20181009

Supondrá un ahorro cercano a los 50 millones de euros y se beneficiarán de ello un millar de empresas vascas. El Gobierno de Sánchez dio luz verde el viernes al acuerdo que el PNV arrancó a Rajoy durante las negociaciones para aprobar los Presupuestos del Estado en 2017. La medida, que fue impugnada desde Cataluña ante la Comisión Europea al entender que puede esconder «una ayuda de Estado encubierta», permite a estas industrias mantener la misma potencia de tensión aunque con una tarifa más barata. El Gobierno vasco celebró ayer una decisión que, a su juicio, acaba con una «discriminación histórica que penalizaba nuestra competitividad». El cambio aprobado por el Gobierno deja sin resolver el problema de la industria catalana, que lo impugnó

La economía española experimentará este año un frenazo mayor que el de sus socios europeos. En un entorno de moderación generalizada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) constató ayer la ralentización que experimentará la economía española. España sufrió una caída interanual del 1,18% en el indicador compuesto que publica mensualmente el organismo, correspondiente al mes de agosto. La caída mensual, del 0,31%, hasta los 98,94 puntos, solo fue superada por Irlanda y Eslovenia. Este indicador muestra por adelantado cambios de evolución del ciclo económico. Como consecuencia, España evolucionará más lentamente que Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Esto anticipa, como advirtió ayer la OCDE, «una moderación del periodo de crecimiento en las grandes economías europeas», con la notable excepción de Alemania, para la que prevé estabilidad.

España sale mejor parada que sus socios europeos de las previsiones presentadas ayer por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Indonesia. Como ya anunció la misión del organismo internacional que la semana pasada visitó Madrid, se rebaja la perspectiva de crecimiento para este año, pero solo una décima. Y mantiene inalterada la proyección de 2019. No son buenas noticias, pero casi lo parecen si se comparan con las seis y cinco décimas que ven caer Alemania y Francia. El saldo favorable no acaba aquí. No es solo que su revisión sea más benévola que la de sus vecinos, es que además España crece más. Frente al alza del PIB del 2,6% prevista para este año, la eurozona tendrá un magro 2%. Y en 2019, cuando España crezca un 2,2%, la unión monetaria lo hará un 1,9%.

Han pasado casi dos años desde que Donald Trump llegara a la Casa Blanca con su retórica nacionalista y anticomercio, y la economía de EE UU sigue yendo como un tiro. Pero eso no quiere decir que el país que fue el emblema del multilateralismo y del libre comercio vaya a salir indemne de una guerra comercial que parece ser más real cada día que pasa. Muy al contrario. El FMI estima que la economía estadounidense será, a largo plazo, la gran perjudicada por la espiral de barreras arancelarias en la que han entrado Washington y Pekín, solo tras México y Canadá.

El informe de coyuntura elaborado por Laboral Kutxa sobre la ‘Confianza Empresarial’ en Euskadi, revela que las empresas comienzan a ser conscientes de la desaceleración de la economía. Los síntomas de relajación en el crecimiento –en los dos últimos meses se suceden los indicadores que apuntan esa tendencia–, han calado lo suficiente como para que hagan mella en las previsiones empresariales. El sondeo, realizado entre 400 empresas vascas, arroja aún buenos resultados y perspectivas de crecimiento para el próximo trimestre, pero menos alegres de lo que se intuían hace tan solo tres meses. Los empresarios vislumbran el freno, aunque aún creen que será moderado

EH Bildu confirmó ayer su intención de sentarse a negociar con el Gobierno vasco los Presupuestos del año que viene. Lo hizo, además, con una oferta concreta, no tanto en lo que se refiere al contenido exacto de su propuesta, sino a cómo permitiría que Iñigo Urkullu sacase adelante su proyecto de Cuentas públicas para 2019. Si el Ejecutivo «rectifica las políticas sociales y económicas», dos de los parlamentarios de la coalición soberanista se abstendrían en la votación a celebrar en diciembre. Suficiente para superar el corte legislativo.

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, reiteró ayer que con la extensión de las EPSV de empleo se busca «complementar» el sistema público de pensiones, «no sustituirlo». Es una herramienta, matizó, «voluntaria, no obligatoria, y paritaria porque se aporta tanto por la empresa como por la persona trabajadora a partes iguales, y garantiza una gobernabilidad paritaria de los fondos que se capitalizan». El máximo dirigente foral subrayó a su vez que la Diputación quiere «una pensiones públicas dignas». No obstante, juzga ventajosa la posibilidad de sacar adelante «un Geroa vizcaíno, que se trata de una fórmula mejorada que ya existe y que ha sido trasladada a todas las partes». Rementeria confía en que haya acuerdos en este sentido.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció ayer que el crecimiento económico no va a permitir bajar el déficit público en la misma medida que en el pasado y que es necesario un ajuste estructural que se acometerá con subidas de impuestos, porque el margen para recortar el gasto es muy limitado. «Nosotros creemos que no es sostenible pensar que el déficit público se va a corregir solo, simplemente surfeando sobre la coyuntura económica», dijo la ministra.

El Gobierno vasco considera «totalmente injustificado» el debate sobre el diésel, que cree «interesado». En la inauguración de la conferencia Oil&Gas, en el BEC de Barakaldo, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, aseguró que los motores diésel son tan sostenibles en cuanto a emisiones contaminantes como los de gasolina, por la que su «demonización» carecería de motivación. En su discurso, la consejera de desarrollo económico destacó que el sector «afronta grandes retos» y creyó necesario lograr «un mix energético inteligente», en el que existan «todo tipo de energías de la forma más sostenible posible» para que las emisiones contaminantes y de CO2 sean las mínimas.

Los grandes gestores de fondos de inversión y capital privado en España están reivindicando que este país liberalice su legislación para que la enorme masa de dinero que hay acumulada en pensiones privadas y seguros, y que suma en torno a 300.000 millones de euros, tenga más flexibilidad a la hora de invertir. España podría jugar así en la Champions League de los grandes fondos de inversión, con las mismas herramientas que otros países. El partido ahora está desequilibrado. Es paradigmático que grandes fondos de pensiones como los canadienses CPPIB y Ontario Teacher’s se hagan con grandes activos empresariales en España dentro de su estrategia de inversión y los fondos españoles estén maniatados para poder acometer operaciones equivalentes.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, defendió ayer la «creación de impuestos especiales o de un impuesto ad hoc» para poder financiar las pensiones en el futuro. La ministra recalcó que «las cotizaciones sociales no son suficientes para pagar las pensiones». Por lo tanto, «hay que pensar en complementar los ingresos con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y de algún impuesto ad hoc». Es decir de la recaudación fiscal obtenida por la creación o subida de impuestos.

La factura de la luz se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza para las familias casi desde que la crisis económica comenzara a mostrar sus primeros síntomas. A medida que han transcurrido los años –primero, con la doble recesión, después con la lenta recuperación–, el coste de la electricidad ha ganado peso en la cesta de la compra que elabora el INE, que conforman todo tipo de productos y servicios para la población. Desde 2008, el índice que mide el precio de la electricidad en el Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha incrementado un 67,5%.

El País Vasco es una de las cinco comunidades autónomas en las que desciende el número de concursos de acreedores presentados en los juzgados, con un total de 73 expedientes tramitados en el segundo trimestre de este año, lo que implica un descenso del 18% respecto del mismo periodo del año anterior. En cambio, en el conjunto de España los datos no son nada halagüeños, ya que el número de concursos presentados crece un 9,5%, hasta situarse en 1.557 empresas entre abril y junio. Así se desprende del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, que trimestralmente elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los presidentes de Iberdrola y Agbar, Ignacio Sánchez Galán y Ángel Simón, coincidieron ayer en reclamar unos marcos claros para dar respuesta a los retos de sus sectores y garantizar la estabilidad regulatoria. A juicio de ambos, esos marcos permitirán, además, atraer capital y abordar las inversiones necesarias para adaptarse al cambio climático. Esas inversiones las han cuantificado en 70.000 millones de euros en el sector eléctrico para los próximos 10 años y de 45.000 millones en el de agua desde ahora hasta 2033.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, aseguró ayer que en los últimos 40 años el precio del kilovatio hora (KWh), incluidos los impuestos que lo gravan y que suponen más del 50% de la factura eléctrica, ha subido un 7% menos que lo que ha aumentado la renta de las familias españolas. Y es más, durante su intervención en el simposio ‘Cuatro décadas de los servicios públicos y las infraestructuras en España, 1978-2018’, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, añadió que eliminando los impuestos que se han ido añadiendo a lo largo de todos esos años, el coste de la electricidad se ha incrementado hasta un 30% menos de lo que lo han hecho los ingresos medios disponibles de los hogares españoles. Además, Galán señaló que la subida de la luz ha sido un 40% menor que la del metro cuadrado de la vivienda en las capitales y hasta un 45% menos que productos básicos como el pan o la leche.

Mercedes Benz Vitoria, la mayor empresa de Euskadi –emplea a 5.500 trabajadores– y la única que monta vehículos, llevó a cabo ayer la primera de las diez paradas en su producción fijadas hasta final de año como consecuencia de la caída de las ventas por la llamada ‘crisis del diésel’. El 85% de las furgonetas ensambladas en ella se alimentan de gasóleo. La medida deja temporalmente en casa a 3.000 empleados, los que intervienen en la cadena, aunque los restantes 2.500, en su mayoría de oficinas, seguirán con su quehacer diario. Según las previsiones, se dejarán de fabricar unas 8.000 unidades de Vito y Clase V.