20180920

Las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa se acaban de quitar un peso de encima, porque el Tribunal Supremo, en una sentencia conocida ayer, les acaba de eximir de indemnizar a las casi 300 empresas que tuvieron que devolver los incentivos fiscales que recibieron en la década de los años 90. Eran las conocidas como ‘vacaciones fiscales’ –la exención del Impuesto de Sociedades durante un buen número de años para las empresas de nueva creación– y, también, las deducciones de hasta el 45% en las nuevas inversiones. Esta es la primera sentencia del alto tribunal sobre esta materia que, de haber fallado en sentido contrario, habría provocado un agujero de centenares de millones de euros en las arcas forales. El Supremo confirmó con su fallo el sentido de otras sentencias previas emitidas por las audiencias provinciales y por la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer que el impuesto de generación, instaurado por el Ejecutivo del PP y que grava con un 7% la producción eléctrica, será suspendido para abaratar el precio de la electricidad. Este gravamen, aunque se aplique a las eléctricas, repercute directamente en el recibo final que paga el consumidor. La ministra también adelantó que el Gobierno facilitará el acceso al bono social, que será complementado con un nuevo bono para la calefacción, y, además, pondrá en marcha unas medidas de choque para avanzar en la transición energética. Más allá de un «plan de choque inmediato», Ribera pidió «abrir un debate» para facilitar «la transición energética», «recuperar la confianza de los inversores» y poder tener un mercado «más sencillo» y «transparente».

Elkargi, la primera sociedad de garantía recíproca de toda España, cambiará en breve de director general. Así lo ha confirmado a DV el actual primer ejecutivo de la firma, Pío Aguirre, quien dejará su cargo el próximo 10 de abril, diez días antes de cumplir 61 años. La organización presidida por Josu Sánchez inició la reflexión sobre cómo abordar la renovación de su director general allá por enero, en paralelo al diseño de un plan estratégico 2018-2020 que fue aprobado en primavera. Ya se barajan nombres de posibles candidatos en la casa y el proceso para encontrar al sucesor se desarrollará entre los meses de septiembre y noviembre, para tener ya un nombre en diciembre. En principio, la idea es que ambos convivan durante algún tiempo en un plácido relevo.

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, rechazó ayer volver a participar en la mesa del diálogo social impulsada por el Gobierno Vasco porque trata de reactivar una mesa que «ya estaba muerta». Asimismo, acusó al Ejecutivo vasco de «ningunear» a la parte sindical, incluido «ese sindicalismo más dócil que representan CCOO y UGT», tras la firma del acuerdo por el empleo con Confebask. A juicio de Aranburu, con aquella firma el Gobierno Vasco ha demostrado «cuáles son sus preferencias ya que ni siquiera ha respetado a ese sindicalismo que es más dócil a este modelo antidemocrático que solo cuenta con una minoría sindical», en alusión a UGT y CCOO. «Su único objetivo es legitimar las políticas patronales y del gobierno», añadió la dirigente sindicalista.

Hacienda estudia rebajar el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades para pymes del 25% al 23%. Así lo analiza dentro de la negociación presupuestaria con Podemos, según trasladan fuentes de la negociación. Fuentes oficiales de Hacienda declinan pronunciarse. Con esta medida, que afectaría a empresas con una facturación de menos de un millón de euros, se acabaría con la unificación del tipo nominal de Sociedades que estableció el Gobierno de Mariano Rajoy. Con la reforma fiscal de Cristóbal Montoro, se estableció que en 2015 el tipo nominal sería del 28% para todas las empresas, y del 25% a partir de 2016 también para todas. Se quería así impedir que el tipo más bajo fuera un incentivo para que las empresas no crecieran.

La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo debía reunirse ayer para negociar y avanzar en la fórmula que se debe utilizar para la revalorización de las pensiones. Sin embargo, los partidos políticos volvieron a evidenciar que son incapaces de llegar a un acuerdo en una cuestión tan sensible y que sus posiciones son tan alejadas, que la reunión se canceló minutos antes de su inicio. El punto de enfrentamiento es, básicamente, si las pensiones deben estar ligadas al IPC o si se hay que incluir más variables para calcular cuánto se revalorizan cada año. Podemos, PNV y Esquerra defienden la primera posición. PP, Ciudadanos y PDeCAT, en cambio, creen que hay que incluir otras referencias como el crecimiento. Y el PSOE, que primero dijo que apoyaba la subida con el coste de la vida y luego fue más ambiguo, volvió ayer a acercarse a las posiciones de Podemos.

Desde la noche del martes, cuando se desveló el ardid legal que usará el Gobierno para garantizar la aprobación de los Presupuestos y evitar el bloqueo del PP, se ha desatado una dura batalla entre los expertos jurídicos del PSOE y Podemos, por un lado, y el PP y Ciudadanos, por otro. Todos buscan recovecos legales, en un caso para seguir adelante con las cuentas y en otro para frenarlos. El Gobierno arma su estrategia de defensa mientras la oposición se lanza a la ofensiva para frenar lo que califica de «atropello».

La desaparición de la demanda embalsada durante la crisis, la fuerte subida de los precios por la escalada del petróleo y la ralentización en la creación de empleo han provocado una ralentización en el consumo de los hogares. El textil y la alimentación son los sectores más golpeados, mientras los electrodomésticos y la automoción han conseguido sortear mejor el impacto. Las asociaciones piden al Gobierno medidas que permitan mejorar la competitividad del sector.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio ayer la razón a una empleada de Prosegur a la que se le negó la suspensión de su contrato y el derecho a una prestación por lactancia por trabajar parcialmente en horario nocturno. El fallo responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG). El TJUE recuerda que existe una directiva europea que protege a las empleadas embarazadas o lactantes para no verse obligadas a trabajar en horario nocturno, si este implica un riesgo para su seguridad o salud y la de sus hijos recién nacidos, y matiza que dicha regulación debe extenderse también a aquellas mujeres que trabajen solo parcialmente en horario de noche.

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, instó ayer a Londres a rehacer su propuesta de Brexit para poder llegar a un acuerdo y evitar una salida brusca de la Unión Europea el próximo 29 de marzo. Lo hizo horas antes de la cena de jefes de Estado o Gobierno europeos que se celebró ayer en Salzburgo, y donde la primera ministra británica, Theresa May, compartió con el resto de líderes su visión sobre la marcha de las negociaciones. Tusk se refirió a dos áreas de mejora en concreto: el asunto de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte y el marco de la futura relación económica entre Reino Unido y la UE a 27. En otros puntos, en cambio, como política exterior y seguridad, aseguró que hay avances.

El rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, defendió ayer la apuesta del centro de los Jesuitas por impartir el grado de Medicina en su campus de Bilbao, «un proyecto de país que beneficia a todos» y que será «un buen aporte al sistema sanitario». Así lo manifestó durante el acto de apertura del curso académico, al que asistió el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera de Educación, Cristina Uriarte. Guibert invitó a «replantear» el concepto de lo público. «Lo público han de ser los fines, que beneficien a la población, no necesariamente la titularidad», una reflexión que realizaba días después de que la UPV/EHU reclamara el apoyo y una mayor financiación de la Administración vasca por tratarse de una universidad pública.

Los responsables de Sidenor aprovecharon ayer la visita a la planta de Basauri de una delegación del Parlamento vasco, encabezada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Kerman Orbegozo, para trasladarles su «disconformidad y preocupación» por el actual sistema de retribución de la interrumpibilidad del suministro eléctrico. Esto es, el procedimiento por el cual las eléctricas pagan a las empresas con gran consumo de energía por su disponibilidad para reducir o suspender el servicio en los momentos de mayor demanda. Según la compañía que preside José Antonio Jainaga, el método actual «daña seriamente los intereses de siderúrgicas como Sidenor» y les impide «competir en condiciones de igualdad».

Un juzgado de Madrid acaba de dar la primera victoria judicial en España a las empresas digitales de reparto a domicilio en su pelea sobre la relación laboral que mantienen con sus trabajadores. La empresa catalana Glovo ha ganado una sentencia que no considera falso autónomo a uno de sus repartidores, en contra de lo que este alegaba. «No existe relación laboral», asegura el fallo, que desestima la demanda del rider (repartidor). El fallo afirma que el trabajador no tiene jornada ni horario, que es él mismo quien decide cuándo quiere trabajar y cuándo no, así como los pedidos que quiere repartir y la ruta que sigue cuando hace el reparto. También que sus herramientas de trabajo (teléfono móvil y moto) son propiedad del trabajador y que su retribución es variable y depende de la cantidad de recados que haga.

La sociedad de garantía recíproca Elkargi ha iniciado el proceso de relevo generacional en la dirección general con vistas a 2019, cuando abandonará la entidad el actual primer ejecutivo, Pío Aguirre, que se prejubilará con 61 años en abril. Aguirre ha liderado la puesta en marcha de la nueva Elkargi, tras su fusión con la también sociedad de garantía recíproca Oinarri –ratificada en diciembre de 2015–, así como la elaboración del plan estratégico de la entidad con el horizonte 2020, aprobado en la junta de la organización celebrada el pasado mes de abril.

El fabricante de motores y componentes aeronáuticos ITP Aero no prevé un «impacto significativo» del Brexit en su negocio, y va a intentar «anticiparse» a lo que pueda ocurrir. Así lo aseguró ayer su director general, Carlos Alzola, en el acto de colocación de la primera piedra de la nueva planta en Derio (Vizcaya) de la filial de Rolls-Royce. A punto de cumplirse un año del cambio accionarial en ITP –con la compra de Rolls del 53% que tenía Sener y su integración en la multinacional británica–, y en un momento en que se desconoce si Londres y Bruselas lograrán un acuerdo para la salida de Reino Unido de la UE, la compañía vasca es optimista y apuesta por el crecimiento.