20180917

Las señales que apuntan a una desaceleración de la economía son cada vez más evidentes, hasta el punto de que cada vez más casas de análisis han recortado sus previsiones de crecimiento. Al frenazo del turismo y las exportaciones se une también una mayor debilidad del consumo y la inversión. Esto se suma a fuertes riesgos en el panorama nacional e internacional, que pueden desencadenar una tormenta sobre la economía que agrave todavía más el deterioro.

Fin del ajuste por este año y empieza la escalada del déficit a medida que se acerca la campaña electoral. El Gobierno prevé que suba el déficit en el conjunto del Estado en esta segunda mitad del año, según se desprende de sus nuevos objetivos y la última ejecución presupuestaria desvelada por el Ministerio de Hacienda. El Gobierno se ha fijado un objetivo de déficit este año del 2,7%, es decir, un ajuste de cuatro décimas del Producto Interior Bruto (unos 4.800 millones) en el conjunto de 2018 con respecto al 3,1% con que se cerró 2017. Sin embargo, según el propio Ministerio, el Estado ha ahorrado ya en los seis primeros meses 4,8 décimas del PIB, unos 5.300 millones, así que prevé que lo que se avecina desde el pasado julio es una relajación en el ajuste y una subida del déficit en el conjunto de las administraciones.

La mayoría de los contratos que se firman en España son temporales. El pasado agosto, de 1,6 millones de contratos rubricados, casi un millón y medio tenían fecha de caducidad. Pero, además, con la crisis, los contratos temporales son cada vez más precarios, y no solo en verano. El 27% de los acuerdos eventuales firmados en agosto eran para trabajos de siete días o menos. Hace 11 años, en agosto de 2007, suponían cerca del 15%, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal. El exceso de precariedad preocupa a los sindicatos, que denuncian que la reforma laboral agravó la situación.

El verano es una época caracterizada por el auge de las contrataciones laborales temporales pero los nuevos empleos se concentran sobre todo en el sector servicios. La hostelería y la logística de transporte son algunas de las actividades que más puestos de trabajo generan. De hecho, el sector servicios en su conjunto acaparó en el conjunto del Estado español 1.163.534 contratos de menos de un mes de duración que se firmaron entre los pasados meses de julio y agosto, cifra que representa el 31,5% de los registrados durante el verano, de acuerdo a los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La Administración Trump tiene previsto anunciar nuevos aranceles del 10% a exportaciones de China valoradas en 200.000 dólares con el objetivo de presionar a Pekín antes de su reunión de alto nivel a finales de este mes. En esta nueva ronda de impuestos se golpeará una serie de productos de consumo, entre los que destacan maletas, bicicletas o pescado y marisco. Una decisión que se añade a las cargas que ya entraron en vigor. Washington ha impuesto por el momento dos rondas de sanciones a Pekín: una por valor de 34.000 millones de dólares, que gravaba productos tecnológicos y que fue respondida por China con una medida equivalente, y otra por valor de 16.000 millones de dólares contra bienes principalmente agrícolas. De esta manera, los nuevos gravámenes que podrían entrar en efecto de manera inminente representarían la tercera ronda de aranceles.

La patronal CEOE ha perdido la paciencia con el Gobierno. Los empresarios están hartos de los bandazos fiscales que está dando el Ejecutivo con sus anuncios reiterados de subidas de impuestos a las empresas. Hay que entender que es difícil tomar una decisión de inversión o de crear empleo, cuando el propio Gobierno amenaza con elevar los costes a las empresas y complicarles la regulación laboral. En los primeros cien días de mandato, que el presidente Sánchez conmemorará hoy en Madrid, el Ejecutivo ha anunciado subidas, o la creación de impuestos a la banca, a las grandes empresas, a las compañías tecnológicas, las transacciones financieras, el consumo de gasóleo o a la Sicav.

La escalada de las cotizaciones del mercado mayorista de la electricidad, evidente a partir de julio, superando los 70 euros/ MWh algunos días, ha desatado la alarma entre los consumidores y supone el primer gran reto de la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Esta prepara un paquete de medidas urgentes que dará a conocer el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados. Pero los paliativos para aliviar la factura no están tanto en manos de Ribera como de su homóloga de Hacienda, María Jesús Montero. Y es que el fisco está siendo el gran beneficiado de una subida de precios que le reportará este año 1.400 millones solo por las subastas de los derechos de emisión de CO2, frente a los 500 millones que, aproximadamente, venía recaudando anualmente. También hará su agosto con los incrementos correspondientes a la recaudación de los impuestos medioambientales y del IVA del 21% que grava la factura de la luz, por el que el Estado ingresa unos 8.400 millones de euros anuales.

La subida del IRPF para las rentas más altas es un hecho para el presidente del Gobierno. «Mi planteamiento es que la gente rica no paga el IRPF, porque tienen las sicav, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades», ha asegurado Pedro Sánchez este domingo en una entrevista en La Sexta con Ana Pastor. Sánchez ha trasladado que el impuesto se subirá en el tramo de quienes cobren «los 140.000 o 150.000 euros» anuales. Una decisión que, ha subrayado, es «fundamental» para Podemos y sus confluencias, sus principales socios para sacar adelante los presupuestos de 2019.

El trabajo manual y las tareas administrativas rutinarias «se verán amenazadas por la automatización», por lo que todo el mundo «debería desear que sus hijos se dediquen a un trabajo que requiera creatividad, inspiración y un toque humano extra que no se pueda reducir a un algoritmo». De esta opinión es el periodista estadounidense experto en economía Thomas L. Friedman, columnista de The New York Times y ganador de tres premios Pulitzer, quien asegura que el trabajo de rutina «se puede describir mediante un algoritmo y se puede subcontratar, digitalizar y automatizar fácilmente».

Durante 2017 las pequeñas y medianas empresas que realizaron formación bonificada se redujeron un 3%. Así se extrae del informe Formación programada por las empresas en las comunidades autónomas, realizado por el sindicato Comisiones Obreras. En este documento se analiza la situación y la evolución de la formación bonificada en las empresas en España. Entre las principales conclusiones, se puede observar cómo la tendencia de los últimos años ha continuado: las compañías de mayor tamaño acceden a más formación bonificada que las pymes.

Semana clave para el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que tiene entre sus manos el difícil reto de analizar la situación financiera de la Seguridad Social y acordar una serie de reformas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Sus miembros trabajan a contrarreloj para tratar de cerrar este miércoles –en su próxima reunión– un punto tan importante como la nueva fórmula de revalorización de las pensiones. Éste es ahora mismo el principal escollo, aunque no el único, ya que todavía no se han abordado otros dos asuntos que también generarán fricciones: el factor de sostenibilidad y las pensiones mínimas, tal y como reconocen fuentes cercanas a la negociación.