo ha pisado el acelerador. Todos los grupos parlamentarios que discuten desde hace más de dos años la renovación de las recomendaciones para reformar el sistema de pensiones acaban de cerrar in extremis un borrador con el fin de aprobarlo antes de que se disuelvan las Cortes el próximo 5 de marzo. En principio, y si no hay cambios de última hora que obedezcan a estrategias electorales, la intención de los grupos es aprobar un texto en esta comisión y trasladarlo para su aprobación en uno de los dos plenos que quedan por celebrarse.

La Unión Europea, igual que los mercados, descarta una debacle económica o presupuestaria como consecuencia del adelanto electoral en España. Pero Bruselas teme que la cuarta economía de la zona euro se contagie de la inestabilidad política que sufre Italia desde hace años y que ha desembocado en un gobierno populista y euroescéptico. El riesgo de que se repita la secuencia italiana hace temblar a las instituciones comunitarias, que ven en España uno de los pocos puntales a favor de la integración europea y a salvo de partidos extremos.

La convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 28 de abril por parte del presidente Pedro Sánchez abre un periodo incierto, pero no mucho más de lo que ya había. La debilidad del Gobierno de Sánchez y la fragmentación parlamentaria que se suceden en la política nacional desde 2016, han hecho de la parálisis reformista el pan de cada día. Una situación de debilidad que no ayuda en un contexto de desaceleración como el actual, con numerosos riesgos acechando en el escenario internacional, como el Brexit, la guerra comercial, la recesión de Italia, el frenazo de la economía de China y países emergentes o el auge de los populismos en Europa. Por eso no es de extrañar que desde amplios sectores de la economía arranque un clamor que pide con celeridad un gobierno fuerte y estable. Economistas, representantes empresariales de diversos sectores y patronales consultados afrontan con optimismo la convocatoria de elecciones si esta allana el terreno para una legislatura fértil en reformas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de subrayar que España es la campeona de la precariedad laboral entre las grandes economías de la Unión Europea. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el 27% de los asalariados –4,4 millones de trabajadores– tienen un contrato temporal en España. En la zona del euro la media está en el 16%, y en el 14,3%, en el conjunto de la Unión Europea. En Holanda es el 21% de los asalariados; el 17%, en Francia, igual que en Suecia. En Italia, el 15% de los trabajadores por cuenta ajena tienen un contrato temporal, y un 14%, en Alemania.

Las inversiones británicas en España gozan de buena salud desde que Reino Unido votó a favor del Brexit el 23 de junio de 2016. Los flujos de fondos desde la isla se han disparado un 80%, mucho más que los del resto de países, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio. De 2016 a 2018, rondaron los 7.000 millones. En cualquier caso, a pesar de estos datos tan positivos, España no está consiguiendo atraer empresas que deslocalizan sus sedes desde Reino Unido. Salvo por una aseguradora, Admiral, y una pequeña unidad de Citigroup, los cambios anunciados tienen como destino otros lugares como Fráncfort, París, Dublín, Ámsterdam o Luxemburgo.

Actualmente el 15,5% de los vascos en edad laboral, más de 209.600 personas, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Una cifra que supone una mejoría respecto a los datos del año pasado - el riesgo de pobreza afectaba al 17,6% de los ciudadanos de la CAV de entre 16 y 64 años-, pero que aún está lejos del nivel previo a la crisis económica: en 2008 el porcentaje era del 12, 7%. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Justicia Social, la Fundación Adecco presentó, por tercer año consecutivo, el informe Un empleo contra la exclusión, interpretando los datos del informe Arope  (At rísk and poverty and/or exclusion) de EAPN en relación con los resultados de la EPA y una encuesta a personas desempleadas y en riesgo de exclusión que recientemente han encontrado trabajo.

Los movimientos de las últimas dos semanas han alimentado su optimismo y el director de la oficina de Spri en Londres, Pablo Fano, ve cerca un acuerdo entre Europa y Gran Bretaña. La oficina del Gobierno vasco en Londres ha cumplido un año  y, pese a que su actividad ha estado marcada por el 'Brexit', ha conseguido apoyar el comercio entre Euskadi y Reino Unido.

Según datos del Icex, en Euskadi 493 empresas exportan a Reino Unido, un país que representa el tercer destino de las exportaciones vascas, tras Alemania y Francia. Aunque falta poco más de un mes para que el Brexit se haga efectivo, existen aún muchas incógnitas sobre cómo se producirá esta salida. Aun así, la directora territorial de Comercio e Icex, Loreto Taborga, aconseja a las empresas informarse bien de cómo les podría afectar este nuevo escenario, si bien avanza que para quien no tiene experiencia comercial con países terceros, las complicaciones aumentarán.

Vítor Constâncio abandonó la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) en junio del año pasado tras finalizar su mandato de ocho años. Ahora es profesor del máster de banca y regulación financiera de la Universidad de Navarra, pero un año no es suficiente para dejar de pensar y actuar como un banquero central tras pasar casi un tercio de su vida trabajando para el Banco de Portugal y el BCE. En esta entrevista, a Constâncio todavía se le escapa hablar de la autoridad monetaria en primera persona del plural, algo que corrige inmediatamente después con una sonrisa. El ex alto cargo está convencido de que no habrá recesión en Europa este año, pero reconoce la dependencia a la política monetaria expansiva.

El mundo de los centros tecnológicos vascos tiene algo de bipolar y esquizofrénico. Siempre han convido con una doble imagen. De un lado, la positiva, la que está ligada a la investigación y al desarrollo de nuevas aplicaciones, la mayor parte de ellas vinculadas a la industria. De otro, la de ser unas estructuras pesadas, con un índice de eficacia limitada o al menos reducida para el importante volumen de ayudas públicas que reciben. Alejandro Bengoa, director de Tekniker, asegura que esta última es una imagen distante de la realida