20181118

La euforia del año pasado ha desaparecido. Los petroleros reunidos esta semana en Abu Dabi mostraban un ánimo sombrío por unos precios que en seis semanas han caído un 22%. Arabia Saudí lanzó un órdago al anunciar que haría «todo lo necesario» para equilibrar el mercado, es decir, para impulsar el barril de brent por encima de los 67 dólares actuales. Pero el líder in péctore de la OPEP no las tiene todas consigo. En plena ola de indignación global por el asesinato del periodista Khashoggi, Riad ha topado con la negativa de EE UU y las dudas de Rusia en torno al recorte de producción. El mercado tampoco da buenas noticias. El exceso de oferta y el enfriamiento de la economía internacional anticipan estrecheces para los productores de crudo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya prepara a su equipo de ministros para gobernar a golpe de decretos leyes mientras sea posible. Atrás quedaron las intenciones de aprobar unos Presupuestos de 2019. Sánchez anunció desde Guatemala, la madrugada de ayer, que renunciaba a presentar sus propias cuentas públicas ante la imposibilidad de encontrar aliados parlamentarios. Algunos ministros, además de sorprendidos, se confiesan aliviados. Porque el coste que había que pagar para pasar los Presupuestos era, a su juicio, demasiado alto. Suponía, entre otras cosas, variar la estrategia política y judicial del Gobierno hacia el procés. Además, desde un punto de vista electoral, con vistas a las elecciones andaluzas y a las municipales de mayo, es mejor para el PSOE desprenderse ahora del apoyo de los independentistas.

Elkarrekin Podemos anunció ayer el fin de las conversaciones con el Gobierno vasco para intentar aprobar los Presupuestos de 2019. El portavoz de la coalición en el Parlamento, Lander Martínez, reprochó la «nula disposición» del PNV al diálogo después de que el consejero de Hacienda rechazara el viernes catorce de las quince medidas que la formación pedía que se aplicaran para facilitar las Cuentas del Gabinete Urkullu. «Han buscado la ruptura, no estamos de rebajas de otoño», zanjó Martínez en una rueda de prensa convocada en Bilbao. La decisión deja a EH Bildu como única opción para que el Ejecutivo pueda sacar adelante su proyecto económico.

Cuando todo parece perdido, siempre queda la opción de morir matando. Y esa parece la estrategia elegida por Theresa May. «Podemos respaldar este acuerdo, podemos abandonar la UE sin ningún acuerdo... o podemos arriesgarnos a que no haya ningún tipo de Brexit», dijo ante el Parlamento el jueves al defender el pacto alcanzado con Bruselas para la salida de la UE. La primera ministra advertía así a los rebeldes conservadores de que, si persisten en su conjura y provocan una guerra interna por el liderazgo, las hasta ahora remotas posibilidades de que haya otro referéndum o de que el Partido Laborista llegue al poder pueden dejarles a todos con las manos vacías.

El Gobierno de Pedro Sánchez provocó el pasado martes un terremoto cuando anunció que se va a prohibir, a partir de 2040, la venta y matriculación de automóviles y furgonetas que no sean 100% eléctricos. Y diez años después, en 2050, la circulación de los coches ‘sucios’. La medida, que de llevarse a cabo provocará una revolución en un país que ahora se mueve mayoritariamente con vehículos de gasoil cuyo uso ha sido promocionado hasta hace prácticamente nada por la propia Administración, no se había consensuado con nadie, a la vista de la reacción suscitada. Ninguna de las medidas adoptadas por el Ejecutivo socialista en sus cinco meses de vida ha provocado un rechazo similar por parte de todos los actores.

El borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que cocina el Gobierno de Pedro Sánchez ha caído como una bomba en el sector de la automoción, que emplea a unas 300.000 personas en el conjunto del Estado español y unas 40.000 en Euskadi, según datos del clúster vasco de la automoción, Acicae. El Ejecutivo central quiere que a partir de 2040 solo se matriculen coches y furgonetas eléctricas o de hidrógeno y que en 2050 ningún vehículo de combustión pueda circular por las carreteras estatales, lo que ha puesto en alerta a la industria del motor y otras instituciones, incluido el Gobierno vasco. En la actualidad hay en el Estado español 23,5 millones de coches y 2,38  millones de furgonetas, mientras que el número de eléctricos no llega ni a las 15.000 unidades. Los datos de Euskadi son todavía más discretos. En estos momentos hay cerca de 1.200 vehículos enchufables en las carreteras vascas y el Ejecutivo vasco se ha marcado como objetivo alcanzar los 4.800 en el horizonte del año 2020, lo que supondría multiplicar por cuatro el parque actual, muy lejos todavía de las pretensiones del Estado.

Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, tiende la mano a «todos» los partidos para aprobar los Presupuestos y defiende la «impopular pero responsable» subida de impuestos propuesta. Calviño  fue el fichaje estrella de Pedro Sánchez para convencer a Bruselas y a los mercados de que es de fiar, de que su Gobierno cumplirá con las sacrosantas reglas comunitarias. El menú de esta entrevista es infinito: Presupuestos, pensiones, Cataluña, bancos, Italia... Llegó de la Comisión Europea el 7 de junio y es probable que vuelva al kilómetro cero a finales del año que viene como nueva comisaria española.  

Que nadie espere exabruptos contra los sindicatos, salidas de tono permanentes o una especie de oposición encubierta al Gobierno socialista desde la cúpula de la patronal española CEOE. Ni las formas habituales ni la estrategia del empresario vasco Antonio Garamendi, que el próximo miércoles será proclamado nuevo presidente de la organización que representa los intereses de ese colectivo en España, van por esa vía. Simplificando mucho, es lo que algunos definen como un ‘pactista estructural’.

El miércoles se producirá el relevo en la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Antonio Garamendi sustituirá a Juan Rosell, que ha cumplido ocho años de mandato, y se convertirá en el quinto presidente de la entidad tras 40 años. El dirigente vasco, que en la actualidad es presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE, es el único candidato. Nadie le ha querido disputar el sillón para el que va a ser elegido para los próximos cuatro años. Es muy probable que, al ser el único candidato y cumpliendo los estatutos, las elecciones no se lleguen a celebrar y se nombre a Garamendi por aclamación a propuesta de la mesa. Depende de lo quieran los miembros de la junta directiva, formada por 737 compromisarios, que se reunirán en asamblea. Pero si solo uno de ellos se empeña en votar, la votación se llevará a cabo.

Con 255 kilómetros de recorridos de pago, sobre un total de 496 kilómetros de carreteras de alta capacidad, las únicas que permiten cobrar por su uso, Euskadi tiene el mayor porcentaje de vías de peaje en España, el 51,4%. Aunque La Rioja supera esa media, sus conductores disfrutan de importantes exenciones que alivian el desembolso económico. Al País Vasco le siguen Cataluña (43,3%) y Navarra (37,8%).

La banca no termina de ver la luz al final del túnel. Al menos, por ahora. Han pasado diez años desde el estallido de la crisis, pero no ha sido capaz de sacudirse por completo los problemas que le llevaron al infierno. El sector se enfrenta al monstruo de las cuatro erres: rentabilidad, reputación, regulación y revolución digital. Pero aunque los problemas se acumulan —o se enquistan— sería injusto decir que la banca no ha avanzado en la última década. El problema es que no ha mejorado lo suficiente para tener el horizonte más despejado, algo que, con algunas diferencias, también sucede en otros grandes países europeos.

Las pymes vascas saben que se juegan su futuro en la creación de productos, procedimientos o servicios novedosos, pero muchas de ellas, por no decir la mayoría, carecen de personal para destinarlo a esta labor o de la financiación necesaria para afrontar este reto en solitario. Tecnalia, consciente de esta realidad a pie de taller, puso en marcha en 2016 el programa Orainn para servir de puente entre las pymes y la I+ D. Una decisión que a su vez le permitía cumplir con el requerimiento realizado por el Ejecutivo autónomo a la red vasca de ciencia y tecnología de ser acicate para potenciar la competitividad de las empresas.

Incomoda hablar en público sobre la futura fusión entre Kutxabank y CajaSur, que voces autorizadas en Bilbo y Córdoba sitúan en 2019 aunque desde la dirección lo nieguen. El «ruido» provoca nervios tanto en la sede del banco como en Sabin Etxea. No es el momento de dar explicaciones convincentes y sí de desmentidos a bulto para salvar la situación.