20181018

 El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco ha autorizado a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi a explorar si hay gas en el subsuelo de gran parte de Bizkaia y Gipuzkoa. Lo ha hecho a través de la concesión de tres permisos solicitados ya en 2011 que abarcan un área extensísima. Casi 130.600 hectáreas de terreno que discurren por Gernika y la comarca del Duranguesado y atraviesan la zona interior de la provincia vecina prácticamente hasta los límites con Navarra.Responsables de la entidad pública muestran su satisfacción tras el visto bueno del Ejecutivo autónomo, toda vez que podrán investigar en los tres territorios. De hecho, las mismas fuentes remarcan que ultiman el proyecto Armentia 2 para sondear la existencia de este combustible fósil en Álava y siguen desarrollando el de Saia, que si bien acaba de reducirse un 88%, todavía abarca una zona del tamaño de 5.700 campos de fútbol concentrados en torno al valle de Arratia.Los tres permisos recién concedidos se llaman Landare, Lore y Sustraia. Shesa es titular al 50% con la petrolífera Petrichor. 

La recaudación fiscal de las tres haciendas forales vascas entre enero y septiembre ascendió a 10.519,5 millones de euros, un 4,8% más que en los nueve primeros meses de 2017. Ese rinno es superiora la pre­ visión del l,6% fijada la semana pasada reportaría unos ingresos de 14.706 millones. Gobierno vasco y diputaciones estiman que la entrada de ingresos se ralentizará en el tramo final del año por la desaceleración de la economía. Sin embargo, de momento ese efecto no se ha dejado sentir yes posible que el nuevo récord de recaudación quede más cerca de los 15.000 millones de lo previsto. De momento, Araba lidera el ascenso interanual con una subida del 8,8% hasta septiembre, seguida de Bizkaia, con un 4,5% de incre­mento, y Gipuzkoa, con un 3,6% más. Los mayores ingresos son los de la Hacienda vizcaína, con 5.893,4 millones de euros, 251,5 millones más que en los primeros nueve meses del pasado año. 

La desaceleración económica ya está aquí. Pero de momento no se traduce en una revisión a la baja de las estimaciones del Gobierno vasco. Así, Lakua mantiene para 2018 su previsión de alza del PIB del 2,8%, subida que quedará el próximo ejercicio en el 2,3%, de acuerdo con el último escenario macroeconómico elaborado por la Dirección de Economía y Planificación. La inversión –empujada sobre todo por los bienes de equipo– es de lejos el componente más dinámico del PIB vasco, y crece con más fuerza de lo estimado. Este año, aumentará un 4%, ritmo que se desacelerará en los próximos trimestres. Aun así, la inversión seguirá siendo en 2019 el componente más dinámico de la economía vasca, con un alza estimada del 3%.

La junta directiva de la patronal CEOE envió ayer un aviso muy serio al Gobierno por el plan presupuestario para 2019 que ha pactado con Podemos. En particular, por tomar la decisión de subir a 900 euros mensuales el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin contar con los empresarios. La patronal considera que el Gobierno «ha roto la confianza entre los interlocutores en el diálogo social, porque, de forma unilateral, ha quebrado [en el punto del Salario Mínimo Interprofesional] el Acuerdo para la Negociación Colectiva» que firmaron en junio la patronal y los sindicatos para 2018, 2019 y 2020.

El mercado de trabajo español se ha convertido en un lastre a la hora de competir con otros países. España se sitúa detrás de Namibia, Ruanda y Uganda en este ámbito, según el último Índice de Competitividad Global 2018, publicado por el Foro Económico Mundial. Este índice, que mide 140 economías mundiales, tiene en cuenta 12 pilares de competitividad, como la estabilidad económica, el tamaño del mercado, la Sanidad o las infraestructuras del país. La debilidad del mercado laboral y el de productos, el dinamismo empresarial y la calidad de las instituciones hacen caer a España una posición en el ránking global respecto a 2017. La competitividad española presenta luces y sombras, una balanza de fortalezas y debilidades que terminan situando a España este año en el puesto 26 del ránking, adelantada por Malasia y detrás de socios comunitarios como Alemania, Reino Unido o Francia. El primer puesto lo ocupa EEUU, seguido de Singapur y Alemania.

El PSE no vería con malos ojos un acuerdo presupuestario en Euskadi con EH Bildu, entre otras cosas porque considera que es la única opción plausible, además de la prórroga, tras constatar que las exigencias de Podemos superan el listón de lo asumible y que el PP se ha autodescartado definitivamente. «Y tenemos claro que lo mejor es aprobar los Presupuestos», apuntan fuentes de la ejecutiva de los socialistas vascos, que hoy recibirá a una delegación de la coalición abertzale en su sede de Vitoria. En la cita se desvelará por fin la propuesta concreta que hace la izquierda abertzale para facilitar la aprobación de las Cuentas de Iñigo Urkullu.

El Gobierno vasco difundió ayer el ‘plácet’ de Madrid a la posibilidad de disponer de 54,4 millones de euros adicionales para inversiones financieramente sostenibles, que no computan en la regla de gasto y que se destinarán a los ámbitos de la salud, la educación, el desarrollo económico, el medio ambiente y el transporte. Ha sido posible gracias a la suma de un ramillete de factores: la comunidad autónoma cerró el pasado ejercicio con superávit presupuestario; cumplió la normativa de morosidad y el objetivo de deuda pública; y en 2018 también tendrá superávit. Por todo ello, el Ministerio de Hacienda ha dado su conformidad en virtud de una disposición de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Como el plan presupuestario pactado con Podemos no es legal en las Cortes, el Gobierno presentará otro que sí lo sea, pero luego espera saltárselo. Éste es el mensaje que vino a lanzar ayer el Ejecutivo en una insólita sesión de control en el Congreso de los Diputados. El Gobierno aceptó formalmente rehacer el plan presupuestario a las 48 horas de remitirlo a Bruselas para impedir un bloqueo del PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, pero su objetivo declarado es que sea sólo una añagaza, porque saltárselo después «es fácil, no hay problema», argumentó la ministra de Hacienda, María Jesus Montero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó ayer en el Congreso que el alza del SMI no perjudicará las cotizaciones de los autónomos, como ya avanzó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el martes. El Gobierno prevé que los autónomos empiecen a cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales a partir del 1 de enero, por lo que no se verán afectados por la subida del salario mínimo el 22,3 %, un incremento que afecta a los 1,7 millones de autónomos que cotizan por su base mínima a la Seguridad Social, y a quienes tienen asalariados cobrando esta renta.

La subida del diésel que plantea el Gobierno a Bruselas afectará a 500.000 autónomos. Es el escenario que marca el Plan Presupuestario que remitió el Ejecutivo a la Comisión Europea el lunes, que concreta que se va a subir el diésel con el objetivo de recaudar 670 millones de euros y que estarán exentos el gasóleo profesional y el gasóleo bonificado. Esto significa que quedan fuera los transportistas con vehículos de peso superior a 7.500 kilos, unos 50.000, pero que el alza afectará de lleno a taxistas, conductores de VTC, agentes comerciales, furgonetas de reparto, microbuses, ambulancias, grúas, maquinaria no agrícola e industrial, fontaneros, electricistas y profesionales de obras y reformas, entre otros.

El envejecimiento de la población es un tema capital en la economía y abordar la sostenibilidad del sistema de pensiones, un asunto de urgencia. Así lo considera el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Peter Praet, que recalcó la necesidad de abordar reformas estructurales en esta materia en su discurso en Madrid con motivo de la presentación del nuevo curso de la cátedra de La Caixa Economía y Sociedad. Praet advirtió del «gran riesgo» que supone mantener sin reformas estructurales el actual sistema de pensiones, especialmente en los países más apalancados, entre los que se encuentra España con su 97% de deuda sobre PIB.

Como se esperaba, la primera ministra británica, Theresa May, llegó a su encuentro de ayer en Bruselas con el resto de líderes europeos sin ninguna nueva propuesta para desbloquear la negociación del acuerdo de divorcio, pero al menos se mostró dispuesta a explorar nuevas opciones para tratar de desbloquear la situación. Eso sí, según explican fuentes diplomáticas, ya se considera prácticamente imposible encauzar el acuerdo este mes para sellarlo en noviembre. En su lugar se habla de intentar lograr un principio de acuerdo el mes que viene y rematar en diciembre. Londres y Bruselas contemplan también ampliar un año, hasta finales de 2021, el periodo transitorio tras el Brexit.

Los vascos ven «positiva» la llegada de inmigrantes para el desarrollo de la economía y el mercado laboral de Euskadi. Esta es una de las principales conclusiones del informe anual que realiza el Observatorio Vasco de la Inmigración (Ikuspegi), que dirige el docente e investigador de la Facultad de Sociología y Trabajo Social de la UPV/EHU Gorka Moreno. El ‘Barómetro 2018’ pone de manifiesto «la mejoría de las actitudes hacia la inmigración, que ya se apreciaba los últimos años y que se consolidan en este escenario post-crisis», subrayó. Es más, el experto sostiene que la coyuntura económica influye en las actitudes hacia las personas de otros países, «de tal forma que una mayor certidumbre ofrece también una mayor confianza general». Sólo el 7,7% de los vascos ven la inmigración «como un problema para Euskadi», cuando hace solo un año era el 12%.

La multinacional del aluminio Alcoa anunció ayer por sorpresa que va a cerrar dos de las tres plantas que tiene en España, la de Avilés y la de A Coruña. La decisión deja en la calle a 317 trabajadores en la factoría asturiana y a 369 en la gallega. La empresa apeló a las pérdidas millonarias en ambas factorías por culpa del elevado precio de la energía y las materias primas. El anuncio cogió por sorpresa y enfadó a los gobiernos regionales y al Ministerio de Industria. Los trabajadores, sin embargo, aseguraron que temían algo drástico, porque Alcoa dejó hace tiempo de invertir en las plantas y le acusaron de hundir su competitividad.

El presidente ejecutivo del grupo Gestamp, Francisco Riberas, considera que la política de restricción de emisiones de CO2 está penalizando excesivamente al sector de automoción, cuando no es cierto que sea el más contaminante. En este contexto advirtió ayer de que el debate que se está produciendo en el seno de la UE para reducirlas aún más, entre un 35% y un 45% para 2025 y 2030, de materializarse «supone una transformación industrial absolutamente bestial y seguramente, si no se produce una adecuación al mismo ritmo en todas las partes del mundo, será un problema de competitividad para la industria de automoción a nivel europeo».

La ministra de Industria, Reyes Maroto, manifestó ayer en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una interpelación de la diputada del PNV, Idioa Sagastizabal, que el Ejecutivo no puede salir en rescate de La Naval ya que no es posible conceder ayudas públicas «porque no se lo permite la normativa europea en materia de competencia». En este contexto, apuntó que para lograr una solución de continuidad industrial para el astillero «es necesario la entrada de nuevos inversores privados interesados». Para ello, apuntó que lo más «razonable es conseguir la construcción del actual buque que tiene el astillero en cartera, lo que permitiría dar más tiempo para la entrada de estos inversores interesados». En este contexto, y ante la gravedad de la situación de La Naval, la ministra recalcó que está trabajando de forma «muy coordinada» con el Gobierno vasco.