20181029

Ante un abarrotado auditorio, repleto de representantes de los mundos académico y empresarial vascos, Iñigo Urkullu lanzó el pasado lunes un mensaje directo, sonoro, milimétrico y sin ambages. Casi como un bisturí, las palabras del jefe del Ejecutivo Vasco cortan el aire: «Si las pymes no invierten e incorporan activamente la innovación, tendrán los pies de barro y desaparecerán».  La patronal, Confebask, la Corporación Mondragón y la Asociación de la Empresa Familiar Vasca (Aefame) coinciden con el lehendakari en la importancia de la innovación casi como única vía de permanencia y garantía de futuro de nuestra industria, un sector clave tanto en términos de empleo como de riqueza. El responsable del departamento Económico-Fiscal de Confebask, Pablo Martín, aclara el asunto en la primera frase: «Compartimos al cien por cien el mensaje central del lehendakari, una de las claves del futuro es la apuesta decidida por la innovación y el producto de calidad en nuestras empresas».

Empresas vascas invirtieron 182,2 millones de euros en el extranjero durante el primer semestre del año, lo que supone un descenso del 77% en relación a los 783,8 millones gastados en el exterior en el periodo enero· junio del pasado año, según datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. De la cantidad gastada en los seis primeros mes del año, el 60,6% se dirigió al sector de servicios financieros (excepto seguros y fondos de pensión), en los que se gastaron 111,5 millones de euros.

La negociación de los Presupuestos vascos vivirá hoy un día clave, ya que los máximos dirigentes del PNV y EH Bildu se reunirán en Sabin Etxea para explorar las opciones reales de que la coalición soberanista facilite las cuentas del Gobierno Vasco con dos abstenciones. El PNV llega a esta reunión con escepticismo, recordando que la izquierda abertzale siempre inicia las negociaciones «con buenas palabras», pero que tiende a alejarse de un acuerdo en el último momento. Además, hay un factor que preocupa especialmente al partido jeltzale. Se trata de la precaución ante la posibilidad de que la estrategia de EH Bildu esté encaminada a envolver con un «abrazo del oso» al PNV, después del acuerdo que ambos partidos alcanzaron sobre las bases del nuevo estatus antes del verano. Si ahora la coalición soberanista se erigiera en socio presupuestario del Gobierno Vasco, el PNV podría verse muy atado en los próximos meses, algo que no convence al EBB.

Todo el sector del motor coincide: es un momento histórico, disruptivo para el automóvil. Los fabricantes se enfrentan a la obligación de reducir sus emisiones de gases un 35% para 2030, objetivo que se marcó la UE a principios de este mes. La meta final es una solución intermedia entre lo que pedían las automovilísticas y la Comisión Europea, que era una disminución de las emisiones del 30% (posición defendida por Alemania y los países del Este), y el 40% que exigían los ecologistas y el Parlamento Europeo (apoyados por Suecia, Italia, Reino Unido y Francia). Para cumplir dicha meta, el sector considera clave desarrollar más la movilidad electrificada. En España, de los más de 40 modelos que se producen, solo se fabrican cuatro eléctricos y uno híbrido. Para 2020, el sector prevé más que doblar esa cifra: pasar de los cinco actuales a trece, de los cuales nueve serían eléctricos y cuatro híbridos.

El Plan Juncker,  el proyecto estrella con el que la Comisión Europea ha tratado de impulsar la inversión en esta legislatura de penurias económicas, está llegando a su fin. De hecho, debería haberlo hecho ya este año. Los líderes europeos decidieron ampliarlo hasta 2020 y aumentar su capacidad de movilización de dinero, que pasaba de 315.000 millones de euros a 500.000. La Comisión está orgullosa de los resultados y ahora pretende reconducirlo a través de InvestEU, un marco que asumiría sus funciones a partir de 2020. Este nuevo programa no será fácil de poner en marcha, ya que aún no se ha aprobado su financiación definitiva.

El Gobierno de EEUU ha instado a España a no aplicar unilateralmente la llamada tasa Google, porque supondría actuar al margen del consenso internacional y atacar a las multinacionales digitales de su país. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, ha emitido, tras el acuerdo del Consejo de Ministros, un duro comunicado de aviso a todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en contra del nuevo impuesto y el embajador del país en España, Duke Buchanan, está mostrando preocupación por la política fiscal del Gobierno en sus contactos privados, según aseguran empresarios españoles que se han reunido con él en los últimos días.

Cuando el Gobierno y Podemos consignaron la subida del Salario Mínimo Interprofesional en el acuerdo para formalizar los Presupuestos Generales del Estado, previeron un coste relativamente pequeño para las Administraciones Públicas (340 millones de euros al año). Sin embargo, la subida impactará con virulencia en las empresas, que alertan de que la medida no sólo reducirá la contratación, sino en muchos casos las sitúa directamente en pérdidas. Además, el simple anuncio del alza del SMI está enturbiando las relaciones con los sindicatos, a los que ha envalentonado para realizar mayores reclamaciones salariales, al tiempo que los empresarios advierten de que pagar este incremento obligará a moderar las alzas en otros empleados, con un sueldo más alto.

Se la llama la cuarta Revolución industrial y no es raro escuchar predicciones apocalípticas más propias del ludismo del siglo XIX que de un 2018 acostumbrado a la inteligencia artificial. La automatización eliminará puestos de trabajo.   Pero el desafío no es ese, sino la reconversión de muchas profesiones, porque los empleos que se destruyan serán sustituidos por otros y las empresas y países deben prepararse para esa transformación. Hace dos años, la OCDE situaba a España como el país más afectado, tras Alemania y Austria, por el relevo de empleos por máquinas. Ahora alerta de la desigualdad entre regiones, algo en lo que España lidera la clasificación mundial, según un informe reciente de la organización. El estudio alerta de que hay tres autonomías (Aragón, Andalucía y Murcia) donde la mayoría de trabajos que se están creando pertenecen a ocupaciones con un alto riesgo de automatización. En otras dos (Castilla y León y Castilla-La Mancha) ocurre lo contrario: pierden empleos que tienen bajo riesgo de automatización.

Las aerolíneas han exigido a la Comisión Europea que paralice su plan de suprimir en 2019 el actual sistema de dos cambios horarios al año en los países de la UE o, en su defecto, que aplace hasta 2021 la decisión de eliminar el cambio de hora en toda la UE. Las compañías alertan de que si se aplica la norma el año que viene como está previsto se producirá un caos aeroportuario porque obligaría a reasignar los permisos de despegue y aterrizaje (slot) de tres de cada cuatro vuelos con origen o destino en la UE. La pesadilla se extendería a los 104 aeropuertos más congestionados de Europa, entre los que se encuentran los 13 aeródromos españoles más importantes. Los ministros de Transporte de la UE debaten hoy la cuestión en Graz (Austria).

El exdirector de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Pascal Lamy , que se pasó los noventa ayudando a construir la UE como jefe de gabinete de Jacques Delors, continúa trabajando en un sinfín de instituciones y recorre el planeta dando charlas sobre la globalización y el comercio. Uno de sus últimos proyectos es el informe Las personas y el planeta como prioridad: una nueva agenda para el proceso global, un plan en 15 puntos que busca «soluciones progresistas» a los problemas socioeconómicos.

El 19 de octubre, Zegona, el fondo británico que había vendido Telecable a Euskaltel en julio de 2017, anunció una opa parcial sobre la operadora vasca para comprar un 14,9%, de forma que, sumado al 15% que ya posee, alcanzaría el 29,9% de Euskaltel. La decisión de Zegona supone un aldabonazo en el mercado español y puede agitar el avispero de operaciones corporativas, hasta ahora apaciguado por las dinámicas competitivas y por la amplia sombra negativa que arroja Bruselas y su comisaria de Competencia, Margrethe Vestager sobre la concentración de las telecos. La opa de Zegona deja una incógnita: ¿Quiénes son sus aliados dentro del capital de Euskaltel? La pregunta es obvia porque si no existen, la apuesta de Zegona sería muy compleja.

Es consciente de que la construcción de buques entra en otro periodo de incertidumbre, porque la competencia de los países de mano de obra barata es brutal. Pero también denuncia que algunos miembros de la UE hacen trampas y deslizan ayudas públicas camufladas para sostener así una industria de generación de empleo. El sindicalista vasco Manuel Velado, responsable del sector naval en UTG-FICA y vicepresidente de la Mesa Europea de Diálogo Social del Naval, advierte también que la UE ha puesto la maquinaria de vigilancia mirando hacia Sestao. Todos los movimientos en torno a La Naval, sostiene, se observan con lupa desde Bruselas.

El ultraderechista Jair Bolsonaro, un exmilitar que no oculta su desprecio por las minorías y su nostalgia por la dictadura, será el nuevo presidente de Brasil. Tras una campaña marcada por la crispación y la desinformación, Bolsonaro obtuvo ayer un cómodo triunfo de más de diez puntos, sobre su rival, el progresista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT). Con casi el 100% escrutado, el ganador de la primera vuelta revalidó su victoria con más del 55% de los votos, frente al 44% de Haddad. El desencanto por la corrupción, la escalada de la inseguridad, la crisis económica y el hartazgo con el PT han favorecido el fenómeno. Tras conocerse su victoria, el presidente electo se dirigió a sus seguidores en Facebook, dijo que la suya «es una misión de Dios» y prometió que su Gobierno será «constitucional y democrático».