20181022

Los Gobiernos de España y de Italia ya se han dirigido a Bruselas para defender sus planes presupuestarios y salvar las reservas que han podido suscitar en la Comisión Europea. Ante las dudas de Bruselas, que pedía más información sobre el impacto de las medidas anunciadas, el Ministerio de Economía y Empresa envió el sábado su respuesta a la misiva enviada desde Bruselas el viernes, en la que se alertaba de que España podría incumplir el esfuerzo estructural de reducción de déficit. El Ejecutivo español replicó que su plan de presupuestos incluye «el mayor esfuerzo» estructural para el saneamiento de las cuentas públicas desde el año 2013, es decir, mayor que el realizado en los últimos cuatro años de la legislatura de Mariano Rajoy.

El Parlamento Europeo aprobó el jueves de la pasada semana la propuesta de directiva europea para regular las condiciones laborales mínimas que deberán cumplir todos los trabajadores europeos. La nueva normativa –cuyos impulsores prevén que esté aprobada en el actual mandato europeo– está destinada a todo tipo de trabajadores, pero, en la práctica, afectará, sobre todo, a los empleados por la denominada economía de plataformas digitales, como son los casos de las compañías Deliveroo o Uber, entre otras muchas.

Las restricciones al uso de coches diésel en grandes ciudades como Madrid y Barcelona y medidas como la subida del impuesto al gasóleo han impactado en las ventas de los vehículos impulsados por gasoil, que acumulan una caída del 16,5% en los nueve primeros meses del año. Esa fuerte contracción ha acelerado la devaluación de ese tipo de turismos, que los vendedores están trasladando al mercado: vehículos de ocasión más baratos y promociones desde el verano para los coches nuevos para intentar paliar la acumulación de stock generada por la incertidumbre que genera esa tecnología.

La comisión del Pacto de Toledo solicitará al Instituto Nacional de la Seguridad Social una serie de indicadores que serán utilizados de base para poder calcular cuál ha de ser la cuantía de una pensión mínima, con el objetivo de elaborar de la recomendación dedicada a la suficiencia de estas prestaciones. El debate sobre la pensión mínima corresponde a la ‘recomendación 15’, en la que se parte de un texto presentado por el PP, en el que PSOE y Unidos Podemos quieren que se incluya un párrafo que haga referencia al nivel de pobreza y exclusión social entre los pensionistas.

Las advertencias de las entidades financieras sobre el encarecimiento de los créditos, en un contexto que el sector considera de presión, se van haciendo poco a poco realidad. El fallo del Tribunal Supremo imputando a la banca el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, a la espera de la doctrina que finalmente resuelva el alto tribunal, puede ser la puntilla para elevar el coste de las hipotecas. Por ahora, los bancos no han perdido un solo día en adaptarse a otra realidad que aún está por venir, la subida de tipos de interés. Aunque el Banco Central Europeo (BCE) no tiene previsto autorizar ningún alza del precio del dinero, al menos hasta el próximo verano, la banca ha comenzado a elevar los que aplica en sus nuevas hipotecas por encima del 2%, una referencia que no se veía prácticamente desde hace dos años.

El nuevo decreto que regula la energía fotovoltaica ha abierto un nuevo horizonte en el Estado para este tipo de generación eléctrica solar. A partir de ahora, los pequeños productores no tendrán que pagar peajes de transporte por los kilovatios que generan y, por ello, las explotaciones de autoconsumo vuelven a ser rentables. De forma paralela se ha producido un importante abaratamiento de la principal materia prima, los paneles solares, fruto de la intensa actividad que se está registrando a nivel mundial. Como consecuencia el precio de la generación ha bajado y se ha situado en niveles muy favorables para competir con el resto de renovables y los métodos tradicionales de generación eléctrica. La suma de estas cuestiones alimenta las expectativas de una industria que en Euskadi tiene un notable potencial.

Para estupefacción de las empresas que se sintieron maltratadas por la política de recortes de la reforma energética del anterior Gobierno del Partido Popular, el exministro de Energía, Álvaro Nadal, se está dirigiendo personalmente a muchas de ellas, o a sus asociaciones sectoriales, para recabar fondos para poner en marcha una asociación que defienda a las empresas españolas en el exterior. Según el documento que Nadal les ha hecho llegar este mismo mes, la iniciativa lleva el nombre de Asociación para la Competitividad Internacional de la Empresa Española. Con una estructura reducida de funcionamiento, «pues para la defensa sectorial concreta ya están las actuales asociaciones», el exministro reclama «recursos» para realizar su labor internacional «mediante la participación en una red de asociaciones similares en los demás países europeos», para hacer lobby ante las instituciones comunitarias y «mantener una presencia mediática».

Un informe jurídico del despacho de abogados Garrigues realizado para la empresa Vector Ronda, que es propietaria de cerca de 2.000 autorizaciones VTC (vehículo de alquiler con conductor), advierte a la compañía y al resto del sector de que sus actuales licencias quedarán reducidas a «papel mojado», literalmente, dentro de cuatro años, cuando su uso quede limitado a trayectos interurbanos, tal y como se establece en el real decreto-ley que aprobó el Gobierno el pasado 28 de septiembre para regular el sector.

Tras unos años de travesía en el desierto, la plataforma logística Arasur ha comenzado a despegar. La llegada de algunas multinacionales y la esperada apuesta de la Autoridad Portuaria de Bilbao por instalarse en estos terrenos que cuentan con una situación geográfica privilegiada, al sur de Álava, han animado este polígono que prácticamente ya tiene ocupado el 80% de sus pabellones construidos. Peio Ruiz accedió a la presidencia de Arasur en febrero de este año con un nuevo concepto para incluir también la parte productiva, y no solo la logística, en esta plataforma. Arasur está participada por Kutxabank (36%), Merlin Properties (25%), Gobierno Vasco (22%), Diputación de Álava (13%) y Ayuntamiento de Ribera Baja (2%).

Éramos pocos y, contingencias de la época actual ... , ya tenemos en el escenario económico una nueva ceremonia en la que el músculo financiero de los fondos de inversión pretende controlar el músculo tecnológico de las empresas. Así viene ocurriendo en los últimos años y así parece que puede acontecer en la anunciada compra de un 14,9% del capital de Euskaltel por parte de Zegona. Los objetivos de este proyecto no están tan claros como los datos aportados. Por tanto, hay motivos para la incertidumbre y argumentos para ser precavidos, habida cuenta de que muchas estrategias liberales han planteado soluciones financieras muy alejadas de las necesidades empresariales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos tipifica la pobreza como la vulneración de un derecho humano. La violación de este derecho constituye uno de las mayores escándalos que conviven con la economía de mercado, habiendo demostrado ésta largamente, sin embargo, ser fuente del progreso económico global.

La pobreza absoluta se identifica con la mera supervivencia fisiológica. Este criterio es seguido por el Banco Mundial cuando fija un ingreso personal mínimo de 1,9 dólares/día como umbral de la pobreza. Dicho criterio se traslada a grandes rasgos a la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo sostenible. Siguiendo esta pauta monetaria, las cifras aportan un consuelo relativo al revelar que en 2013, último dato disponible, la pobreza extrema global alcanzaba al 10,7% de la población mundial frente al 42,3% en 1981. Según el INE, en su ‘Encuesta de Condiciones de vida’, en 2017 el umbral de riesgo de pobreza para los hogares españoles de una persona se situó en 8.522 euros. El porcentaje de población por debajo del umbral alcanzó al 21,6% de la población frente al 22,3% del año anterior, porcentaje similar al registrado en la Unión Europea de 28. Utilizando el criterio AROPE, el INE aumenta el riesgo de exclusión hasta el 26,6% de la población residente (12.338.187 personas) en España en 2017, frente al 27,9% registrado el año anterior. El citado umbral del 26,6% se reduce al 14,5% de la población en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco.