20181128

Las diputaciones vascas prefieren mantener el silencio y la prudencia hasta conocer el detalle de las modificaciones fiscales anunciadas por el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, para incentivar el ahorro en planes de pensiones e impulsar, de forma muy especial, las EPSV de empleo. Pero el colectivo empresarial –al menos en Bizkaia y Álava– sigue mostrando su escepticismo sobre la cuestión de fondo, porque si bien coinciden en la idea de que hay que estimular el ahorro para complementar la renta en el momento de la jubilación, no quieren que ese objetivo pese sobre sus cuentas de resultados. Sólo un incentivo fiscal realmente potente en el Impuesto de Sociedades puede hacer que la creación de planes de pensiones de empresa coja velocidad de crucero. Incluso en ese contexto, insisten las organizaciones empresariales, «se necesita seguridad jurídica. Puedes comprometerte en los convenios a hacer una aportación, pero ¿se compromete Hacienda a mantener el incentivo?». «La situación económica de las compañías tampoco es tan boyante como para introducir un elemento que supone un coste laboral importante», señaló ayer el presidente de la patronal vizcaína, Iñaki Garcinuño. Pese a ello, admitió que «un aliciente fiscal puede hacerlo atractivo».

Se trata sin duda del plan más ambicioso auspiciado desde la Administración para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. El Gobierno vasco invertirá 283 millones en dos años para aplicar 60 medidas desde seis departamentos distintos. La partida más importante –90 millones– se destinará a garantizar la cobertura universal de la educación de cero a tres años, lo que evitará que las mujeres recurran a excedencias o reducciones de jornada que recortan sus sueldos..

Los trabajadores van a tener que volver a fichar a la entrada y a la salida de su puesto de trabajo. Si sale adelante la reforma laboral que ha diseñado el Gobierno de Pedro Sánchez, el Estatuto de los Trabajadores va a reconocer como derecho laboral básico de cada empleado «conocer la duración y la distribución de su jornada ordinaria de trabajo, así como su horario de trabajo». Así lo recoge el último borrador de propuesta de modificación del registro horario en las empresas que ha enviado el Ministerio de Trabajo a los sindicatos y los empresarios. El texto propuesto por el Ejecutivo reforma cuatro artículos del Estatuto de los Trabajadores (4, 12, 34 y 35) y otro artículo más de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

En un momento en el que se acumulan los problemas para el sector manufacturero, con el cierre de varias plantas provocado por la subida de los costes energéticos y la ralentización de los mercados internacionales, el Gobierno ultima un paquete de medidas para ayudar a la reindustrialización de la economía. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que este viernes el Ejecutivo dará luz verde en Consejo de Ministros a la convocatoria de 400 millones de euros en ayudas, dentro del conocido como Plan Reindus. Este paquete de ayudas trata de compensar los efectos de la pérdida de tejido industrial en las zonas más afectadas por la deslocalización, por lo que cobra una renovada importancia con el cierre, ya sucedido o anunciado, de las plantas de Alcoa, Vestas, La Naval o Cemex. Sin embargo, el presupuesto de este plan no iría dirigido únicamente a solucionar este tipo de crisis industriales, sino también a «generar oportunidades que hagan que la industria coja peso y alcance el 20% del Producto Interior Bruto», según explicó ayer Maroto.

La economía vasca crecerá este año por debajo del 3%, según la estimación de Laboral Kutxa, que corrige así la ofrecida en julio (3,2%). «En el tercer trimestre el crecimiento ha sido del 2,6%, y la tasa anual se quedará en una media entre esta cifra y la estimación inicial», puntualizó el responsable del servicio de estudios de la entidad, Joseba Madariaga, en un encuentro organizado por la Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi (Adype) en Bilbao, donde también tomó parte el responsable de estudios de CaixaBank, Oriol Aspachs.

La fragmentación parlamentaria genera incertidumbres en torno a las políticas económicas, aseguran desde el Banco de España. Además, «nos sigue preocupando un posible rebrote de la situación de tensión politica en Cataluña, que representa un riesgo adicional para la estabilidad económica». Así lo señaló ayer Óscar Arce, director de Economía y Estadística del Banco de España. Del mismo modo, Arce lamentó que la recuperación de la economía no se haya visto respaldada por una política económica definida en España. «Llevamos años viendo cómo esta situación política está inhibiendo el desarrollo de reformas estructurales: estamos renunciando a la oportunidad de apuntalar el potencial de crecimiento de España», aseguró el responsable de la entidad.

El Gobierno encarrila el déficit público gracias a la generosa cosecha de los ingresos tributarios. Los números rojos del conjunto de las Administraciones públicas, sin contar con los Ayuntamientos, ascendieron a los 18.585 millones de euros hasta septiembre,  lo que supone un descenso del 22,1% respecto al año anterior. Este agujero equivale a un déficit del 1,53% del PIB. Aunque el objetivo marcado por Bruselas para final de año es del 2,2% del PIB, Sánchez ya avisó de que no lo alcanzaría y se comprometió a bajarlo al 2,7% frente al 3,1% del año pasado.

La Comisión Europea planteará hoy el fin de la era de la combustión en Europa para 2050. Es la fecha de caducidad que Bruselas establece para poner término a las emisiones de gases de efecto invernadero y jubilar así los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) que han marcado la economía europea en el último siglo. El documento que hoy presentará la Comisión fija la estrategia para cumplir el Acuerdo de París —cuyo objetivo es que el calentamiento se quede dentro de unos límites manejables— ante la Cumbre del Clima, que se celebrará a partir de lunes en Polonia.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo notificó ayer la sentencia que argumenta la rectificación sobre el impuesto de las hipotecas decidida por el pleno el 6 de noviembre. La resolución y los votos particulares firmados por 11 magistrados que se opusieron a esa decisión sacan a la luz la feroz batalla que se vive en la sala. Los magistrados que votaron a favor de que el impuesto de las hipotecas recayera en el cliente consideran que el cambio de criterio de octubre supuso un «drástico viraje» jurisprudencial «tan inopinado como radical». Los magistrados discrepantes les reprochan con dureza el daño a la imagen del tribunal.

La comisión parlamentaria de investigación de la crisis bancaria en el Congreso de los Diputados da un suspenso al Banco de España por su labor en la prevención de la crisis y en su gestión posterior. El proyecto de dictamen presentado por la presidenta de la comisión, Ana Oramas y los letrados incluye serias críticas a los organismos supervisores, especialmente el Banco de España tanto en la etapa del gobernador nombrado por el PP, Jaime Caruana, como el PSOE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, avanzó ayer que su departamento tiene listo un primer paquete de medidas urgentes en materia de vivienda que serán incluidas en un borrador de real decreto-ley y que elevará próximamente al Consejo de Ministros. Dicha normativa recogerá las conclusiones y propuestas del grupo de trabajo interministerial que se creó para desarrollar un conjunto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, según aseguró el ministro ante la Comisión de Fomento del Senado. Avanzó cambios en la ley de arrendamientos y en la tramitación de desahucios. En cuanto a los alquileres, el trabajo se ha centrado en las modificaciones que permitan alcanzar el mayor equilibrio entre arrendador y arrendatario, según el ministro.